1000 resultados para Solución pacifica de los conflictos internacionales


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Propuesta de trabajo cuyo objetivo es avanzar hacia una comunidad educativa democrática por ser este tipo de organización escolar donde se pueden afrontar y resolver mejor los conflictos y por ende, la mejora y la prevención de la violencia escolar. Se especifican las acciones y tareas que el profesorado debe realizar desde cualquiera de los organismos o ámbitos de la escuela en los que realiza su labor para contribuir al desarrollo e implementación de dicha comunidad. La propuesta está basada en valores democráticos como la cooperación, la igualdad, la tolerancia, la igualdad..., que son necesarios para adaptar la escuela a los cambios sociales y a las nuevas necesidades educativas de la sociedad del siglo XXI .

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El artículo forma parte de la sección: En la práctica. Resolución de conflictos

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El artículo forma parte de la sección Innovación educativa: Convivir con los conflictos

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Monográfico con el título: 'Medios, violencia y escuela'. Resumen basado en el de la publicación

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Un gran número de acuerdos internacionales de inversiones (AII) contiene la formulación “inversiones realizadas de conformidad con las leyes nacionales” o una enunciación similar. En términos generales, la tendencia ha sido considerar que esta formulación hace referencia a la legalidad y a la validez de la inversión. El objetivo del presente trabajo es analizar en qué medida las inversiones extranjeras realizadas ilegalmente pueden beneficiarse de la protección de los AII y de su mecanismo de solución de controversias. Para ello, la primera parte identificará las posibles localizaciones de esta formulación y sus implicaciones. La segunda examinará qué sucede con las inversiones que se tornan ilegales, si la ilegalidad debe ser tratada como una objeción jurisdiccional o como una cuestión de fondo y, finalmente, si la ilegalidad es consecuencia de la violación de normas substantivas o también de meras formalidades.

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Este artículo se centra en el papel de UNASUR frente a las diversas crisis nacionales e internacionales que ha vivido Suramérica desde 2008. Igualmente, analiza su accionar en dos casos concretos: Ecuador en 2010 y Paraguay en 2012, que son ejemplos extremos de la vulnerabilidad institucional prevaleciente en la región. Se evidencia, además, que el proceso de resolución de conflictos es un tema frágil en la agenda política e institucional de UNASUR que se vincula, sobre todo, con la defensa de la democracia y el mantenimiento de la paz, factores importantes para los Estados.

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Esta tesis realiza un acercamiento a la situación de la cooperación internacional en materia de lavado de activos, en particular en lo que respecta a la relación entre el Ecuador y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el periodo 2010-2014. Este periodo es importante por su inclusión en los listados públicos de países no cooperantes en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En el siglo XXI, se ha vuelto recurrente el pretender entender al sistema de relaciones internacionales a través de la teoría constructivista. Sin embargo, el análisis basado en la teoría realista y en las aristas de poder sigue dominando la relación entre los Estados y su funcionamiento en los organismos internacionales. El análisis plasmado en el presente trabajo se ha elaborado desde la visión realista de Keohane, Nye y otros. Se analizan también las contraposiciones entre las visiones de Escudé y Slaughter sobre las teorías de la cooperación Sur-Sur y la comprensión de los principios de gobernanza global y soberanía, respectivamente. La investigación se centra en el estudio de la documentación oficial, no reservada, de las evaluaciones mutuas en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, realizadas por los organismos competentes, de las notas de prensa nacional e internacional; con plena conciencia de que por ser un tema altamente político y delicado, muchas cosas no se dicen o se publican con ligereza. El mal manejo y el desconocimiento del entorno GAFI por parte de las autoridades ecuatorianas designadas para llevar las relaciones del país con los organismos internacionales en materia de lavado de activos, dio como resultado que el Ecuador haya ingresado, retornado y permanecido por tres años en la lista de países con deficiencias serias. El Ecuador ha entrado en un nuevo proceso de revisión, pero deberá cumplir con una serie de requisitos, inclusive más rigurosos que los anteriores, si quiere a futuro redimir su situación en el espacio regional y mundial, en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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La discusión sobre la protección de personas durante el desarrollo de conflictos armados internacionales y no-internacionales, hace parte del ius in bellum, es decir, de las reglas que gobiernan la conducción de hostilidades. Estas reglas pueden dividirse en dos grandes grupos: las que regulan los métodos de combate y las que regulan los medios para combatir2 . El tema que nos ocupa hace parte del primero, en el cual encontramos por ejemplo normas relativas a la regulación internacional del uso de armas y medios de combate, la condena de la perfidia, el tratamiento de los combatientes hors de combat y las obligaciones de las partes al momento de la preparación de las operaciones militares. Dentro de este escenario, toma un lugar central el principio de distinción, el cual es base para discernir sobre quiénes son personas protegidas frente ataques directos y quiénes no. Durante las siguientes líneas desarrollaremos un marco teórico, el cual fundamentará lo que hemos denominado test para el análisis de la pérdida de la condición de persona protegida. Con este test pretendemos facilitar la valoración de las alegaciones presentadas por las partes en aquellos procesos en los que se imputa el delito de “homicidio en persona protegida”.

