807 resultados para privacy violations
Resumo:
El propósito de esta monografía es analizar el rol de la ONUCI en la crisis política de Costa de Marfil, en el periodo 2010-2011. Para ello se realizará, en primer lugar, un estudio histórico y político de la situación del país, con precisión en los años 2010-2011. Luego se indagará sobre los objetivos, la instauración de la Operación, las alianzas y la efectividad de su mandato en Costa de Marfil, para poder tener más claridad sobre el sujeto de estudio y su rol preciso. Finalmente, siguiendo con la teoría constructivista de Alexander Wendt y sus aportes conceptuales sobre la identidad y el interés, se examinará el rol de la ONUCI frente a sus dos dimensiones de trabajo: la paz y la lucha contra la violación de Derechos Humanos.
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Objectives: To evaluate the prophylactic efficacy of the human papillomavirus (HPV) quadrivalent vaccine in preventing low grade cervical, vulvar, and vaginal intraepithelial neoplasias and anogenital warts (condyloma acuminata). Design: Data from two international, double blind, placebo controlled, randomised efficacy trials of quadrivalent HPV vaccine (protocol 013 (FUTURE I) and protocol 015 (FUTURE II)). The trials were to be 4 years in length, and the results reported are from final study data of 42 months' follow-up. Setting: Primary care centres and university or hospital associated health centres in 24 countries and territories around the world. Participants: 17 622 women aged 16-26 years enrolled between December 2001 and May 2003. Major exclusion criteria were lifetime number of sexual partners (>4), history of abnormal cervical smear test results, and pregnancy. Intervention: Three doses of quadrivalent HPV vaccine (for serotypes 6, 11, 16, and 18) or placebo at day 1, month 2, and month 6. Main outcome measures: Vaccine efficacy against cervical, vulvar, and vaginal intraepithelial neoplasia grade I and condyloma in a per protocol susceptible population that included subjects who received all three vaccine doses, tested negative for the relevant vaccine HPV types at day 1 and remained negative through month 7, and had no major protocol violations. Intention to treat, generally HPV naive, and unrestricted susceptible populations were also studied. Results: In the per protocol susceptible population, vaccine efficacy against lesions related to the HPV types in the vaccine was 96% for cervical intraepithelial neoplasia grade I (95% confidence interval 91% to 98%), 100% for both vulvar and vaginal intraepithelial neoplasia grade I (95% CIs 74% to 100%, 64% to 100% respectively), and 99% for condyloma (96% to 100%). Vaccine efficacy against any lesion (regardless of HPV type) in the generally naive population was 30% (17% to 41%), 75% (22% to 94%), and 48% (10% to 71%) for cervical, vulvar, and vaginal intraepithelial neoplasia grade I, respectively, and 83% (74% to 89%) for condyloma. Conclusions: Quadrivalent HPV vaccine provided sustained protection against low grade lesions attributable to vaccine HPV types (6, 11, 16, and 18) and a substantial reduction in the burden of these diseases through 42 months of follow-up. Trial registrations: NCT00092521 and NCT00092534.
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Los servicios de inteligencia en Colombia han operado durante casi sesenta años sin una regulación integral que demarque sus funciones y sus límites. Recientemente fue aprobado en el Congreso de la República, y en gran parte avalado por la Corte Constitucional, un proyecto de ley que pretende poner fin a esta omisión histórica. El presente artículo tiene como propósito revisar qué tan adecuada resulta la regulación que este proyecto de ley hace de dos aspectos relacionados con los servicios de inteligencia –el alcance del secreto y los controles a su funcionamiento– de cara a la protección de derechos como la intimidad, el acceso a la información y la verdad. La tesis que se defiende es que este proyecto de ley prevé aspectos positivos con relación a los dos temas mencionados, pero deja abiertos vacíos importantes que pueden llevar a que los servicios de inteligencia se aparten de sus funciones y sean utilizados para desconocer los derechos de las personas.
