Protection of Urban Lands: Advances in Medellin’s Public Policy

The problem of land ownership protection in this country is an issue that must be faced by those who have as part of their responsibilities the recognition, the restitution and the reparation of victims of forced displacement. One of the points that must be analyzed is the protection of ownership of urban lands, a subject falling under municipal responsibility. The development of a public policy by the City of Medellín for the protection of such lands is a significant advance for the creation of protocols and for the return of rights to those who have adandoned their lands because of violence or who have been divested of their homes in urban areas.

Maternal Mortality in Colombia: Some Thoughs on the Situation and Public Policy During Last Decade

In this article we make a critical analysis about the situation of maternal mortality in Colombia, considering some of the most current rates of this problem and the public policy rules adopted in the last years to decrease its prevalence. We think that the rate of maternal mortality in Colombia is too hight because the State does not guarantee the right health care to Colombian women. In this way, the structure and resources distribution established by the policies on sexual and reproductive health have not reflected the population necessities, specially in the case of young mothers left aside by the social security system.

Análisis de las Estrategias de Educación para la Ciudadanía. Bogotá 1995-2011

El interés de este estudio de caso es analizar la contribución de la Política Pública de Educación para la Ciudadanía (PPEC) en Bogotá, desde 1995 al 2011. En primer lugar, se estudiará la forma en la que el Estado colombiano entiende la formación del ciudadano y lo que se espera de éste para la construcción de la sociedad. Luego, se identificará la participación y la coordinación de las entidades públicas del orden Distrital con los actores privados, durante el desarrollo de esta PPEC. Finalmente, se caracterizará la implementación de la Política Pública en la construcción de la formación del ciudadano ideado desde el Gobierno Nacional. Esta investigación se desarrolló a partir del primer gobierno del ex alcalde Antanas Mockus, puesto que gracias a él se comenzó a hablar y tomar acciones con respecto a esta PPEC.

La implementación del proyecto Aulas de Inmersión, de la Secretaría de Educación de Bogotá

Este trabajo de investigación pretende ofrecer una perspectiva sobre las posibles nuevas orientaciones para la implementación de la política pública para la educación y su relación con las necesidades del individuo, en un contexto marcado por la competencia y la globalización. Partiendo de analizar la implementación de un proyecto enfocado en bilingüismo, revisa factores como la colaboración organizacional, la confianza, la capacidad de adaptación y flexibilidad y los patrones relacionales existentes entre la sociedad civil y las instituciones. De igual manera, expone resultados sobre la construcción de la experiencia educativa en el aula a través de principios como la diversidad, la multiculturalidad y el ánimo por motivar un pensamiento que trascienda lo local. A manera particular, este trabajo sugiere una forma de construcción de capital social basada, además de en la confianza, en la afinidad de valores y en el encuentro por objetivos comunes de contribución.

Protección constitucional del derecho a la educación y responsabilidad estatal por falla en el servicio de la educación

La educación está definida por la Constitución Política como derecho y como servicio público con función social. A su vez, para lograr este cometido se la ha definido como política pública, es decir, de máximo interés para el Estado. No obstante, lo plasmado en norma y programas no corresponde con la realidad. Aún hay actuaciones de la administración que vulneran el derecho a la educación por deficiencias en la prestación del servicio público educativo. De ahí el interés legítimo que tiene la colectividad para exigir de la administración, mediante las acciones populares, que se garantice la prestación del servicio público de la educación en las mejores condiciones posibles. La educación como servicio público es un derecho colectivo, y la comunidad puede exigir que se garantice su prestación adecuadamente, pues en la medida en que haya más personas bien educadas, ello redunda en beneficio de la sociedad y del Estado.

Marco conceptual para el análisis y comprensión de la política pública distrital en salud y educación para la población en condición de desplazamiento

El Distrito Capital de Bogotá se ha convertido en constante receptor de población en estado de desplazamiento forzado, y dada la condición de extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por el hecho mismo del desplazamiento forzado, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de personas tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad, personas de la tercera edad y minorías étnicas, ha persistido en el tiempo la violación de los derechos de la población en condición de desplazamiento, las autoridades competentes han implementado políticas públicas para establecer los correctivos suficientes y con ello superar las violaciones detectadas, a pesar de la insuficiencia de recursos económicos dada la evolución y magnitud del fenómeno de desplazamiento forzado.

