941 resultados para Flujo de caja libre


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La Constitución colombiana le ofrece a los constituyentes la posibilidad de la cooperación voluntaria en el mercado, el cual se traduce en un sistema competitivo y de libre empresa que presupone la libertad de realizar todo tipo de transacciones de bienes y servicios sin otras restricciones que el derecho de los demás a hacer lo mismo. Pero en muchas ocasiones dichas libertades se exceden de tal forma que los instrumentos que nos da la Constitución afectan a los ciudadanos, especialmente a los consumidores. Por lo tanto, el propósito de este trabajo es dar respuesta al siguiente interrogante: ¿La Corte Constitucional Colombiana, en sus sentencias fundamentadas en los principios constitucionales de libre empresa, libre competencia y libertad económica garantiza el bienestar del consumidor colombiano? Este interrogante nace para confirmar si en Colombia el consumidor es “la parte débil del acuerdo”, teniendo presente que en el tráfico de masa es donde se puede visualizar al consumidor como la parte débil de las relaciones de consumo, es donde se verifica que en los hechos no existe una presunta igualdad entre los agentes económicos –empresario y consumidor-. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó como fuente primaria la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana entre los años 1992 y 2007, ya que a partir de la Constitución de 1991 aparece el juez constitucional a través de la jurisprudencia como un creador consistente de sub-reglas constitucionales y no simplemente como un aplicador pasivo de los textos superiores, observando el derecho mucho más allá de la norma, es así como esta investigación logra una cercanía con la realidad: “las circunstancias que se denuncian a través de demandas de inconstitucionalidad y acciones de tutela”. Es así como esta tesis presenta: 1. Para cada principio constitucional económico (libertad económica, libertad de empresa y libertad de competencia) un conjunto de sub-reglas constitucionales según los escenarios constitucionales en los que se desarrolla. 2. Escenarios constitucionales, como el patrón fáctico en el que la Corte ha especificado, mediante sub-reglas, el significado concreto de los principios constitucionales económicos antes mencionados. 3. La relación que se puede deducir con dichas sub-reglas entre cada principio y el bienestar al consumidor. Palabras claves: principios constitucionales económicos, libertad económica, libertad de empresa, libertad de competencia económica, consumidor, jurisprudencia, Corte Constitucional.

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Este trabajo tiene por objeto estudiar los aspectos ambientales y ecotributarios de los dos principales acuerdos en materia de libre comercio que ha suscrito México (TLCAN y TLCUEM). La consideración que se hace en estos acuerdos del desarrollo sostenible y de los instrumentos económicos con fines de protección ambiental ha impactado en la política y legislación ambiental mexicana. Este impacto ha alcanzado incluso al ordenamiento tributario que ha comenzado a incorporar la finalidad de protección ambiental en sus instituciones. Se reflexiona también sobre el ALCA, cuyo acuerdo está en proceso de negociación.

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Este artículo presenta un análisis de las ventajas y desventajas que traería consigo la firma de un TLC andino con Estados Unidos. A partir del acercamiento a diferentes sectores de la economía andina, el autor determina quienes podrían ser los posibles perdedores y ganadores con la firma de un Tratado de este tipo. La inexistencia de una agenda productiva interna en cada uno de los países, es señalada como una de las principales desventajas que tienen los andinos para poder aprovechar las ventajas que representaría la firma de un TLC y para poder convertir en oportunidades las exigencias que el mismo plantea. El desarrollo de un debate sustentado en criterios técnicos y políticos, más allá de fundamentos ideológicos, es para el autor el elemento central del cual se debe partir para determinar la conveniencia del TLC.

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El artículo presenta algunos elementos que permiten constatar que la negociación para la firma de un Tratado de Libre Comercio va más allá del tema comercial y se inscribe, tarrlbién, en una esfera política. Para esto la autora analiza lo que han sido las negociaciones para la firma del TLC entre Estados Unidos y los países andinos, señalando que en esta otra "negociación política" se ven involucrados diversos actores como empresas, ONG's, organizaciones de trabajadores, entre otros.

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El artículo, centrándose en el sector agrícola ecuatoriano, hace una descripción del estado en que se encuentran las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Ecuador. De acuerdo con el autor, en el sector agrícola, manejado como tema sensible y relevante por parte de los negociadores ecuatorianos, el ritmo de negociación ha sido desgastante para la parte ecuatoriana debido, entre otras razones, a la inflexibilidad mostrada hasta el momento por parte de los negociadores norteamericanos. Igualmente plantea y analiza dos escenarios factibles una vez concluidas las rondas de negociación: que el Ecuador decida poner un freno al proceso de negociación o que el proceso negociador continúe y las condiciones actuales se flexibilicen, especialmente por parte de los EE.UU. para facilitar la firma del Tratado.