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En el año 2011, después de cuatro años de cabildeo y forcejeo político, Colombia aprobó la Ley 1448, más conocida como la Ley de Víctimas. Los objetivos perseguidos por esta ley son bastante amplios, en la medida en que pretende ser una regulación comprensiva para enfrentar los efectos que el conflicto armado ha infligido en la población civil. En este sentido, la ley incluye las reformas legales que fueron consideradascomo necesarias para restablecer el estado de derecho a través de la proteccióny cumplimiento de los derechos de las víctimas. Actualmente, el gobierno, la sociedad civil y la academia se han enfocado en el análisis de los dilemas y grandes temas dela ley. Sin embargo, esta nueva regulación, con sus 208 artículos, es más amplia y compleja, razón por la cual es indispensable hacer un análisis más detenido de sus múltiples provisiones. Una de estas, que parece no haber llamado la atención y que, por lo tanto, no ha sido objeto de estudio pormenorizado es el artículo 46. A primera vista, este parece estar encaminado a reforzar la investigación y juzgamiento de las personas jurídicas relacionadas con violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el contexto colombiano. Este texto examina específicamente los alcances reales y dilemas del artículo, y propone algunas soluciones para llenar la laguna que existe actualmente en el país en la materia.
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The Inter-American system for the protection of human rights provides that disputesbetween States and victims of human rights violations or their representatives can beresolved through a friendly settlement. In this arrangement, conducted before the regionalorgans of protection of human rights, the State accepts its international responsibility,commits itself to investigate and judge the responsible and makes commitmentson compensation to the offended, the victims, on his part, renounce to take the caseto the Inter-American Court of Human Rights, and the Inter-American Commissionmonitors the legal consistency of the agreement and holds the role of independentobserver. What are these agreements, what possibilities and limitations provide to theopposing parties and, above all, what kind of reparation offer to victims of humanrights violations are issues to resolve in this article.
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En el presente trabajo se analiza la obligación de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana referente a la constitucionalidad del Marco Jurídico para la paz. De la aparente remisión que hace la Corte Constitucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario se concluye que la Corte Constitucional propone como premisa mayor una obligación que surge de una interpretación extensiva de la Convención Interamericana. De la misma forma, se estudia el tratamiento indebido del derecho aplicable a las amnistías e indultos, que se relaciona con la necesidad de evitar cualquier tipo de impunidad, cuyo concepto sirve para esclarecer cuáles son los estándares que se quiere proteger. Por último, se analiza el contexto al que se pretende aplicar dicha obligación, es decir, la justicia transicional, proponiendo un modelo interpretativo de los fines de la pena, y su aplicación por medio de la favorabilidad penal, para la justicia transicional, que sea acorde a la interpretación de la Convención Interamericana.
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La república del Perú se ha configurado como una nación minera emergente en América del Sur, desde finales de la década de los noventa. La aplicación de las reformas neoliberales del Consenso de Washington introdujeron una visión de desarrollo sustentada a partir de la promoción de la inversión extranjera directa que provocó el auge de las industrias extractivas en departamentos como Cajamarca. En este contexto, surgieron problemas de contaminación y vulneración de los derechos ambientales, los cuales propiciaron la reorganización de sectores de la sociedad civil alrededor de movimientos sociales como Grufides a nivel local, y CONACAMI, a nivel nacional. Mediante el establecimiento de redes transnacionales con la ONG Global Greengrants Fund, se articuló una tendencia activista por medio del cual ésta se convirtió en el canalizador de las demandas de resistencia y promoción del desarrollo sostenible frente a los impactos de los proyectos mineros.
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El objeto de estudio de este trabajo de grado es determinar en qué casos la realización de actuaciones de policía judicial, realizadas directamente o previamente ordenadas por la Fiscalía General de la Nación, en adelante FGN, sometidas a control posterior por parte del juez de control de garantías, pueden comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, con posterioridad a la implementación del sistema acusatorio.
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Para maximizar los beneficios, una compañía fundamenta sus acciones en ciertas estrategias que ayudan a cumplir su objetivo de generar utilidades. Entre las diferentes acciones que una organización puede utilizar, están las de responsabilidad social y las de relaciones estratégicas con la comunidad. Partiendo de la definición de comunidad, pasando por una descripción de responsabilidad social y sus diferentes formas de aplicabilidad dentro de una empresa, hasta la definición de relación estratégica con la comunidad; esta investigación dirige sus esfuerzos a determinar el vínculo que existe entre los conceptos de responsabilidad social y relación estratégica comunitaria. Adicionalmente, se plantea que otras estrategias de relacionamiento con clientes, como el mercadeo relacional o el CRM, las cuales enfocan sus esfuerzos en conocer a cada uno de los clientes de una compañía para plantear una oferta acorde a sus necesidades, no son muy efectivas a la hora de crear un vínculo emocional con la comunidad.
