1000 resultados para Ley 222 de 1995 - Acción revocatoria


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El presente trabajo analiza la definición de la categoría posición socioeconómica (PSE) y las variables con las cuales se representa en los productos académicos del campo de la actividad física, además de su relación con la categoría de imagen corporal. Para lograr el objetivo, se rastrean elementos que permiten dar cuenta si los documentos de investigación se abordan desde alguno de los dos contextos: determinantes (DDSS) o determinación social de la salud (DSS). Se inicia con un rastreo global por medio de los motores de búsqueda, las bases de datos y los repositorios institucionales. Posteriormente se parametriza la ruta, desde las categorías imagen corporal (IC) y PSE. Las investigaciones pretenden dar cuenta de la evaluación a 15 años del programa "Salud para Todos" de la ONU de 2001, en el marco de los Objetivos Del Milenio. Se revisaron resúmenes de los productos, descartando aquellos donde la categoría PSE o sus descriptores asociados tuvieran un papel secundario. Se limitó a Latinoamérica y España por su tradición histórica colonizadora; con el ánimo de conocer la postura de esta comunidad frente al proceso globalizado de la salud en el mundo. Al grupo final se le aplican criterios parametrizados a partir de la revisión teórica, para responder los interrogantes basados en las implicaciones que tiene la PSE en el pensamiento actual de la producción científica en el campo de la actividad física; y cómo las otras categorías de análisis se ven o no manifiestas. El índice de calidad científica CASPe, determina la pertinencia de los textos. En el aspecto teórico, se encuentra que la categoría PSE, a pesar de ser muy utilizada, tiene una conceptualización difusa. Por tal motivo, se propone una definición de PSE sustentada en el pensamiento sociológico. En el aspecto empírico, al rastrear las variables con que se reemplaza la PSE en las investigaciones, se encuentran grandes diferencias y el uso de múltiples y disímiles subcategorías.

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Conflictos ambientales en Colombia. Retos y perspectivas desde el enfoque de DDHH y la participación ciudadana se articula en tres partes: en la primera se realiza un panorama de conflictos ambientales en las diferentes regiones naturales del país desde la perspectiva de la participación ciudadana. En la segunda se exponen las diferentes reflexiones de las autoridades ambientales locales y de las organizaciones sociales sobre los conflictos ambientales desde el enfoque de los derechos humanos. En la tercera, se hace un análisis de las competencias de las autoridades ambientales en torno al derecho a la participación cuando se presentan conflictos ambientales desde el enfoque de los derechos humanos. Dada la complejidad de los conflictos ambientales que tienen las diversas regiones del país y sus repercusiones ambientales y sociales,\' es necesario\' promover esfuerzos conjuntos con las universidades, los institutos, las organizaciones sociales y las autoridades ambientales realizando encuentros y generando reflexiones conjuntas acerca de los desafíos, retos y oportunidades en búsqueda de resolución civilista de los mismos. Por ello se espera que esta publicación logre constituirse en una herramienta de trabajo concreta que sirva de guía a las autoridades ambientales, las organizaciones sociales y la ciudadanía para abordar, entender y resolver los grandes desafíos que se tienen que afrontar cotidianamente en el país.En la segunda se exponen las diferentes reflexiones de las autoridades ambientales locales y de las organizaciones sociales sobre los conflictos ambientales desde el enfoque de los derechos humanos. En la tercera, se hace un análisis de las competencias de las autoridades ambientales en torno al derecho a la participación cuando se presentan conflictos ambientales desde el enfoque de los derechos humanos. Dada la complejidad de los conflictos ambientales que tienen las diversas regiones del país y sus repercusiones ambientales y sociales,\' es necesario\' promover esfuerzos conjuntos con las universidades, los institutos, las organizaciones sociales y las autoridades ambientales realizando encuentros y generando reflexiones conjuntas acerca de los desafíos, retos y oportunidades en búsqueda de resolución civilista de los mismos. Por ello se espera que esta publicación logre constituirse en una herramienta de trabajo concreta que sirva de guía a las autoridades ambientales, las organizaciones sociales y la ciudadanía para abordar, entender y resolver los grandes desafíos que se tienen que afrontar cotidianamente en el país.Dada la complejidad de los conflictos ambientales que tienen las diversas regiones del país y sus repercusiones ambientales y sociales,\' es necesario\' promover esfuerzos conjuntos con las universidades, los institutos, las organizaciones sociales y las autoridades ambientales realizando encuentros y generando reflexiones conjuntas acerca de los desafíos, retos y oportunidades en búsqueda de resolución civilista de los mismos. Por ello se espera que esta publicación logre constituirse en una herramienta de trabajo concreta que sirva de guía a las autoridades ambientales, las organizaciones sociales y la ciudadanía para abordar, entender y resolver los grandes desafíos que se tienen que afrontar cotidianamente en el país.

