182 resultados para Álvaro Uribe Vélez


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El trabajo de investigación es un estudio de caso que pretende analizar la forma en que factores del contexto institucional y la capacidad de influencia de ciertos actores se reflejan en la discusión y aprobación de la Ley 975 de 2005. Factores del contexto institucional y la capacidad de influencia sobre las posiciones asumidas por los actores políticos y sociales en las diferentes etapas del proceso legislativo y sobre las decisiones que se tomaron para la aprobación de la Ley, en torno a dos elementos fundamentales de ésta que son el delito político y la rebaja de penas. Para ello, se tiene en cuenta el enfoque neo-institucional y el concepto de agencia.

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Este trabajo pretende interpretar a través de la teoría de la elección racional y el realismo crítico que en Colombia no se haya llegado al mismo. Asimismo, se quiere identificar cómo se ha manejado y se ha empleado la figura del acuerdo humanitario en Colombia y esboza las principales razones por las que no se ha concretado una negociación con el gobierno y las Farc en este sentido. Además, busca observar la mencionada figura como herramienta jurídica y política para ser aplicada en una eventual negociación, y finalmente, confronta las posiciones y decisiones políticas del gobierno Uribe y de las Farc para saber por qué no se ha realizado. Los objetivos antes mencionados dan clara evidencia de que el mecanismo para la presente investigación es cualitativo. La manera como se llegará al objetivo principal será describiendo las posturas, las estrategias, las decisiones y las acciones, para evidenciar de qué forma se expresa la maximización de la utilidad a través del abanico de estrategias de cada una de las partes implicadas, observando cómo han ido cambiando las posturas y las decisiones frente al acuerdo. Las teorías escogidas proponen un enfoque el cual permite ver de manera objetiva el porqué los actores han escogido cierto tipo de estrategias y no otras dentro de un escenario donde el conflicto entre ambos es fuerte hablando militarmente, y donde las consecuencias se establecen directamente hacia la población que en últimas es la gran afectada. Con lo anterior, las categorías analíticas para el presente trabajo serán: primero el carácter jurídico a nivel internacional que ha adquirido el acuerdo humanitario; segundo, los intereses que están en juego y los cuales reclaman cada uno de los actores; tercero, las estrategias o cursos de acción que son configurados y/o modificados a la marcha; y cuarto, 4 las decisiones y acciones que los actores realizan para obtener la maximización de su utilidad. Este trabajo es una aproximación a las implicaciones del manejo y el empleo de la figura del acuerdo humanitario en Colombia, desde las perspectivas de la teoría de la elección racional5 y de la interacción estratégica o del realismo crítico6. De esta forma, el presente estudio se ordena en cuatro capítulos. En el primer capítulo se interpretará a través de la elección racional y el realismo crítico el cómo se han configurado las estrategias de acción por parte de los actores que han resultado en decisiones inciertas por lo cual en Colombia no se ha llegado a un acuerdo. En el segundo capítulo, se intenta analizar la figura del acuerdo humanitario como herramienta jurídica y política, teniendo en cuenta los que se han llevado a cabo en el pasado y mostrando cómo ha sido su implementación En el tercer capítulo se confrontan las posiciones y decisiones de cada una de las partes involucradas teniendo en cuenta los escenarios y los hechos acontecidos a lo largo de los dos períodos presidenciales del gobierno de Uribe. Después, se presentan las conclusiones del estudio que recogen las respuestas y finalmente, se encuentran los anexos que sirven como complemento y referencia que ayudan a ilustrar y a sustentar lo dicho en el texto.

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Es preciso destacar que el periodo comprendido entre 2002 y 2010 bajo el mandato del ex presidente Álvaro Uribe, consolida una serie de políticas de Estado; además de la creación y reestructuración de nuevos entes reguladores. Así mismo, muestra un ambiente y clima propicio para incentivar la Inversión Extranjera Directa (IED) y activar las locomotoras productivas del país.

