300 resultados para Violencia política - Colombia


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El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.

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Este trabajo analiza la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular del año 2008, como una acción política no-violenta que surgió en respuesta al recrudecimiento de la violencia en Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A través de la revisión de prensa, de entrevistas en profundidad realizadas a algunos actores que participaron y contribuyeron en la materialización de la Minga, el trabajo muestra el desarrollo y el alcance de esta acción política no-violenta. La Minga, a pesar de no mejorar las condiciones de vida de los indígenas del Cauca, logró alcanzar una dimensión considerable a la luz de la teoría de los movimientos sociales y de las acciones colectivas en Colombia, dada su gran convocatoria a nivel nacional y resistencia a la represión gubernamental durante 41 días continuos.

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El interés de esta monografía es evaluar la relación entre el orden institucional del Estado colombiano y las lógicas del control territorial de los paramilitares sobre el Urabá antioqueño durante el periodo 1997-2007. Se analiza y explica cómo los grupos paramilitares aprovecharon el contexto de debilidad institucional del Urabá antioqueño para consolidar estructuras paraestatales que instrumentalizaron y cooptaron la institucionalidad del Estado con la pretensión de reproducir las condiciones necesarias para su sostenimiento. Así como las consecuencias sobre la Institucionalidad regional a causa de la consolidación de un control político de corte autoritario y clientelista, la obstaculización de la afirmación del monopolio de la violencia estatal, y la protección de un modelo económico particular sustentado en la violencia. Para ello, como parámetros generales se siguen las funciones estatales descritas por Charles Tilly, la descripción de los estados entre estados de Kinsgton y Spears y la teoría de la cooptación del Estado de Jorge Garay.

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El interés de este Estudio de Caso es identificar y explicar los alcances de la construcción de memoria en la sociedad colombiana, no sólo como elemento de no olvido sino también como herramienta de resistencia y de acción de aquellos que la construyen y reconstruyen. Por ello, la investigación pretende determinar el vínculo existente entre memoria y participación política, analizando y explicando la manera como mujeres pertenecientes a Ruta Pacífica de las Mujeres han construido memoria respecto a los procesos de violencia que enfrentan y la forma como ello ha hecho posible la consolidación de una identidad colectiva por medio de la cual resisten a la violencia y a los códigos culturales que la perpetúan. En consecuencia, se efectúa un análisis a los documentos elaborados por Ruta Pacífica respecto a construcción de memoria y junto con ello, un examen a los procesos participativos que han adelantado las mujeres pertenecientes a Ruta Pacífica.

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El presente trabajo tuvo como objetivo realizar una revisión de la literatura sobre la participación de niños y niñas en los grupos armados ilegales de Colombia en estudios nacionales, para analizar desde un enfoque psicosocial los procesos de reclutamiento/vinculación, permanencia y desmovilización. Se revisaron 26 investigaciones publicadas entre 2005 y 2015 de bases de datos especializadas y catálogos de universidades. Los resultados mostraron que la mayoría de los estudios realizados sobre participación de niños y niñas en los grupos armados se concentran en los procesos de vinculación y desvinculación. Puntualmente, los estudios desde el enfoque psicosocial encontrados hacen referencia a la comprensión del fenómeno desde el enfoque ecológico. En ello, abordan temas como la configuración de la identidad, las motivaciones, las interacciones con su entorno cercano y con las instituciones sociales y políticas.

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Esta investigación explora arqueológicamente el saber constituido sobre el campesinado en Colombia, en el período de 1965-1975, tomando como material empírico principal un archivo fotográfico documental que relacionaremos con hemerografía y las reconstrucciones socio-históricas de la década. Nuestro propósito es relacionar el archivo, sus condiciones, su porvenir, medios y definiciones con la constitución de subjetividades políticas. Las subjetividades son entendidas aquí en tanto procesos que al referir universos simbólicos socialmente compartidos, dotan al sujeto de un lenguaje cultural que a continuación internaliza, y adquiere así una singularidad que lo caracteriza y finalmente lo representa como “ser colectivo”. Descifraremos, a través de lo visible y lo oculto de las representaciones fotográficas, los enunciados posibles y las aproximaciones desde la sociología. Veremos como los discursos, por demás contradictorios, fungen a manera de proyectos de homogeneización de la cultura campesina efectuándose en la esfera de la heterogeneidad: campesinos marcados por diferencias entre sí, multiplicidad de subjetividades implicadas políticamente en los procesos inscritos dentro de la reforma agraria.

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Análisis de la dinámica legitimadora de la Corte Constitucional en el tributo de estampillas, considerado desde la jurisdicción departamental, en el Estado colombiano.

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El desplazamiento forzado es causado única y exclusivamente por el conflicto social y armado que vive Colombia además de ser considerado propiamente como un fenómeno de orden demográfico, sociológico y político. El desplazamiento por la violencia en Colombia ha aumentado de manera acelerada en los últimos años haciéndose evidente una crisis humanitaria de grandes proporciones en donde las victimas se ven obligadas a irse de sus territorios de origen en busca de protección. Bogotá se ha convertido en el destino de gran parte de la población que se encuentra actualmente en condiciones de desplazamiento, debido a la violencia y al conflicto armado que se vive en la mayoría del territorio colombiano. Cada vez mas las personas que migran de sus lugares de origen para poner a salvo sus vidas y las de sus familias ven en la capital una alternativa para protegerse de las amenazas y también para iniciar una nueva vida. Lo que dio lugar a que a partir de la Ley 387 de 1997 se han implementado políticas públicas en Bogotá para lograr atender de manera adecuada a las víctimas de esta problemática. El fenómeno del desplazamiento ha demostrado ser un problema que necesita la atención prioritaria, por los Gobiernos Nacionales y territoriales con la cooperación internacional para la estabilización socioeconómica que le permita a la víctimas un sostenimiento propio para dejar de depender de enfoques asistencialistas. Es por eso, que esta monografía estudia en concreto cual ha sido la asistencia de los organismos internacionales (ACNUR-OIM-CICR y Consejo Noruego) frente a la problemática del desplazamiento forzado en Bogotá y verificar si la respuesta de estos cuatro organismos internacionales a esta situación ha sido efectiva y han logrado promover la dignidad humana y el bienestar de la población desplazada.

