999 resultados para TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Resumo:
Este artículo asume que uno de los problemas contemporáneos más acuciantes es la enorme dificultad de relacionarnos con la diferencia, cualquiera que esta sea, y de construir formas de convivencia que superen las visiones dominantes basadas en las jerarquizaciones. el derecho no es ajeno a esta interpelación. En cada sentencia encontramos una disputa para dar sentido y significado a los derechos que están en juego en el caso concreto, tal disputa está ligada a las creencias, ideologías, formas de entender el mundo de quienes juzgan. es así que en este estudio analizo sentencias emitidas por las cortes constitucionales de ecuador y Colombia, para ensayar contestaciones a la interrogante: ¿Cómo responde la justicia constitucional ecuatoriana y colombiana en los casos que afronta la diferencia?
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El presente trabajo establece los fundamentos sobre los cuales gira el precedente constitucional. Estudia sus características esenciales, cuestiona el tratamiento que esta institución jurídica ha recibido en la jurisprudencia desde 2008, año en que se aprobó la actual Constitución de la República; expone las contradicciones en que ha incurrido la Corte Constitucional en torno a este tema; señala, como muestra, la existencia de varios precedentes, así como el respeto y seguimiento de otros, pese a la limitación que representa el “etiquetamiento” que ha implantado la actual Corte Constitucional. La naturaleza vinculante del precedente se manifiesta en la obligatoriedad de tomar en cuenta decisiones pasadas al decidir casos presentes. En ello radica la igualdad en la aplicación de derecho como superación de la igualdad “ante la ley”. Y en este sentido se distingue qué es lo vinculante de una sentencia o sentencias, la razón o razones específicas que llevaron a tomar determinada decisión. Se critican las bases sobre las cuales la Corte Constitucional construyó una sui generis concepción del aspecto vinculante de la jurisprudencia cuando se trata de procesos de garantías constitucionales. Al cuestionar la interpretación del cuándo y el cómo es vinculante una sentencia se recurre a los criterios que la misma Corte utilizó en forma contradictoria. Enseguida se evidencia la variación o alejamiento de criterios que supone la nueva decisión con respecto a la decisión pasada. Además, se señala pese a que la característica vinculante de la jurisprudencia ha sido limitada por la Corte Constitucional a una sola sentencia que ha sido etiquetada como “vinculante” en materia de garantías constitucionales, existen otras que son, por naturaleza, vinculantes y que, en este trabajo reciben el nombre de “escenarios base”. También, se muestra una línea de precedentes constantes en las resoluciones del antiguo Tribunal Constitucional.
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En este artículo, me he propuesto analizar de forma crítica los estereotipos y prejuicios en contra de la mujer o de otras identidades sexuales, tanto en el lenguaje como en los conceptos empleados por los jueces constitucionales en sus fallos o sentencias. Para tal efecto, se ha centrado el análisis en el discurso judicial constitucional contenido en siete sentencias emitidas entre los años 2004 al 2012, por el anterior Tribunal Constitucional ecuatoriano y la actual Corte Constitucional del Ecuador, con la finalidad de reconocer en ellas criterios sexistas, o por el contrario, aproximaciones de protección judicial. En la investigación se considera la metodología de género del fenómeno legal que propone Alda Facio en su obra “Cuando el género suena cambios trae”, y en la cual se recogen siete estereotipos sexista definidos por Margrit Eichler. Así, con las consideraciones anotadas, se identificaron en las sentencias analizadas, las siguientes formas de sexismo: 1) androcentrismo; 2) insensibilidad al género; 3) dicotomismo sexual; 4) familismo; 5) sobregeneralización; 6) doble parámetro; y, 7) conducta adecuada para cada sexo. Este trabajo de investigación es una descripción actual de la consideración de la mujer en las sentencias judiciales desde la perspectiva de alguien que pertenece a ese género y que por su profesión y ocupación se encuentra vinculada con la administración de justicia constitucional.
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En este libro se establecen los fundamentos conceptuales en torno al precedente constitucional. Estudia sus orígenes y características; cuestiona el tratamiento que esta institución jurídica ha recibido en la jurisprudencia desde 2008, año en que se aprobó la actual Constitución de la República; expone las contradicciones en que incurrió la Corte Constitucional para el período de transición en torno a este tema; señala, como muestra, la existencia de varios precedentes, que en este libro reciben el nombre de «escenarios base», pese a la limitación que representa el «etiquetamiento» que implantó la referida Corte. Se critican las bases sobre las cuales la Corte Constitucional construyó una suigéneris concepción del aspecto vinculante de la jurisprudencia cuando se trata de procesos de garantías jurisdiccionales. Al cuestionar la interpretación del cuándo y el cómo es vinculante una sentencia, se recurre a los criterios que la misma Corte utilizó en forma contradictoria. Se evidencia también la variación o alejamiento de criterios que supone la nueva decisión con respecto a la decisión pasada, y se muestra una línea de precedentes constantes en las resoluciones del antiguo Tribunal Constitucional.
