1000 resultados para responsabilidad individual en salud


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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

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Este texto recoge la experiencia vivida a través de los años acompañando a trabajadores y trabajadoras en los procesos de rehabilitación emocional. El objetivo del mismo es recrear y reflexionar a partir de casos de la vida real, las formas cómo se puede contribuir a la solución de sus problemas emocionales. Si bien el texto es de corte académico, en sus trece capítulos pretende servir de soporte a todos los actores que se relacionan con la rehabilitación emocional; como son los profesionales de la salud (médicos, enfermeras, tera-peutas, psicólogos, etc.), los trabajadores, las familias, los empleadores y los aseguradores. La obra recoge largos años de experiencia de los autores en el área de la rehabilitación de los accidentes de trabajo y de la enfermedad profesional y de la actividad docente, específicamente del módulo de psiquiatría del trabajo.

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El objetivo fue evaluar la intervención de las alertas en la prescripción de diclofenaco. Estudio observacional, comparativo, post intervención, de un antes después, en pacientes con prescripción de diclofenaco. Se evaluó la intervención de las alertas restrictivas antes y después de su implementación en los pacientes prescritos con diclofenaco y que tenían asociado un diagnóstico de riesgo cardiovascular según CIE 10 o eran mayores de 65 años. Un total de 315.135 transacciones con prescripción de diclofenaco, en 49.355 pacientes promedio mes. El 94,8% (298.674) de las transacciones fueron prescritas por médicos generales.

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Estudio cualitativo que analiza los abordajes teóricos utilizados por diferentes autores en la comprensión de la influencia de los recursos económicos en la actividad física desde los modelos de determinantes y determinación social.

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A partir de la Ley 100 de 1993, el sistema de salud en Colombia ha presentado una serie de trasformaciones que buscan mejorar la prestación de los servicios y lograr cubrimiento de la población no favorecida y excluida del Plan Obligatorio de Salud (POS). Sin embargo, las Empresas sociales del Estado (ESE), en aras de dar cumplimiento a las disposiciones y normatividades que exige la ley, funcionan y prestan sus servicios acorde con los objetivos corporativos planteados por ellas mismas, a pesar de tener una gran cartera por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El propósito de esta investigación es evaluar el impacto financiero en una muestra de cuatro hospitales públicos de Cundinamarca (las ESE San Rafael de Facatativá, Fusagasugá, Cáqueza, y el Salvador de Ubaté), luego de la aplicación del Acuerdo 032 del 2012 de la Comisión de Regulación en Salud (CRES). Se seleccionaron cuatro hospitales públicos de mediana complejidad de Cundinamarca, por ser uno de los departamentos más representativos en hospitales de este tipo. Se encontró una mayor convergencia en términos de estructura administrativa y financiera, lo que hace posible que la información obtenida sea comparable y útil para la medición en términos de presupuesto y liquidez. El incremento de la cartera y la disminución de la rotación de la misma, con la afectación respectiva de la liquidez y la rentabilidad, dificultan el logro de las instituciones como lo son la sostenibilidad y perdurabilidad. El cambio del pagador después de la aplicación de la norma incidió directamente en lo anterior; igualmente, traspasar la población no cubierta al régimen subsidiado eliminó el desembolso por parte de la Secretaría de Salud y lo trasladó a las EPS subsidiados, afectando directamente los tiempos de rotación de cartera como se documenta en el análisis.

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En este documento se esbozan los principales avances en cuanto a cobertura en salud, demanda de servicios médicos y percepción del estado de salud en Colombia, por medio de las encuestas de Calidad de Vida de 1997 y 2003. Se encuentra un aumento en la cobertura en salud de la población donde el régimen subsidiado fue el que presentó mayor incremento en cobertura; Aun así, existe una gran proporción que no cuenta con aseguramiento. También se evidencia un aumento en la consulta por prevención para 2003 y una disminución en las consultas médicas por falta de dinero. De igual manera, la tasa de hospitalización junto con el gasto que hacen los hogares en este rubro disminuyó. El análisis también muestra un pequeño mejoramiento en el estado de salud autorreportado. En general, el tipo de afiliación, la demanda de servicios y el estado de salud autorreportado difieren entre regiones, formalidad del trabajo y quintiles de ingreso.

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El diagnóstico de cáncer ha sido asociado con un alto riesgo de presentar ideación suicida en comparación con la población no oncológica, sin embargo se ha considerado al apoyo social como un factor protector para la ocurrencia de esta conducta. La presente investigación tuvo como objetivo identificar la relación entre el apoyo social percibido y la ideación suicida en 90 pacientes oncológicos adultos en Bogotá, bajo la hipótesis de que a mayor apoyo social percibido, menor presencia de ideación suicida. Se midió la variable de apoyo social a través del cuestionario Duke UNC y la ideación suicida a través de cuatro instrumentos: Escala de Ideación Suicida (SSI), Escala de Desesperanza de Beck (BHS), el ítem 9 del Inventario de Depresión de Beck (BDI-IA) y una entrevista semiestructurada. Los resultados mostraron que no existe relación entre el apoyo social percibido y la ideación suicida. Por otro lado se identificó una prevalencia de suicidio entre 5,6% y 22,77%, confirmando que el paciente con cáncer considera el suicidio y es fundamental evaluar esta variable en esta población. Se considera importante continuar con la realización de investigaciones que permitan generalizar los resultados a la población oncológica colombiana.