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El fallo de la CIJ respecto del diferendo de Nicaragua contra Colombia reconfiguró las fronteras en el Caribe colombiano y el mapa de la nación. La mala socialización del fallo a nivel nacional y departamental, genera un ambiente de negativismo sobre el panorama actual y a mediano y largo plazo. Este ambiente da paso a una serie de reacciones que influyen en el debate nacional con respecto a los efectos del fallo, dejando de lado elementos de fondo pertinentes para su mejor comprensión, asimilación y debate. El Estudio de Caso que se desarrolla a continuación pretende, en primer lugar, contextualizar el proceso histórico y jurídico que dan paso a la sentencia de la CIJ. En segundo lugar, hacer un examen riguroso de los efectos generados en Colombia. Finalmente, en tercer lugar, se desea aportar elementos de análisis que se centren en los efectos reales para Colombia y el archipiélago.

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El objetivo de esta investigación diagnostica radica en explicar los efectos de la implementación de la Revolución Educativa en las instituciones de Educación Media Técnica en la Provincia Centro del Departamento de Boyacá. Es así que se pretende demostrar si los procesos de implementación de articulación de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander y la Institución Técnica Nacionalizada con el SENA, responden o no a las necesidades de los estudiantes frente a la coyuntura Nacional y Regional actual. Para lograr dicho fin, fue imperativo abordar esta problemática desde los siguientes enfoques: descriptivo, explicativo, analítico y propositivo; adicionalmente se realizaron encuestas a estudiantes, profesores y directivos de las Instituciones Educativas, de igual manera se llevaron a cabo una serie de entrevistas al Director Regional del SENA y al Secretario de Educación Departamental, como actores fundamentales del proceso. Permitiendo así formular posibles soluciones que apoyen la consolidación del proceso de articulación.

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Este trabajo es el resultado del proyecto de investigación financiado por Colciencias y la Universidad del Rosario, que incorporó la Cátedra Viva Intercultural, constituyéndose así un escenario para el intercambio de saberes y constumbres propias de las comunidades étnicas de nuestro país. Un espacio en el que se reconocen afrocolombianos, indígenas, gitanos, y raizales, y se analiza su realidad social y la jurisprudencia que garantiza la efectividad de sus derechos. El presente texto contiene un estudio metodológico para consolidar el proceso de enseñanza de los saberes tradicionales de las comunidades étnicas en el aula universitaria. Es un documento guía para las futuras cátedras étnicas, dirigido a estudiantes, docentes y a entidades gubernamentales y ONG que trabajen por el respeto de la diversidad étnica de Colombia.El presente texto contiene un estudio metodológico para consolidar el proceso de enseñanza de los saberes tradicionales de las comunidades étnicas en el aula universitaria. Es un documento guía para las futuras cátedras étnicas, dirigido a estudiantes, docentes y a entidades gubernamentales y ONG que trabajen por el respeto de la diversidad étnica de Colombia.

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Desde su aparición, a comienzos de la década de los años noventa, el concepto de seguridad democrática ha sido objeto de distintos enfoques y diversas políticas. Inicialmente, éste fue considerado por un grupo de intelectuales y políticos que, agrupados en lo que se denominó la Comisión Sudamericana de Pas, concibieron la noción de seguridad democrática regional. En 1995, el mismo sirvió de sustento al Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. En Colombia, durante los gobiernos de Álvaro Uribe, se ha alimentado la política de defensa y de seguridad. Sin desconocer la capacidad de la seguridad democrática como alternativa a concepciones tradicionales de seguridad, el presente libro tiene como propósito central ofrecer algunos elementos teóricos, políticos y metodológicos que contribuyan a perfilar lo que significa la seguridad democrática y, por supuesto, lo que implica en términos operativos. Estas propuestas surgen en un momento en el que se requieren conceptos de seguridad acordes con los desafíos del nuevo orden internacional y en el que la provisión de la seguridad parece desconocer los valores democráticos más emblemáticos.