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La autora analiza las principales exigencias que en materia de propiedad intelectual Estados Unidos hace al Ecuador en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio. Estas exigencias, señala, van más allá de la normatividad sobre propiedad intelectual ya que los países andinos cuentan con este tipo de normas, altamente funcionales a los intereses de las transnacionales farmacéuticas. Cuatro son los ámbitos en los que se ubican las exigencias norteamericanas en la materia: protección con derecho de exclusividad a la información no divulgada, condicionamiento al ejercicio de las licencias obligatorias, ampliación del tiempo de protección a las patentes y los segundos usos, y eliminación de las exclusiones a la patentabilidad. Finalmente señala que el debate sobre propiedad intelectual, más allá de su apariencia técnica, es un debate esencialmente político.

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En los textos de Empire y Multitude, Antonio Negri y Michael Hardt proponen que en el mundo actual la fuerza dominante que controla el capitalismo, y así el poder, es el Imperio. El Imperio obtiene su fuerza a través del control de la producción intelectual y su poder está ere cien - do durante este período de transición en el modelo capitalista. En este ensayo, se argumenta que los oprimidos por el Imperio, quienes conforman como clase la multitud, necesitan el software libre para crear su sueño: la democracia. Este software es a la vez el mejor ejemplo de como puede ser la democracia y una herramienta que permite la ampliación de ella. Además, su potencial en la región andina es todavía mayor por la debilidad del modelo de democracia liberal que promociona el Imperio.

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A partir de un recuento desde sus inicios, la autora examina el proceso de negociación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. El artículo analiza cómo los países latinoamericanos comenzaron a liberalizar sus regímenes de comercio e inversión y a aplicar reformas para promover la integración económica mundial. Robert describe la estructura y organización de las negociaciones del ALCA, especifica las competencias y roles de los grupos y comités de negociaciones y, finalmente, presenta un informe del progreso de las mismas, al haberse cumplido sus dos fases iniciales.

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Desde una perspectiva que pone énfasis en el logro de resultados y sus obstáculos, este artículo analiza la evolución del proceso del ALCA. Para ello, Bouzas y Svarzman dividen el análisis en cuatro momentos: l. Desde la Primera Cumbre Presidencial (Miami, 1994) hasta la segunda (Santiago, 1998).2. El período que se inicia y termina entre las reuniones ministeriales de San José y Toronto. 3. Desde la reunión de Toronto hasta el encuentro ministerial de Buenos Aires y la Tercera Cumbre Presidencial de Quebec. 4. Y un último momento que empezó en Quebec y que se cerrará con la culminación de las negociaciones en el año 2005.

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El modelo económico y de mercado de las Constituciones de 1978 y 1998, la adopción de una moneda fuerte como el dólar, los procesos aperturistas y de globalización de los mercados y de la propia economía, pero sobre todo la instauración de una “nueva” Asamblea Constituyente, han provocado una revolución frente al sistema económico y de mercado que debe ser incorporado en la nueva “Constitución Económica Ecuatoriana”, nos obliga a definir de manera clara y precisa cual debe ser el papel del Estado frente al mercado, los agentes económicos y sobre todo los consumidores, a través de la respectiva política económica. La situación micro y macroeconómica en relación con el modelo económico y de mercado que ha sido escogido y establecido a nivel constitucional no han sido desarrolladas, reguladas, ni controladas adecuadamente –a través de la ley secundaria respectiva- para hacer frente a las múltiples fallas del mercado. Todo esto con la finalidad de poder dotar de un verdadero instrumento que permita diseñar una auténtica y efectiva política económica estructural –en especial de una política de competencia-, dirigida a lograr que la economía del Ecuador se situé en la senda de un verdadero crecimiento, duradero –sustentable-, competitivo, no inflacionario, generador de empleo, distributivo y no discriminatorio a favor del interés económico general. La realidad de nuestro mercado y economía, hace que resaltemos aún más que, la eficacia de la política de competencia, no depende sólo de su capacidad para encuadrar determinadas conductas como infracciones y resolver determinados problemas de eficiencia a través de correctivos estructurales o de conducta. Sino también tiene que ver con la posibilidad de generar un ordenamiento jurídico que sea aceptado y respetado por todos los agentes económicos, y de contar con Instituciones de control fuertes –autónomas e independientes- capaces de aplicar dicho ordenamiento y que todo esto se sustente en el marco de nuestra constitución económica. Para esto debemos establecer normas de competencia modernas, eficientes, legítimas y eficaces para el Ecuador. Ese es el propósito de este trabajo, el cual pretende recoger información sobre la experiencia internacional para ser tomados en cuenta al momento de su elaboración. Para finalizar, debemos manifestar que asumimos que la Asamblea Constituyente dejará claramente establecido como parte de los derechos fundamentales, el derecho de la competencia, como parte de la política económica y social de nuestro país.

