196 resultados para RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Resumo:
En el proceso educativo colombiano hay múltiples deficiencias, debidas, entre otras cosas, a la poca importancia que los diferentes estamentos gubernamentales le dan a ésta, al bajo estatus en el que se tiene a los maestros y a su escasa capacitación.
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Establecer una metodología empresarial para la realización de una de las formas de adquisición, las Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs), partiendo de los aspectos jurídico y financiero
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El objeto de estudio de este trabajo de grado es determinar en qué casos la realización de actuaciones de policía judicial, realizadas directamente o previamente ordenadas por la Fiscalía General de la Nación, en adelante FGN, sometidas a control posterior por parte del juez de control de garantías, pueden comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, con posterioridad a la implementación del sistema acusatorio.
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Para el desarrollo de las actividades mineras en nuestro país, es imprescindible que los concesionarios cuenten con condiciones que permitan la continuidad de las actividades de exploración y explotación mineras, y con ello que las condiciones jurídicas, a partir del inicio del trámite precontractual y el contrato de concesión sean claras, y se encuentren inmersas en reglas para las partes de la relación contractual, fundamentadas en los principios de seguridad y estabilidad jurídica, como garantía para efectuar la actividad minera proyectada. Dentro del trabajo de investigación se aborda un análisis del sector minero, la problemática para el desarrollo de las actividades mineras, desde la perspectiva de los principios objeto de investigación, para determinar, si el contrato de concesión minero colombiano, como instrumento generador de derechos y obligaciones, brinda condiciones que permitan adelantar el proyecto minero y se alcancen los objetivos señalados por el Estado para el beneficio de la colectividad, y del contratista minero alcanzando los beneficios económicos proyectados.
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Partiendo de la importancia que ha adquirido la Responsabilidad Social (RS) a nivel mundial y bajo el entendimiento que la cadena de suministro es de importancia para la efectiva ejecución de una política de RS de cualquier organización, en el presente trabajo se pretende realizar un diagnóstico de la RS de los contratistas que tienen potenciales impactos en los asuntos considerados pertinentes por Equión Energía según los lineamientos de la norma ISO 26000. El proceso se centra en Equión Energía, organización petrolera radicada en Colombia con operación de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el departamento de Casanare. Para el desarrollo de las actividades la empresa, Equión cuenta con aproximadamente 150 organizaciones contratistas a nivel internacional y nacional. Mediante la realización del diagnóstico a una muestra representativa del grupo de contratistas, el estudio servirá como insumo para definir una ruta de ajuste gradual para promover la RS en la cadena de suministro de Equión. El fin último del ajuste es mejorar la gestión de la RS en los procesos de compras y contratación, contribuyendo así, con el cumplimiento de la misión y visión de la compañía donde se espera que la organización contribuya con el desarrollo sostenible de la región donde opera y del país.
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Antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el ISS prestaba los servicios de salud a los asalariados del sector privado en un monopolio que no le exigía ningún esfuerzo. El déficit acumulado por la falta de los aportes de la nación previstos en la Ley 90 de 1946 y los cambios en su naturaleza jurídica no le permitieron asumir el reto de la libre competencia de los actores dentro del sistema, por lo que su gestión fue cuestionada por los organismos de control y por varios fallos judiciales adversos que profundizaron su crisis financiera, sumado a los altos costos laborales por los beneficios de la convención colectiva de trabajo, cuyos mayores beneficiarios eran los servidores de las clínicas y CAA, llevando a la formulación del Documento Conpes 3219 del 31 de 2003 denominado “PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - SALUD”, cuyo resultado fue la expedición del Decreto 1750 de junio 26 de 2003, que ordenó la escisión de la vicepresidencia prestadora de servicios de salud, clínicas y centros de atención ambulatoria (CAA) y la creación de siete empresas sociales del Estado. La escisión produjo cambios significativos en materia laboral para los servidores que hasta esa fecha laboraban en calidad de trabajadores oficiales del Instituto ya que fueron incorporados automáticamente a las plantas de personal de las nuevas empresas en calidad de empleados públicos, con excepción de los que desempeñaban cargos directivos o funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y servicios generales, considerados trabajadores oficiales; cuyo régimen salarial y prestacional es el estipulado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional (artículos 16 y 18), lo que condujo al aparente desconocimiento de los derechos adquiridos por estos servidores en materia de negociación colectiva. El Decreto 1750 de 2003 fue demandado por vulnerar el ordenamiento superior y, en sentencias de control de constitucionalidad y desde la teoría de los derechos adquiridos, la Corte Constitucional estimó que el artículo 18 era restrictivo por hacer referencia solo a los derechos adquiridos en materia prestacional sin contemplar los relativos a materia salarial y los contenidos en convenciones colectivas de trabajo. Al existir entre el Instituto de Seguros Sociales y sus trabajadores una convención colectiva de trabajo vigente, de conformidad con las Sentencias C-314 de 2004 y C 349 de 2004, la Corte Constitucional indicó que dicha convención debía aplicarse a los servidores de las nuevas entidades por el tiempo de su vigencia.