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Los recursos humanos en las organizaciones del Estado son quienes le dan vida a la administración pública, y son los llamados a conducir e innovar los procesos de consolidación de políticas que permitan el eficaz cumplimiento de los compromisos del Estado con la sociedad. Sus cualidades y capacidades son propias de una persona al servicio de un fin público, cuyo objetivo no responde a principios de rentabilidad u ganancia, sino a una vocación un tanto altruista que se soporta en los valores de la igualdad, moralidad, economía, eficiencia, celeridad, imparcialidad y publicidad. En Colombia, la manera de conducir y gestionar los recursos humanos dista grandemente de ser lo que la Constitución del 91 había dispuesto que fuese la función pública. Los empleados del Estado, quienes son los encargados de realizar las funciones administrativas en el marco de un régimen laboral, han sido paulatinamente suplantados y desplazados por el uso desmedido de la institución conocida como “contratos de prestación de servicios”, que por su naturaleza puede, legalmente utilizarse solo de manera excepcional para facilitar y contribuir al cumplimiento de los fines del Estado. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, el abuso de esta forma de contratos de prestación de servicios tomó gran relevancia, dándole una aplicación generalizada, y evadiendo los límites de la excepcionalidad y temporalidad con que fue concebida dicha figura, al punto de hallar que en algunas entidades del Estado el número de contratistas sobrepasó al número de empleos.

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La “seguridad democrática” ha sucitado una profunda discusión en el páis. Aunque dicha discusión es vital para la construcción de la democracia, el hehco de que algunos de sus críticos y defensores no ofrecerian suficientes razones y evidencias para respaldar sus afirmaciones contribuyó en cierto modo a polarizar la sociedad colombiana. Fundamentada en algunas consideraciones conceptuales y luego de explicar otros esquemas de seguridad democrática en América Latina, esta investigación sostiene que el enfoque de la política de seguridad democrática del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe respondió a conceptos de seguridad y democracia restingidos. En efecto, esta política se limitó a identificar amenazas militares asociadas a los Grupos de Margen de la Ley (GAML), en especial las Frac, y les concedió a los ciudadanos un rol limitado en construcción.

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El presidente Álvaro Uribe se dirigió a la 61ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el pasado 21 de septiembre. Cada año los Jefes de Estado del mundo exponen en este foro sus ideas y preocupaciones sobre la situación mundial y de sus países. ¿Qué ideas presentó el presidente Uribe al resto de los países? ¿Cuáles son los temas más preocupantes en la agenda del mundo? ¿Qué concepto le merecen esos temas a nuestras autoridades de política exterior? Son preguntas que surgen de manera natural en el ámbito académico, las cuales nos hemos propuesto responder en este primer Comentario OPEC, con el ánimo de divulgar más ampliamente los temas de la política exterior colombiana, ofrecer criterios de valoración y análisis al público y enriquecer el debate sobre la agenda internacional de nuestro país.

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Este Estudio de Caso cruza las variables de conflicto interno armado en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, y territorio indígena Wiwa, con el fin de mostrar la influencia que llegó a tener el conflicto en todos los ámbitos de la vida individual y sobre todo grupal de los Wiwa, quienes presentan una especial relación con el territorio; la afectación fue tan grande que los llevó a ser considerados pueblo indígena en vía de extinción. La investigación está centrada en el primer periodo del ex-Presidente Álvaro Uribe, cuatrienio en el cual los actores armados del conflicto (FARC, AUC, Fuerzas Militares y de Policía) aumentaron su accionar, sobre todo por lo estratégico que resulta tener dominio territorial en la Sierra, ya que esta zona del país perteneciente ancestralmente a los cuatro pueblos indígenas serranos, sirve como zona de resguardo de grupos armados, tiene suelos aptos para la ganadería, el cultivo de banano, palma, pero también para los cultivos ilícitos, la salida al mar permite el tráfico de armas y drogas, además de poseer muchas fuentes hídricas. Se muestra entonces el conflicto de intereses entre los mismos grupos armados, y el de los grupos armados con los Wiwa, quienes denunciaron el desprecio absoluto por su cultura y su pensamiento territorial. Además de ello se evidencia como mediante actos de terror y violencia se violaron los derechos humanos y se infringió el derecho internacional humanitario.