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La liberalización del comercio de bienes es un medio que establece la CAN para alcanzar sus objetivos de integración aún más ambiciosos, para lo cual ha estructurado un sistema supranacional con un órgano de tipo jurisdiccional independiente que solucione las controversias que surjan del Acuerdo. En la OMC su mecanismo de solución de diferencias se compone de elementos propios de la investigación internacional y de la conciliación, así como de ciertos procedimientos contenciosos. En ambos casos, la liberalización comercial tiene semejanzas, como su fin último de mejorar el nivel de vida de la población, y diferencias como el tipo de normativa que sustenta cada caso: Derecho Comunitario o Derecho Internacional. Ese marco institucional y normativo en el que se encuentra cada mecanismo analizado, permite que se haga un acercamiento de los objetivos de cada uno, que en definitiva se circunscriben a que la normativa que los respalda sea cumplida y de este modo se puedan alcanzar los objetivos del Acuerdo. Por ello, en el presente estudio se hace un análisis detallado y novedoso sobre aspectos puntuales de cada mecanismo, como su estructura, conformación, financiamiento, los legitimados para intervenir ante ellos, los procedimientos y plazos establecidos —que incluyen recuadros ilustrativos sobre el tiempo que debería tomar una controversia—, los tipos de decisiones que adopta cada órgano, los recursos que procede ante cada decisión, su fuerza vinculante y exigibilidad. Tras breves pero claras reflexiones sobre la necesidad de que una norma sea efectiva para que pueda ser eficaz, y sólo de este modo sea posible valorar su eficiencia, se llega a afirmar que no será por un excelente o mal mecanismo de solución de controversias que las normas sobre libre comercio serán reconocidas por los Estados parte, y por ende se cumplan sus objetivos. Sobre esa base se realiza un estudio detenido de la estadística que reflejan las causas tramitadas ante el TJCA y el OSD, a fin de valorar el nivel de actividad de cada uno, los tiempos promedios que tarda cada mecanismo en resolver las causas, y lo eficiente o no de cada etapa en que se lleva a cabo el procedimiento para solucionar la diferencia. También se analizan los costos promedios para acudir ante cada mecanismo, la relación porcentual entre los aportes de los países y su grado de intervención, para demostrar, por ejemplo, que habría más eficiencia si los países que contribuyen con financiarlos actúan de buena fe frente a la normativa correspondiente. También se valora la calidad e importancia de las decisiones y pronunciamientos emitidos por el TJCA y el OSD, a fin de medir sus costos políticos y sociales. De este modo podemos extraer criterios que miran al fiel cumplimiento de la norma como única solución a los conflictos que se presentan, y otros que buscan restablecer la reciprocidad de intereses potencialmente afectada ante lo cual sólo caben acuerdos políticos. Ello permite concluir que si la liberalización comercial viene a ser un elemento para alcanzar un grado de integración que trascienda el libre flujo de bienes entre dos o más países, es oportuno adoptar un auténtico mecanismo de tipo jurisdiccional de solución de controversias. Si el acuerdo comercial no persigue ese tipo de integración, se deberían prever mecanismos de solución de controversias que busquen alcanzar cierta equidad entre lo preceptuado en la norma y las necesidades comerciales del momento y caso concretos.