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Para maximizar los beneficios, una compañía fundamenta sus acciones en ciertas estrategias que ayudan a cumplir su objetivo de generar utilidades. Entre las diferentes acciones que una organización puede utilizar, están las de responsabilidad social y las de relaciones estratégicas con la comunidad. Partiendo de la definición de comunidad, pasando por una descripción de responsabilidad social y sus diferentes formas de aplicabilidad dentro de una empresa, hasta la definición de relación estratégica con la comunidad; esta investigación dirige sus esfuerzos a determinar el vínculo que existe entre los conceptos de responsabilidad social y relación estratégica comunitaria. Adicionalmente, se plantea que otras estrategias de relacionamiento con clientes, como el mercadeo relacional o el CRM, las cuales enfocan sus esfuerzos en conocer a cada uno de los clientes de una compañía para plantear una oferta acorde a sus necesidades, no son muy efectivas a la hora de crear un vínculo emocional con la comunidad.
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El presente escrito desarrolla un análisis comparado entre el sistema de compras públicas colombiano y el Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos en cuanto a compras públicas se refiere, poniendo en evidencia inconsistencias de tipo jurídico para efectos principalmente prácticos, acudiendo a temas de soporte para el desarrollo de las obligaciones contenidas en el acuerdo, como son las Normas de Origen de los Bienes y el régimen de responsabilidad del contratista estatal colombiano.
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Antecedentes: Los factores de Riesgo psicosocial según la resolución 2646 de 2008 “comprenden los aspectos intralaborales, extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas al trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influirían en la salud y el desempeño de las personas”. El objetivo del estudio es establecer la prevalencia de factores de riesgo psicosocial y la asociación existente en la población trabajadora del área administrativa y asistencial, en una empresa del sector salud nivel II, Yopal, 2014 Materiales y método: Se diseñó un estudio de corte transversal para establecer la prevalencia de los factores de riesgo psicosocial en una población de 92 trabajadores del área administrativa (50) y asistencial (42) en una empresa del sector salud nivel II en Yopal, por medio de la batería de Riesgo Psicosocial del Ministerio de la Protección Social. Resultados: Se realizó un análisis multivariado, se puede afirmar con un nivel de confianza del 95% que en la población de estudio, la prevalencia de riesgo intralaboral en la población administrativa está entre el 9,5% y 34,5% y en los trabajadores del área asistencial entre el 9,7% y el 37,9%. El riesgo extralaboral en el área administrativa está entre el 4,8% y el 27,2%, en el área asistencial la prevalencia está entre el 1,5% y el 19,5%. La prevalencia de Riesgo de Estrés se encuentra en la población administrativa entre el 29,2% y el 58,8% y en el área asistencial entre el 17,9% y el 48,8%. Se encontró una asociación (p = 0,007) entre estado civil y riesgo intralaboral en la población asistencial, entre tipo de vivienda y nivel de estres (p= 0,003) en la población administrativa, y entre número de personas a cargo económicamente y riesgo extralaboral (p=0,004) en el área asistencial. Discusión: La prevalencia de riesgo psicosocial es evidente en las dos áreas de trabajo tanto administrativos como asistenciales, sin embargo se encuentra una prevalencia mayor de riesgo en el área asistencial en la dimensión exigencias del rol dado a un incremento en la responsabilidad y tiempo extra que se debe realizar para el desarrollo de tareas y su cumplimiento ante el rol desempeñado; los resultados permiten implementar programas de vigilancia epidemiológica que permitan mitigar y controlar los hallazgos en este estudio.
