1000 resultados para Ley 1116 de 2006


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El propósito de la presente monografía es evaluar el papel de las ONG internacionales en la apertura de espacios de participación política para la sociedad civil en Egipto. En ese sentido, se analiza el contexto de oportunidades políticas locales y transnacionales del país, así como los procesos de articulación entre la política local e internacional a través de los niveles de integración entre sus actores. Mediante una investigación de tipo cualitativa basada en los desarrollos sobre teorías de la acción colectiva planteados por Sidney Tarrow, Charles Tilly, Robert Benford y David Snow, y las teorías sobre redes transnacionales de defensa desarrolladas por Margaret Keck y Kathryn Sikkink, se avanza hacia la identificación del desarrollo de procesos de externalización como medio para el fortalecimiento de organizaciones locales como alternativa de oposición política.

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El proceso electoral peruano del 2006 ha legitimado dos formas de hacer política: la política partidarizada que toma como base a los partidos más antiguos del sistema político (los mismos que han logrado reposicionarse luego de la década fujimorista); y la política del outsider antipartidario que toma como base un discurso crítico de la clase política y deja en un segundo plano la construcción de una propuesta orgánica e institucional. La política partidarizada subsiste a pesar de la prédica antipolítica del régimen fujimorista y del sistema partidario que colapsó en los noventa. Del mismo modo, la política del outsider permanece vigente a pesar de las reformas institucionales (Ley de Partidos Políticos) que se implementaron para evitar la fragmentación política y la incursión exitosa de estos nuevos políticos. Se establece así un “régimen de convivencia” luego de un período transicional inconcluso, que implementó tímidamente las reformas institucionales que no consiguieron fortalecer el sistema, y que estuvo signado por una constante inestabilidad política y conflictividad social.-----The 2006 Peruvian election process has legitimized two ways of going about politics: either a ‘partyist’ (or ‘partisan’) approach based on the older and more traditional parties of the political system (the same ones that have managed to reposition themselves after Fujimori’s decade), or the ‘outsider’s’ anti-party (or ‘anti-partisan’) approach which is based on a critical discourse of the extant political class, pushing aside the building-up of an institutional and organic proposal. The former type of politics survives in spite of the fervent anti-politics discourse of Fujimori’s regime and of the conspicuous collapse of the party system in the 1990’s. In much the same way, the outsiders’ politics remains in force in spite of institutional reforms (Ley de Partidos Políticos or “Political Parties Act”) which were implemented to avoid political fragmentation and/or the successful foray into the political arena of these new politicians. Thus, a “coexistence regime” has been established after an unfinished transitional period during which, very timidly, institutional reforms were implemented though they never really strengthened the system, and a regime which was marked by constant political instability and social upheaval.

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El trabajo realizado tiene como objetivo revisar la problemática planteada en la jurisdicción contencioso administrativa, a través de un estudio concentrado de aspectos procesales esenciales en la estructura de la acción popular como (i) el incentivo (en este caso, se evaluará el impacto de su eliminación), (ii) la efectividad de la audiencia de pacto, (iii) las medidas cautelares como quiera que fueron objeto de modificación en la Ley 1437 de 2011 y por último, (iv) el estudio del mecanismo de revisión eventual incorporado en el año 2009 como mecanismo de unificación.

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El presente estudio de caso analiza el impacto de la influencia paramilitar en los resultados de las elecciones legislativas 2002 y 2006 en el Departamento de Córdoba. Busca principalmente establecer distinciones entre los diferentes casos agrupados en la noción de ‘parapolítica’. Para ello reseña el desarrollo del paramilitarismo en el Departamento y su relación con las élites políticas, posteriormente se construyó un índice de Hegemonía que indica el predominio de determinado candidato en más de la mitad de los votos de un municipio, y se analizan diversos mapas elaborados a partir de los coeficientes de Pearson y Moran. Finalmente, a partir del contraste entre el análisis estadístico y la información documental se presenta una tipología que recoge los diversos matices del apoyo paramilitar según los distintos candidatos.

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Ante lo anterior, este trabajo de investigación está dirigido a plantear los antecedentes en materia de distribución de recursos para la educación a las entidades territoriales, antes y después de expedirse la Ley 715 de 2001, centrado fundamentalmente en la “financiación” de la educación pública en los niveles de preescolar, básica y media. Para ello, compara lo que se venía dando con el Situado Fiscal (SF), los recursos de la Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación (PICN), los recursos del Fondo Educativo de Compensación (FEC), y los propios que invertían los departamentos y municipios, conforme la Ley 60 de 1993 y lo que se presenta actualmente, con la Ley 715 de 2001; y a pesar que resulta prematuro evaluar los avances y limitaciones de ésta última Ley, trata de avizorar algunos de sus elementos positivos y negativos, a la luz de lo que se viene presentando en el Departamento de Boyacá, en cuanto muchos de sus aspectos característicos se presentan en todo el país.

