551 resultados para CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE BOLIVIA


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Existen factores importantes en el deterioro del Centro Histórico de Bogotá, a saber, los crecientes movimientos poblacionales en el centro de la ciudad, las actividades de comercio que generan funciones poco constructivas para el centro histórico y la no apropiación de toda la población que hace uso de él. A partir de esta problemática se pensó algo que pareciera obvio y es que en buena parte el patrimonio además de la mención o interrogante respecto a los temas de ley tanto del Estado como del Distrito, en su facultad de dar una solución al deterioro del centro histórico, es también pensarlo desde el punto de vista de la gestión social. Entendiendo que el patrimonio no solamente se consolida o se protege pensando desde las herramientas o los recursos que promueve el Estado, sino de la gestión social misma, de aquella que los propios residentes, habitantes o usuarios del centro puedan movilizar.

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En nuestro país existen múltiples entidades y materias que no aplican la Ley 80 de 1993. Así, el desarrollo de su actividad contractual escapa al ámbito normativo que establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, configurándose de esta manera los denominados regímenes excepcionales. Sin embargo, teniendo en cuenta que son entidades que administran recursos públicos y en virtud del deber de observancia de los principios que orientan la función administrativa establecido por el ordenamiento jurídico, el Derecho Público que pareciere inicialmente no exigible a estos regímenes termina siendo aplicado, llegando a convivir e interactuar entonces con el Derecho Privado preponderantemente aplicable en este tipo de entidades. Dentro de estas, precisamente, se encuentran las denominadas Empresas Sociales del Estado - ESES -, las cuales por disposición expresa del legislador en materia contractual se rigen por el Derecho Privado, pero otorgándoles además la facultad de utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto Contractual. Este escenario particularmente confuso, donde impera la incertidumbre sobre el alcance de la aplicación del Derecho Público y/o del Derecho Privado, constituye el problema jurídico que se aborda en el presente trabajo, el cual se desarrolla a partir del estudio del régimen contractual de las ESES, señalando sus rasgos más importantes y brindando una serie de criterios para la determinación de aspectos puntuales como: la aplicación de los principios, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable, la utilización de las cláusulas y potestades exorbitantes, las modalidades de selección del contratista, entre otros.

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La Explotación Comercial sexual de los niños, niñas y adolescentes – ESCNNA ha ocasionado graves repercusiones en la sociedad, sometiendo a los menores a situaciones que atentan contra su integridad física y psicológica. Por ello, en el marco internacional y nacional se han adelantado diferentes iniciativas para erradicar dicho fenómeno. La Cooperación Internacional para el desarrollo- CI ha sido una valiosa herramienta en el tratamiento del flagelo dados los diferentes canales de ayuda los cuales han contribuido para su intervención. En este sentido, la CI por medio de la Agencia Canadiense para el desarrollo internacional- ACDI y la Fundación Renacer- ECPAT Internacional (End Child Prostitution, Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes) hicieron posible junto con otros actores el proyecto de CI en Cartagena llamado: “La Muralla soy yo”, el cual buscó la prevención y futura erradicación de la Explotación Sexual de niños y adolescentes en el turismo- ESNAT en la ciudad. En el presente estudio de caso se pretende identificar cómo la CI incide por medio de la ACDI y la red ECPAT Internacional en instituciones locales de Cartagena para la prevención y posible erradicación del problema de la Explotación comercial sexual infantil en niños, niñas y adolescentes, en el contexto del turismo.

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En este documento se explica el rol de las compañías aseguradoras colombianas dentro del sistema pensional y se busca, a través de la comprensión de la evolución del entorno macroeconómico y del marco regulatorio, identificar los retos que enfrentan. Los retos explicados en el documento son tres: el reto de la rentabilidad, el reto que plantean los cambios relativamente frecuentes de la regulación, y el reto del “calce”. El documento se enfoca principalmente en el reto de la rentabilidad y desarrolla un ejercicio de frontera eficiente que utiliza retornos esperados calculados a partir de la metodología de Damodaran (2012). Los resultados del ejercicio soportan la idea de que en efecto los retornos esperados serán menores para cualquier nivel de riesgo y sugiere que ante tal panorama, la relajación de las restricciones impuestas por el Régimen de inversiones podría alivianar los preocupaciones de las compañías aseguradoras en esta materia. Para los otros dos retos también se sugieren alternativas: el Algorithmic Trading para el caso del reto que impone los cambios en la regulación, y las Asociaciones Público-Privadas para abordar el reto del “calce”.

