Protección constitucional del derecho a la educación y responsabilidad estatal por falla en el servicio de la educación

La educación está definida por la Constitución Política como derecho y como servicio público con función social. A su vez, para lograr este cometido se la ha definido como política pública, es decir, de máximo interés para el Estado. No obstante, lo plasmado en norma y programas no corresponde con la realidad. Aún hay actuaciones de la administración que vulneran el derecho a la educación por deficiencias en la prestación del servicio público educativo. De ahí el interés legítimo que tiene la colectividad para exigir de la administración, mediante las acciones populares, que se garantice la prestación del servicio público de la educación en las mejores condiciones posibles. La educación como servicio público es un derecho colectivo, y la comunidad puede exigir que se garantice su prestación adecuadamente, pues en la medida en que haya más personas bien educadas, ello redunda en beneficio de la sociedad y del Estado.

The education is defined by the Political Constitution like right and public service with function social. As well, to obtain this assignment has been defined it like public policy, that is to say, of maximum interest for the State. However, shaped in norm and the programs does not correspond with the reality. Still there are activities of the administration that harm the right to the education by deficiencies in the benefit of the educative public service. Of there the legitimate interest that has the collectivity to demand of the administration, by means of the public interest actions, which the benefit of the public service of the education in the best possible conditions is guaranteed. The education like public service is a collective right, and the community can demand that its benefit is guaranteed suitably, because insofar as are more educated people good, it results to the benefit of the society and of the State.