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Este informe expone de forma sumaria los diversos enfoques y aproximaciones que nueve pa??ses de la Uni??n Europea ??? seis antiguos miembros (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Espa??a y Portugal) y tres miembros recientes (Letonia, Polonia y Hungr??a) ??? est??n usando para gestionar los conflictos de inter??s en el sector p??blico. En la primera parte, se presenta el marco conceptual y las definiciones con las que poder entender de qu?? hablamos cuando hablamos de corrupci??n y de conflictos de inter??s en el sector p??blico. Posteriormente, trata de las razones existentes tras las pol??ticas de regulaci??n y tratamiento de los conflictos de inter??s y la importancia de ellas para el funcionamiento adecuado de la democracia. A continuaci??n, se explican las caracter??sticas, peculiaridades y dilemas de esta pol??tica p??blica en el contexto de las teor??as y enfoques sobre pol??ticas p??blicas. El informe tambi??n examina los puntos comunes en las estructuras, m??todos y procesos utilizados para gestionar los conflictos de inter??s en los pa??ses estudiados, adem??s de explicitar las principales diferencias en los marcos legales, medios de implantaci??n, mecanismos de evaluaci??n y medios de ejecuci??n. Por ??ltimo, incluye una visi??n cr??tica de las ventajas y desventajas relacionadas con la utilidad de los instrumentos empleados y finaliza con recomendaciones relativas a c??mo formular e implantar pol??ticas de este tipo.

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El territorio es el resultado de un conjunto de dispositivos -políticos, económicos, culturales- y de disposiciones sociales que, en su concurrencia y/o contradicción, configuran tanto identidades y campos de comportamiento posibles, como un particular modo de producir y relacionarse con la naturaleza. Entendido así, el territorio y sus posibilidades son el resultado de relaciones de fuerza desplegadas en torno al control y posesión de recursos sociales, económicos, naturales, etc. Estas fuerzas condensan en una específica -es decir histórica- partición del territorio y en formas también específicas de distribución y jerarquización de los elementos y sujetos dispuestos en él. Esto implica pensar el territorio no solamente como dominio del Estado que lo administra, ordena y controla, sino también como resultante de los imperativos del capital, y como espacio de conflictos y resistencias. Se trata de una mirada que, sin descuidar esas dos dimensiones -accionar estatal y accionar del capital- privilegia enfocar el análisis del territorio a partir de conflictos que en él se desatan, entre los modos y prácticas de intervención del Estado, las intervenciones del capital y las resistencias y luchas que la población residente entabla frente o a partir de ellos. En este marco, el interés de este proyecto es analizar los distintos conflictos en torno a la tierra, sus usos y disposición en la provincia de Córdoba, a fin de conocer: la configuración de los conflictos; la confluencia de políticas; los proyectos, intereses, y obstáculos de desarrollo territorial. Su concreción nos permitirá acceder a una última instancia de observación y elaboración propuestas de gestión e intervención sobre los territorios que tengan en cuenta la participación y los intereses de las comunidades involucradas. La hipótesis de trabajo que orienta nuestra propuesta de estudio sostiene que los modos de intervención del Estado y el capital tienen fuerte contenido performativo de los espacios sociales, en tanto la conflictividad desatada en los territorios no es otra cosa que la conformación de subjetividades colectivas que denuncian un modo específico de configuración del espacio en tensión con las racionalidades socio-locales. 

