550 resultados para Sentencia anticipada
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Las empresa dedicadas a la elaboración de azúcar en El Salvador tradicionalmente han usado Costos Históricos o Reales para costear los productos, lo que no les permite obtener información oportuna, confiable y relevante, que contribuya a la toma de decisiones en forma anticipada, de manera que se puedan detectar y corregir desviaciones suscitadas durante el desarrollo del proceso productivo. La investigación se dividió en dos fases: bibliográfica y de campo, la primera comprende la sustentación teórica del trabajo a través de la recopilación y análisis de las fuentes que tratan sobre los Costos Estándar por Procesos, además de la normativa contable y legal relacionada. La segunda se llevó a cabo en los ingenios salvadoreños activos, la información se obtuvo distribuyendo cuestionarios y realizando entrevistas a personal del área contable y de producción. De los resultados obtenidos en la investigación se puede mencionar que el 87.5% de los encuestados consideran que para conocer los costos oportunamente es necesario contar con un método predeterminado, inclinándose por costos Estándar por Procesos, que se adecua a las características de la agroindustria. De lo mencionado anteriormente surge la necesidad de elaborar una guía cuyo objetivo principal es proporcionar los lineamientos para el uso y aplicación de Costos Estándar por Procesos en los ingenios azucareros salvadoreños. Al finalizar la investigación se concluye que para determinar y registrar de forma eficiente los costos de producción y las desviaciones en los ingenios azucareros con el fin de obtener información útil que contribuya a la toma de decisiones debe contarse con una herramienta técnica adecuada, por lo que se recomienda el uso de la Guía de Aplicación de Costos Estándar por Procesos proporcionada en este trabajo.
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La parte de los costos es una de las áreas fundamentales en las empresas industriales por lo que requiere un estudio especial, para poder obtener información oportuna y precisa que ayude a tomar decisiones que favorezcan a la empresa, tanto en los factores económicos como en los sociales. En nuestro país existe un gran número de industrias farmacéuticas, que se dedican a producir medicamentos, entre ellas tenemos: Grande, mediana y pequeña empresa; en las que existe la necesidad de un control adecuado para la correcta toma de decisiones lo cual puede ser mediante la aplicación de un sistema de costos estimados, ya que las pequeñas empresas atraviesan una serie de dificultades para poder hacer frente a sus necesidades en comparación con las grandes compañías debido a que en los últimos tiempos se ha dado un incremento notable en cuanto a materiales necesarios para la elaboración de los productos y otros costos en que incurren y la competencia que existe en el mercado local; por lo que debe tomar medidas que le ayuden a mejorar la situación financiera de la compañía. Con base a lo anterior se realizó un estudio de “costos estimados de producción en la pequeña industria farmacéutica para la correcta determinación de los costos y la toma de decisiones gerenciales”, el cual presentamos en este trabajo y tiene como objetivo proporcionar una herramienta de costos estimados de producción que ayude a dicha industria a determinar los costos de producción, a través de controles eficientes que reflejen los registros y valuación de los mismos. Para llevar a cabo la investigación se desarrolló un censo; es decir se estudió toda la población de empresas pequeñas dedicadas a la industria farmacéutica, según la base de datos proporcionada por la Junta de Vigilancia de la Profesión de Química y Farmacia, se determinó que 15 de las 69 son pequeñas industrias farmacéuticas en el departamento de San Salvador. Mediante los datos obtenidos se elaboró el diagnóstico de la investigación determinando que la mayoría de empresas no poseen un contador de costos específico y que además, no cuentan con un sistema de costos estimados, dando lugar a una incorrecta valuación de costos a la hora de fijar los precios de sus productos. La totalidad de ellas respondieron que consideran necesario la implementación de un sistema de costos estimados para determinar correctamente sus costos En vista de lo anterior, se presenta una herramienta útil para determinar los costos estimados en la industria farmacéutica y poder conocer de forma anticipada el costo de sus productos y poder proyectar las utilidades y tomar decisiones acertadas para ser competitivos en el mercado.
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Este trabajo analiza una muestra de sociedades cooperativas gallegas para verificar si es posible inferir diferencias en las conductas financieras de los socios a partir de la cuantía del excedente contable. Con esta finalidad se añade al valor del excedente, el resultado de las variaciones registradas en determinadas partidas contables que incluyen otras rentas residuales. El reparto de dichas rentas revela que los socios no optan generalizadamente por la anticipación completa de las rentas residuales. Se deduce, por tanto, la existencia de empresas que escogen una estrategia de excedente positivo, diferente de la estrategia de excedente nulo planteada por la teoría financiera clásica. En la muestra seleccionada, las diferencias entre ambas estrategias son estadísticamente significativas, lo que abre la puerta, en futuros trabajos, a investigar qué factores pueden explicar la renuncia voluntaria de los socios a la percepción anticipada de todas estas rentas residuales. Tal conducta sólo se evidencia cuando se declara un resultado positivo, de ahí la utilidad del excedente contable en el análisis de la información financiera de la sociedad cooperativa.