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La ley de víctimas es la norma creada para la protección de los derechos de las víctimas en Colombia; empero cuenta con falencias respecto del concepto de víctima y su reparación integral. El Derecho Administrativo es la herramienta jurídica para superar dichas limitaciones legislativas.
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En línea con el artículo de Descripción organizacional de Helm Bank, este artículo es un aporte investigativo adicional al Proyecto general de “Descripción de las estructuras organizacionales de las áreas de Responsabilidad Social Empresarial” del investigador Rafael Piñeros de la Universidad del Rosario. Este artículo permite evaluar y entender la perspectiva desde el ángulo de una empresa multinacional que opera en casi todos los países del mundo en el sector de alimentos y bebidas, y que debe lograr adaptar su modelo de negocio y desarrollo sostenible de acuerdo al ambiente donde se desempeña, manteniendo unos lineamientos globales pero adaptados a las necesidades de las comunidades locales. Resulta muy interesante identificar la importancia que para PepsiCo tiene la Responsabilidad Social y su evolución para asegurar unos rendimientos y una sostenibilidad en el largo plazo que permite a la compañía y a las comunidades donde opera seguir creciendo, crear valor compartido y obtener beneficios a lo largo del tiempo.
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La Revista del Rosario es la publicación institucional universitaria más antigua del país. Desde 1905, sin interrupciones, sus páginas reflejan los personajes, los temas y los debates central es que atañen a la comunidad rosarista.
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Con la finalidad de mantener la mirada financiera equivalente entre las partes - lo que responde a la relación entre el derecho y la economía- no en vano la Ley 1150 de 2007 contempló dentro de su articulado el restablecimiento del equilibrio económico y financiero del contrato. Por su parte, el Decreto Nacional 0734 del 13 de abril de 2012 –hoy derogado por el Decreto 1510 de 2013- impuso la obligación a las entidades del Estado de incluir los riesgos previsibles en los estudios previos pero sólo aquellos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato que pretenda celebrar la Entidad Pública contratante. Aunado a lo anterior, el Decreto Nacional 1510 del 17 de julio de 2013 también contempla la teoría de los riesgos dentro de su articulado. No obstante lo anterior, la normatividad legal pese a su esfuerzo, no puede regular todas las situaciones, prueba de ello, es que para los contratos de prestación de servicios profesionales la disposición legal en lo que respecta a los riesgos previsibles resulta ser innecesaria por la naturaleza misma de éstos y otras razones que se abordo a fondo. Es así como las actuaciones que se desplieguen en la contratación Estatal deben funcionar sobre una lógica económica, por ello, resulta pertinente investigar sobre la eficacia o no de incorporar los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico en los contratos de prestación de servicios profesionales cuando la ejecución de éstos depende exclusivamente del desarrollo intelectual que corre por cuenta del contratista.
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Este trabajo busca identificar los determinantes de la administración pública, que desencadenaron la cooptación corrupta de la contratación de la calle 26. Usando la teoría sobre corrupción de Klitgaard, se propone que la presencia de un poder de monopolio, una alta discrecionalidad y la poco eficacia del control permitieron que la entidad encargada de la contratación del calle 26 fuera sometida a intereses externos. A través de la metodología de gestión del riesgo se reconstruye el contexto de la entidad para identificar las amenazas y debilidades que explican este sometimiento.
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Al igual que ocurre en los regímenes de responsabilidad Estatal internacional y Regional -SIDH-, donde se hace una distinción entre los hechos ilícitos internacionales y las violaciones a normas Ius cogens, se plantea la posibilidad de aplicar en el régimen interno de responsabilidad estatal la denominada “responsabilidad internacional agravada”, en aquellos casos específicos de violaciones graves a derechos humanos, dada la necesidad de establecer la aludida distinción frente a la imputación del daño al Estado en ese tipo de casos.