873 resultados para ACUERDOS FISCALES


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El tema de este texto es la elusión constitucional. Esta es una forma de manipulación constitucional que consiste en adoptar un texto normativo concreto (usualmente un decreto reglamentario o cualquier otra clase de decreto administrativo, un acto legislativo o un acuerdo simplificado) y usarlo de modo tal, que se contengan dentro de él enunciados que logran escapar al control constitucional. El asunto consiste en hacer una mímesis o "camuflaje": se expide una norma con nombre de decreto administrativo, usualmente un decreto reglamentario (esa su apariencia o "camuflaje") y se le dan contenidos con reserva de ley. De esta manera se logran varios efectos perversos: se usurpan las reservas legales (que son verdaderas garantías para el ciudadano); se suprime el debate democrático a la vez que se diluye la división de poderes, para dejarlo todo en la voluntad del presidente; y se evita el control constitucional, pues al usarse el "camuflaje" de un decreto de contenido administrativo, la competencia para su "control" pasa al Consejo de Estado, que como se sabe, es un órgano judicial que se comporta con frecuencia como cumpliendo funciones notariales al presidente.

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El interés de este trabajo de grado consiste en proponer la construcción de un equipamiento híbrido en altura como alternativa de solución frente al crecimiento poblacional y la escasez de suelo presentes en la Unidad de Planeamiento Zonal- 71 Tibabuyes en la localidad de Suba. Se planea esta propuesta en el marco de un modelo de ocupación territorial denso y compacto contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Por tanto, el equipamiento híbrido en altura busca disminuir el déficit y mejorar el acceso a los equipamientos urbanos colectivos por parte de los habitantes de este territorio con el propósito de replantearse la manera de concebir las edificaciones tradicionales que brindan los servicios sociales.

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El presente estudio quiere analizar la construcción de la dimensión regional como proceso de interacción entre el conjunto de asentamientos humanos y de unas relaciones políticas, jurídicas, históricas, económicas y funcionales alrededor de ese espacio determinado que aborda la interdependencia territorial. A partir de la concepción que la aglomeración urbana es intrínsecamente regional, el trabajo aborda tres casos de estudio: el Randstad en Holanda, el Área Metropolitana de Barcelona y la Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca como configuraciones que permiten la formación de acuerdos coordinados básicos para un abordaje integral de la gestión del territorio. De las particularidades de cada caso se elaboran comparaciones que establecen que la configuración de acuerdos regionales es influida por una práctica política y de ordenamiento territorial determinada. Fundamentándose en la comparación, el aparte final el texto establece establecen algunas orientaciones para la consolidación regional en Colombia como proceso de apoderamiento de lo local.

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El objetivo de esta investigación es explicar la forma en que la oferta de drogas ilícitas en la frontera ha configurado los mecanismos de cooperación entre Colombia y Perú de 2003 a 2012. Éste será desarrollado a través de los conceptos de cooperación (Keohane 1984) y securitización (Buzan 1998), que condujeron al estudio del proceso de coordinación política en tres etapas (Balzacq 2010): qué se dice en los acuerdos de cooperación entre Colombia y Perú, cómo han actuado los Estados en la frontera y cómo ese comportamiento ha afectado la posibilidad de coordinación política con Ecuador y Brasil dentro del micro complejo regional de seguridad. De esta manera, se probará que el tema de la oferta de drogas ilícitas en la frontera permanece en el campo politizado en la agenda colombo-peruana, mientras que la posibilidad de vínculos entre grupos armados organizados de ambos Estados está securitizada.

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La obra se encuentra dividida en dos partes. En la primera se analizan las medidas de justicia transicional que han tomado cinco países (Argentina, El Salvador, Irlanda del Norte, Perú y República Democrática del Congo) a nivel local. El análisis se hace teniendo como marco de referencia el tipo de conflicto que los mencionados países han padecido y los modelos transicionales nacionales y su importancia para el caso colombiano. En la segunda se analizan tres experiencias lideradas por los alcaldes de la administración 2004- 2007 en los municipios de San Carlos, Marquetalia y Samaniego en Colombia. Al abordar en forma detallada el contexto histórico de la violencia en cada país y las dinámicas del conflicto, este texto permite entender mejor el tipo de modelo y medidas transicionales que se adoptaron a nivel nacional, así como su influencia y relevancia en los programas emprendidos a nivel local.

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Por medio de esta obra se pretende exponer una teoría general de la contratación pública enfocada a la elaboración de los principios generales que la desarrollan. Para ello, se realiza un estudio multidisciplinario desde la óptica del derecho administrativo, el derecho constitucional y el derecho internacional para lograr una visión más amplia sobre las temáticas abordadas. En el primer capítulo se establece la relación entre la contratación pública y la administración pública, exponiéndose la influencia de la primera en la formación paulatina de un concepto materia de la administración pública. El segundo capítulo, tiene por objeto la determinación del concepto de la contratación pública y su evolución, lo cual será el punto de partida para la construcción de la obra. El tercer capítulo examina los principios de la función pública y los principios de la contratación pública; en este capítulo se hace un especial énfasis en un estudio jurisprudencial del alcance de cada uno de los principios y sus consecuencias jurídicas concretas.

