Los departamentos de orientación en los IES : estudio de las disociaciones entre percepciones reales y normativa legal.

El autor la corresponsabilidad entre la LOGSE y los Departamentos de Oirentación de los IES. El objetivo es evaluar la posible conjunción o disociación del binomio, teoría-práctica, mediante un análisis comparativo entre lo prescrito en la normativa legal promulgada por la Administración Pública y lo descrito y percibido a través de las experiencias de Orientación que se vienen desarrollando en los Institutos de Enseñanza Secundaria de Valladolid y provincia, con la intención última de formular propuestas y recomendaciones de mejora basadas en los resultados del estudio.

La educación de niños y niñas : recomendaciones institucionales y marco legal.

El trabajo presentado va dirigido a los profesores con el objeto de sensibilizarlos en la problemática del sexismo en la práctica educativa y motivarles para realizar planes destinados a fomentar la igualdad de oportunidades entre ambos sexos dentro del ámbito escolar y a combatir el sexismo educativo. Incluye el marco legal de actuación : los programas de acción de la CEE, el Plan para la Igualdad de Oportunidades del Instituto de la Mujer y del Institut Català de la Dona y el tratamiento del sexismo educativo en la LOGSE.

Escuela inclusiva, alumnos superdotados y nuevo marco legal de la educaci??n

Resumen tomado del autor. Este art??culo se incluye en el monogr??fico ??La Ley de Calidad??

Base legal para el hacer organizativo-didáctico : síntesis.

Resumen tomado del autor

Evolución histórico-legal de los Centros de Colaboración Pedagógica.

Se repasa la evolución histórica y legal de los Centros de Colaboración Pedagógica, creados por la necesidad de contar con técnicas adecuadas para el perfeccionamiento del Magisterio. Después, se definen su concepto a través del tiempo y la estructura legal de su actual Reglamento formada por cuatro puntos: objetivos, organización, funcionamiento y administración.

Reforma legal necesaria para aumentar el número de viviendas para maestros.

Se explica la situación que vivían los maestros de escuelas primarias en los años cincuenta en España. Se había decidido combatir el analfabetismo y se pretendía crear 30.000 escuelas para acabar con él pero a medida que se construían, se presentaba tanto el problema de la falta de maestros o, cuando estos estaban, la falta de alojamiento para ellos. Se decidió que para atajar el tema del alojamiento, fueran los Ayuntamientos de las localidades en las que tenían que residir los maestros, los que les proporcionaran una vivienda de su propiedad. Cuando los Ayuntamientos no tenían viviendas de este tipo, el Ministerio de Educación les entregaba una cantidad económica en concepto de indemnización que cubriría los gastos de arrendamiento cuando tuvieran que vivir desplazados de sus lugares de origen pero, aunque esta fue una solución solo a medias. Se planteó el problema de que el maestro pudiera sufrir una baja por cualquier circunstancia y tuviera que ser sustituido, a lo que el Estado decidió que la indemnización la cobrarían sustituido y sustituto a medias. Finalmente, se eximió a los maestros de pagar el impuesto de utilidades a los Ayuntamientos, ya que las localidades tenían la obligación por Ley de alojar a los profesores para fomentar el desarrollo de la educación.

El marco legal que ofrece la Ley de Patrimonio.

Monográfico con el título: 'Historia de un olvido: patrimonio en los centros escolares'. Resumen basado en el de la publicación

La normativa legal sobre la educaci??n musical en la Espa??a contempor??nea

Resumen tomado de la publicaci??n

Problem-based learning and legal education : a case study in integrated experiential study

Resumen basado en el de la publicaci??n

Aplicaci??n de la metodolog??a de aprendizaje basado en problemas a la docencia de Veterinaria Legal

Resumen basado en el de la publicaci??n

La Universidad C??vica : ??un vac??o legal y pol??tico?

Resumen basado en el de la publicaci??n

El Aprendizaje basado en el método del caso en el grado de Derecho: ¡aborto legal o ilegal!

Las nuevas metodologías docentes basadas en el desarrollo de competencias, entendidas como “la capacidad de que el alumno haga frente a situaciones problemáticas y resolverlas” obligan a plantear que la resolución de problemas permite que el alumno alcance los objetivos de aprendizaje y con ellos, las competencias que pretendemos. A través del “Método Del Caso” trataremos de desarrollar un sistema de autoaprendizaje del alumno para lo que consideramos necesario, en primer lugar, plantear un caso concreto y en la medida de lo posible real, para que el alumno seguidamente pueda estudiar el supuesto planteado con los materiales que aportaremos de forma individual (doctrinales, jurisprudenciales…) y realice un informe previo en relación con la resolución del caso planteado, concluida esta fase inicial, será necesario que el alumno participe en un grupo pequeño de compañeros con el fin de poder contrastar las vías de solución adoptadas y finalmente, concluir con la exposición y discusión de las decisiones adoptadas con el resto de alumnos del curso (grupo grande) y tras debatir todas las propuestas presentar de forma individual un informe final en el que deberán expresar: a- las cuestiones fundamentales planteadas en el caso, y, b- los argumentos jurídicos y jurisprudenciales de la decisión que adoptan con el fin de resolver la cuestión planteada, teniendo en consideración las estrategias que consideran más oportunas para favorecer los intereses de sus clientes

El daño ecológico puro. La responsabilidad civil por el deterioro del medio ambiente

El Derecho civil tiene dificultades cuando se enfrenta a la reparación de los daños ecológicos puros. Afectan más al equilibrio de los ecosistemas que a recursos concretos. No deterioran bienes propiedad de personas concretas, sino cosas de todos (res communes omnium), o de nadie (res nullii). Son difíciles de probar y atribuir causalmente, pues suelen resultar de la suma o interacción de múltiples contribuciones. A menudo son irreparables en especie. La reparación por equivalente es difícil, porque suele faltar un equivalente y el dinero refleja de modo imperfecto el valor de los recursos naturales. La magnitud de los daños puede ser elevadísima, pero la responsabilidad resulta escasamente asegurable. Los fondos de compensación sólo indemnizan el daño ecológico puro limitadamente. La situación actual de falta de responsabilidad es insatisfactoria. Conviene que se legitime al Estado, como guardián del medio ambiente, y a las organizaciones ecologistas, para que puedan reclamar una compensación.