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El perdón ha sido parte fundamental en procesos de resolución de conflictos y transición hacia la paz, en naciones que han vivido estados de guerra y que han logrado la resolución de los mismos. Actualmente, Colombia es una de las naciones que está viviendo este proceso y para ello ha utilizado mecanismos como la reconciliación, la reparación y la desmovilización. Desde este marco, el interés del presente trabajo fue reconocer e identificar las nociones y significados que los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, como representantes del Estado, han transmitido sobre el perdón durante sus periodos de gobierno Para lograrlo, utilizando una metodología cualitativa, se analizaron varios de sus discursos, para posteriormente contrastarlos, con lo planteado desde la psicología. El análisis cualitativo de los discursos arroja que los presidentes, no hablan de forma explícita sobre el perdón, sin embargo transmiten su concepto a través de nociones relacionadas como la reconciliación y la reparación. Dichas nociones dan cuenta de la implicación de la necesidad de un cambio de corazónen en el núcleo del concepto de perdón y de la importancia del Estado como mediador entre la víctima y el agresor.

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La historia de la tributación en Colombia en los últimos años se ha caracterizado por un sistema tributario ineficiente y poco equitativo. La reforma tributaria del año 2006, continua con la misma tendencia tributaria de años anteriores y además, crea una serie de beneficios y exenciones tributarias que están en contra de los principios constitucionales de Equidad, Progresividad y Eficiencia. Respecto al impuesto de renta, crea nuevas tarifas, descuentos y beneficios tributarios que generan un impuesto ineficiente en términos de control y de recaudo. Por otro lado, los beneficios dirigidos a sectores económicos en específico y a los contribuyentes más ricos del país, están en contra de un sistema tributario equitativo y progresivo. Finalmente, la extensión del impuesto al patrimonio, se considera como un impuesto ineficiente ya que es un impuesto transitorio que se ha vuelto permanente y costoso para el país. Se observa entonces, un carácter inequitativo, regresivo e ineficiente de la ley 1111 de 2006, soportado en la evidencia de los beneficios y descuentos tributarios otorgados a grandes capitales y la extensión del Impuesto al Patrimonio.

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Aim: Examine the relationship between the functional capacity and the quality of life related to health in university workers. Methodology: Cross-sectional study in 146 subjects, divided in two groups: Low functional Capacity (< 9 METs) and High functional Capacity (> 9.1 METs). We evaluated quality of life related to health (HRQOL-Health Questionnaire SF-12) and functional capacity (Questionnaire PAR/PAF) as indicators of health status. Results: 47.3% (69 men) and 52.7% (78 women). The average age of the groups was 35.0 ± 9.7 years (range 19,0-60,0 years). For HRQOL, the average found in the population assessed was 45.2 ± 4.42 (range 33,0-58,1) and 43.8 ± 6.87 (range 19,8-43,8) in components Physical Component Summary (PCS-12) and Mental Component Summary (MCS-12), respectively p = NS. Significant differences were found when comparing functional ability and sex, p<0,001 in both groups. Similarly, sex and mental component MCS-12 (group of Lower Functional) p = 0,049 as well as women and the physical component PCS-12, p = 0,05 between groups. Finally, a better score in HRQL observed in the group of High Capacity and functional components in both sex OR 0.59 (0.25-1.38). Conclusions: The results of this study demonstrate the relationship between High functional Capacity and a better HRQOL in this population.

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Analizar el papel de la ONU a través de la UNIFEM en la protección de Derechos Humanos de la mujer desplazada colombiana frente a la gestión y efectividad en el cumplimiento de las políticas de gobierno del Presidente Uribe Vélez.