140 resultados para Actores políticos

em Universidad del Rosario, Colombia


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En esta investigación se estudiará la importancia del significado de la hoja de coca en las culturas de los indígenas aymaras y quechuas, la situación interna de Bolivia y sus relaciones con Estados Unidos específicamente en materia de erradicación de coca desde el cuarto gobierno de Víctor Paz Estensoro (1985-1989), pasando por las administraciones de Jaime Paz Zamora y Hugo Banzer quien a través de la cooperación económica de Estados Unidos creó el Plan Dignidad, que ha sido una de las iniciativas más exitosas en Bolivia en el tema de la erradicación. También se hará alusión a los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Eduardo Rodríguez Veltzé y finalmente Evo Morales Ayma, con el objetivo de descubrir las causas del surgimiento de los movimientos sociales bolivianos y conocer cuáles de ellos han podido acceder al poder político. Para entender el surgimiento de los actores políticos alternativos es preciso hacer referencia a algunos acontecimientos históricos tales como la revolución nacional de 1952, época en la cual se llevó a cabo la reforma agraria en el país andino, la nacionalización de las minas, la crisis económica boliviana, la transformación del Estado y los procesos de relocalización ejecutados bajo el gobierno de Paz Estensoro. Así mismo, la Guerra del Agua en Cochabamba, la Guerra del Gas debido a los rencores históricos con Chile durante la guerra del Pacifico y la ley 1551 de 1994 a través de la cual se les reconoce los derechos económicos, sociales y culturales a los indígenas y así mismo su participación en la política.

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La idea de la reestructuración de los partidos políticos existentes, como condición para la instauración de un Régimen Parlamentario en Colombia, se debe mirar desde el punto de vista teórico y práctico, para de esta manera poder entender la urgencia de la recuperación y buen desempeño de las instituciones frente a las necesidades que tiene la población, ya que su deslegitimación ha sido notable desde ya hace varios años, lo cual impide que el país tenga un desarrollo más equitativo y justo desde el campo político, económico y social. Por ello, es indispensable que por un lado se analice esta situación expuesta anteriormente y por otro lado, se debe hacer énfasis incansablemente en trabajar por el cambio de mentalidad de todos los actores políticos del Estado, pues a través de reformas institucionales y políticas como las planteadas en la investigación, es que se puede influir en el desarrollo de una mejor cultura política. Así, desde los dos frentes, se pueden establecer objetivos y conseguir metas interesantes en la búsqueda de la reestructuración de los Partidos Políticos como condición para la instauración de un Régimen Parlamentario en Colombia y en una sana política para la sociedad.

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El trabajo de investigación es un estudio de caso que pretende analizar la forma en que factores del contexto institucional y la capacidad de influencia de ciertos actores se reflejan en la discusión y aprobación de la Ley 975 de 2005. Factores del contexto institucional y la capacidad de influencia sobre las posiciones asumidas por los actores políticos y sociales en las diferentes etapas del proceso legislativo y sobre las decisiones que se tomaron para la aprobación de la Ley, en torno a dos elementos fundamentales de ésta que son el delito político y la rebaja de penas. Para ello, se tiene en cuenta el enfoque neo-institucional y el concepto de agencia.

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En los juicios, como advierte Ambrose Bierce, la justicia obedece a un ejército de contraste, este es: hacer aparecer a los jueces, abogados y jurados como ángeles, y a los acusados como demonios dignos de los más horrendos suplicios. En los procesos de reconciliación deberíamos transitar por la acera mundana del mutuo reconocimiento de errores, y comprobar que las líneas fronterizas entre victimas y victimarios son demasiado tenues y que la culpa está socialmente distribuida, más aun cuando existen cuantiosos colaboradores y beneficiarios del crimen. En conflictos como el colombiano, con empresas delictivas muy participativas como los mercados negros, la llamada cultura del atajo, y grandes elementos de una guerra civil, deberíamos, todas y todos, reconocer nuestras fallas. Uno de los problemas son, justamente, los umbrales de reconocimiento social y los obstáculos de la memoria y de la emoción, que afortunada o infortunadamente nos impiden avanzar rápidamente hacia el perdón incondicional. La acción política no violenta es un arte y una ciencia, está encaminada a preservar el orden social o transformarlo sin recurrir a la destrucción de la vida y de la naturaleza. Pero nada tiene que ver con visiones románticas e inocentes, como la flor en la punta del fusil o el pacifismo a ultranza. Su esencia radica en suprimir las fuentes de poder del adversario, sin llegar a exterminarle. Su enseñanza elemental es que el poder radica en al voluntad de las personas, en su sentido de dignidad para dejar de desobedecer a actores políticos corruptos, autoritarios, violentos e injustos.