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Reflexiones doctrinales, académicas y jurisprudenciales han demostrado el alcance limitado del principio de autonomía territorial en el contexto de la república unitaria. El desarrollo del concepto en modelos territoriales regionales o federales hace evidente su precariedad y vulnerabilidad, bajo los límites de la forma de Estado unitario y los derechos taxativos de las entidades territoriales establecidos en la Constitución Política de 1991. Dieciocho años de la nueva carta de batalla invitan a repensar el alcance real del principio de autonomía territorial a la luz del derecho comparado, las tendencias mundiales en materia de organización del territorio y las experiencias de los actores territoriales y las comunidades que presencian de forma permanente las tensiones entre "el centro" y "la periferia"; generadas por el desarrollo de los principios territoriales de unidad, descentralización y autonomía.

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El tema general de este libro es la relación entre los hechos y las normas, y más precisamente, la relación entre los hechos de la desmovilización paramilitar (y la más reciente de algunos guerrilleros convertidos en gestores de paz o en agentes de acuerdos humanitarios individuales) y las normas nacionales e internacionales que debieron haber regulado esa relación.Para identificar y evaluar la presencia del derecho dentro de esa negociación, este texto ha sido dividido en seis capítulos. El primero, hace una aproximación conceptual al concepto de estándares, entendidos como las pautas y reglas articuladas por el sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. El capítulo dos, reconstituye los estándares construidos por la Corte Interamericana, relacionados con los derechos de las víctimas desde juzgamientos hechos a Honduras, Guatemala, Perú y Colombia.

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Una de las mayores brechas que tienen los empresarios colombianos es la falta de información sobre las opciones de exportación hacia otros países, especialmente con Estados Unidos siendo uno de los principales socios comerciales que tiene Colombia. Por esta razón el presente trabajo de investigación se propuso identificar y analizar las oportunidades de exportaciones de productos agrícolas y agro-industriales potenciales desde Colombia hacia Estados Unidos en el periodo de 2003 hasta 2012. Después de contextualizar el entorno de los dos países así como el del sector agrícola de cada uno de ellos; se procedió a la selección de diez sub-partidas arancelarias a través de las bases de datos de TRADE MAP y UN COMTRADE. Con base en los resultados observados, se eligieron los dos productos agrícolas o agro-industriales potenciales para la exportación hacia Estados Unidos; adicionalmente se exploró el Tratado de Libre Comercio con dicho país para reconocer las ventajas, beneficios y oportunidades que este acuerdo generó en los productos seleccionados. Por lo tanto se concluye que Estados Unidos influye significativamente en las relaciones tanto comerciales como financieras a nivel mundial. En el caso de Colombia ha alcanzado resultados positivos en la balanza comercial, niveles óptimos de inversión y crecimiento de la economía comercial. Finalmente se puede afirmar que el Tratado de Libre Comercio entre los dos países promueve el ingreso preferencial de manera permanente, genera mayor estabilidad, competitividad en el largo plazo y acceso a mercados al agilizar los procesos normativos de los productos agrícolas y agro-industriales.

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Esta tesis se ocupa de analizar la eficacia de la cláusula de solución de controversias contractuales dispuesta en la contratación estatal que es financiada con recursos del Banco Mundial –regla de excepción a la aplicación del Estatuto General de Contratación Pública– pues en las normas de contratación de dicho organismo, se ha previsto que ante un conflicto contractual corresponde a un conciliador (versión 2008 de las normas Banco Mundial) o a un mediador (versión 2013) “tomar una decisión” para resolver la controversia con fuerza vinculante para las partes. La reflexión aborda el papel del “conciliador” o “mediador” según las facultades que le atribuyen las normas del Banco Mundial y su distinción respecto al concepto legal que prevé el ordenamiento nacional, donde el conciliador o mediador no toman decisiones y en consecuencia no es clara la forma de acudir a estas figuras. El reto nos lleva a considerar dos alternativas de aplicación de la cláusula para hacerla eficaz: el primero, considerar a la mediación como una figura autónoma regulada en el contrato por autorización de nuestro Estatuto de Contratación Estatal y de los Convenios suscritos con organismos internacionales, a partir de la cual se reconozca la producción de los efectos indicados por el Banco Mundial en cabeza del mediador; en segundo lugar y para desatar el efecto útil de la cláusula, considerar a la mediación como figura análoga a la amigable composición, y tramitar la solución de controversias bajo esta figura.

