898 resultados para Arcilla - Aspectos ambientales


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Este documento presenta una amplia revisión de la evolución de la política agrícola durante los noventa, con un particular énfasis en lo relacionado al Acuerdo de la Organización Mundial de Libre Comercio sobre la Agricultura. La política sectorial se caracteriza a través de programas, organizaciones y arreglos institucionales tanto verticales como horizontales

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Elaboración de un calendario multicultural por alumnos de sexto curso. A partir del conocimiento de los principales aspectos identificadores de otras culturas muy próximas debido a la inmigración se reflexiona sobre la propia diversidad cultural.

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Esta tesis doctoral presenta los resultados de la investigación realizada por la autora sobre desarrollo sostenible, grandes proyectos de minería de oro y derechos humanos en países en desarrollo como Brasil y Colombia. En este trabajo doctoral fueron seleccionados dos grandes proyectos de minería aurífera, uno en Brasil y el otro en Colombia, ambos ejecutados por la misma empresa minera en contextos geográficos y condiciones ambientales similares. El objetivo fue realizar un estudio comparativo de las diferentes legislaciones ambientales y mineras, las instituciones, las políticas nacionales y la protección de los derechos humanos de las comunidades impactadas por los proyectos mineros en cada país. La metodología utilizada para esta investigación doctoral, en primer lugar, consistió en la revisión de fuentes primarias y secundarias, a través de la literatura disponible en español, portugués e inglés sobre los grandes ejes temáticos del estudio. En segundo lugar, se utilizó la metodología de derecho comparado para el análisis de las legislaciones de Brasil y Colombia y finalmente, se realizaron visitas de campo a cada uno de los proyectos seleccionados y se trabajó con autoridades ambientales nacionales. Algunas conclusiones de la investigación señalaron que para garantizar la efectividad del derecho ambiental, el desarrollo sostenible y los derechos humanos en grandes proyectos mineros se requiere: •Fortalecer las legislaciones y las instituciones mineras y ambientales y en particular el proceso de licenciamiento ambiental. •Fortalecer la capacidad del Ministerio Público y de los jueces involucrados que deciden casos ambientales. •Reconocer el rol fundamental de los derechos procedimentales ambientales para resolver conflictos socioambientales, esto es, el empoderamiento de las comunidades con información de calidad y mecanismos de participación y justicia ambiental efectiva para la adecuada protección de derechos colectivos. •Incorporar el enfoque de derechos humanos en la gestión ambiental.

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Se plantea si el modelo típico de agrupamiento de los niños en infantil y primaria, a partir de su edad, es el más adecuado. Así se presenta una forma diferente basada en los intereses y capacidades, de forma que resulten unos grupos más homogéneos. Con estos grupos se pretende también aumentar la participación de los propios niños al trabajar con compañeros similares.

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La presente investigación tiene como objetivo, determinar la manera a partir de la cual, las posibles consecuencias de la actividad carbonífera en el complejo minero de El Cerrejón, sobre las necesidades básicas humanas de la población del municipio de Albania Guajira, pueden ser consideradas como un fenómeno de violencia estructural.

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El presente estudio de caso parte analizando el proceso de ocupación y despojo de la tierra en el Caquetá, con el objetivo de mostrar las formas de usurpación histórica legales e ilegales, que han dado paso a la consolidación de una estructura de poder desigual y violento. Sobre este escenario inequitativo y violento se pone de manifiesto como la puesta en marcha de la política minero-energética es el resultado de un proceso de negociación entre empresas y gobernantes, que tiene por objetivo vaciar los territorios para recrear nuevos espacios sobre los cuales sea posible reproducir la dinámica de acumulación capitalista, ahondando de paso, las desigualdades, la marginación de la población campesina y la violencia en los territorios en donde se posa dicha estrategia. Este análisis se enmarca, principalmente, en la perspectiva de Saskia Sassen sobre el Estado Corporativo y la perspectiva de David Harvey sobre las nuevas formas del capitalismo.