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Trabalho sobre a concretização dos direitos fundamentais pela jurisdição constitucional, mostrando a importância da interpretação da Constituição para a obtenção da eficácia de tais direitos. Desenvolve-se a pesquisa a partir da explicação histórica sobre o constitucionalismo moderno, que implantou o Estado Liberal de Direito e as constituições escritas, e no qual encontra a jurisdição constitucional o seu embasamento cultural e a sua justificação histórica. Verifica-se que a origem da jurisdição constitucional assenta-se no controle da constitucionalidade das leis e atos normativos do poder público, fundado no princípio da supremacia da Constituição. Destaca-se o realce dado pela teoria material da Constituição à normatividade dos princípios constitucionais, tecendo considerações em torno da classificação das normas constitucionais em regras e princípios. Remarca o trabalho que o controle da constitucionalidade pode ser formal ou material, apresentando esta última modalidade uma conotação acentuadamente política, já que, por ele, a aferição da compatibilidade da norma infraconstitucional é feita com o conteúdo material da Constituição. A função primacial da jurisdição constitucional é tutelar os direitos fundamentais, especialmente os das minorias sociais. Tal função sobreleva-se até mesmo contra textos legislativos produzidos por maiorias eventuais, pois o princípio da supremacia da Constituição prevalece sobre a regra da maioria vigente nos regimes democráticos. Comprova-se que a concepção substancialista, adotada para definir os contornos funcionais da jurisdição constitucional, propõe uma maior intervenção desta na apreciação dos casos que lhe são submetidos. Salienta-se que, no Estado Democrático de Direito, derivado da aglutinação do Estado Liberal com o Estado Social e acrescida de um elemento novo voltado à transformação da realidade social, a jurisdição constitucional passa a levar em conta, com mais atenção e destaque, os princípios constitucionais e a sincronia do ordenamento constitucional com a sociedade por ele ordenada. Realça também o estudo que a atuação da jurisdição constitucional, segundo a ideologia democrática defendida pelo Estado Democrático de Direito, tem logrado obter uma sociedade mais justa, e que a comprovação histórica é francamente favorável ao seu ativismo judicial. Os direitos fundamentais dificilmente se dissociam da democracia, que lhes garante a eficácia pela limitação e visibilidade do exercício do poder, traços políticos que constituem a nota típica dos regimes democráticos. Mesmo que os direitos fundamentais tenham tido um caráter pré-estatal como preconizado pelo jusnaturalismo, são eles normas, e não valores, pois tão logo sejam positivados pela Constituição eles se tornam direitos vigentes. Assevera a pesquisa que os métodos concretistas de interpretação constitucional mostram-se mais adequados à obtenção da eficácia da Constituição, pela importância que os elementos objetivos, relacionados com o contexto material da norma, assumem no seu processo de aplicação e interpretação. Conclui-se ser essencial que os operadores e estudiosos do Direito se conscientizem de que a interpretação constitucional deve assumir uma feição principiológica e concretista, de modo a ser obtida a máxima eficácia possível das normas constitucionais, especialmente as de direitos fundamentais, acentuando-se mais a necessidade de um Tribunal Constitucional, cuja criação no Brasil constitui ainda tema polêmico entre os doutrinadores
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La introducción de la Prisión Permanente Revisable en nuestro ordenamiento jurídico ha abierto el debate sobre la adecuación de la misma a la Constitución Española de 1978. El autor del presente Trabajo Fin de Grado trata de realizar un pronóstico sobre cuál va a ser, a su juicio, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la oposición en el Congreso de los Diputados de la legislatura anterior. Para ello realiza un análisis pormenorizado de la doctrina y jurisprudencia del máximo intérprete de la Constitución sobre artículo 25.2, dado que es el principal argumento al que recurren los detractores de la PPR. No obstante, aunque el TC se pronunciará por primera vez sobre esta materia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha tenido la ocasión de producir jurisprudencia sobre cuáles son los requisitos para que una cadena perpetua, prevista en otros ordenamientos del Derecho Comparado, sea acorde al Convenio Europeo de Derechos Humanos, jurisprudencia que resultará muy útil para acercarnos al análisis que de esta cuestión ha de efectuar el Tribunal Constitucional. Una vez realizado lo anterior, el TFG concluye haciendo un pronóstico sobre el fallo del TC, con argumentos técnicos y jurídicos, a nivel de un aspirante a obtener el Grado en Derecho.