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En este artículo el autor realiza un estudio detallado de la trascendental STC (1.ª) 43/2010, de 26 de julio, que marcó un hito en la interpretación que el Alto Tribunal realizó del art. 241 LOPJ, tras la reforma legislativa operada en el año 2007, a través de la LO 6/2007, de 24 de mayo. En esta sentencia se otorga el amparo porque un Juzgado de Primera Instancia había producido una clara indefensión a los recurrentes, consistente en la imposibilidad de éstos de conocer y comparecer en un proceso ejecutivo en el que resultaban afectados directamente sus intereses, pues se subastó y adjudicó una vivienda de su propiedad pese a haber sido advertido el Juzgado, por diferentes conductos, de que ellos eran los titulares registrales de dicho bien inmueble. La especial relevancia de la STC (1.ª) 43/2010, de 26 de julio —con claras concomitancias con la STC (2.ª) 40/2005, ya que ambas tienen su origen en actos procesales del mismo procedimiento judicial de ejecución, aunque los demandantes de amparo fueran distintos—, radica en resaltar el reforzado protagonismo, en aras de la defensa del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que ha adquirido el incidente de nulidad de actuaciones, tras la reforma operada en el art. 241.1 LOPJ por la LO 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. El TC cambia su postura y viene a afirmar, sin ambages, que el incidente de nulidad de actuaciones se ha erigido en el instrumento clave para la tutela del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión, como última vía que permite la reparación ante la jurisdicción ordinaria, máxime si se tiene en cuenta el nuevo sistema, mucho más restrictivo, de admisión a trámite del recurso de amparo ante el TC (sólo si concurre una «especial trascendencia constitucional»).
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La justicia cautelar ocupa un lugar prioritario en el proceso hasta el punto de que la eficacia misma de éste puede hacer depender la posibilidad de la ejecución de la sentencia de fondo. Es un derivado directo del principio constitucional de la tutela judicial efectiva y desempeña un papel relevante en cualquier procedimiento de arreglo de controversias. Es cierto que un buen sistema de medidas cautelares constituye un instrumento valioso del cual hoy en día los ordenamientos jurídicos no pueden prescindir, pero de ahí a creer que estamos frente a sistema taumatúrgico que va a solucionar gran parte de los múltiples problemas que aquejan a los procedimientos judiciales, hay largo camino que recorrer.
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Servicios registrales
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Razones por las cuales la Cámara de Comercio de Bogotá no puede abstenerse de inscribir en el registro mercantil providencias judiciales relacionadas con embargos de bienes sujetos a registro a pesar de lo dispuesto en el artículo 687 y 588 del Código de Procedimiento Civil
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Durante las cuatro últimas décadas Colombia ha mantenido una tradición civilista y democrática en su sistema de gobierno, a diferencia de otros países en América Latina que soportaron dictaduras militares por varios años. Desde 1958 Colombia manejó un sistema democrático centralista hasta mediados de los años 80, cuando se vio en la necesidad de cambiar este modelo e implantar un gobierno democrático, participativo y descentralizado. El cambio de modelo se generó debido a que el gobierno central tenía demasiadas responsabilidades administrativas y no lograba cumplir a cabalidad sus funciones institucionales de gestión y adicionalmente se estaba perdiendo legitimidad del régimen político ante la ciudadanía.
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El interés de esta monografía es evaluar la relación entre el derecho internacional, la guerra y la política exterior a la luz del concepto de lawfare. Esta relación se evalúa a la luz del caso de las relaciones de Nicaragua con sus vecinos. Se analiza y explican las distintas nociones de derecho internacional desarrolladas por las teorías de Relaciones y sus limitaciones; la utilización de la guerra jurídica como estrategia sustitutiva de la guerra material en el caso de Nicaragua. Utilizando el concepto desarrollado por Charles Dunlap, el trabajo busca demostrar que el lawfare explica algunas relaciones entre derecho, guerra, y relaciones internacionales que las teorías clásicas no pueden y, adicionalmente da razón de las acciones de Nicaragua mediante la utilización del Derecho Internacional.