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Este documento se centra en la presentación de información y análisis de la misma a la hora de establecer la manera en que empresas del sector de extracción de gas natural y generación de energía a base de dicho recurso, toman decisiones en cuanto a inversión, centrándose en la lógica que usan a la hora de emprender este proceso. Esto debido a la constante necesidad de establecer procesos que permitan tomar decisiones más acertadas, incluyendo todas las herramientas posibles para tal fin. La lógica es una de estas herramientas, pues permite encadenar factores con el fin de obtener resultados positivos. Por tal razón, se hace importante conocer el uso de esta herramienta, teniendo en cuentas de qué manera y en que contextos es usada. Con el fin de tener una mayor orientación, este estudio estará centrado en un sector específico, el cual es el de la extracción de petróleo y gas natural. Lo anterior entendiendo la necesidad existente de fundamentación teórica que permita establecer de manera clara la forma apropiada de tomar decisiones en un sector tan diverso y complejo como lo es el mencionado. El contexto empresarial actual exige una visión global, no basada en la lógica lineal causal que hoy se tiene como referencia. El sector de extracción de petróleo y gas natural es un ejemplo particular en cuanto a la manera en cuanto se toman decisiones en inversión, puesto que en su mayoría son empresas de capital intensivo, las cuales mantienen un flujo elevado de recursos monetarios.
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La presente investigación pretende demostrar que la principal estrategia estadounidense para justificar su intervención y permanencia en territorio afgano ha sido el discurso. Donde se pueden identificar dos etapas a lo largo de esta última década. Inicialmente para explicar su incursión en Afganistán se utilizó el discurso de la seguridad y la guerra contra el terrorismo, años después frente al agotamiento y la critica tanto interna como internacional, el tema de la situación de la mujer en Afganistán cobra mayor importancia y con ello a través de los diferentes pronunciamientos y la exposición de casos específicos los diferentes gobiernos intentan cohesionar la opinión internacional y nacional frente a la necesidad de permanecer con sus tropas en el territorio.
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A partir de febrero de 2014, la historia de la República Bolivariana se fracturó. El descontento popular, la protesta social y las marchas pacíficas son reprimidas como consecuencia de un abuso de poder por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las redes de información y comunicación, en los términos de Margaret Keck y Kathryn Sikkink, han jugado un papel fundamental para poner en evidencia las violaciones sistemáticas a los DD.HH., siendo estos el factor principal que vulnera la estabilidad política de la democracia venezolana. En este sentido, el desconocimiento de las garantías fundamentales, el deterioro de la democracia constitucional y el papel multiplicador de los actores transnacionales, han logrado visibilizar ante la comunidad internacional un déficit en materia de DD.HH. y con ello la debilidad de Venezuela como gobierno democrático.
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El tema central de esta monografía, es el ejercicio de construcción discursiva en torno a los Derechos Humanos (DDHH) que tiene lugar en el periodo de 1993 – 2001 con ocasión de la aprobación de la Ley Helms-Burton en los EEUU. Se trata de considerar los elementos en virtud de los cuales los DDHH pueden instrumentalizarse y politizarse con fines de reivindicación que no necesariamente coinciden con la esencia misma que los caracteriza. Ello, empleando como base teórica la proposición metodológica del Análisis Crítico del Discurso y la hegemonía, como concepto de imposición moral, intelectual y politica, de conformidad con la postulación teórica desarrollada por Antonio Gramsci.
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Al igual que ocurre en los regímenes de responsabilidad Estatal internacional y Regional -SIDH-, donde se hace una distinción entre los hechos ilícitos internacionales y las violaciones a normas Ius cogens, se plantea la posibilidad de aplicar en el régimen interno de responsabilidad estatal la denominada “responsabilidad internacional agravada”, en aquellos casos específicos de violaciones graves a derechos humanos, dada la necesidad de establecer la aludida distinción frente a la imputación del daño al Estado en ese tipo de casos.
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We study a particular restitution problem where there is an indivisible good (land or property) over which two agents have rights: the dispossessed agent and the owner. A third party, possibly the government, seeks to resolve the situation by assigning rights to one and compensate the other. There is also a maximum amount of money available for the compensation. We characterize a family of asymmetrically fair rules that are immune to strategic behavior, guarantee minimal welfare levels for the agents, and satisfy the budget constraint.