1000 resultados para Política Pública. Avaliação de Política Pública. PAA. Implementação


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En el año 2010 el gobierno de Canadá pública su estrategia de política exterior hacia el Ártico, en la cual manifiesta que esta región es una de las principales prioridades del Gobierno de Stephen Harper en materia de política exterior. Así las cosas, a partir de la perspectiva teórica del realismo neoclásico la investigación se enfoca en analizar por qué la seguridad nacional y la prosperidad económica son los principales intereses de este Gobierno en la zona.

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Las estrategias de la política exterior de seguridad de Japón en las relaciones con la península coreana durante el periodo de 1991-2006, estuvieron determinadas por los cambios estructurales durante la post-Guerra Fría y la nueva distribución de capacidades. A la luz del neorrealismo, se sostiene que Japón ha planteado las estrategias hacia cada uno de los estados de la península como respuesta a las presiones que su entorno le ofrece, teniendo como interés principal su supervivencia y la estabilidad en el noreste asiático. Por esto se sustenta que con Corea del Sur se dan estrategias en las que se busca trabajar conjuntamente para mantener la balanza de poder, mientras que con Corea del Norte se evidencian acciones netamente defensivas y disuasivas. Para desarrollar lo anterior se realizó una comparación de las estrategias de seguridad japonesa, partiendo de los mismos conceptos teóricos y las mismas temáticas en cada capítulo.

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Es indiscutible que en Colombia a partir de la Constitución Política de 1991 se plantea una fórmula nueva en el constitucionalismo al introducir el concepto de democracia participativa para calificar el sistema de gobierno que nos rige

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los principios y valores constitucionales y siguiendo el debido proceso. Calidad: se refiere al derecho que tiene el educando de recibir la enseñanza adecuada para lograr los fines y propósitos de la educación; para ello ya se ha avanzado en cuanto al diseño de estándares mínimos de calidad para cada una de las asignaturas en primaria y en bachillerato; y en educación superior, se va en camino de asegurar la calidad a través de la acreditación de cada uno de los programas profesionales que ofrecen las instituciones de educación superior, tanto a nivel de pregrado como de postgrado, lo mismo que con la acreditación institucional de cada Universidad. c) Obligación (también derecho) de definir los contenidos del currículos escolares: en este preciso caso es donde mejor se revela el Estado como docente. d) Obligación de vigilancia y control: con ello se busca asegurar que la prestación del servicio de educación, ya prestado por el mismo Estado o ya por los particulares, se haga en las condiciones y con los requisitos que exige la prestación de todo servicio público.

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Se realizará una revisión Constitucional, legal y conceptual de los principios orientadores de la función pública en Colombia. Posteriormente, se tratará de mostrar la dicotomía entrelos mandatos contenidos en dicho marco normativo y su aplicación en la cotidianidadde la gestión

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Este trabajo identifica la forma como la caricatura política de Alfredo Greñas1 puedeser interpretada como mecanismo que hace una representación del proyecto políticode la Regeneración de Rafael Núñez

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En este trabajo se propone la teoría de los convenios de la administración, bajo la concepción de que esta figura –el convenio de la administración- constituye un género que además de ser un instrumento negocial diferente del contrato administrativo6, involucra dos grandes tipos

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El proyecto que se presenta es el resultado de un esfuerzo considerable de búsqueda, depuración y procesamiento de información, acerca de la inversión pública en cultura realizada a través deI Instituto Colombiano de Cultura,

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Desde el inicio de su primera gestión presidencial, en el año 2002, el presidente Álvaro Uribe Vélez convirtió el concepto de Seguridad Democrática en un término recurrente para invocar una política de seguridad que legitimara la acción del Estado contra las principales amenazas identificadas por los colombianos: el terrorismo (condensado en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC - EP) y el narcotráfico. La presente investigación tiene como objetivo discutir si este discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez que privilegia, entre los años 2002 y 2004, una política del miedo, fue una estrategia de marketing del miedo o fue una estrategia de profundización democrática.