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A finales del Siglo XX, Colombia se encontraba en un escenario bastante complicado en relación con la situación del país en años anteriores. Todo esto, debido a que el país se vio afligido por una serie de situaciones adversas: el desempleo, la violencia y catástrofes naturales, fueron una de las muchas cosas que generaron un grave periodo de recesión en el país. Frente a estos desafortunados acontecimientos, y en búsqueda de propiciar y fortalecer la economía del país, el Gobierno decide en su momento, intervenir en la economía local, principalmente en el Sector Privado, con el fin de normalizar la actividad productiva del país en todos los sectores económico. Para esto, el Gobierno en conjunto con la Superintendencia de Sociedades y teniendo en cuenta la devaluación de la moneda, las altas tasas de interés que existían en ese entonces, y, la disminución de la demanda, deciden desarrollar mecanismos de conciliación tanto para los deudores como para los acreedores con el fin de reactivar la economía y mejorar la situación financiera y contable del sector productivo y de servicios, con el fin de superar la crisis en la que se encontraban sumergidos en ese entonces. La ley 550, constituida en el año 1999 y también conocida como la Ley de Insolvencia Económica, otorgo herramientas para la reestructuración de empresas que decidieron acogerse a dicha ley, a un total de 1.323 empresas que se encontraban en proceso de liquidación. Para poder acceder a este proceso de reestructuración, además de cumplir con ciertos requisitos que se mencionaran posteriormente, las empresas que podían acceder a esta ley, debían encontrarse en mora en el pago de 2 o más obligaciones por un periodo mayor a noventa días, o, se debían encontrar envueltas en por lo menos 2 demandas ejecutivas por mora en el pago de cualquier deuda adquirida en nombre de dichas empresas.

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Desde la adopción del Estatuto de Roma en julio de 1998, la CPI está confrontada a varios problemas, entre los que se encuentra el desacuerdo que persiste entre la Asamblea de Estados parte relativo a la defi nición del crimen de agresión, que es uno de los crímenes de competencia de la Corte de acuerdo con el artículo 5 del Estatuto. Otra difi cultad es la oposición de los Estados Unidos de América desde que la administración Bush desplegó todo un arsenal jurídico destinado a impedir cualquier tipo de colaboración con la CPI con el American Service Members’ Protection Act y los acuerdos bilaterales de inmunidad destinados a prevenir la entrega de ciudadanos estadounidenses a la Corte por parte de los Estados miembros del Estatuto de Roma.La entrada en vigor de su Estatuto el 1 de julio de 2002 le permitió al Fiscal de la Corte iniciar las primeras investigaciones y procesos por crímenes de guerra y por crímenes contra la humanidad cometidos en los conflictos que destrozan ciertos Estados africanos (R.D.C., República Centroafricana, Uganda). La orden de detención contra el presidente sudanés Omar Al Bashir por las atrocidades cometidas en Darfur muestra los límites de la actuación de la Corte, al no poder ejecutar su mandato sin la cooperación de los Estados. La Corte debe enfrentarse a las críticas relativas al “doble estándar” y de ser un instrumento de “justicia para los pobres” de la que se escaparían los “poderosos”. Las respuestas a estos problemas podrían ser aportadas, en parte, en el marco de los procesos de revisión previstos por el Estatuto de Roma nueve años después de su entrada en vigor.

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This paper examines the impact on old age poverty and the fiscal cost of universal minimum oldage pensions in Latin America using recent household survey data for 18 countries. Alleviatingold age poverty requires different approach from other age groups and a minimum pension islikely to be the only alternative available. First we measure old age poverty rates for all countries.Second we discuss the design of minimum pensions schemes, means-tested or not, as wellas the disincentive effects that they are expected to have on the economic and social behavior ofhouseholds including labor supply, saving and family solidarity. Third we use the household surveysto simulate the fiscal cost and the impact on poverty rates of alternative minimum pensionschemes in the 18 countries. We show that a universal minimum pension would substantiallyreduce poverty among the elderly except in Argentina, Brazil, Chile and Uruguay where minimumpension systems already exist and poverty rates are low. Such schemes have much tobe commended in terms of incentives, spillover effects and administrative simplicity but have ahigh fiscal cost. The latter is a function of the age at which benefits are awarded, the prevailinglongevity, the generosity of benefits, the efficacy of means testing, and naturally the fiscal capacityof the country.

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Los costos de transporte son una de las más importantes fuentes de barreras al comercio. Inspirados por este aspecto, utilizamos un modelo empírico ad-hoc con el fin de examinar los posibles determinantes de los costos de transporte. Utilizando una base de datos de costos de transporte bilaterales para el año 1990, replicamos el trabajo de Limao y Venables (2001) y encontramos que el efecto de su ´índice de infraestructura sobre los costos de transporte no es robusto. Siguiendo a Micco (2004) y Micco y Serebrinzky (2005) calculamos dos ´índices alternativos de infraestructura. Utilizando estos ´índices encontramos que aparte de la distancia, la infraestructura, la estabilidad política, las relaciones bilaterales comunes y los acuerdos de cielos abiertos son otros importantes canales mediante los cuales los costos de transporte pueden reducirse.

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En este artículo se utiliza un modelo de equilibrio general dinámico estocástico (DSGE) paraevaluar el impacto de choques de oferta (productividad) y demanda (comercio externo) sobre eldesempeño económico. En particular, este trabajo analiza el impacto de las políticas fiscales, específicamente el efecto del gasto público en determinados entornos económicos, como el colombiano.Los ejercicios realizados muestran que en un modelo de economía abierta, una políticaexpansiva de gasto público incrementa en el corto plazo el empleo y el producto, pero se incurre en un costo futuro, que parece sugerir un impacto superior al beneficio alcanzado en el corto plazo.