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El trabajo de grado se estructuró en tres capítulos. El primero constituye un marco teórico sobre el cual se fundamentan los siguientes, pues se realiza un análisis de la cláusula penal en el derecho privado, incluidas las prácticas comerciales internacionales. El segundo capítulo aborda el tema de las multas en la contratación estatal, para lo cual se estudió la normatividad y jurisprudencia pertinente; en esa parte del escrito se incluyó el apartado correspondiente al derecho comparado. Finalmente, en el tercer capítulo, se formula una propuesta que permite hacer de esta medida coercitiva provisional una herramienta idónea para lograr el correcto y oportuno cumplimiento del contrato.

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A raíz del impacto ambiental que produce la actividad minera sobre la biodiversidad y los recursos naturales, el sistema jurídico colombiano sustrajo de esta actividad, zonas de especial importancia ecológica y ambiental, que podrían llegar a deteriorarse en su totalidad. Sin embargo, si bien es clara la importancia de proteger estas zonas de la actividad extractiva, lo cierto es que en la actualidad se presenta un alto porcentaje de estas zonas que se superponen con títulos mineros. Circunstancia que conlleva a que entren en tensión intereses constitucionales protegidos. Por un lado, el interés general de proteger el medio ambiente y los recursos naturales y por el otro, el interés público de desarrollar la actividad minera. De acuerdo a lo anterior, a través de este trabajo de investigación, se busca describir y analizar las consecuencias en el ámbito jurídico, que se generan, al prohibir la actividad minera en zonas sobre las cuales el Estado había autorizado la realización de actividades de exploración y /o explotación minera con anterioridad al cambio regulatorio. En consecuencia, se expondrán los escenarios en que se puede encontrar un contrato de concesión, con la prohibición legal de desarrollar actividades mineras en ecosistemas de páramos. Específicamente, se analizará la situación de los títulos mineros que cuenten con licencia ambiental, títulos mineros que se encuentren en etapa de exploración y los títulos que habiendo terminado la etapa de exploración su licencia ambiental se encuentre en trámite.

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Este estudio de caso busca evaluar los alcances y limitaciones que tiene la movilización social para lograr transformaciones en las instituciones a partir del estudio de la movilización social en Egipto durante el período 2010-2013. Se analiza y se explica en qué sentido las instituciones de movimiento lento, como las estructuras de poder y estructuras mentales, han frustrado lo acontecido en Egipto conocido como la primavera árabe. Siguiendo la perspectiva de las instituciones de Gérard Roland y Alejandro Portes, se avanza hacia el resultado de la investigación de que las instituciones de movimiento lento tienen en cuenta aspectos estructurales de una sociedad tales como el poder y la cultura. Por ello, no pueden ser cambiadas con facilidad ya que cuentan con bases sólidas que han sido construidas mediante procesos históricos fundamentados en ideologías y valores.

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En el año 2014 se cumplieron 20 años de la Ley 115. Uno de los aportes de la Ley fue dar forma y reconocimiento al gobierno escolar como mecanismo de participación y decisión en las instituciones educativas. Es así como en el ámbito de la educación media y básica, el gobierno escolar ha sido visto, entre otros por el Estado, como una apuesta por la ciudadanización de los jóvenes y una forma de favorecer su integración al sistema democrático del país. Sin embargo, la literatura ha sido bastante crítica con los resultados de la implementación del gobierno escolar. Muchos trabajos concuerdan en señalar que el gobierno escolar está contribuyendo a la reproducción de la cultura política y no a su trasformación. El presente trabajo intenta aportar en esta discusión rastreando y analizando las diferencias entre las actitudes políticas de jóvenes egresados participantes y no participantes en el gobierno escolar de un colegio público de una localidad pobre de Bogotá, la localidad de San Cristóbal. Con este trabajo se pretende ampliar la comprensión sobre los procesos de socialización política de estos actores sociales, así como brindar luces sobre la influencia que puede tener el gobierno escolar en la construcción de actitudes hacia lo político. Este trabajo señala la relevancia de tomar una perspectiva biográfica, que tome en cuenta los vínculos entre los distintos espacios de socialización en los que se desarrollan esta población y en los que se forman actitudes políticas duraderas: miradas sobre la política, probabilidad de votar, etc.

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El interés de este caso de estudio es reflexionar sobre los procesos participativos en la formulación de instrumentos de planeamiento urbano y sus efectos en la gestión de las ciudades, particularmente en el espacio público. Esto se realiza partir de una revisión normativa en el presente y de algunos aspectos históricos de los procesos de “Participación Ciudadana” y del concepto de “Espacio Público” como escenarios propicios para que la ciudadanía aporte en las decisiones de planificación. Además, se plantea una revisión de cómo estos se constituyen en elementos estructurantes de la ciudad que la dotan de identidad, referentes simbólicos y apropiación ciudadana. Para este efecto, se realizó un balance de la estrategia de gestión social y participativa propuesta por el Plan Maestro de Espacio Público de 2005, con el fin de resaltar la importancia de la participación ciudadana en la gestión de los instrumentos de planificación con los que cuenta la ciudad y sus resultados en la gestión de espacio público en Bogotá.