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El interés de este estudio de caso es estudiar los efectos que produce una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia en la división de poderes con el objetivo de mostrar que por medio del ejercicio de sus funciones la Corte se extralimita y produce efectos negativos desde un punto de vista orgánico puesto que se toma funciones orgánicas de la Rama legislativa. Sin embargo desde un punto de vista funcional estas extralimitaciones pueden verse de una forma positiva. Para esto se estudia la sentencia C-355/2006 puesto que su contenido vinculante permite ver como es afectada la división de poderes desde ambos puntos de vista.

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La ley de víctimas es la norma creada para la protección de los derechos de las víctimas en Colombia; empero cuenta con falencias respecto del concepto de víctima y su reparación integral. El Derecho Administrativo es la herramienta jurídica para superar dichas limitaciones legislativas.

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RESUMEN El objetivo de la siguiente monografía es analizar el nivel de ejecución de los objetivos educativos plasmados en la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994 y en el segundo Plan Nacional Decenal de Educación, respecto a la formación integral de los estudiantes en las instituciones públicas de educación de Bogotá. Comenzará por la identificación de una definición de formación integral, continuando con un análisis comparativo de la definición con las estrategias distritales educativas planteadas durante los períodos de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno, y terminará con un estudio de los resultados de las políticas ejecutadas desde lo entendido en las leyes por educación integral. Lo que se planea demostrar es que la prestación de un servicio integral es un desafío para las instituciones públicas debido a que el concepto de educación integral es plural y evidencia los límites de las políticas estatales en relación con el servicio.

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El Ordenamiento jurídico colombiano desde sus inicios se ha enmarcado en la familia jurídica Romano Germánica, donde la Jurisprudencia ocupa un papel secundario en el momento de tomar decisiones por parte de los jueces, fungiendo como un instrumento meramente auxiliar, totalmente opacado por la ley. Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, con la creación de la Corte Constitucional junto al valor vinculante que se ha dado a sus decisiones, el tradicional sistema de fuentes ha presentado una evolución que lo aproxima al uso de instituciones, como el precedente judicial, que parecían exclusivas del Common Law. De esta manera, lo novedoso del problema de investigación es que la discusión sobre la alteración de la jerarquía de las fuentes del derecho, se aborda desde una perspectiva teórica, pero desarrolla puntualmente, mecanismos como las sentencias de unificación y la extensión de jurisprudencia, que posiblemente dan alcance al concepto de precedente judicial en el Contencioso Administrativo en la práctica.

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Análisis de la Ley Orgánica de Educación. La autora analiza lo que considera ventajas, inconvenientes y cambios que se proponen en la ley, aprobada en Mayo de 2006.

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La necesidad de preparar al sector de tecnologías de la información y las comunicaciones para hacer frente a los desafíos que trae consigo el desarrollo de la convergencia en todas sus dimensiones, implicaba plantear un nuevo equilibrio entre la promoción del desarrollo competitivo del sector y el cumplimiento de los compromisos sociales de cobertura derivados de la naturaleza de servicio público que ostentan las telecomunicaciones. En consecuencia, desde comienzos de 2007 se trabajó, con una permanente retroalimentación intragubernamental y sectorial, en la estructuración de los pilares del Proyecto de Ley 112/07 Cámara - 340/08 Senado, que culminó en la sanción presidencial de la Ley 1341 el30 de julio de 2009. Este nuevo marco legal para un sector en constante evolución constituye un hito sin precedentes, que rompe con la tradición de más de diez años y seis intentos fallidos de ajuste legislativo e institucional.

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La Ley 45 de 1990 representa un momento estelar en la historia de la legislación financiera de Colombia. Pero abarcó mucho más: reguló la actividad aseguradora, incursionó en el contrato de seguro, reguló el sistema previsional y delineó el régimen bursátil. Así mismo, anticipó lineamientos de lo que sería, un año después, la consagración de tales actividades -financiera, aseguradora, bursátil y previsional- como de rango constitucional. Este libro recoge las reflexiones de expertos sobre las diversas temáticas abordadas en dicha ley, con la visión enriquecida derivada del transcurso de 20 años, de varias legislaciones adicionales y de algunas crisis nacionales y foráneas. Escrutar en su veintenario es un ejercicio válido y oportuno, tanto más como que al haber renovado los arquetipos de la legislación precedente, sirvió además como referente de empeños de enmienda normativas de otros países de la región y de los organismos multilaterales.