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El fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia en Colombia se ha convertido en una constante para muchos de los habitantes de este país. La gente de Nadie:Desplazamiento forzado, cuenta la historia de Diana, una mujer que tuvo que salir de su tierra en el departamento del Tolima, para llegar a Bogotá, capital de Colombia a intentar comenzar de nuevo con su vida. Conseguir trabajo es lo más complicado. Capacitarse para hacer faroles se convertiría en un buen comienzo para sacar adelante a sus 5 hijos y sin ayuda eficiente del gobierno. El 10 de diciembre de 2008 se llevó a cabo la marcha “Corre por la vida”, miles de bogotanos salieron a marchar por los desplazados y prendieron un farol hecho por Diana y por 50 mujeres más que se encuentran en su misma situación. De la mano de esta historia entes gubernamentales, no gubernamentales y algunas personalidades de la política en Colombia, hablan sobre los avances y puntos débiles de la ayuda a la población en situación en desplazamiento.

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En este trabajo vamos a presentar algunas reflexiones sobre el origen de la policía comunitaria como perspectiva de política policial, el contexto histórico en el que surgió el concepto de seguridad local y los mitos con los que ha estado asociada. También nos referiremos a una propuesta concreta sobre cómo asumir el reto de la seguridad local, el lugar de la policía comunitaria en ese marco y las indefiniciones sobre su tamaño y contenido. Finalmente haremos algunas precisiones sobre las discusiones recientes acerca de la seguridad ciudadana en América Latina, y en Colombia en particular, para llamar la atención sobre las condiciones de conflicto armado, violencia política, narcotráfico y crimen organizado por las que atraviesa nuestro país, y los retos que estas circunstancias imponen a una entidad como la Policía Nacional colombiana.

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El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia ha sido y sigue siendo uno de los temas más importantes tanto a nivel nacional como internacional. Colombia se encuentra hoy entre los países del mundo con más número de desplazamientos forzados, lo cual implica una violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Por tal razón, el fenómeno de desplazamiento en Colombia no solo ha sido tema de preocupación a nivel interno, sino que ha llamado la atención de la comunidad internacional, quien desde los últimos años ha contribuido con el Gobierno para hacer frente a la problemática. Teniendo esto en cuenta, el presente trabajo busca hacer una aproximación a lo que ha sido la ayuda internacional frente al tema del desplazamiento forzado en Colombia, mediante el análisis de la Cooperación Internacional entre Organismos Internacionales y el Gobierno colombiano, específicamente en materia de protección y asistencia de la población desplazada por la violencia. Se hará especial énfasis en el papel del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) junto con el de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, que se deriva en la Unidad Técnica Conjunta (UTEC).

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La vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a los conflictos armados está catalogada como una infracción al Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, la comunidad internacional ha desarrollado instrumentos e instituciones en procura de la promoción y defensa de los derechos de esta población.Colombia, a pesar de contar con la aprobación de los mecanismos dispuestos por la Organización de Naciones Unidas para prevenir este fenómeno, utilizado por los Grupos Organizados al Margen de la Ley, la situación no ha cambiado mucho. Por tanto, el estudio de caso pretende determinar cuál ha sido la incidencia de las Naciones Unidas en la prevención del reclutamiento infantil en Colombia.

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El Trabajo que se presenta a continuación, analiza los procesos de socialización y resocialización de una comunidad urbana de desmovilizados, ubicada en un barrio de la localidad de San Cristobal en Bogotá, Colombia. Nos enfocamos particularmente en los mecánismos de acción y participación política y ciudadana autónomos que adoptaron los desmovilizados para lograr una integración exitosa a la vida civil

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A partir de un análisis comparado, de orden cualitativo, se analiza la existencia de continuidades y rupturas estratégicas entre el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC y los Urabeños, con el fin de caracterizar a ambos actores armados. La investigación expone similitudes relevantes entre ambos grupos armados a fin de dilucidar la naturaleza, aun discutida, de las llamadas bandas criminales y su relación con los predecesores bloques paramilitares, además de la incidencia en las actividades económicas, la población civil y el poder político.

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A pesar de que el maltrato en el ámbito del a pareja es una del as formas de violencia contra la mujer que a menudo se manifiestan en Colombia, la mayor parte de las decisiones judiciales no reflejan un enfoque de género. Por ello, en la actualidad estas presentan vacíos y fallas que llevan a que los decretos de las mujeres víctimas de este tipo de violencia no sean protegidos efectivamente. Al respecto, el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la universidad del Rosario y el Programa Integral contra Violencias de Género, en asocio con otras instituciones, realizó una investigación con el propósito de analizar los principales problemas de este fenómeno. Dicho estudio permitió concluir que, en la actualidad, la violencia contra la pareja se reconoce como una manifestación de la violencia “doméstica”, pero no como una forma de violencia especifica contra la mujer. Asimismo, demostró que hay una fuerte cultura machista que justifica la violencia: “te maltrato porque te amo”. Debido a ello, es necesario que las decisiones judiciales estén encaminadas no sólo a la privación de la libertad, sino también a la resocialización del agresor, para que este entienda que su comportamiento es errado y no vuelva a cometer este tipo de actos.