A atuação do Estado na economia como acionista minoritário: possibilidades e limites

A presente dissertação é sobre a atuação do Estado na economia como acionista minoritário, focando, em especial, no caso do Brasil. Em um primeiro momento, tratamos das possibilidades do uso das participações minoritárias, apontando que, embora estejamos falando de propriedade pública sobre parcelas do capital social de empresas privadas, essas participações não configuram, somente, forma de exploração direta da atividade econômica, devendo ser compreendidas como uma técnica jurídica ou uma ferramenta da qual o Estado pode se valer para realizar as diferentes modalidades de atuação na economia. Nesse sentido, mostramos como as participações minoritárias possibilitam a atuação do Estado como empresário, regulador, fomentador e investidor. Em seguida, falamos dos mecanismos societários que a Administração Pública pode utilizar para que, mesmo como acionista minoritária, possa influenciar a direção das empresas público-privadas, tais como os acordos de acionistas e as golden-shares. Após cuidarmos da natureza jurídica e das vantagens comparativas da atuação estatal na economia por meio de participações minoritárias, passamos a analisar os limites dessa atuação. Desse modo, deve-se distinguir entre o uso das participações públicas como opção legítima de atuação na economia versus sua aplicação como burla ao regime jurídico aplicável às empresas estatais mediante o controle societário disfarçado e a simulação de contratações administrativas. Por fim, tratamos da questão da escolha de parceiros privados pela Administração Pública, bem como dos controles públicos que incidem sobre as empresas participadas.

Law, technology and water conflicts in developing societies: a case study of tank systems in Tamil Nadu

The study examines the relationship between law, technology and water conflicts from colonial days to the present in traditional (water) tank systems in the south Indian state of Tamil Nadu. Tanks are man-made water systems developed for irrigation and many other purposes in semi-arid areas. The thesis adopts a historical approach to study the development of law, particularly property rights, and takes an empirical approach to investigate the tank conflicts. Archival documents on irrigation development, Case laws, Focus Group Discussions, Open ended Interviews and Field visits to selected tank chains are used as source material for the discussion. Case studies of conflicts are described and analyzed at three levels - Vaigai river basin for a macro level, Kothai Anicut system in Cauvery basin for a meso level, and twenty other interconnected tanks for a micro-level. The thesis deviates from the conventional understanding that tanks as traditional systems as simple and local technologies but considers them to be complex. It argues that the use of commonly held systems such as tanks within the colonial and post colonial laws as state ownership has been the source of many conflicts. In particular, it finds most tank conflicts are a product of progressive and absolute state control over water and the systems established using colonial land revenue administrative law. The law continues to treat tanks as pieces of landed property held by state and the individuals rather than as technology systems that presupposed the regime of property rights introduced after the colonial times. The modern interventions in water including the reservoir building, and altering the hydraulics of rivers and streams aggravate tank conflicts and lead to their further detriment. The study brings the focus to ground realities, and offers new perspectives on understanding tank systems in dynamic ways.

The Snail Darter, The Tellico Dam, and Sustainable Democracy — Lessons for the Next President From a Classic Environmental Law Controversy.

This presentation was the product of an invitation to speak at a symposium for students and faculty from a variety of different non-law departments at the University of Tennessee, where in 1973 I had started what became a six-year legal campaign to divert the Tennessee Valley Authority from impounding the last flowing 33 miles of the Little Tennessee River behind TVA’s Tellico Dam.

La modulación de los efectos en el tiempo de las sentencias de nulidad de los actos administrativos en Colombia

El presente trabajo realiza un análisis sobre los diferentes fundamentos que ante la falta de regulación legal, nuestra jurisprudencia ha invocado para atribuirle efectos retroactivos –ex tunc- o efectos a futuro –ex nunc- a las sentencias de nulidad de los actos administrativos, los cuales van desde la asimilación de éste con el acto jurídico civil, hasta la pretendida identidad del acto administrativo general con la ley, todo enmarcado dentro de lo que se ha entendido por situaciones jurídicas consolidadas. Este estudio demuestra que la retroactividad o no retroactividad, no es una condición necesaria o automática de las sentencias de nulidad de los actos administrativos, porque tal idea anula reflexiones importantes que tienen que ver con la ponderación de principios básicos como la garantía de eficacia de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica, la justicia material, la confianza legítima y la igualdad. Se impone así entender que los efectos temporales de las sentencias no se derivan de alguna formalidad del proceso, ni de la naturaleza del acto administrativo, ni del tipo de sentencia; estos son más bien una de las herramientas para que el juez a través de la modulación en cada caso, pueda darle eficacia a su sentencia y cumplir con las obligaciones que le impone la Constitución y la ley, que no son otras que garantizar la protección de derechos fundamentales y preservar el orden jurídico.