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Metodología para la estimación de cápitas de planes de salud. Se propone un método de cuantificación de insumos a emplear, la estimación de costos indirectos asociados a las intervenciones y un método de anualización para los costos fijos que generalmente trascienden en su vida útil al período de duración de una cápita. Finalmente, a través de un ejercicio práctico de estimación de la cápita del Componente de Salud del Programa Oportunidades de México se ilustra la aplicación del desarrollo metodológico expuesto en la parte inicial.

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Desde su creación en 1991, la Corte Constitucional colombiana (en adelante, CCC) ha sido uno de los principales protagonistas de la vida política e institucional del país. Su vigorosa intervención en varios asuntos económicos, políticos y sociales ha promovido cambios importantes en el balance institucional de poder, así como en la vida de minorías y grupos sociales tradicionalmente excluidos. Este activismo judicial progresista1 ha propiciado una gran cantidad de debates académicos y políticos: si bien ha tenido defensores entre algunos académicos, miembros de movimientos sociales, e incluso varios actores políticos y miembros de la rama judicial, también ha tenido muchos críticos entre esos y otros sectores más poderosos.

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La justicia transicional debe enfrentar la negación de las atrocidades. A pesar de la sofisticación del marco de derechos humanos presente en el sistema legal colombiano, el campo de la justicia transicional en Colombia adolece de un significativo grado de indeterminación normativa, como si dicho campo aconteciera en un vacío constitucional”. Como consecuencia, ha sido objeto de uso estratégico por parte de distintos actores políticos dotados de intencionalidad en la fijación del sentido del arreglo institucional de la llamada justicia transicional. El uso estratégico gravita entre el acatamiento pleno del marco de derechos humanos o su elusión en distintos grados. La elusión niega las atrocidades. Para que el discurso de la justicia transicional en Colombia contribuya a hacer justicia por las atrocidades, debe dar viabilidad práctica a los derechos de las víctimas, no reducir esos estándares. Para ello, son necesarios dos requisitos: desde el punto de vista sustantivo, debe acatar las obligaciones en materia de verdad, justicia y reparación, que son parámetro de constitucionalidad, y respetar el núcleo esencial de tales derechos, sin perjuicio de la libertad de configuración legislativa y de la ponderación judicial. Desde el punto de vista procedimental, debe adoptar como metodología un enfoque contextualizado de análisis comparado que evite el trasplante acrítico de experiencias internacionales inaplicables.

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This article offers a theoretical interpretation of the dispositions on land restitution contained in the famous “Victims’ Bill”, which was debated in the Colombian Congress during the year 2008. The bill included specific mechanisms aimed at guaranteeing the restitution of land to victims of the Colombian armed conflict. At the time, the bill was endorsed by all the main political actors in the country –notably the government and the elites that support it, on the one hand, and victims’ and human rights organizations and other opposition groups, on the other–. The fact that the restitution of land to victims of the Colombian armed conflict was being considered as a serious possibility by all political actors in the country seemed to indicate the existence of a consensus among actors whose positions are ordinarily opposed, on an issue that has traditionally led to high levels of polarization. This consensus is quite puzzling, because it seems to be at odds with the interests and/or the conceptions of justice advocated by these political actors, and because the restitution of land faces enormous difficulties both from a factual and a normative point of view, which indicates that it may not necessarily be the best alternative for dealing with the issue of land distribution in Colombia. This article offers an interpretation of said consensus, arguing that it is only an apparent consensus in which the actors are actually misrepresenting their interests and conceptions of justice, while at the same time adopting divergent strategies of implementation aimed at fulfilling their true interests. Nevertheless, the article concludes that the common adherence by all actors to the principle of restorative justice might bring about its actual realization, and thus produce an outcome that, in spite (and perhaps even because) of being unintended, might substantively contribute to solving the problem of unequal land distribution in Colombia. Even though the article focuses in some detail on the specificities of the 2008 Bill, it attempts to make a general argument about the state of the discussion on how to deal with the issue of land distribution in the country. Consequently, it may still be relevant today, especially considering that a new Bill on land restitution is currently being discussed in Congress, which includes the same restitution goals as the Victims’ Bill and many of its procedural and substantive details, and which therefore seems to reflect a similar consensus to the one analyzed in the article.

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Consiste en el diseño de un modelo de participación política para planear la política cultural de Cajicá, que identifique las necesidades de los actores sociales. Específicamente se diseñará un proceso de planeación participativa con los actores políticos y sociales de Cajicá, el cual tendrá como resultado la formulación del plan decenal de cultura municipal.

