68 resultados para institutional capital
em Universidad del Rosario, Colombia
Resumo:
El presente trabajo expone la elaboración de un proceso sistemático para la identificación y clasificación de modos de fallo utilizando la metodología ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (AMFE), como un procedimiento de gran utilidad para mejorar la calidad y seguridad de la prestación de servicios asistenciales. Se analizaron 254 modos de fallo, en el servicio de urgencias de una ESE de II Nivel del Distrito Capital, se utilizó una herramienta de selección de procesos denominada Matriz de Priorización utilizada por el Centro de Gestión Hospitalaria con algunas adaptaciones de acuerdo con las necesidades institucionales. Se calificaron 227 de ellos correspondiendo a un 89,37%. Se entrevistaron 48 médicos, 27 enfermeras, 27 auxiliares de enfermería y 9 camilleros, para un total de 111 colaboradores que corresponden al 30% del total del personal del servicio de urgencias. Se generó una hoja de control de calidad (aceptación) del ejercicio con un porcentaje total del 85%, teniendo como resultado que 102 personas de las 111 encuestadas, diligenciaron correctamente la totalidad de los campos del formato AMFE. Se buscó Implementar el uso de la metodología AMFE como herramienta de gestión y mejora de procesos institucionales, realizando una prueba piloto al proceso seleccionado y evaluando si esta metodología se podía aplicar a otros procesos asistenciales. Se observó que de la totalidad de los modos de fallo el mayor valor de criticidad se encontró en el rango de 45 puntos. Se determinaron 11 modos de fallos en esta categoría, los cuales se encuentran dos asociados dos están asociados con el acceso del paciente a la institución, siete relacionados con el Registro e Ingreso del usuario, uno relacionado con la planeación de la atención y dos relacionados con la ejecución del tratamiento. Palabras claves: Análisis Modal De Fallos y Efectos (AMFE), urgencias, mejora continua.
Resumo:
Este estudio presenta un análisis exploratorio sobre la correlación entre la fortaleza institucional, las condiciones de paz, y el emprendimiento en una muestra de 23 departamentos en Colombia usando datos de 2014. Para llevar a cabo este objetivo se propusieron y construyeron tres índices siguiendo definiciones conceptuales seminales o estándares de evaluación internacional, a saber: 1) El Índice de Fortaleza Institucional, 2) El Índice de Construcción de Paz (construido a partir del índice de paz negativa y el índice de paz positiva) y 3) El Índice de Emprendimiento Productivo. Los resultados no muestran una correlación significativa entre todos los tres índices. Por un lado, existe una correlación significativa (p<0.05) entre los índices de fortaleza institucional y emprendimiento productivo. Por otro lado, existen correlaciones negativas no significativas entre los índices de paz positiva y fortaleza institucional, emprendimiento productivo y paz positiva y emprendimiento productivo y construcción de paz. En un segundo acercamiento, la población de los departamentos fue la variable con mayor número de correlaciones significativas (p<0.01) entre variables relacionadas con emprendimiento productivo, empleo, producto interno bruto, sofisticación industrial, innovación (patentes) y crimen. Finalmente, se discuten las conclusiones y las futuras investigaciones.
Resumo:
El diseño y la ejecución de las políticas públicas es una de las actividades fundamentales del Estado y es la forma en la que éste ofrece soluciones para suplir necesidades más apremiantes de la sociedad. La formulación y la ejecución de las políticas públicas también dan cuenta de las relaciones entre los gobiernos y la comunidad, y los niveles de legitimidad y gobernabilidad que tienen el Estado en un territorio determinado. La estructura político-administrativa de Bogotá, como Distrito Capital, es muy diferente a la de los demás municipios y departamentos del Colombia, pues desde 1991 se ha desarrollado un proceso de descentralización interna de la ciudad para acercar más al gobierno distrital con la comunidad y permitir la participación activa de los ciudadanos en la construcción de las soluciones a las necesidades de su entorno más cercano, las Localidades. En la primera década de desarrollo de este proceso interno de descentralización, tres administraciones afrontaron el reto de profundizar dicho proceso (Jaime Castro 1992-1994, Antanas Mockus Paul Bromberg 1995-1997 y Enrique Peñalosa 1998-2000), que estaría enmarcado en el Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto-Ley 1421 de 1993). De estas tres primeras administraciones que se enfrentaron a la figura novedosa en el país de la descentralización al interior de un ente descentralizado como el Distrito Capital, la administración de Enrique Peñalosa adoptó políticas que disminuían la relativa autonomía que habían logrado las Localidades y planteó un modelo de recentralización que transformaba la relación entre los gobiernos locales, el gobierno central distrital y la ciudadanía.