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El territorio es el resultado de un conjunto de dispositivos –políticos, económicos, culturales- y de disposiciones sociales que, en su concurrencia y/o contradicción, configuran tanto identidades y campos de comportamiento posibles; como un particular modo de producir y relacionamiento con la naturaleza. Entendido así, el territorio y sus posibilidades son el resultado de relaciones de fuerza desplegadas en torno al control y posesión de recursos sociales, económicos, naturales, etc. Estas fuerzas condensan en una específica –es decir histórica– partición del territorio y en formas también específicas de distribución y jerarquización de los elementos y sujetos dispuestos en él. Esto implica pensar el territorio no solamente como dominio del Estado que lo administra, ordena y controla, sino también como resultante de los imperativos del capital, y como espacio de conflictos y resistencias. Se trata de una mirada que, sin descuidar esas dos dimensiones -accionar estatal y accionar del capital- privilegia enfocar el análisis del territorio a partir de conflictos que en él se desatan, entre los modos y prácticas de intervención del Estado, las intervenciones del capital y las resistencias y luchas que la población residente entabla frente o a partir de ellos. En este marco, el interés de este proyecto es analizar los distintos conflictos en torno a la tierra, sus usos y disposición en la provincia de Córdoba, a fin de conocer: la configuración de los conflictos; la confluencia de políticas; los proyectos, intereses, y obstáculos de desarrollo territorial. Su concreción nos permitirá acceder a una última instancia de observación y elaboración propuestas de gestión e intervención sobre los territorios que tengan en cuenta la participación y los intereses de las comunidades involucradas. La hipótesis que orienta nuestra propuesta de estudio sostiene que los modos de intervención del Estado y el capital tienen fuerte contenido performativo de los espacios sociales, en tanto la conflictividad desatada en los territorios no es otra cosa que la conformación de subjetividades colectivas que denuncian un modo específico de configuración del espacio en tensión con las racionalidades socio-locales.

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Este proyecto se propone avanzar y profundizar las líneas de trabajo que a lo largo de más de una década venimos desarrollando y que pueden resumirse en la intersección de: políticas públicas, territorios y luchas sociales en Córdoba. Las políticas públicas son el modo más visible de las formas que adopta la estatalidad y cómo concibe y se relaciona con la ciudadanía. Las mismas atraviesan los más variados aspectos de la vida social. El territorio es el resultado de un conjunto de dispositivos –políticos, económicos, culturales- y de disposiciones sociales que, en su concurrencia y/o contradicción configuran tanto identidades y campos de comportamiento posibles; así como, también, un particular modo de producir y relacionarse con la naturaleza y los otros. De lo expuesto hasta aquí se desprende una comprensión del territorio que es inseparable de los modos de intervención del Estado y el capital, y por lo tanto vuelve la mirada sobre los efectos de su accionar, y las formas y posiciones que las poblaciones afectadas toman respecto de ellos. El recorrido hasta aquí realizado nos muestra la necesidad de una mirada que construya la trayectoria de la conflictividad cordobesa en el tiempo y el espacio. Ante ello surgen las siguientes preguntas ¿cuáles han sido en los últimos 10 años los principales conflictos a nivel urbano en la ciudad de Córdoba? ¿Qué escenarios construyeron dichos conflictos? ¿Cuáles fueron los actores involucrados? ¿Qué intervenciones tuvo el Estado en los mismos? ¿Qué conflictos se organizan a partir de acciones e intereses de empresas? ¿Cómo es la sucesión de problemas, territorios, tipos y resoluciones de conflictos?. Ello nos lleva a organizar nuestro trabajo en cuatro niveles de indagación: 1) la configuración de los conflictos; 2) racionalidades y lógicas que los configuran; 3) modulaciones, sucesiones, rupturas a lo largo del tiempo y los espacios: 4) trayectoria o historia de los conflictos en Córdoba, así como también construir líneas y dimensiones de la conflictividad a futuro. El diseño de análisis de este proyecto consiste en una confluencia de técnicas que nos permita dar cuenta de la complejidad de los fenómenos sociales, antes que reproducir las ya clásicas tensiones entre los abordajes de corte cualitativo y los cuantitativos. En ese sentido, entendemos que estrategias acuñadas en ambos paradigmas son perfectamente conciliables y más aún colaboran en profundizar los conocimientos de los objetos de estudio.