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La concepción de Estado moderno está íntimamente vinculada al ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza, en tanto supone que la violencia es una de las principales prerrogativas que el Estado pretende detentar, para constituirse en una organización política de poder que perdure en la sociedad en la que se instaura. En este sentido, el proyecto de investigación tiene como uno de sus objetivos específicos, identificar, caracterizar y analizar los daños antijurídicos por los cuales el Comité de Conciliación del Ministerio de Defensa Nacional autoriza el ejercicio de la acción de repetición contra los funcionarios o ex-funcionarios de las Fuerzas Militares, limitando el análisis al periodo transcurrido durante los años 2010 a 2016. Lo anterior, con el fin de establecer cuáles son las causas generadoras de responsabilidad más frecuentes en las que han incurrido los agentes de la entidad, para luego observar su impacto en el erario de la nación y verificar cómo se constituyen en una necesidad de imposición de límites al ejercicio de la fuerza del Estado.

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El conflicto armado en Guatemala se originó por el abuso de poder, la desigualdad, la exclusión y la profunda discriminación, sobre todo hacia la población indígena, a la que se le han desconocido históricamente sus derechos y que fue la más afligida durante el conflicto. Lo que desembocó en el nacimiento de grupos al margen de la ley, cuyo propósito fue reivindicar los derechos de la población, así como la equidad y justicia social. El conflicto se caracterizó por la formación de grupos paramilitares, la violación al Derecho Internacional Humanitario, el elevado número de víctimas del conflicto, mayoritariamente indígenas y porque más del 85% de las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por el Estado. Gracias a la voluntad política, al respaldo de la comunidad internacional, especialmente de la Organización de Naciones Unidas -ONU, y a los buenos oficios de la Comisión Nacional de Reconciliación – CNR, se lograron firmar los Acuerdos de Paz y dar fin a este cruento conflicto de más de 36 años. Las partes firmantes vieron la necesidad de que un ente autónomo e imparcial de Naciones Unidas, verificara el cumplimiento de La Misión de Naciones Unidas en Guatemala - MINUGUA contribuyó a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la población indígena guatemalteca. Específicamente, incidió en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas guatemaltecos –AIDPI, que fue suscrito el 31 de marzo de 1995, asimismo, contribuyó a la garantía del derecho a la justicia de la población indígena, lo que se evidenció en las acciones y el papel que desempeñó en los componentes de verdad, justicia y reparación.

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La automedicación no responsable se ha convertido en un problema de salud pública global en las últimas décadas, por sus consecuencias individuales (por ejemplo, la intoxicación) y colectivas (por ejemplo, la resistencia microbiana a los antibióticos). Las intervenciones orientadas a este comportamiento han sido aisladas y muy diferentes. Aunque se tiene evidencia de que su aplicación puede traer beneficios en diferentes poblaciones, no se halló en la literatura una compilación sistemática de dichas intervenciones. El objetivo de la presente revisión es sistematizar la literatura científica sobre las diferentes alternativas de intervención del comportamiento individual de automedicación no responsable. En cuanto al método, la revisión de literatura involucró la búsqueda sistemática de “automedicación” e “intervención” en las bases de datos académicas internacionales con contenidos de psicología, suscritas por la Biblioteca de la Universidad del Rosario. Como resultado se encontró que las intervenciones orientadas al comportamiento de automedicación no responsable se pueden clasificar en dos grandes grupos: (a) intervenciones regulatorias, con dirección “arriba hacia abajo”, que suponen una acción de los Estados nacionales por medio de sus legislaciones o de entidades internacionales (por ejemplo, Organización Mundial de la Salud); y (b) intervenciones educativas, con dirección “abajo hacia arriba”, que suponen acciones con individuos y comunidades con el fin de enseñar acerca del uso adecuado de los medicamentos. Se concluye acerca de la necesidad de complementar ambos tipos de intervención, los cuales, si bien demuestran resultados positivos, aisladamente son insuficientes para contrarrestar integralmente este fenómeno creciente y complejo.

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La monografía pretende explicar el rol desempeñado por Exxon Mobil y Chevron en la formulación de la Gran Estrategia del gobierno Bush hacia Irak. Especialmente, se sostiene que las dos compañías multinacionales mencionadas lograron que la intervención militar en Irak, fuera pensada como un objetivo fundamental de la política energética del gobierno Bush. Para lograr este objetivo, Chevron y Exxon aprovecharon principalmente su posición en la economía nacional estadounidense. De hecho, lograron celebrar contratos a largo plazo para la extracción del crudo y de gas en Irak. Fundamentándose en un análisis documental, estas compañías son analizadas como grupos de presión empresarial y grupos económicos, cuyos beneficios derivados de la invasión en Irak pueden encontrarse incluso durante el gobierno Obama.

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El trabajo de investigación es un estudio de caso que pretende analizar la forma en que factores del contexto institucional y la capacidad de influencia de ciertos actores se reflejan en la discusión y aprobación de la Ley 975 de 2005. Factores del contexto institucional y la capacidad de influencia sobre las posiciones asumidas por los actores políticos y sociales en las diferentes etapas del proceso legislativo y sobre las decisiones que se tomaron para la aprobación de la Ley, en torno a dos elementos fundamentales de ésta que son el delito político y la rebaja de penas. Para ello, se tiene en cuenta el enfoque neo-institucional y el concepto de agencia.

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Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Educação Física