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En el año 2007 el Instituto Rosarista de Acción Social y varios profesores de distintas facultades, en un esfuerzo por integrar la docencia, la investigación y la extensión, crean el Equipo interdisciplinario de estudios en desarrollo local. La iniciativa buscaba contribuir a la formulación de respuestas a problemáticas del desarrollo local por medio de la implementación de proyectos en una comunidad. Para ello, los profesores articularon sus capacidades y conocimientos en la construcción de un programa de intervención integral en el sector de El Codito. La búsqueda por construir, desde un análisis integral, procesos que atiendan los retos que impone el subdesarrollo, hace que la propuesta del Equipo Interdisciplinario sea muy interesante. Es por eso que en el capítulo 1de esta sistematización se considera pertinente rescatar las acciones del equipo a través de una sistematización de su experiencia desde sus inicios en el año 2007, hasta su desintegración en el 2013. En los capítulos 2 y 3, de manera detallada, se recoge el diagnóstico, la planificación y la ejecución de dos de los proyectos que se implementaron en el sector de El Codito: la “Escuela juvenil de formación en democracia, proyectos sociales y trabajo comunitario para el sector El Codito” e “Imaginarios y representaciones sociales en torno a la discapacidad en comunidades vulnerables. Estudio de caso sector El Codito, Bogotá.”. Por último, se presentan algunas conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones de esta experiencia de trabajo comunitario.

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Esta monografía hace un análisis de las implicaciones de la adopción de la Nueva gerencia pública como estrategia para gestionar el sistema de salud colombiano. Para evaluar el impacto de la Nueva Gerencia Pública, el análisis se hace a partir de los criterios de calidad, cobertura y acceso en el sistema general de seguridad social en salud. Este estudio también analiza las situaciones conflictivas entre los actores del sistema de salud y sus dos crisis representativas (2001 y 2009).

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El objetivo principal de este documento es realizar un análisis sobre el componente educativo del Programa Familias en Acción, para establecer si el subsidio condicionado brindado por dicho programa contribuye a garantizar el derecho a la educación básica y media. Con dicho fin, se tomará como estudio de caso el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca en el periodo comprendido entre 2006 y 2010. De este modo se analizará y explicará por qué se considera que el componente educativo del PFA ha influido de una forma parcial e incompleta a la garantía del derecho a la educación. Lo anterior, teniendo en cuenta la definición de educación y los componentes del núcleo esencial de este derecho, sumado a la exposición de las etapas de la política pública, su definición y la reconstrucción del proceso vivido por el programa en cuestión.

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La investigación tiene como propósito principal describir la incidencia del nuevo Sistema General de Regalías en el proceso de planificación que adelantó el departamento del Meta durante el año 2012. En virtud de lo anterior, se pretende demostrar, a partir del concepto: proceso de planificación territorial, cómo el nuevo sistema incidió de manera diversa en la medida que logró cambios, tanto positivos como negativos.

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El libro Retos de la democracia y participación ciudadana es producto de un conjunto de reflexiones que surgieron tras percibir que, pese a la importancia que la Constitución concedió a la democracia y al principio, valor y derecho fundamental de participación ciudadana, existen problemas conceptuales, retos y perspectivas que han influido en su desarrollo, así como también en los mecanismos legales de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía y de la participación ciudadana en lo administrativo y en su proyección social. Así, esta valiosa contribución académica indaga las razones que llevaron al constitucionalismo colombiano a reforzar la democracia representativa, adoptando adicionalmente el modelo participativo de la democracia, por lo cual se estudian las condiciones necesarias para su exitosa implementación y se reflexiona sobre las dificultades y riesgos de su puesta en marcha. Para ello, se hace una profunda revisión de las garantías democráticas que ofrece la Constitución y la ley a los ciudadanos tanto en el Derecho Comparado como en el Derecho colombiano. En el espectro de esta investigación se analiza la conjunción de la democracia representativa y la democracia participativa y el significado en el modelo de Estado, sus principales retos y tendencias. En segundo lugar, se analiza la participación de los ciudadanos en lo administrativo como garantía de eficacia en las decisiones administrativas y se delimita de otros conceptos aledaños, precisando las condiciones requeridas para su implementación, cuyo vértice principal es la vigencia del Estado de derecho. Teniendo en cuenta los derechos fundamentales de las personas que son el eje principal de la democracia y de la participación. En el último capítulo, se estudia el papel del juez constitucional en un Estado democrático y social de derecho. Siguiendo estas grandes líneas temáticas, en el primer capítulo del libro consagrado a la delimitación conceptual de la democracia representativa, participativa y sus retos actuales, se hace un análisis doctrinario para situar los conceptos de democracia representativa y participativa. Luego, con fundamento en la doctrina más avezada sobre el tema, se hace referencia a las distintas clases de democracia. En este sentido, se realiza un análisis del concepto de democracia representativa en sus diversas concepciones. También, se estudia la democracia directa y semidirecta, así como los mecanismos de participación política del pueblo en ejercicio de su soberanía, teniendo presentes las disposiciones que en este sentido aparecen en la Constitución Política de 1991, así como la interpretación que la Corte Constitucional ha efectuado frente al tema. Se establecen además los aspectos más relevantes a través de los cuales se deduce la importancia actual de la democracia en el Estado-Nación en el ámbito internacional, lo cual permite identificar una relación inseparable entre la democracia y el derecho, porque los ciudadanos no producen las disposiciones jurídicas, sino que eligen a quienes están autorizados para producirlas. Por lo cual, en el Estado social de derecho la fuente principal de Derecho es la Constitución, seguida por la ley, aunque esta no tenga la misma fuerza que tenía en el Estado liberal de Derecho. Dentro de este marco conceptual, también se define que la democracia es cultura, es estilo de vida, caracterizado por el diálogo, la información, la comunicación, la fraternidad de los ciudadanos con la organización política. Es un lenguaje y un conjunto de actitudes, convicciones, creencias, tolerancias, responsabilidades y concepciones de la ciudadanía, de su civismo y solidaridad que penetra en el espectro de lo público y de lo privado.

