911 resultados para Procesos (Derecho)


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La diversidad es un tema central de las actuales políticas de educación y hacia la cual el sistema escolar debe apuntar. La reforma de los sistemas escolares debe orientarse a garantizar unos mínimos en materia educativa que evite la segregación de ciertos estudiantes y que incluya la diversidad en los aspectos físicos, psicológicos, sociales, culturales, étnicos, etc. Reconocer que existe una diversidad en la naturaleza humana, producto de fuentes múltiples y asumirla desde una perspectiva de igualdad, debiera ser el desafío para una democratización del conocimiento y de la educación en sus diferentes etapas escolares. Además de luchar por alcanzar las causas justas de equidad educativa es importante contar con los medios que permitan su logro. Asimismo, la formación y desarrollo profesional del profesorado es un elemento que se debe tener en cuenta en los procesos de mejora de la educación, y en particular para atender adecuadamente a la diversidad del alumnado y de los centros escolares.

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Elaborar un modelo integral de procesos y estrategias de comunicación, dentro de un marco de políticas educativas y de cooperación internacional que apoyen proyectos en Educación para el desarrollo. La educación para el desarrollo se plantea como una educación solidaria ante la realidad actual Norte-Sur y los problemas derivados de esta situación. Se estudia el desarrollo, por un lado, desde una perspectiva económica analizando modelos estructurales y políticas económicas entre países del Norte y del Sur; y, por otro lado, analiza el desarrollo desde una perspectiva cultural, con el fin de dar una visión global del desarrollo social. Asímismo, expone el papel del uso de la comunicación como una vía para el desarrollo y el papel de la educación como derecho universal que debe ser común en países ricos y pobres. Analiza, además, las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo en España y propone un modelo de Educación para el desarrollo con las perspectivas para el siglo XXI. Finalmente, se elabora una guía de comunicación educativa que define el área de Educación para el desarrollo, los procesos de investigación para elaborar materiales y proyectos, y formas de llevarla a la práctica en la enseñanza reglada y en la educación no formal. Es, fundamentalmente, una investigación documental basada en fuentes escritas y audiovisuales, entrevistas con responsables de ONGs y profesores de Ciencias de la Información y elaboración de encuestas. El sistema de desigualdades entre Norte y Sur se sustenta en un modelo de desarrollo económico injusto y desigual donde los países del sur quedan a expensas de los intereses del norte. Es necesaria una nueva forma de cooperación internacional basada en lazos solidarios y no económicos. La Educación para el desarrollo es un proceso de socialización y debe promover, mediante la educación en valores, actitudes solidarias basadas en la tolerancia, el respeto y la cooperación.

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Monogr??fico con el t??tulo: El an??lisis de la interacci??n alumno-profesor: l??neas de investigaci??n. Resumen basado en el de la publicaci??n

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Se analizan los servicios sociales comunitarios del sistema p??blico, entendidos como agentes educativos dinamizadores de los territorios y comunidades de los que forman parte. Se considera que la conceptualizaci??n y delimitaci??n de los servicios sociales gira en torno a dos ejes fundamentales: 1. Su consideraci??n como un derecho de toda la ciudadan??a, con actuaciones espec??ficas dirigidas a los colectivos m??s desfavorecidos; 2. En el dise??o de estrategias orientadas al desarrollo de las personas, los grupos y las comunidades. La comunidad es un contexto id??neo para la acci??n educativo-social que desarrollan las educadoras y educadores sociales en los servicios sociales comunitarios, y necesita de la colaboraci??n de otros profesionales que asuman un compromiso compartido.

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El autor analiza las repercusiones que la ideología y las políticas neoliberales provocan en la educación pública que deja de considerarse un mecanismo de compensación de las desigualdades y de cohesión social. Con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se consagran los principios privatizadores y la educación deja de ser un derecho para convertirse en una prestación. Una vez expuestos los procesos de privatización visibles y los encubiertos, advierte del desmantelamiento de la escuela pública. El artículo forma parte de un dossier titulado “Privatización de la educación. Cuando un derecho se convierte en mercancía”.