Reintegro y permanencia universitaria en Bogotá : el caso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital, 2000-2009

El presente trabajo de investigación, estudia a través del caso de la cohorte del 2000 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital, el tipo de coyuntura que le permitió a este grupo de jóvenes reingresar a la Universidad y culminar la carrera al haber tenido que abandonarla en un primer momento, por problemas socio-económicos y/o académicos. Por medio del estudio del reintegro universitario, este trabajo se enmarca en el campo, poco explorado, de la existencia y efectividad de medidas de "segundas oportunidades" educativas que las instituciones de educación superior le ofrecen a estudiantes que por problemas de orden estructural se ven obligados a abandonar la Universidad.

Determinantes socio-económicas de la desnutrición global infantil en la Localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá, Colombia) en el año 2011

La desnutrición infantil y la pobreza se encuentran asociadas y estas a su vez con el progreso de los países. Conocer las determinantes sociales y económicas de la niñez que padece de bajo peso es necesario para crear escenarios propicios para el adecuado desarrollo de la primera infancia y de esta manera contribuir con la superación de la pobreza en el marco de sistemas sanitarios equitativos. Se realiza una descripción de las características socio-económicas y un análisis de posibles asociaciones entre estas y el bajo peso infantil de una muestra de infantes de uno de los sectores de mayor vulnerabilidad y pobreza de Bogotá (Colombia). La tasa del bajo peso infantil en la muestra del estudio en más alta a la presentada en Bogotá y Colombia (8.5%, 2.9% y 3.4% respectivamente). Al realizar el análisis de las posibles asociaciones entre el bajo peso y las variables de estudio, se evidencia que las relaciones son débiles entre la primera y las segundas, siendo la condición de desplazamiento la que mayor asociación positiva presenta con la deficiencia nutricional seguido del rango de edad entre los 25 y 36 meses. La situación que presenta mayor independencia con respecto al bajo peso infantil es contar con vivienda propia seguida del sexo. La desnutrición infantil se presenta en niveles importantes en sectores de mayor vulnerabilidad con implicaciones para el adecuado desarrollo de los infantes y para las intenciones de reducción de los índices de pobreza en el país. El fortalecimiento de las políticas públicas que favorezca el desarrollo infantil, la superación de la pobreza y las inequidades en los sistemas de salud deben contemplar acciones integrales dirigidas a los más vulnerables, con la participación de la sociedad civil y los sectores públicos y privados, el compromiso político y económico de los gobiernos y reglas claras que contribuyan a la solución estructural de la pobreza y que promueva el adecuado desarrollo infantil.

The differential effect on dropout of increasing grades' supply by integrating or expanding schools: evidence from a quasi-experiment in Bogotá

En el año 2002, la Secretaría de Educación de Bogotá estipuló la Resolución 2101 que tenía por objeto asegurar el ciclo de la educación completo en los colegios públicos. El propósito de este trabajo es evaluar el impacto de los mecanismos seguidos a la aplicación de esta política sobre la tasa de deserción escolar. Las escuelas tenían tres mecanismos diferentes para alcanzar el objetivo de la presente resolución: expandir los grados escolares ofertados, integrarse con otros colegios de la zona, o ambos. Para ello, utilizo variables instrumentales para resolver el sesgo causado por el hecho de que los colegios que siguen determinada estrategia eran los que tenían altas tasas de deserción inicialmente. Usando datos sobre las características institucionales y las características socio-demográficas de la población cerca del colegio, evalúo el impacto de estos tres mecanismos sobre las tasas de deserción escolar. Los resultados sugieren que las instituciones que aumentaron los grados experimentan un aumento en el número de estudiantes que abandonan el colegio en 12.1 puntos porcentuales, mientras que las instituciones que complementaron este mecanismo con la integración de un colegio próximo pre existente mostraron una reducción en la tasa de deserción escolar de 9.8 puntos porcentuales.

El impacto de la participación femenina en el mercado laboral de los hombres en Colombia desde 1984 hasta 2012

Este trabajo examina si existe evidencia de que el incremento de la oferta laboral femenina, durante las últimas tres décadas, afecta las condiciones laborales de los hombres en términos de empleo e ingresos en un país en desarrollo como Colombia.

Análisis del componente educativo del Programa Familias en Acción con respecto a la garantía del derecho a la educación básica y media: estudio de caso Zipaquirá 2006-2010

El objetivo principal de este documento es realizar un análisis sobre el componente educativo del Programa Familias en Acción, para establecer si el subsidio condicionado brindado por dicho programa contribuye a garantizar el derecho a la educación básica y media. Con dicho fin, se tomará como estudio de caso el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca en el periodo comprendido entre 2006 y 2010. De este modo se analizará y explicará por qué se considera que el componente educativo del PFA ha influido de una forma parcial e incompleta a la garantía del derecho a la educación. Lo anterior, teniendo en cuenta la definición de educación y los componentes del núcleo esencial de este derecho, sumado a la exposición de las etapas de la política pública, su definición y la reconstrucción del proceso vivido por el programa en cuestión.