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El objetivo de la presente investigación es estudiar la movilidad social en Colombia en el ámbito regional. Colombia tiene uno de los más altos índices de concentración del ingreso en el mundo y amplias disparidades económicas a nivel regional, que han sido persistentes en el tiempo. En este trabajo se estudia uno de los factores determinantes de dicha persistencia: baja movilidad social de las generaciones. Los resultados confiman los bajos niveles de movilidad intergeneracional en la educación, aunque se reportan mejorías. Además, se encuentra una fuerte asociación entre el ingreso de una región y el grado de movilidad social. También, hay una correlación negativa y significativa entre el grado de desigualdad en los ingresos de una región y el grado de movilidad social. Esta investigación representa un primer esfuerzo por relacionar las condiciones de movilidad social con las de desigualdad, avanzando en el estudio de la transmisión intergeneracional de las desigualdades en Colombia.

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En los ??ltimos a??os estamos asistiendo desde los servicios en la red de drogodependencias a fen??menos que nos plantean nuevos interrogantes. La marginidad de los sujetos se agrava por el actual momento tecnol??gico que vivimos y los efectos de segregaci??n que ??ste produce en los sectores m??s desfavorecidos. Para entender estas nuevas necesidades se propone un recorrido que incluye, no s??lo algunos de los aspectos de las drogodependencias, sino unas reflexiones sobre las nociones de inadaptaci??n social y de sujeto social.

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Introducción: La exposición en minas subterráneas a altos niveles de polvo de carbón está relacionada con patologías pulmonares. Objetivo: Determinar la prevalencia de neumoconiosis, medidas de higiene y seguridad industrial y su relación con niveles ambientales de carbón en trabajadores de minas de socavón en Cundinamarca. Materiales y Métodos: Estudio de corte transversal, en 215 trabajadores seleccionados mediante muestreo probabilístico estratificado con asignación proporcional. Se realizaron monitoreos ambientales, radiografías de tórax y encuestas con variables sociodemográficas y laborales. Se emplearon medidas de tendencia central y dispersión y la prueba de independencia ji-cuadrado de Pearson o pruebas exactas, con el fin de establecer las asociaciones. Resultados: El 99,5% de la población perteneció al género masculino, el 36,7% tenía entre 41-50 años, con un promedio de años de trabajo de 21,70 ± 9,99. La prevalencia de neumoconiosis fue de 42,3% y la mediana de la concentración de polvo de carbón bituminoso fue de 2,329670 mg/m3. El índice de riesgo de polvo de carbón presentó diferencias significativas en las categorías de bajo (p=0,0001) y medio (p=0,0186) con la prevalencia de neumoconiosis. El 84,2% reporto no usar mascarilla. No se presentan diferencias entre los niveles de carbón (p=0,194) con la prevalencia de neumoconiosis. Conclusiones: Se encontró una prevalencia de neumoconiosis de 42,3% en Cundinamarca. Se requiere contar con medidas de higiene y seguridad industrial efectivas para controlar el riesgo al que están expuestos los mineros de carbón por la inhalación de polvo de carbón.

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Introducción: El uso de sustancias químicas como protección contra plagas es una práctica común en las floriculturas, la aplicación de los conceptos de manejo integrado de éstas resguarda los cultivos asegurando la cantidad y la calidad necesaria del producto neto requerido para satisfacer la demanda internacional. El biomonitoreo se ha utilizado en una variedad de estudios ocupacionales y ambientales para determinar exposiciones a plaguicidas. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de corte transversal en 300 trabajadores vinculados a 15 empresas, con el objetivo de caracterizar la exposición al plaguicida Metamidofos en trabajadores de empresas de flores en la Sabana de Bogotá (Cundinamarca) y Rionegro (Antioquia). Se aplicó una encuesta, la cual incluyó las variables socio demográficas, ocupacionales y toxicológicas y se recolectaron muestras de orina para determinar el plaguicida metamidofos. Resultados: Se observó que la fuerza laboral pertenecía en su gran mayoría a la zona urbana (88.5%) y se resalta la participación del género femenino en edades de entre 19 y 58 años con un promedio de 36,7 años. El oficio en el que se encontraba la mayor parte de los trabajadores fue cultivo y corte con el 52.5%. El tiempo de trabajo en el sector floricultor reportado fue mínimo de 12 (3.3%) y máximo de 22 años (6.1%). En cuanto a los elementos de protección personal, el 96.1% (344) afirma utilizarlos en su trabajo. El promedio de metamidofos al inicio de la jornada fue de 29,12 μg/l y al finalizar 15,70 μg/l. Conclusiones: Este trabajo permitió conocer el panorama de la exposición al plaguicida Metamidofos y constituye un aporte para continuar investigando sobre el tema y a la vez hacer seguimiento a los trabajadores por medio de su inclusión en programas de vigilancia epidemiológica.