Derecho administrativo y autorregulación: la autorregulación regulada

El objeto de esta tesis es el análisis de la autorregulación regulada, es decir, el análisis de las normas y de los controles privados que poseen relevancia para el Derecho público. A pesar de su aparente desvinculación con el Derecho Administrativo, la autorregulación es una tendencia que se percibe cada vez con mayor nitidez; es, claramente, un fenómeno que se asocia principalmente al uso de nuevas tecnologías, pero que desborda con mucho este ámbito. La autorregulación es una noción directamente relacionada con la transformación de las formas de gobernanza impulsada desde la Unión Europea; es una nueva técnica o instrumento que las normas jurídico-públicas, a través de numerosas remisiones a la autorregulación, ponen en manos de la administración para gestionar los fines que ésta tiene encomendados. Existe, sin embargo una clara disociación entre las esperanzas puestas en la autorregulación y la falta de respuestas que ofrece el derecho positivo. Un análisis exhaustivo de la jurisprudencia y de la legislación que utilizan la voz "autorregulación" me ha llegado a concluir que este vocablo es en nuestro ordenamiento, un "término sin concepto". En esta fuentes se asimila la "autorregulación" con la capacidad de autonormación de un sujeto. Es el derecho comunitario el que la autorregulación como una alternativa o un complemento a la desreglamentación estatal y como una manifestación de un traslado de funciones y responsabilidades públicas a la sociedad. Por influencia del Derecho comunitario, el legislador pretende, a través de la autorregulación, alcanzar dos finalidades aparentemente contradictorias: (a) facilitar la función de garante que tiene atribuida el Estado, mediante una intervención más extensa i más intensa en las actividades privadas; (b) hacer efectivo los objetos propuestos con la desregulación, mediante una contención del ejercicio de la potestad reglamentaria y una disminución de los controles, preventivos o represivos, realizados directamente por la Administración. Para salvar esta contradicción, es necesario que el legislador establezca una regulación adecuada de la autorregulación. Dicha regulación es, hoy por hoy, manifiestamente insuficiente. Deberían fijarse con carácter general -y no sólo puntualmente y por sectores- las medidas adecuadas para el fomento de la autorregulación; los efectos públicos que ésta posee en cada caso y, significativamente, las garantías y controles necesarios para contrarrestar tales efectos. Esto es, los principios que rigen la actividad administrativa deberían ser aplicados también a la autorregulación en aquellos casos en los que sus diversas manifestaciones poseen efectos similares a los que son propios de los reglamentos, las inspecciones o las sanciones administrativas. Esta propuesta deja abierta la cuestión acerca de la incidencia recíproca de ambas técnicas; esto es , la incidencia de la regulación pública en la autorregulación de origen privado y, a la inversa, el impacto del desarrollo de la autorregulación regulada en el ejercicio de las potestades reglamentaria, autorizatoria, y sancionadora de la Administración. Esta cuestión sólo puede ser contestada hoy caso por caso, de modo que la respuesta es distinta si se analiza una norma técnica, un código ético, un manual de buenas prácticas, una certificación privada del cumplimiento de normas técnicas, el ejercicio de la potestad disciplinaria privada o el arbritaje. De lo que no cabe duda alguna es que ni la autorregulación es sólo una actividad de interés privado, ni la regulación pública conserva hoy sus rasgos tradicionales.

Política e Legislação da Gestão da Qualidade do Ar Instrumentos, Ferramentas e Quadro Legal : Enquadramento de Portugal no Contexto Europeu e Internacional

Perante o agravamento das problemáticas atmosféricas a maior parte dos países mundo tem adotado ações concertadas e conjuntas tendentes a responder a estas realidade. No quadro da União Europeia, bloco económico e político ao qual Portugal pertence como estado-membro, tem vindo a ser desenvolvido um forte programa de combate à poluição atmosférica. Seguindo as principais linhas de orientação dos seus predecessores mas, ao mesmo tempo, trilhando novos caminhos para atingir desafiantes metas, o Sexto Programa de Ação em matéria de Ambiente (6.º PAA) pretende atingir níveis de qualidade do ar que não impliquem efeitos negativos nem riscos significativos para a saúde humana e o ambiente. A União Europeia tem pautado a sua atuação numa ótica de concertação de políticas e legislação como forma de reduzir as emissões atmosféricas dentro do seu espaço territorial. A articulação entre as políticas comunitárias que visam reduzir a exposição à poluição atmosférica e a produção legislativa em matéria da qualidade do ar, nomeadamente, a fixação de valores limites de emissão para os diferentes poluentes nas zonas e aglomeração das nossas cidades, encontra na gestão ambiental do recurso ar os conceitos e estratégias de atuação práticas fundamentais para, atuando como uma placa giratória de Ação, efeitos e resultados, se possa uniformizar e harmonizar as necessidades reais com a resposta política e legal nestas questões. Expor e compreender as metodologias, ferramentas e instrumentos legais ao serviço destes dois eixos (politicas e legislação) será o objetivo deste texto.