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El trato especial y diferenciado (TED) es uno de los puntos cruciales dentro de las negociaciones en marcha del Área de Libre Comercio de las Américas –ALCA-, ya que su aplicación permitiría enfrentar de mejor manera las grandes diferencias de desarrollo entre las economías del Hemisferio, consecuentemente, la obtención de resultados más balanceados de la liberalización comercial. La investigación gira en torno a determinar las posibilidades reales de aplicación del TED, concluyéndose que sí es posible bajo principios enmarcados en el desmantelamiento de los subsidios y las barreras proteccionistas para-arancelarias por parte de los países de mayor desarrollo, un marco regulatorio fuerte que permita certidumbre y transparencia a los agentes comerciales, la implementación de un coherente programa de cooperación hemisférica que se dirija a lograr una fuerte vinculación entre las políticas comerciales y las políticas del desarrollo, y la flexibilidad para los países en desarrollo en el cumplimientos de sus obligaciones. También se resalta que debido a la redefinición que ha sufrido el TED en la mayoría de acuerdos de “nueva generación” desde los 90’s, se hace indispensable de un lado, definir una “agenda positiva” es decir propositiva, y de otro lado, profundizar los acuerdos regionales latinoamericanos como una estrategia para contrapesar el poder de los países del norte.

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El presente trabajo tiene como propósito fundamental el de dilucidar la disyuntiva que el Ecuador tiene a futuro en sus relaciones comerciales con el norte: si continuar amparados bajo la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (LPAA), que es temporal y de naturaleza precaria; o, aceptar el reto de integrarnos a la Zona Hemisférica de Libre Comercio (ZHLC) que, aunque responde a los intereses de los Estados Unidos, presta mayores garantías para los países en desarrollo por las razones económicas, jurídicas y políticas expuestas en este trabajo. Con tal propósito, en primer lugar, se reseña las tendencias actuales en la economía mundial, asi como los procesos de integración en América Latina desde la perpespectiva de sus vinculaciones con procesos mas amplios; para entonces examinar las implicaciones de la LPAA para el Ecuador, en el marco de la Iniciativa para las Américas, asi como el desempeño que ha registrado el comercio ecuatoriano en relación con los Estados Unidos, como preludio para ahondar en la naturaleza de los cambios que plantea el establecimiento de la ZHLC. Esto abarca un estudio del Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado entre Estados Unidos, Canadá y México, como vehículo que impulsa la interrelación de los actuales modelos de integración; para lo cual, se analiza la adhesión de los demás países del continente a sus reglas, poniendo énfasis en la incorporación del Ecuador a la ZHLC al evaluar las ventajas que se vislumbran de su establecimiento. Finalmente, se examina qué ha hecho el Ecuador frente a éste desafío y sobretodo, cuál es el camino que le falta por recorrer.

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La eficiente gestión administrativa es un elemento competitivo en el ámbito empresarial y con mucha más razón se vuelve un desafío dentro de las empresas de servicios de transporte, en el Ecuador la movilidad demanda un cambio y esto ha impulsado a las autoridades a través de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, y las ordenanzas municipales, proponer que las empresas de transporte trabajen bajo la el modelo deCaja Común”. En el transcurso de los siguientes capítulos se presentan los fundamentos teóricos de la metodología para gestión administrativa de la caja común y la aplicación de esta en empresas de servicio de transporte.La evaluación se centró en medir el cumplimiento de las fases del proceso administrativo, y el conocimiento de la caja común y su implementación encontrándose que existe un marcado desconocimiento de la puesta en marcha pese a la existencia de la obligatoriedad de la ley. Debido a ello, se propone una metodología para la gestión administrativa de la caja común que puede ser aplicada en empresas de servicio de transporte de pasajeros urbanos, caso, Compañía de Transportes Guadalajara S.A. que incluye tres fases secuenciales, diseñado con base a la fundamentación teórica, a las mejores experiencias observadas en el Ecuador y a las prácticas que son necesarias para la eficiente gestión de este tipo de instituciones.

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Una de las paradojas de la globalización comercial es el proteccionismo, entendiéndose como tal, a las medidas que adoptan los estados para proteger sus industrias locales. Los acuerdos de liberación arancelaria resultan insuficientes, ya que el acceso a mercados de países desarrollados se ve limitado por medidas no arancelarias, que en primera instancia, son emitidas con el fin de proteger la salud y la vida de los habitantes de un territorio así como proteger el medio ambiente; pero su errónea aplicación, las ha convertido en medidas proteccionistas que limitan el libre flujo comercial de bienes y servicios. La falta de transparencia y la falta de intercambio de información sobre las medidas no arancelarias, deriva en dificultades para los países en desarrollo que requieren identificar cuáles son aplicables a sus productos de exportación. El propósito de este trabajo de investigación es identificar las medidas no arancelarias aplicadas por uno de los mercados más importantes para el Ecuador, la Unión Europea, al comercio de uno de sus principales productos de exportación, el atún en conserva y realizar una propuesta de trabajo para evitar que estas medidas se conviertan en obstáculos innecesarios al comercio de este importante producto ecuatoriano.