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Conflictos ambientales en Colombia. Retos y perspectivas desde el enfoque de DDHH y la participación ciudadana se articula en tres partes: en la primera se realiza un panorama de conflictos ambientales en las diferentes regiones naturales del país desde la perspectiva de la participación ciudadana. En la segunda se exponen las diferentes reflexiones de las autoridades ambientales locales y de las organizaciones sociales sobre los conflictos ambientales desde el enfoque de los derechos humanos. En la tercera, se hace un análisis de las competencias de las autoridades ambientales en torno al derecho a la participación cuando se presentan conflictos ambientales desde el enfoque de los derechos humanos. Dada la complejidad de los conflictos ambientales que tienen las diversas regiones del país y sus repercusiones ambientales y sociales,\' es necesario\' promover esfuerzos conjuntos con las universidades, los institutos, las organizaciones sociales y las autoridades ambientales realizando encuentros y generando reflexiones conjuntas acerca de los desafíos, retos y oportunidades en búsqueda de resolución civilista de los mismos. Por ello se espera que esta publicación logre constituirse en una herramienta de trabajo concreta que sirva de guía a las autoridades ambientales, las organizaciones sociales y la ciudadanía para abordar, entender y resolver los grandes desafíos que se tienen que afrontar cotidianamente en el país.En la segunda se exponen las diferentes reflexiones de las autoridades ambientales locales y de las organizaciones sociales sobre los conflictos ambientales desde el enfoque de los derechos humanos. En la tercera, se hace un análisis de las competencias de las autoridades ambientales en torno al derecho a la participación cuando se presentan conflictos ambientales desde el enfoque de los derechos humanos. Dada la complejidad de los conflictos ambientales que tienen las diversas regiones del país y sus repercusiones ambientales y sociales,\' es necesario\' promover esfuerzos conjuntos con las universidades, los institutos, las organizaciones sociales y las autoridades ambientales realizando encuentros y generando reflexiones conjuntas acerca de los desafíos, retos y oportunidades en búsqueda de resolución civilista de los mismos. Por ello se espera que esta publicación logre constituirse en una herramienta de trabajo concreta que sirva de guía a las autoridades ambientales, las organizaciones sociales y la ciudadanía para abordar, entender y resolver los grandes desafíos que se tienen que afrontar cotidianamente en el país.Dada la complejidad de los conflictos ambientales que tienen las diversas regiones del país y sus repercusiones ambientales y sociales,\' es necesario\' promover esfuerzos conjuntos con las universidades, los institutos, las organizaciones sociales y las autoridades ambientales realizando encuentros y generando reflexiones conjuntas acerca de los desafíos, retos y oportunidades en búsqueda de resolución civilista de los mismos. Por ello se espera que esta publicación logre constituirse en una herramienta de trabajo concreta que sirva de guía a las autoridades ambientales, las organizaciones sociales y la ciudadanía para abordar, entender y resolver los grandes desafíos que se tienen que afrontar cotidianamente en el país.
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Hoy se hace imperioso que la ética periodística se complemente con el tratamiento jurídico de la libertad de expresión. La precaución jurídica es la invitación a una visión integral de la ética profesional basada en la autorregulación y en el conocimiento de la teleología del periodismo
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El presente artículo aborda el tema de la responsabilidad del Estado por el daño ambiental y las limitaciones del sistema tradicional de responsabilidad jurídica adoptado por el Consejo de Estado para su exigibilidad y reparación efectiva. En especial, afronta las dificultades que se presentan para establecer la prueba del daño y el nexo de causalidad para su imputación al Estado, así como la conveniencia de mitigar esa exigencia en consideración a las connotaciones propias y especiales de esta clase de menoscabos. Propone igualmente que en todos los casos en que se verifique la existencia de un daño ambiental se adopten en la jurisprudencia del Consejo de Estado las medidas tendientes a rehabilitar el medio ambiente afectado, cuando ello fuere posible, o proceder a su compensación o indemnización plena.
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A raíz del impacto ambiental que produce la actividad minera sobre la biodiversidad y los recursos naturales, el sistema jurídico colombiano sustrajo de esta actividad, zonas de especial importancia ecológica y ambiental, que podrían llegar a deteriorarse en su totalidad. Sin embargo, si bien es clara la importancia de proteger estas zonas de la actividad extractiva, lo cierto es que en la actualidad se presenta un alto porcentaje de estas zonas que se superponen con títulos mineros. Circunstancia que conlleva a que entren en tensión intereses constitucionales protegidos. Por un lado, el interés general de proteger el medio ambiente y los recursos naturales y por el otro, el interés público de desarrollar la actividad minera. De acuerdo a lo anterior, a través de este trabajo de investigación, se busca describir y analizar las consecuencias en el ámbito jurídico, que se generan, al prohibir la actividad minera en zonas sobre las cuales el Estado había autorizado la realización de actividades de exploración y /o explotación minera con anterioridad al cambio regulatorio. En consecuencia, se expondrán los escenarios en que se puede encontrar un contrato de concesión, con la prohibición legal de desarrollar actividades mineras en ecosistemas de páramos. Específicamente, se analizará la situación de los títulos mineros que cuenten con licencia ambiental, títulos mineros que se encuentren en etapa de exploración y los títulos que habiendo terminado la etapa de exploración su licencia ambiental se encuentre en trámite.