917 resultados para International public law


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La protección general atribuida en los conflictos armados no internacionales por el artículo 3 común a la población civil, de la que las niñas menores de 15 años forman parte, no depende de su filiación con alguna de las partes en el conflicto, y se extiende, en principio, a todos los actos de violencia, entre los que se encuentran los de naturaleza sexual cometidos por cualquiera de las mismas, incluyendo aquellos cometidos por los miembros de la parte en el conflicto con la que se encuentren afiliadas. Los casos contra Thomas Lubanga y Bosco Ntaganda muestran que, como regla general, las niñas menores de 15 años no desarrollan de manera prolongada actividades de participación directa en las hostilidades, por lo que, a pesar de acompañar permanente al grupo y de ser “esposas” o “compañeras” de sus comandantes, no asumen una función continua de combate y no pueden ser consideradas como miembros del mismo. Además, los actos de naturaleza sexual coercitivamente desarrollados por las niñas menores de 15 años reclutadas por las FPLC en favor de los comandantes y miembros del grupo con las que se encuentran esposadas, no cumple ninguno de los tres requisitos exigidos por el concepto de participación directa en las hostilidades porque: (a) no son idóneos para causar directamente por sí mismos el umbral de daño requerido; (b) no forman parte integral de ninguna operación militar que pudiera generar dicho umbral de daño; y (c) no poseen el nexo beligerante requerido, puesto que no están específicamente diseñados para causar un menoscabo a la parte adversa de las FLPC. Tampoco las demás actividades desarrolladas por las niñas menores de 15 años alistadas o reclutadas por las FLPC, incluyendo trabajo doméstico (donde principalmente desempeñaron tareas culinarias), transporte de comida a bases aéreas y acompañamiento a las esposas de los comandantes, cumplen, según la Sala de Primera Instancia I en el caso Lubanga, con los tres requisitos necesarios para su consideración como participación directa en las hostilidades. De ahí, que las niñas no hayan perdido en ningún momento su protección general. A todo lo anterior hay que añadir que los niños y niñas menores de 15 años, al ser una población particularmente vulnerable, gozan de una especial protección durante los conflictos armados (con independencia de su naturaleza), tal y como se manifiesta en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos adicionales de 1977, el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 y las Resoluciones 1882 de 2009, 1960 de 2010 y 2106 de 2013 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta protección especial se extiende a los actos de violencia sexual cometidos por los miembros de las fuerzas armadas nacionales o grupos armados organizados que los alistan o reclutan. En consecuencia, la protección general y especial a que son acreedoras las niñas menores de 15 años, no se limita a las agresiones provenientes de las partes adversas en el conflicto, sino que se extiende también a la violencia sexual ejercida contra ellas por los miembros del propio grupo que las alistó o reclutó, incluso en el caso de que ésta sea ejercida por los comandantes que las tomaron como esposas o compañeras. Las niñas menores de 15 años alistadas o reclutadas entre 2002 y 2003 por las FPLC de Thomas Lubanga y Bosco Ntaganda eran sin duda acreedoras de dicha protección.

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Esta monografía busca analizar la figura de la soberanía estatal en el marco del Régimen Internacional de DDHH a través del caso de derogación de Leyes de Amnistía en Perú por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, se pretende identificar la afectación de la soberanía del Estado peruano como consecuencia de la declaración de incompatibilidad y carencia de efectos jurídicos de las leyes de amnistía por parte de la Corte Interamericana, en la sentencia Barrios Altos c. Perú. En ese sentido, estudiando el concepto de soberanía estatal, en particular en la rama del poder legislativo, y su relación con las instituciones internacionales de carácter interestatal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podremos señalar cómo las decisiones de la Corte limitan el poder soberano de los Estados.

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Las enfermedades raras o huérfanas corresponden a aquellas con baja prevalencia en la población, y en varios países tienen una definición distinta de acuerdo con el número de pacientes que afectan en la población. La Organización Mundial de la Salud (OMS), las define como un trastorno que afecta de 650 a 1.000 personas por millón de habitantes, de las que se han identificado alrededor de 7.000. En Colombia su prevalencia es menor de 1 por cada 5.000 personas y comprenden: las enfermedades raras, las ultra-huérfanas y las olvidadas. Los pacientes con este tipo de enfermedades imponen retos a los sistemas sanitarios, pues si bien afectan a un bajo porcentaje de la población, su atención implica una alta carga económica por los costos que involucra su atención, la complejidad en su diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación. El abordaje de las enfermedades raras requiere un manejo interdisciplinar e intersectorial, lo que implica la organización de cada actor del sistema sanitario para su manejo a través de un modelo que abraque las dinámicas posibles entre ellos y las competencias de cada uno. Por lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad de formular políticas sanitarias específicas para la gestión de estas enfermedades, el presente trabajo presenta una aproximación a la formulación de un modelo de gestión para la atención integral de pacientes con enfermedades raras en Colombia. Esta investigación describe los distintos elementos y características de los modelos de gestión clínica y de las enfermedades raras a través de una revisión de literatura, en la que se incluye la descripción de los distintos actores del Sistema de Salud Colombiano, relacionados con la atención integral de estos pacientes para la documentación de un modelo de gestión integral.