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En 1991 la Constitución Política de Colombia incorporó las estrategias necesarias para hacer realidad la Rendición de cuentas como un proceso que contribuye a la gobernabilidad. El presente documento presenta no solo la legislación del gobierno sino también los modelos utilizados por la Contaduría General de la Nación-CGN y otras instituciones en diferentes países: Asociación Internacional de Administración de Ciudades-ICMA, Instituto Federal de Acceso a la Información-IFAI, Organización Internacional de Instituciones Fiscalizadoras Superiores-INTOSAI y la Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público-EURORAI. Adicionalmente se presentan conclusiones basadas en evidencia empírica proporcionada por los stakeholders y las recomendaciones necesarias para poner en práctica el concepto de Rendición de cuentas en la CGN y presentarlo ante los ciudadanos y otros stakeholders.
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Esta monografía pretende analizar qué tipo de condiciones externas e internas son contundentes a la hora de darle un viraje tan profundo a la política económica de países subdesarrollados, como la experimentada durante la década de los 90 cuando la oferta y demanda de capital financiero internacional estuvo condicionada a la implementación de políticas neoliberales, en el marco del Consenso de Washington. En este sentido, esta monografía busca responder interrogantes como: ¿Qué tipo de elementos externos pueden conducir a un cambio en la política económica de un país?, ¿Hasta qué punto un actor externo como el FMI incide en la formulación e instrumentación de tales políticas?, ¿Cómo responden los gobiernos a las presiones de esos intereses y qué sucede cuando no lo hace?.
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Esta monografía nace de un cuestionamiento sobre las prioridades que el país tiene o ha definido en el tema educativo a partir de la adopción de los Planes Decenales de Educación y de los Decretos reglamentarios que han sido expedidos en dicho contexto y de cómo tales prioridades corresponden al reconocimiento de multiculturalismo que se hace en la Constitución Política de 1991. No es muy notorio el desarrollo legislativo que ha tenido el multiculturalismo en el país, Tal vez el caso más conocidos es el de la ley 70 de Agosto 27 de 1993 sobre negritudes, que desarrolla el artículo quinto de la Constitución Política de 1991 , en la cual se reconocen los principios de integralidad, diversidad, participación y protección de las comunidades negras dentro del concepto de Nación.
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En este documento se plantea un modelo de crecimiento económico con gobierno, agentes heterogéneos y flujos de capital. Los resultados del modelo evidencian que las estructuras fiscales, bien sea distribución de impuestos o tasas impositivas, pueden maximizar el crecimiento económico o reducir la desigualdad. Bajo el contexto de economía abierta se encuentra que bajas tasas de ahorro incentivan la entrada de capitales, la cual tiene un efecto positivo sobre la economía, sobretodo en términos de crecimiento económico.
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Con esta investigación se busca fortalecer las relaciones entre el government y la citizenship reflejándose en una transformación de la cultura institucional a partir de la cual se hiciera posible que la sociedad civil y el gobierno confluyeran en el propósito de mejorar la governance mediante las recomendaciones de la ciudadanía y la vigilancia y fiscalización que realizan las entidades de control. Riohacha, capital del departamento de la guajira es el principal objeto de este proyecto, pues llama la atención que es una de las ciudades más antiguas de Colombia, fundada en 1545 y se encuentra en un menor grado de desarrollo frente a todas las capitales de la región Caribe. De esta forma el control social es un instrumento clave y debe ser un derecho y un deber del ciudadano y ser ejercido de manera constante y transparente a través de figuras como las Citizens" watch. así se podría tener un control a la actividad administrativa y promover una mayor transparencia y eficiencia en el cumplimiento de los planes de desarrollo en el municipio de Riohacha.
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En este documento se plantea un modelo de crecimiento económico con gobierno, agentes heterogéneos y flujos de capital. Los resultados del modelo evidencian que las estructuras fiscales, bien sea distribución de impuestos o tasas impositivas, pueden maximizar el crecimiento económico o reducir la desigualdad; pero difícilmente podrán cumplir los dos objetivos al mismo tiempo. Asimismo, bajo el contexto de economía abierta, se obtiene que bajas tasas de impuestos al ahorro incentivan la entrada de capitales, lo cual tiene un efecto positivo sobre la economía, bien sea en niveles o en tasas de crecimiento.