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La presente monografía analiza el problema de la corrupción en la financiación de campañas políticas, observándolo desde la perspectiva de las funciones y la aplicación de la normatividad del Consejo Nacional Electoral, CNE, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de 1991 para dicho ente regulador, a la luz de lo ocurrido en 1994 con el Proceso 8.000 y el sonado caso de corrupción en la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper en dicho año.

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Esta monografía tiene como objetivo principal, Analizar las regalías provenientes de hidrocarburos en Barrancabermeja. Asimismo, de investigar cómo se insertan las mismas en el plan de desarrollo de Barrancabermeja y como contribuyen al desarrollo del capital humano y capital social. En primera instancia se parte del supuesto que el uso de las Regalías provenientes de los Hidrocarburos por parte de Barrancabermeja parece no contribuir al desarrollo de capital humano ni capital social tal como lo establecen La Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley. Por lo tanto, estos recursos no parecen implantarse debidamente en el plan de desarrollo municipal lo que ha generado despilfarro y desviación de recursos. La monografía se divide en tres capítulos. El primer capítulo busca analizar el cumplimiento del mandato Legal y Constitucional en la destinación de los recursos provenientes de las regalías de hidrocarburos en Barrancabermeja (salud, educación, saneamiento básico, medio ambiente e infraestructura).

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A partir de los avances en materia de descentralización formalizados en la Constitución Política de Colombia de 1991, la ciudad de Bogotá ha sido escenario de una serie de cambios que han marcado un giro en las políticas públicas de la administración del distrito. La descentralización como proceso histórico, político y económico ha irrumpido en la ciudad, dando respuesta a la necesidad ciudadana de un Estado eficiente, efectivo y eficaz para la solución de sus problemas. Este proceso era necesario para el Estado mismo y sus relaciones con la sociedad, ya que el primero había perdido legitimidad y había cerrado los canales políticos a la ciudadanía, la cual estaba demandando mayor espacio para participar. Así, dentro del marco de esta descentralización se han abierto nuevos espacios para la participación activa de la ciudadanía en la definición de las políticas públicas distritales. Sin embargo, en la práctica éstos no han sido utilizados de manera continua por la ciudadanía1. En este sentido, el objetivo de este trabajo por un lado, es estudiar qué mecanismos que se han abierto para la participación de la ciudadanía en el marco de la descentralización, y por el otro lado analizar hasta qué punto tienen efectividad y aplicabilidad en los problemas cotidianos de la ciudadanía en la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de Chapinero.

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En política fiscal se ha venido discutiendo desde hace algún tiempo sobre la conveniencia de establecer ciertos beneficios tributarios bajo el pretexto de mejorar los ingresos del Estado, entendiendo estos incentivos en términos generales, como aquel estímulo que se otorga a determinado sector de la economía para elevar la producción. En ciertos casos, como es el de nuestro país, han surgido diversas críticas a las más recientes políticas que buscan aumentar el número de incentivos fiscales en contraposición a mejorar el nivel de tributación a través de un sistema tributario que realmente se base en normas justas y equitativas que correspondan a un análisis de la capacidad contributiva de quienes están obligados constitucionalmente a soportar las cargas económicas del Estado. Sin embargo, y lejos de buscar una reforma estructural de nuestro ordenamiento jurídico tributario que permita buscar lo anterior de acuerdo con los principios previstos en nuestra Constitución Política para ello, se han buscado mecanismos de muy corto plazo que sirvieran realmente como un estímulo a la reactivación económica del país.

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En una actualidad jurídica trasegada por la revolución de los derechos a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, donde se habla constantemente de un nuevo y de un viejo derecho, que finca sus raíces en un papel protagónico del juez, la justicia y en la garantía y protección de los derechos, pareciera que conceptos clásicos como caducidad y seguridad jurídica cedan terreno ante el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.

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En la Constitución Política se consagra el trabajo como un derecho fundamental, objeto de protección cuando sea vulnerado o amenazado; el Estado tiene el deber de protegerlo, creando, estimulando e incentivando las condiciones socioeconómicas propicias que promuevan una oferta de oportunidades laborales para todas aquellas personas en capacidad de trabajar, expidiendo la normatividad que asegure unas relaciones laborales “dignas y justas”, con arreglo a los principios fundamentales básicos y mínimos ideados por el constituyente. El orden normativo primario es el protector del derecho al trabajo, bien sea que se preste independientemente o bajo condiciones de subordinación, en las modalidades de contrato de trabajo o bajo una relación laboral, legal, estatutaria, o reglamentaria.