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El presente trabajo estudia la obra de Kelsen respecto al parlamento, la norma jurídica y, la jurisdicción constitucional. El análisis del objeto de investigación se realiza destacando la neutralidad en el pensamiento de Kelsen, lo cual es propio de una teoría científica del derecho, que no de la moral, la política o, la ética. Se sostiene que Kelsen asume la defensa de la democracia en base a los valores de libertad e igualdad, aunque no con el objeto de instaurar un modelo político o, desde la defensa de un poder político. Del mismo modo, la teoría normativa de Kelsen ha sido desarrollada desde una perspectiva general, no busca adecuarse a un sistema legal, ni dice lo que es el derecho o, cuál debe ser el contenido material del derecho. No prescribe, sólo describe. En igual sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional como legislador negativo se sintetiza en verificar la conformidad de la norma con la Constitución, y no en evaluar el contenido material de la norma general. Antes de abordar los postulados antes mencionados se ha considerado conveniente estudiar de modo preliminar la valoración y la neutralidad en Kelsen para entender en qué grado la teoría pura del derecho es neutral destacando dicho componente en los apartados propuestos con el objeto de responder a otra pregunta mayor referida a la utilidad de una teoría neutral y relativista en una sociedad diversa y cambiante. Kelsen admite la inevitabilidad de la valoración en el derecho y en la política en contraposición al valor neutro desarrollado en la teoría pura del derecho y en toda su doctrina. Ciertamente, la teoría pura del derecho prescinde de toda ideología; es decir, de aprobar o desaprobar su objeto de estudio o, de evaluar o justificar por medio de la ciencia del derecho una determinada idea de justicia, moral, política, etc. Sin embargo, considero que a través de toda su doctrina persigue valores comunes como la paz, la libertad, la igualdad, la justicia y la felicidad colectiva.
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“Procuradoria aconselha levar swaps a tribunal”. Referindo-se com maior especificidade: “A Procuradoria-Geral da República manteve contactos informais com o Ministério das Finanças para avaliar a possibilidade de o Estado levar a tribunal os contratos de alto risco assinados por empresas públicas de transporte. E deu indicações ao Governo de que há condições para conseguir a anulação dos swaps, se o Estado optar pela via litigiosa – o que ainda não aconteceu. Para isso, o Executivo tem de dar essa indicação ao Ministério Público”. Abstract: "Attorney advises swaps take the court." Referring with greater specificity: "The Attorney General's Office had informal contacts with the Ministry of Finance to evaluate the possibility of the state to prosecute high-risk contracts signed by public transport companies. And has directed the Government that there are conditions to achieve the cancellation of swaps if the state chooses the remedy litigation - which has not happened yet. For this, the Executive must provide that information to the prosecutor. "
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O artigo 72º da Constituição (CRP), «Terceira idade», é claro: «1. As pessoas idosas têm direito à segurança económica e a condições de habitação e convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem e superem o isolamento ou a marginalização social. § 2. A política de terceira idade engloba medidas de carácter económico, social e cultural tendentes a proporcionar às pessoas idosas oportunidades de realização pessoal, através de uma participação activa na vida da comunidade.». Abstract: Article 72 of the Constitution (CRP), "Seniors cirtizens", of course: '1. Older people have the right to economic security and housing conditions and family and community life that respect their personal autonomy and avoid and overcome isolation or social marginalization. § 2. The policy for the aged include economic measures, social and cultural nature designed to provide the elderly with opportunities for personal achievement through active participation in community life. ".
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Afinal, ficamos a saber que a austeridade, tantas vezes chumbada no Tribunal Constitucional, era uma estratégia para investir na Investigação, Ciência e Inovação europeias! É uma boa altura para aumentar, de modo justo e proporcional, todos os orçamentos de todas as universidades e politécnicos portugueses, os quais têm relações privilegiadas com África, Brasil e parte da Ásia, uma evidente mais-valia para a União Europeia! Abstract: After all, we learn that the austerity so often sinker in the Constitutional Court, was a strategy to invest in Research, Science and European Innovation! It is a good time to increase, fair and proportionate manner, all the budgets of all Portuguese universities and polytechnics, which have a special relationship with Africa, Brazil and parts of Asia, an asset apparent to the European Union!