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Resumen basado en el de la publicaci??n

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Puesto en vigencia el Código de la Niñez, así como reformado el Código de Trabajo, a través de este estudio pretendo analizar si estos cuerpos legales guardan la suficiente coherencia y armonía con los principios constitucionales que deben gobernar el sistema procesal, y si en la práctica ha posibilitado su real vigencia. Examino cuál es la conducta de los diferentes actores en el quehacer jurídico, y cuál ha sido su aporte frente a las reformas que se han implementando, combinándole con las principales propuestas doctrinarias. Descompuestas algunas fases de los procedimientos, establezco el diferente tratamiento que han tenido las dos materias del derecho propuestas, los que nos permite diferenciar que el trato dado por el legislador no ha sido igual, para poder detectar y encontrar las causas que son determinantes, para que los principios constitucionales no alcancen el posicionamiento deseado. Destaco cambios que se han producido, como por ejemplo en la infraestructura física de la Función Judicial, la implementación de sistemas informáticos, lo que permite una mejor rendición de cuentas a la sociedad, y a la par decisiones de los Tribunales de Justicia en temas específicos, para poder demostrar que la actuación de los jueces está divorciada en muchas ocasiones de sus poderes-deberes, y cuáles podrían ser las soluciones comparándolas con cuerpos legales de otros países, todo lo cual persigue demostrar que si se ha hecho, pero también falta mucho por hacer para posibilitar que este gran paso de implementar la oralidad en nuestro país, continúe y alcance los objetivos propuestos.

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La presente investigación es una aproximación a la importancia que tienen las políticas de memoria dentro de los procesos de reparación, en tanto permiten avanzar hacia una reparación de carácter integral a la vez de posibilitar la no repetición de las violaciones graves a los derechos humanos que rememora. Para esto se estudia el caso de la desaparición de un joven universitario, José Carlos Trujillo Oroza, en la década de los setenta en un contexto de gobierno de facto. Se recapitula la búsqueda y lucha a nivel nacional e internacional que sus familiares tuvieron en los años que siguieron a su desaparición, haciéndose especial énfasis en los efectos que la emisión de sentencias de fondo y reparación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los años 2000 y 2002 respectivamente tienen sobre la sociedad boliviana y la memoria de la época sobre las vulneraciones ocurridas en su transcurso. Por último, la investigación pretender mostrar los nexos que existen entre los recuerdos de la dictadura banzerista y las políticas de memoria ordenadas, la efectividad de las mismas a la hora de otorgar una adecuada reparación y sus consecuencias sociales.

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Este artículo intentará realizar una lectura de "género” de la historia de la juridicidad boliviana, para proponer algunos temas de debate que considero pertinentes a la hora de discutir los "derechos de los pueblos indígenas", y su estrecho vínculo, tal como yo los veo -con el tema de los "derechos de las mujeres" (indí-genas, cholas, birlochas o refinadas). En un primer momento, me interesarán los aspectos masculinos y letrados de este proceso, que son los que han producido los documentos conocidos como leyes de la República. El derecho y la formación histórica moderna de lo que se conoce como "espacio público", tienen en Europa un anclaje renacentista e ilustrado a través del cual re-nace el ser humano como Sujeto Universal (y masculino) de la noción misma de "derecho". No otra cosa significa el que "derechos humanos" de hoy, hayan sido llamados en el siglo XVIII, "derechos del hombre" (droits de J'homme). A esto se han referido autores como Derrida y Butler, que nos hablan de una versión "falogocéntrica" del Sujeto de la modernidad, el individuo ilustrado. Esta versión estaría inscrita en la historia de occidente y habría sido proyectada al mundo en los últimos siglos, a través de multiformes procesos de hegemonía política, militar y cultural.