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Investigación elaborada a partir de una estancia en el Center of International Environmental Law (CIEL) de Washington, Estados Unidos, entre los meses de julio y septiembre del 2006. CIEL es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que trabaja utilizando el Derecho Internacional y las instituciones internacionales para proteger el medio ambiente, la salud humana y asegurar una sociedad justa y sostenible. El ámbito de trabajo del CIEL abarca a más de 16 países en 6 continentes. CIEL también pertenece al programa de investigación y formación del American University Washington College of Law. Este programa incluye cursos de Derecho Internacional del Medio Ambiente y Derecho Comparado del medio ambiente. La actividad científica realizada ha consistido en: primer lugar en una investigación, capacitación y apoyo jurídico realizado en el ámbito de la aplicación de la Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes en los países latinoamericanos; y en segundo lugar, en la participación en los varios seminarios relativos a diferentes ámbitos del Derecho Internacional del medio ambiente. Todo ello ha contribuido a dar un impulso definitivo a la tesis doctoral de la becaria.

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Proyecto de investigación realizado a partir de una estancia en el Institut des Hautes Etudes Européennes, Francia, entre febrero y diciembre del 2007. El Consejo de Europa es una organización internacional que nació de los escombros de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, con la voluntad de los Estados fundadores de unir más estrechamente a sus miembros, y con el objetivo fundamental de “salvaguardar y proteger los ideales y principios que son su patrimonio común, así como favorecer su progreso económico y social”. Cada uno de sus Estados Miembros reconoce el principio de la preeminencia del Derecho y el principio en virtud del cual, toda persona que se halle bajo su jurisdicción, ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”. Por ello, la firma del Convenio Europeo de Derechos Humanos es condición indispensable para adherirse a la Organización. Como el derecho de reconocimiento de recurso individual y la jurisdicción del Tribunal son ahora, desde la entrada en vigor del Protocolo Nº 11, obligatorios para todo Estado parte al Convenio, cualquier persona sometida a la jurisdicción de cualquiera de los 46 Estados, puede acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para quejarse de la vulneración de sus derechos fundamentales. Esta cuestión implica que las reclamaciones relativas a los conflictos armados se examinan caso por caso, sin que el Tribunal pueda intervenir de otra forma que no sea, dentro del marco de sus competencias exclusivamente jurisdiccionales, mediante el examen de los casos concretos presentados ante él.

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Este trabajo analiza la evolución que ha tenido el legislador y la judicatura española en la persecución de los crímenes internacionales. Desde que amparados en la jurisdicción universal los tribunales españoles se declarasen competentes para perseguir a Pinochet, hasta la imputación del delito de prevaricación al juez Garzón por iniciar diligencias en relación con posibles crímenes internacionales cometidos en España durante la guerra civil y el período de la dictadura, muchas y variadas han sido las actuaciones por parte del legislador y del poder judicial. La esquizofrenia que éstas denotan debería servir como laboratorio de los pros y contras a los que tiene que hacer frente el modelo de lucha contra la impunidad a nivel nacional, sin que ello suponga perder el sentido mismo de esta lucha: ofrecer el derecho a una tutela judicial efectiva a aquel que ha sido víctima de los más abominables crímenes que se puedan cometer contra el género humano.