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Esta investigación busca analizar la incidencia de la opinión pública en la agenda, a partir de herramientas de comunicación facilitadas por Internet. El uso de redes sociales ha incrementado exponencialmente a nivel global y esto ha roto el monopolio informativo que anteriormente tenían los grandes medios masivos de comunicación. Twitter, se ha convertido en el medio predilecto dederes de opinión, medios informativos tradicionales y personas del común, para expresar opiniones y sondear las de los demás. Esta masa crítica que se desarrolla a través de la red ha logrado tener un impacto político muy alto, que ha desatado grandes debates a nivel nacional. El uso riguroso de esta red social y su incidencia en la agenda pública por parte de Álvaro Uribe, señalan una estrecha relación entre opinión y su vigencia política. La tecnología ha hecho que algunas teorías tradicionales sobre el poder deban re evaluarse.

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El interés de esta investigación se centra en analizar el rol protagónico que han adquirido las acciones constitucionales en la participación política de la comunidad LGTBI, encaminada a la aprobación del matrimonio igualitario en Colombia, a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991. Para este propósito, el estudio presenta un diagnóstico sobre las falencias y limitaciones que ha presentado la representación política y de los mecanismos de participación ciudadana para solventar las reivindicaciones de las parejas del mismo sexo. En consecuencia, la investigación evidencia de qué manera la sub-representación de los intereses de esta comunidad en el Congreso de la República y la sub-utilización de los mecanismos de participación política causadas por las deficiencias en su diseño e implementación, impulsaron a la población LGTBI y los defensores de sus derechos a canalizar su participación política a través de la presentación de acciones constitucionales.

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La del acceso a la tierra y su distribución, ha sido una problemática transversal a la historia de los conflictos sociales en el país. En el caso de los pueblos indígenas, la existencia de todo un marco jurídico nacional e internacional que reconoce sus derechos territoriales, así como de importantes avances que a este punto se han producido en cuanto a titulación de tierras de resguardo en nuestro país, fueron dos factores que invitaron a preguntarnos en este trabajo por las dinámicas que, a pesar de ello, subyacen a un permanente desconocimiento de tales derechos. Con este objeto, en él se caracterizan las disputas que, desarrolladas en el marco del ordenamiento jurídico e institucional de la Constitución Política de 1991, han llevado a la existencia de una contraposición entre el reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Desde una perspectiva crítica, la mirada propuesta presenta un abordaje a tales disputas que abarca una aproximación a sus antecedentes históricos y posterior configuración a instancias de la expedición de las normas, la formulación de las políticas y el ejercicio del control judicial constitucional, en los años posteriores a 1991. Resultado de tal caracterización, se demuestra de qué manera dichas pugnas, que tienen expresiones normativas, administrativas y judiciales, y a su vez son determinadas por factores sociales, políticos, económicos y culturales, han llevado a la existencia en nuestro país, de una brecha de implementación de tales derechos.

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Análisis de los derechos de contenido real a favor del particular concesionario de una vía estatal en Colombia

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El Estatuto General de Contratación colombiano (Ley 80 de 1993 y normas que lo aclaran, complementan y desarrollan), como desarrollo de los artículos 4 y 209 de la Constitución Política y como ejemplo de la implantación de nuevas maneras de entender el derecho administrativo, habilita a las entidades estatales sujetas al estatuto general de contratación, en aras de alcanzar sus fines constitucionales y legales, para acudir a contratos del derecho privado, plasmados en normas especiales y aquellos derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, sin que ello se oponga al principio de legalidad, piedra angular del derecho público. No obstante esta autorización legal expresa, el uso de contratos atípicos es muy limitado.

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Consiste en el diseño de un modelo de participación política para planear la política cultural de Cajicá, que identifique las necesidades de los actores sociales. Específicamente se diseñará un proceso de planeación participativa con los actores políticos y sociales de Cajicá, el cual tendrá como resultado la formulación del plan decenal de cultura municipal.