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La construcción e implementación de una Política Pública de Mujer y Género, puesta en marcha a través del Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en Bogotá Distrito Capital (2003-2005), es el resultado de la construcción e integración de saberes de índole interdisciplinar desarrollado en el mundo hace más de un siglo- y del trabajo realizado en Colombia hace poco más de una década- por organizaciones colectivas de mujeres en el Distrito, en su intento por incorporar las necesidades, intereses y propuestas de género en las agendas políticas y propuestas programáticas de la alcaldía de turno, para el caso del Alcalde elegido para el periodo 2004-2008, entonces candidato, Luís Eduardo Garzón.
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La Participación Ciudadana de los jóvenes en Bogotá no ha dependido exclusivamente de la formulación y ejecución de políticas públicas en la materia durante las últimas administraciones distritales, sino que en gran medida ha estado determinada por una serie de limitaciones político-institucionales, socio-económicas y culturales que imposibilitan la trascendencia de organizaciones, iniciativas y proyectos juveniles; y en general, el ejercicio real y efectivo de la participación.
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Este trabajo plantea un modelo de generaciones traslapadas con expectativa de vida endógena y acumulación de capital físico. Recoge parte de la evidencia empírica acerca de la transición demográfica explicada por Notestein en 1945, donde variaciones en la longevidad de los individuos afectan positivamente el crecimiento económico de un país. El modelo establece que la falta de incentivos para invertir en salud estanca a una economía en una trampa de pobreza, a su vez, muestra que incrementos en la productividad en el sector de producción de capital humano, al igual que cambios tecnológicos sesgados al uso intensivo del capital humano, incrementan el producto de estado estacionario y pueden sacar a una economía de una trampa de pobreza.
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El presente documento refleja el proceso adelantado en el Componente de Inclusión Social, en el marco del Proyecto “Implementación de la política sectorial en salud para la prevención y el manejo de la discapacidad en Bogotá”, convenio de cooperación interinstitucional entre la Secretaría Distrital de Salud y la Universidad del Rosario a través del grupo de investigación de Rehabilitación e Integración Social de la Persona con Discapacidad, de la Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano. El componente de Inclusión Social (IS) fue concebido dentro del proyecto como una oportunidad para comprender las lógicas de operación de los sectores de salud, educación y bienestar social, en lo que corresponde a la atención a las personas con discapacidad a la luz de un marco de “Competencias intersectoriales”, con el fin de identificar elementos de identidad y oportunidades de enlace entre ellos.
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El presente trabajo de investigación, estudia a través del caso de la cohorte del 2000 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital, el tipo de coyuntura que le permitió a este grupo de jóvenes reingresar a la Universidad y culminar la carrera al haber tenido que abandonarla en un primer momento, por problemas socio-económicos y/o académicos. Por medio del estudio del reintegro universitario, este trabajo se enmarca en el campo, poco explorado, de la existencia y efectividad de medidas de "segundas oportunidades" educativas que las instituciones de educación superior le ofrecen a estudiantes que por problemas de orden estructural se ven obligados a abandonar la Universidad.
Resumo:
La energía eléctrica y los bienes o activos eléctricos (de acuerdo con la definición técnica) con que se lleva a cabo su prestación, goza de una particular regulación y normatividad, explicables por la importancia capital de este servicio público, sumado al diseño institucional traído por la constitución de 1991, lo que la hace especialmente compleja, dinámica y abierta a precisiones. Es ese sentido, se parte de un entendimiento inicial de todos los activos que conforman una red de generación, transmisión y distribución eléctrica, para de esa forma comenzar a esbozar el régimen jurídico de los mismos, dependiendo de su posición dentro de la cadena de suministro eléctrico. Una vez concluido este acercamiento, se abordan los principales problemas previsibles desde una perspectiva puramente académica, como por ejemplo el relacionado con el alcance de los conceptos de la CREG y su valor normativo, la presunta inembargabilidad de los bienes destinados a la prestación de servicios públicos en cabeza de comunidades organizadas y el problema de la propiedad de particulares sobre activos conformantes de la red de suministro eléctrico y la salida normativa a ese conflicto (pues no debe olvidarse que los propietarios de activos de uso general, de acuerdo con la CREG, deben ser prestadores de servicios públicos domiciliarios) de modo tal que se respeten los derechos de propiedad. De cada uno de estos interrogantes surgen soluciones que lejos de zanjar las discusiones al respecto, buscan abrir el debate sobre un tema de tan capital importancia.