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El presente informe describe a profundidad el resultado del ejercicio de práctica profesional que dentro del marco formativo de la Maestría en Estudios Sociales, en la línea de profundización o Análisis y Gestión de proyectos de Intervención Social. Se elabora un diagnóstico situacional y contextual sobre un ejercicio investigativo realizado por una firma consultora de proyectos antropológicos, que se ejecutó bajo contrato y por petición de una compañía petrolera con operación en varios departamentos de Colombia. Es preciso aclarar que no se cuenta con la información de una línea base, ya que ésta no fue suministrada por la empresa para quien se elaboró el diagnóstico. La investigación fue desarrollada durante veinticinco días en los que se visitaron tres campos, ubicados en dos departamentos diferentes. Durante este tiempo, el equipo investigador vivió bajo las mismas condiciones que los trabajadores, empleando técnicas de investigación cualitativa como la observación, la entrevista a profundidad y el grupo focal; esto atendiendo a las características del contexto y la disponibilidad de informantes clave, que estaban sujetas a la no alteración de la vida cotidiana laboral. Entre los hallazgos más relevantes aportados por la información recabada, se encuentran: la caracterización del relacionamiento y discursos que refuerzan la discriminación de género, las condiciones laborales en términos de estatus y remuneración, los usos y apropiación del espacio, todo esto analizado principalmente desde un abordaje Bourdieusano, y la pertinencia que en este contexto puede tener el abordaje del fenómeno desde la perspectiva del trabajo decente como lo propone la OIT (2005). A partir de esto, se señalan los aspectos fundamentales a tener en cuenta para una futura estructuración de estrategias de intervención encaminadas a la modificación del contexto y la dignificación del trabajo en campo, demostrando la pertinencia y el aporte que tiene la formación aplicada en cualquier tipo de contexto social.

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Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.

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Resumen basado en el de la publicación. Monográfico titulado: Juegos cooperativos

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Resumen tomado de la publicación. Monográfico con el título: Las mujeres en la educación

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Resumen basado en el que aporta la revista

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Se desarrolla una experiencia de educación para la salud dado el desconocimiento del alumnado sobre temas de prevención de enfermedades, obesidad, colesterol, caries, o problemas digestivos, y una correcta alimentación. Los objetivos son formar al profesorado para desarrollar un taller de cocina, acercar al alumnado a la alimentación y a la nutrición de manera lúdica y amena, proporcionar una alternativa de ocio positiva y motivadora en el taller de cocina, despertar y mejorar actitudes y buenos hábitos alimenticios y de salud, conocer y asimilar algunas normas básicas de higiene en la manipulación de alimentos, fomentar hábitos y actitudes de cooperación y trabajo en equipo, y desarrollar el sentido de responsabilidad individual como miembro de un grupo. Se evalúan los planteamientos didácticos y metodológicos, los recursos y los materiales elaborados a partir de la documentación y recopilación de recetas y adecuación a los niveles educativos y la observación del trabajo realizado en las sesiones de grupo..

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Se trata, fundamentalmente, de adquirir y mantener hábitos de comportamiento que mejoren la calidad de vida a través de la promoción de la salud personal. Para ello se trabaja, sobre todo, la nutrición, los hábitos alimentarios, el uso de las drogas y las cualidades básicas de la condición física. Entre las actividades destacan análisis de enfermedades de transmisión sexual, debates sobre las drogas, conservación de alimentos, exposición de murales y conferencias de especialistas en salud y nutrición. La evaluación es continua y tiene en cuenta el material elaborado como transparencias, cuestionarios, dietas, mapas conceptuales, ruedas de alimentos y preparación de distintos platos regionales..

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El proyecto pretende cubrir las necesidades de atención sanitaria en salud buco-dental y desarrollar hábitos y costumbres sanas de higiene buco-dental en los alumnos. El objetivo es que los discapacitados psíquicos alarguen sus períodos de bienestar y disminuyan las enfermedades buco-dentales, que aparecen por el tipo de vida, la conducta y los efectos de la medicación en los alumnos con epilepsia. Otros objetivos son reconocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo; reconocer principales patologías buco-dentales; establecer medidas preventivas para impedir enfermedades; y realizar estrategias ante un problema de salud individual y los pasos del protocolo de actuación de higiene buco-dental. En cuanto a la metodología, una vez diseñadas las programaciones, se elabora el material para mejorar la práctica y adaptarlo a las necesidades de los alumnos, de forma normalizada, integradora y atendiendo a la diversidad. Las actividades se realizan en las aulas, después en la consulta de odontología y finalmente en los departamentos de Terapia Ocupacional y Centro de Día, manteniendo así una estrecha colaboración entre auxiliares, terapeuta ocupacional, educadores y maestros. La evaluación es continua y se realiza a través de registros de observación individual, cuestionarios para las familias, datos clínicos, consulta odontológica y materiales. Se elaboran fichas de actividades; registros de evaluación; cuestionarios como el de datos demográficos, datos clínicos, y hábitos de alimentación sana; guías informativas sobre las actividades buco-dentales, fichero de consulta para enfermedades, alimentación sana y hábitos de higiene oral; vídeos formativos; pictogramas de exploración dental; guías fotográficas; y protocolo de actuación. Se incluye el cuestionario de exploración buco-dental y los resultados, el cuestionario para las familias, el programa guía para alumnos y profesionales de atención buco-dental, y la guía para alumnos y profesionales de anatomía buco-dental..