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Algunos de los efectos ambientales y sociales que se pueden apreciar luego del cierre de una mina son la desaparición de acuíferos, la existencia de aguas superficiales contaminadas con sustancias químicas y la afectación a la salud de las personas que viven cerca de minas abandonadas. Esta investigación busca analizar los principales aspectos jurídicos relacionados con la terminación y cierre definitivo de la operación minera desde el punto de vista social y ambiental. Para ello, se presentan los principales efectos ambientales y sociales de ésta terminación; se mencionan los aspectos jurídicos más relevantes del contrato de concesión minera y de la licencia ambiental; se exponen las obligaciones jurídicas que están a cargo tanto del concesionario minero como de las autoridades competentes respecto del cierre de la mina y el papel que asumen los entes de control frente a la terminación y cierre de la mina. Así mismo, se hace un breve análisis de derecho comparado de la regulación en España y Estados Unidos sobre éste tema. Finalmente, se presentan los resultados de la revisión de los expedientes administrativos que fueron proporcionados por la Agencia Nacional de Minería, en los cuales se determina la aplicación y cumplimiento en la práctica de estas obligaciones jurídicas del concesionario minero al término del contrato. Con base a los resultados obtenidos, se puede concluir, en primer lugar, que las obligaciones a cargo de los concesionarios mineros no están claras por parte de la regulación minera y ambiental; en segundo lugar, que la regulación en cuanto al cierre de minas en España y Estados Unidos es más ordenada, completa y específica y; en tercer lugar, en relación con los expedientes analizados, se puede observar que los concesionarios y las autoridades competentes no están cumpliendo sus respectivas obligaciones.

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Este trabajo es el resultado del proyecto de investigación financiado por Colciencias y la Universidad del Rosario, que incorporó la Cátedra Viva Intercultural, constituyéndose así un escenario para el intercambio de saberes y constumbres propias de las comunidades étnicas de nuestro país. Un espacio en el que se reconocen afrocolombianos, indígenas, gitanos, y raizales, y se analiza su realidad social y la jurisprudencia que garantiza la efectividad de sus derechos. El presente texto contiene un estudio metodológico para consolidar el proceso de enseñanza de los saberes tradicionales de las comunidades étnicas en el aula universitaria. Es un documento guía para las futuras cátedras étnicas, dirigido a estudiantes, docentes y a entidades gubernamentales y ONG que trabajen por el respeto de la diversidad étnica de Colombia.El presente texto contiene un estudio metodológico para consolidar el proceso de enseñanza de los saberes tradicionales de las comunidades étnicas en el aula universitaria. Es un documento guía para las futuras cátedras étnicas, dirigido a estudiantes, docentes y a entidades gubernamentales y ONG que trabajen por el respeto de la diversidad étnica de Colombia.

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Los TBI (Tratado Bilateral de Inversión) o también denominado los APPI (Acuerdo de Protección y Promoción de las Inversiones) son acuerdos que buscan la Protección y la Promoción de las inversiones que hagan los nacionales de un Estado en otro Estado conocido como el “Estado Receptor”. Los TBI y APPI fueron concebidos dentro del proceso de descolonización que le siguió a la Segunda Guerra Mundial. Esto se debe a que los Estados que habían colonizado otros territorios, ahora Estados soberanos y sus nacionales, seguían teniendo fuertes lazos e intereses económicos. Con el ánimo de protegerse de posibles expropiaciones, los Estados europeos liderados por Alemania, firmaron un número importante de TBI y APPI, no solamente con sus antiguas colonias, sino con otras. De esta manera, Alemania, Suiza, Holanda, Italia, Bélgica y Suecia suscribieron al menos cuarenta tratados de este tipo con varios Estados asiáticos, africanos y del medio oriente entre 1959 y 1965. Estados Unidos se demoró unos veinte o treinta años más, porque los estadounidenses no solamente aspiraban a obtener protección para sus inversionistas, sino que además solicitaban que se abriera y liberara la economía de los Estados firmantes. Finalmente, fue en la administración de Ronald Reagan que los Estados Unidos comenzó a suscribirlos.

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Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.