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Este trabajo de investigación ha sido realizado como un aporte a la investigación sobre procesos de titularización, que es escasa aún en el Ecuador. En este trabajo pretendo analizar cómo las instituciones del sistema financiero que son intermediarias financieras por naturaleza, buscan captar recursos a través de la desintermediación. La titularización es una herramienta que facilita capital a corto plazo y a bajo costo, lo que se reproduce en préstamos ágiles y con bajas tasas de interés a disposición de las personas que, por su economía de cifras bajas o medias requieren de los préstamos bancarios para sus proyectos. Además es figura muy desarrollada en mercados como el estadounidense, el inglés o el colombiano, y ahora está siendo adoptada por las empresas ecuatorianas. Este hecho tiene dos efectos: por un lado las empresas e instituciones del sistema financiero obtienen recursos que les permite operar ágilmente, sin tener que esperar a que sus activos rindan los flujos esperados; por otro lado, su participación aporta al desarrollo del mercado de capitales, lo que mejora las fuentes de financiamiento, baja los costos y por tanto se reducen de las tasas de interés, beneficiando a la economía. Recordemos que la banca desempeña rol importantísimo en el desarrollo y estabilidad económica nacional, por ello se debe incentivar para que intervenga en los mercados financieros y busque fuentes de financiamiento para colocar esos recursos en los medios productivos y de desarrollo, al alcance de quienes por su economía de cifras bajas o medias necesitan de los préstamos bancarios para sus proyectos.

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Como continuación del tema abordado por el autor en la monografía previo a la obtención del título de Especialista Superior en Contratación Pública1 este trabajo pretende esencialmente examinar el estado de la contratación administrativa sujeta al régimen de la Ley de Contratación Pública, en lo que concierne a la etapa precontractual, en que comienza a tomar forma la voluntad administrativa, base del contrato público que prevé la sujeción a un procedimiento evidentemente anacrónico y que por consiguiente, a nuestro juicio, debe ser objeto de revisión y reducción firme. Con tal propósito el contenido de este trabajo, que se ha dividido en tres capítulos, hace referencia a ciertos conceptos preliminares, delibera sobre la elección o selección, que constituye o debe constituir la esencia de todo proceso de contratación para garantizar de inicio imparcialidad y transparencia; analiza la naturaleza jurídica de los concursos públicos, los sistemas de selección vigentes y precisa los aprestos y documentación de apoyo de orden técnico, económico y legal con que debe contarse obligatoriamente. Se pasa a analizar con sentido crítico la normativa de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, para concluir con una propuesta concreta de simplificación de los procedimientos de contratación vigentes; lo que responde a la pregunta central de esta tesis. Como colofón, se esboza un proyecto de reformas a la Ley de Contratación Pública.

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La deportación se encuentra contemplada en el ordenamiento legal ecuatoriano como una expresión del ejercicio del principio de soberanía estatal, por el cual el Estado se reserva el derecho de escoger y determinar cuales son las personas extranjeras que considera adecuadas para sus intereses, procediendo a expulsar a aquellas que no se ajustan a los mismos. El ordenamiento internacional si bien reconoce la soberanía de los estados, no obstante también ha fijado límites para precautelar los derechos de las personas para evitar que la discrecionalidad del Estado genere abusos y violaciones a los derechos. Si bien Ecuador ha ratificado la mayoría de convenios internacionales de protección de derechos humanos y específicos de migración y refugio, en los que se fijan estándares para los procedimientos de deportación, su marco legal no ha sido adecuado a los mismos, lo que viene provocando una serie de violaciones a los derechos humanos de las personas extranjeras. En los últimos 7 años, se ha evidenciado un notable incremento en el número de deportaciones, como parte de políticas de control y restricción del ingreso y permanencia de personas extranjeras, particularmente colombianas y peruanas. Sobre esta base, se realiza una descripción del sistema de deportación en el país, observando sus antecedentes históricos, su regulación legal formal y se compara ésta con sus prácticas de implementación, observando además su incompatibilidad con los estándares internacionales de protección.

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En el presente trabajo se revisan desarrollos jurisprudenciales relevantes sobre los principales mecanismos de control de la legalidad a nivel comunitario tanto en el seno de la Unión Europea (UE) como en el de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El análisis parte revisando jurisprudencia sobre el entendimiento de los tratados fundacionales como constituciones en sentido material. Posteriormente, se revisa jurisprudencia sobre el alcance de actos impugnables, legitimación activa, y causas de impugnación, enfatizando en tendencias relevantes como la flexibilización en la interpretación de los actos susceptibles de impugnación y la apertura a la actuación de particulares. El análisis jurisprudencial se complementa con revisión de doctrina y Derecho positivo, bajo la perspectiva de que el estudio del control de la legalidad en el ordenamiento jurídico comunitario es de esencial importancia para la cabal comprensión de los procesos de integración en su dimensión de comunidades de derecho.