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Em termos de dinheiros públicos, devemos ter em consideração a necessidade de ter que existir uma boa governança. É importante a participação. Também a transparência. E se os direitos e deveres sociais fundamentais estão interligados, não é menos verdade que é preciso a apresentação de boas contas à população. E aqui temos que falar também em plena responsabilidade pública. Num sentido lato, podemos falar num princípio geral de anticorrupção. O mau uso dos dinheiros públicos pode conduzir à responsabilidade de índole criminal. O crime de branqueamento/lavagem, um crime secundário, pode ter por origem ilícitos e/ou crimes que se relacionam com a utilização indevida de dinheiros públicos. A responsabilidade financeira e criminal pode aliás constituir um incremento na boa gestão dos dinheiros públicos. Deste modo – não tendo o direito penal finalidades de promoção ou de “combate”, mas ainda assim retributivos, preventivos gerais e especiais positivos e restaurativos -, podemos estar a caminhar para uma melhor concretização dos direitos, e dos deveres, que são garantidos do ponto de vista constitucional-constitucional. Afinal, todas as áreas do direito, são peças do mesmo jogo de xadrez. O Tribunal Constitucional em Portugal, o Supremo Tribunal Federal no Brasil, o Supremo Tribunal de Justiça em Portugal, o Superior Tribunal de Justiça no Brasil, os Tribunais de Contas em ambos os países. § In terms of public money, we should take into account the need to have to be good governance. It is important to participate. Also transparency. And if fundamental rights and social duties are interrelated, it is also true that we need to present good accounts to the population. And here we must also speak in full public accountability. In a broad sense, we can speak of a general principle of anti-corruption. The misuse of public funds can lead to criminal nature of responsibility. The crime of money laundering, a secondary crime, may have as illicit origin and / or crimes that relate to the misuse of public funds. The financial and criminal liability may in fact be an increase in the sound management of public funds. Thus - not having the criminal law purposes of promotion or "combat", but still remunerative, general and special preventive and restorative positive - we may be heading for a better realization of the rights, and duties, which are guaranteed the constitutional-constitutional point of view. After all, all areas of the law are parts of the same game of chess. The Constitutional Court in Portugal, the Supreme Court in Brazil, the Supreme Court in Portugal, the Superior Court of Justice in Brazil, the Audit Courts in both countries.
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The Portuguese Intelligence Services have their operational skills limited due to the grievances caused by the Dictatorship and, in particular, by its political police. With the help of historical elements, and by analyzing current legislation, we demonstrate that such grievances are today unjustified and misplaced, mainly taking into account the Risk Society’s multifaceted threats. Also part of our analysis is the impugnment of the Constitutional Court’s decision nº 413/2015, which pronounced unconstitutional the norm contained in Decree nº 426/XII, of the Republic’s Assembly, article nº 78, nº2, which intended to allow Intelligence Services access to the so-called “metadata”, as well as to tax and banking information. It is our understanding, and we demonstrate it in our dissertation, that should be allowed the access of, not only the above mentioned information, but also the means known as communications interception and undercover operations to the Intelligence Services, as long as properly supervised and inspected.
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The present work aims to develop the theme "The summary procedure and the reform of 2013". The purpose of its analysis serves the interest to understand the virtues and disadvantages of the changes introduced by Act n.º 20/2013 to our Code of Criminal Procedure, and the main focus of the present reflection is to further the impact of the measures taken by the legislator to the summary proceedings. The opening of the most serious crimes to summary procedure is a reform measure duly highlighted because it is a true innovation in the Portuguese penal system. Therefore, it urges to analyse not only the consequences of this measure, as well as if the objectives of its introduction in the summary procedure system are met. It should be noted that the legislator intends to promote speedy trial, and at the same time, ensure compliance with the Constitutional rights associated to the accused. At this point it is important to realize if there is a restriction of the accused essential guarantees. On the other hand, it should be noted that the typical characteristics of summary proceedings might have been invariably modified, due to the innovative aspect of the reform. That said, the changes might have fostered a mischaracterization of the typical format of the summary procedure, both in terms of the nature of the proceedings and in terms of its space and objectives within the penal system. Reflecting on the above will provide a deeper understanding of the volatile balance between the Portuguese governing prosecution efficiency and the Constitution, as well as the future of the criminal policy in Portugal.
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Dissertação de mestrado em Direito Tributário e Fiscal