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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo explicar cómo influyó el tratamiento informativo de las capturas masivas presentadas durante los años 2002- 2004 por parte de Noticias RCN en la construcción del discurso político de la Seguridad Democrática.

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En la búsqueda a soluciones al conflicto armado en Colombia, se han inmiscuido una serie de actores, en donde la sociedad civil ha tenido una gran importancia. El Magdalena Medio es una región en donde confluyen diferentes actores armados, además de los problemas que la rodean: pobreza, subdesarrollo. Razones por las que la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio en cabeza del Padre Francisco de Roux S.J, con ayuda de la sociedad civil llevaron a cabo una Diplomacia Paralela, para obtener recursos de Cooperación Internacional de la UE y se construyera el primer Laboratorio de Paz en Colombia. Esta, se desarrolla no sólo por la innovación de las propuestas de los pobladores para poner fin al conflicto, sino también para impulsar el desarrollo de la región, demostrando la importancia de la Diplomacia Paralela desarrollada por la sociedad civil en escenarios internacionales, conocida mediante diferentes documentos, videos y artículos académicos.

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Este estudio de caso analiza la influencia del Crimen Organizado Transnacional en la formulación de Políticas Públicas de seguridad en Argentina entre 2001 y 2013. En contraste con otros estudios, se considera que la relación de estos dos fenómenos debe recoger aspectos fundamentales de un enfoque de seguridad integral y multidimensional. En el caso de Argentina, durante 2001 el Crimen Organizado Transnacional ocupó el primer lugar en la agenda pública, lo cual derivó en una serie de acciones públicas llevadas a cabo por los distintos gobiernos. Sin embargo, los casos de Santa Fe en 2012 y Córdoba en 2013 demostraron la debilidad institucional en la formulación de Políticas Públicas de este país. Por lo tanto, este trabajo pretende demostrar con los casos anteriormente mencionados que debilidades estatales como la corrupción estatal y la indiferencia ciudadana son obstáculos para la formulación de políticas públicas.

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El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba introdujo una nueva agenda económica que el Gobierno llama la actualización del modelo socialista. Muchos piensan que en esencia se trata de una serie de reformas y reducen su importancia a su dimensión económica. Esta monografía busca explicar la actualización aplicando el análisis de sistemas-mundo de Immanuel Wallerstein, aportando una interpretación no convencional del fenómeno. Se puntualizará en las variables de poder y en los actores políticos que han determinado la nueva política económica: el Partido Comunista de Cuba (PCC) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Ambos conforman lo que Wallerstein denomina un movimiento antisitémico. El argumento principal es que el movimiento ha puesto en marcha las reformas buscando fortalecer el Estado y así garantizar su supervivencia al consolidar su posición como el competidor único del poder estatal. Como se verá, estas metas han llevado al movimiento a sacrificar parte de su naturaleza antisistémica.

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El objetivo general de esta monografía es explicar cómo se ha desarrollado la participación política de las Fuerzas Militares en la democracia colombiana; lo cual permitirá tener una visión clara del problema, y entender el cómo y el porqué de esta participación. La pregunta de investigación, guía de esta monografía, es la siguiente: ¿cómo se ha desarrollado la participación política de las Fuerzas Militares en la democracia colombiana?. A partir de esta pregunta se planteó la siguiente hipótesis: las Fuerzas Militares han participado dentro de la política colombiana, ya sea por medio de la formulación de la política de seguridad y defensa nacional o por las opiniones y actuaciones de los altos mandos militares, lo cual ha convertido a la institución en uno de los actores más importantes dentro de la democracia nacional. A su vez, se estableció cómo se llevan a cabo las relaciones entre las Fuerzas Militares y el Estado, en qué situaciones las Fuerzas Militares han recibido funciones constitucionales que no les corresponden y, qué tipo de actores y factores han motivado a las Fuerzas Militares a participar en política.

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El objetivo del presente trabajo de grado es estudiar el discurso de la lucha contra el terrorismo en Colombia y dar luces al debate que giró alrededor de quien era señalado como terrorista durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Indaga sobre la instrumentalización que se ha dado al discurso de la lucha contra el terrorismo por actores políticos, quienes, en contraposición a los actores jurídicos, buscan mantener la ambigüedad del mencionado debate. Partiendo de los planteamientos de Donatella Della Porta y Charles Tilly, quienes ponen en tela de juicio la validez del terrorismo como concepto dentro de las ciencias sociales y, utilizando casos para ejemplificar cómo los actores políticos se benefician de la ambigüedad del discurso configurado alrededor del terrorismo, el presente trabajo muestra cómo se implementó este discurso en Colombia enfocándose en los actores que podían modificar la realidad a partir de su posición en el mencionado debate.