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El presente trabajo de grado busca exponer el panorama actual de la exploración y producción de hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales, realizada utilizando el fracturamiento hidráulico – Fracking – cómo método para lograr mejores condiciones físicas en el reservorio que permitan la extracción del recurso. El método mencionado es estudiado a la luz de los principios de prevención, precaución y desarrollo sostenible, que rigen la política ambiental en Colombia, con el objetivo de analizar los posibles impactos ambientales y sociales que se puedan generar por el desarrollo de la actividad extractiva de hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales. Para finalmente mostrar que el Fracking como actividad está legalmente permitida en Colombia, y la legislación vigente responde a los principios mencionados previamente.

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El interés por comprender e interpretar los vínculos entre población y ambiente se constituyó internacionalmente en materia pública a partir de los años sesenta, cuando la posición ambientalista reconoce la necesidad de analizar la presión ejercida por las poblaciones humanas sobre el medio natural. Este campo de estudio se vuelve considerablemente  más complejo en la década de 1990, sobresaliendo las discusiones que en torno a dicha problemática plantearon las conferencias internacionales de población y ambiente. El presente estudio analiza el enfoque de las fuerzas mediadoras como perspectiva a partir de la cual se ha abordado la relación entre la dinámica demográfica y ambiental para explicar que el crecimiento poblacional per se no es la causa primera, ni el impacto más importante de la degradación ambiental. ABSTRACT Interest in understanding and interpreting the relationship between population and environment became an international public concern at the beginning of the 1960’s when  environmentalists recognized the need to analyze the pressure human population puts on  the environment. This field turned into a more complex study area in the ‘90’s decade, mostly because of the increase in discussions around the environmental and population problematic. The aim of this research is to analyze the meditational forces as trigger perspectives, from which the demography dynamics and environmentalist relationship have been understood. This perspective suggests that population growth per se is neither the primary cause nor the most important aspect of environmental degradation.

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In the last few years, a steadily increasing number of Latin American countries have been adopting policy assessment instruments and new governance structures for them, as part of their policymaking process. Even though the literature argues that these instruments serve, among other things, as tools for accountability, for this to be so, it is necessary to take into account the legal system, decision-making process, and regulatory relationships that exist in the adopting countries. This Thesis researches the policy assessment arrangements adopted and implemented in the Latin American region to understand why are these countries adopting and implementing tools for policy evaluation? Can this contribute towards regulatory accountability, and if so, in which conditions? The Thesis first analyzes the rationales that these countries might have to adopt these regulatory policy arrangements. It then studies the various tools used for policy assessment, paying attention to the scope of the assessments, the times and the stages on which regulations are assessed, referred to as the Policy Evaluation Cycle (PEC), as well as to the governance of these processes. The Thesis develops a framework where each of these components are organized and classified based on which goals or rationales they serve. This can assist countries on deciding how to implement their policy evaluation arrangements, to serve their own goals. Since all of the studied countries have presidential systems, this Thesis studies how regulations are made in this system, and the multiple needed delegations for policymaking, which results in various regulatory relationships. Thus, the desired accountability of policymakers towards their different forums makes relevant the adoption this agenda for regulatory accountability reasons. Bringing to together the literatures on public law, accountability and policy evaluation, this Thesis builds a framework for assessing the contribution towards accountability that each stage of the PEC might have in a specific regulatory relationship. The framework shows to which degree the stages, and the cycle as a whole, contribute towards accountability in specific relationships of a presidential constitutional system. The results evidence that even when a policy assessment structure might contribute towards accountability, this contribution is not absolute as it only operates in specific regulatory relationships, and even more, only in some stages of the PEC contributing at different degrees. This framework can be used by governments or regulatory agencies as an instrument to assess the contribution to accountability of their existing or potential regulatory policy structures in order to improve it.