Gobierno y gobernancia de los territorios, sectorialidad y territorialidad de las políticas públicas

El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.

Influencia de la exploración y el almacenamiento de petróleo y gas natural en la relación de las organizaciones con las comunidades

El presente trabajo pretendía investigar y analizar el funcionamiento del mercado de hidrocarburos y gas natural, en busca de determinar la Influencia de la exploración y el almacenamiento de petróleo y gas natural en la relación de las organizaciones con las comunidades. Teniendo en cuenta el concepto de comunidad a partir del marketing relacional donde la comunidad se refiere a los consumidores y el entorno en el cual están inmersos. En este contexto se definieron los principales actores que participan en la relación comercial, el tipo de relación presente entre ellos y todos los factores que intervienen en desarrollo de esta relación que cada vez es más inestable y de corto plazo. Al finalizar esta investigación se reunió información acerca de las relaciones comerciales en el mercado de hidrocarburos, que servirán de fundamento para investigaciones futuras que permitirán plantear alternativas para sobrellevar la incertidumbre de este mercado y de esa manera lograr desarrollar una relación más confiable y duradera entre las organizaciones y las comunidades que intervienen en el proceso comercial. Debido a que aunque existe gran diversidad estrategias que pueden ser implementadas para mantener una relación estable, estas en la mayor parte de los casos no son utilizadas.

The Construction of a State Peace Policy and the Process of Conflict Resolution

The academic literature specialized on processes of conflict resolution has focused on how third party intervention and mediation can contribute to end violent conflict, however it has also ignored the potential role of the state in countries affected by internal war. This article calls for a better understanding of the state, not only as a source of contemporary conflict but as a potential advocate of conflict resolution processes. It suggests that it is necessary and possible to involve the state in more effective processes of conflict resolution through the implementation of a State Peace Policy. The central argument is that some of the critical elements that should guide the state action when confronting the destructive logic of war and violence can be effectively undertaken through a public policy focused on building peace. After suggesting a general definition of State Peace Policy and highlighting some of its main attributes, the article recognizes that this sort of policy can also orientate the unfinished process of state consolidation in Colombia and other countries affected by internal conflict. The role of the state in the process of conflict resolution is crucial; however there are some issues normally ignored within the policy-making process, they must be seriously taken into account in order to eliminate the underlying structures that perpetuate conflict and delay the consolidation of sustainable peace.-----La literatura académica especializada en procesos de resolución de conflictos se ha centrado en el estudio de cómo la intervención de terceras partes y la labor de mediación pueden contribuir a poner fin a los conflictos violentos, sin embargo, también ha ignorado el rol potencial del estado en aquellos países afectados por la guerra interna. Este artículo llama la atención sobre la necesidad de estudiar al estado no sólo como la fuente de los conflictos contemporáneos, sino como un colaborador potencial en procesos de resolución de conflictos. Se sugiere que es necesario y también posible involucrar al estado en este tipo de procesos de una manera más efectiva a través de la implementación de una Política de Estado centrada en la Paz. El argumento central es que algunos de los elementos claves que deben guiar la acción del estado cuando éste se enfrenta a la lógica destructiva de la guerra y la violencia, pueden ser efectivamente tratados a través de una política pública que de prioridad a la construcción de la paz. Luego de sugerir una definición general y destacar algunos de los principales atributos de ésta clase de Política de Estado, el artículo reconoce que ésta podría también orientar el proceso inacabado de consolidación del estado en Colombia y en otros países afectados por conflictos internos. El rol del estado en el proceso para resolver los conflictos es crucial, sin embargo hay algunos aspectos normalmente ignorados durante el proceso de formulación de políticas que deben ser tomados en cuenta seriamente para eliminar las estructuras que perpetúan el conflicto y que retrasan la consolidación de la paz sostenible.

Characterizing E-Government in China

Although E-Government (E-G) is one public policy in China, it still has a long way to go in terms of diffusion across the country and interactive participation from citizens. It constitutes a double sided sword since it enhances the features that  China needs to show to the world in international competitiveness and status, but  also poses challenges to the Communist rule inasmuch as it has to be controlled.   Therefore, E-G is both a political and a managerial issue: it is sensitive to the Chinese Communist Party but also leads to economical and administrative prosperity  and efficiency. Some of the keys would be the development of the middle  class, further penetration of the Internet, and more education about virtual tools  in government issues and services.