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La presente tesi affronta l’evoluzione dei rapporti tra costituzionalismo democratico e diritto sovranazionale in Europa. L’ipotesi della ricerca si basa sull’idea che l’aumentare sempre più incessante negli ultimi decenni di conflitti costituzionali tra i due ordinamenti sia dovuto ad una loro differenza di fondo, di cui una parte importante è rappresentata dall’assenza della questione sociale nel diritto sovranazionale. Il primo capitolo si occupa di analizzare le principali teorie giuridiche che hanno fornito l’habitus teorico per leggere il processo di integrazione, giustificando l’adozione di una lettura delle dinamiche ordinamentali attraverso il prisma dei conflitti e della costituzione materiale. Nel secondo capitolo si volge lo sguardo all’analisi del diritto giurisprudenziale, suddiviso in due blocchi: un primo in cui – dopo aver approfondito alcuni capisaldi del diritto sovranazionale – si confrontano i due sistemi, in maniera statica, su alcuni temi (principio di non discriminazione, libertà di impresa e il bilanciamento con interessi collettivi, i diritti di pressione democratica, ecc.) per mettere in luce i diversi approcci; un secondo blocco in cui, invece, si studiano, in maniera più dinamica, le diverse perturbazioni che hanno interessato i rapporti tra ordinamenti, di cui una prima si è sviluppata sul rispetto dei diritti fondamentali da parte del diritto sovranazionale, mentre una seconda, ancora in corso, si concentra sul discorso sull’identità costituzionale. Nel terzo capitolo, in chiusura, si prova a sviluppare – sulla base delle risultanze del dibattito teorico e dell’analisi giurisprudenziale – una proposta finale che cerchi di unire la questione sociale e il discorso sull’identità costituzionale nel diritto pubblico europeo, che abbia alla sua base un nuovo e più centrale ruolo che dovranno svolgere le Corti costituzionali nello sviluppo delle dinamiche ordinamentali, al fine di far emergere alcuni conflitti di valore assenti nello spazio pubblico europeo.

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The thesis deals with standing and justiciability in climate litigation against governments and the private sector. The first part addresses the impacts of climate change on human rights, the major developments in international climate law, and the historical reasons for climate litigation. The second part analyses several cases, divided into categories. It then draws to a comparative conclusion with regard to each category. The third part deals with the Italian legal tradition on standing and justiciability – starting from the historical roots of such rules. The fourth part introduces the ‘Model Statute’ drafted by the International Bar Association, arguing that the 'ratio legis' of this proposal could be implemented in Italy or the EU. The thesis develops arguments, based on the existing legal framework, to help plaintiffs establish standing and justiciability in proceedings pending before Italian courts. It further proposes the idea that 'citizen suits' are consistent with the Italian and EU legal tradition and that the EU could rely on citizen suits to privately enforce its climate law and policies under the ‘European Green Deal.’

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Il soft power di uno Stato è l’immagine che questo dà di sé agli altri, ed è naturalmente riempito di suoi ideali e valori, della sua lingua e delle sue conoscenze. La cultura, nella sua più ampia declinazione, in tal senso si rivela uno strumento diplomatico rilevante nella politica estera dello Stato. Questa può affermarne la presenza, preservarne l’identità, sviluppare forme di solidarietà, favorire obiettivi politici attraverso l’influenza del pubblico internazionale. La diplomazia culturale italiana negli anni di guerra fredda si è rappresentata come “strada operativa” particolare nel più ampio ventaglio di scelte di politica estera del nostro paese, a volte precorrendo le mire e gli obiettivi della diplomazia cosiddetta “tradizionale”. La cultura ha offerto all’Italia una prospettiva aggiuntiva nei termini del dialogo internazionale, ponendosi come canale privilegiato di relazioni difficilmente concertabili altrimenti nel corso della seconda metà del Novecento, segnata dal conflitto bipolare. Nella sua tensione verso la pace e la stabilità, con il suo costante richiamo ai diritti ed ai valori della democrazia, la diplomazia culturale italiana ha potuto inoltre vantare un contributo non secondario nella transizione dalle dinamiche internazionali segnate dalla guerra fredda alla determinazione delle relazioni internazionali propriamente post-bipolari.

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Versão online da Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte, nº 107, pp. 149-200, jul./dez.2013

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At the second meeting of the focal points appointed by the Governments of the signatory countries of the Declaration on the application of Principle 10 of the Rio Declaration on Environment and Development in Latin America and the Caribbean, which was held in Guadalajara, Mexico, on 16 and 17 April 2013, a decision was made to form working groups to advance towards the creation of a regional instrument. Thus, a working group on access rights and the regional instrument was formed for the purpose of gaining more in-depth knowledge on access rights in order to make a proposal on the nature and scope of the application of a regional instrument. At its first meeting, the working group determined that a study describing the different types of international instruments would be useful in helping it achieve its objective. This report explores the different types of instruments that are used in public international law, with an emphasis on the instruments that are relevant to Principle 10. The report has three chapters, which are as follows. The first chapter analyses the term “international instrument” and discusses the distinction between binding and non-binding legal instruments, illustrated with examples. The second chapter describes the function of implementation and compliance mechanisms in an international instrument, providing examples of these mechanisms. The third chapter presents the multilateral and regional instruments relevant to access rights regarding information, participation and justice in environmental matters in Latin America and the Caribbean.

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This document summarizes the development and conclusions of the sixth meeting of the working group on access rights and the regional instrument held virtually on August 1st, 2014. The meeting, which was for information purposes only, had the aim of advancing in the discussions on the nature of the regional instrument by holding a round table discussion with the renowned experts in Public International Law.

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