Derecho administrativo y autorregulación: la autorregulación regulada

El objeto de esta tesis es el análisis de la autorregulación regulada, es decir, el análisis de las normas y de los controles privados que poseen relevancia para el Derecho público. A pesar de su aparente desvinculación con el Derecho Administrativo, la autorregulación es una tendencia que se percibe cada vez con mayor nitidez; es, claramente, un fenómeno que se asocia principalmente al uso de nuevas tecnologías, pero que desborda con mucho este ámbito. La autorregulación es una noción directamente relacionada con la transformación de las formas de gobernanza impulsada desde la Unión Europea; es una nueva técnica o instrumento que las normas jurídico-públicas, a través de numerosas remisiones a la autorregulación, ponen en manos de la administración para gestionar los fines que ésta tiene encomendados. Existe, sin embargo una clara disociación entre las esperanzas puestas en la autorregulación y la falta de respuestas que ofrece el derecho positivo. Un análisis exhaustivo de la jurisprudencia y de la legislación que utilizan la voz "autorregulación" me ha llegado a concluir que este vocablo es en nuestro ordenamiento, un "término sin concepto". En esta fuentes se asimila la "autorregulación" con la capacidad de autonormación de un sujeto. Es el derecho comunitario el que la autorregulación como una alternativa o un complemento a la desreglamentación estatal y como una manifestación de un traslado de funciones y responsabilidades públicas a la sociedad. Por influencia del Derecho comunitario, el legislador pretende, a través de la autorregulación, alcanzar dos finalidades aparentemente contradictorias: (a) facilitar la función de garante que tiene atribuida el Estado, mediante una intervención más extensa i más intensa en las actividades privadas; (b) hacer efectivo los objetos propuestos con la desregulación, mediante una contención del ejercicio de la potestad reglamentaria y una disminución de los controles, preventivos o represivos, realizados directamente por la Administración. Para salvar esta contradicción, es necesario que el legislador establezca una regulación adecuada de la autorregulación. Dicha regulación es, hoy por hoy, manifiestamente insuficiente. Deberían fijarse con carácter general -y no sólo puntualmente y por sectores- las medidas adecuadas para el fomento de la autorregulación; los efectos públicos que ésta posee en cada caso y, significativamente, las garantías y controles necesarios para contrarrestar tales efectos. Esto es, los principios que rigen la actividad administrativa deberían ser aplicados también a la autorregulación en aquellos casos en los que sus diversas manifestaciones poseen efectos similares a los que son propios de los reglamentos, las inspecciones o las sanciones administrativas. Esta propuesta deja abierta la cuestión acerca de la incidencia recíproca de ambas técnicas; esto es , la incidencia de la regulación pública en la autorregulación de origen privado y, a la inversa, el impacto del desarrollo de la autorregulación regulada en el ejercicio de las potestades reglamentaria, autorizatoria, y sancionadora de la Administración. Esta cuestión sólo puede ser contestada hoy caso por caso, de modo que la respuesta es distinta si se analiza una norma técnica, un código ético, un manual de buenas prácticas, una certificación privada del cumplimiento de normas técnicas, el ejercicio de la potestad disciplinaria privada o el arbritaje. De lo que no cabe duda alguna es que ni la autorregulación es sólo una actividad de interés privado, ni la regulación pública conserva hoy sus rasgos tradicionales.

Frontline safety: understanding the workplace as a site of regulatory engagement

The concept of frontline safety encapsulates an approach to occupational health and safety that emphasizes the 'other side of the regulatory relationship' – the ways in which safety culture, individual responsibility, organizational citizenship, trust, and compliance are interpreted and experienced at the local level. By exploring theoretical tensions over the most appropriate way of conceptualizing and framing frontline regulatory engagement, we can better identify the ways in which conceptions of individuals (as rational, responsible, economic actors) are constructed and maintained through workplace interactions and decision-making, as part of the fulfilment of the ideological and constitutive needs of neoliberal labor markets.

Políticas de conteúdo local: crescimento econômico e rule of law

As chamadas Políticas de Conteúdo Local (“PCLs”) fazem parte de um grupo de políticas desenvolvimentistas adotadas em todo o mundo com o objetivo de maximizar os benefícios sociais e econômicos decorrentes de determinadas atividades econômicas. Neste trabalho, analisaram-se, principalmente, as PCLs relativas à extração e produção de petróleo e gás. O instituto é juridicamente polêmico, uma vez que, além de ser difícil de definir, é instrumentalizado por diversos atos normativos diferentes. Tal situação agrava-se com o fato de que o desenho de cada PCL pode sugerir ou impor diversas medidas de implementação diferentes, com impactos nas diferentes áreas do Direito. Considerando este cenário, aponta-se que o principal objetivo deste trabalho é a análise de transplantes ao nosso ordenamento jurídico de PCLs bem-sucedidas em ordenamentos jurídicos estrangeiros. Para isso, demonstrou-se, em um primeiro momento, que o instituto das PCLs deve ser reinterpretado à luz da Constituição vigente. Isso porque as PCLs foram criadas em uma época em que a escola desenvolvimentista principal era a keynesiana, que foi substituída atualmente pela escola do Rule of Law. Embora nosso ordenamento jurídico tenha acompanhado essa evolução (através de Emendas Constitucionais e adoção de determinadas leis), as PCLs não acompanharam e, por isso, precisam sofrer essa releitura. Nesse sentido, extraíram-se da Lei quatro elementos principais que as PCLs devem preencher para estar em consonância com o Rule of Law: (A) Benefícios aos Consumidores Finais; (B) Sustentabilidade; (C) Transetorialidade; e (D) Ampliação do Mercado de Trabalho. Em sequência, classificaram-se as diversas PCLs mapeadas, exemplificando cada uma. Ao longo da classificação, apontaram-se três critérios que facilitam a identificação das maiores dificuldades jurídicas em cada transplante: (A) Canal; (B) Natureza; e (C) Instrumento. Por fim, quatro PCLs estrangeiras bem-sucedidas foram escolhidas para uma análise mais aprofundada: a Kazakhstan Contract Agency, no Cazaquistão, a Petro Arctic Supplier Asssociation, na Noruega, o Australian Industry Participation Plan na Austrália e o Nigerian Oil & Gas Content Industry Development Act, na Nigéria. Para cada uma, é dedicada uma análise especial. As análises são seguidas pela Conclusão.

Governança da internet no espaço regulatório global: o idiossincrático modelo de gestão da ICANN

O presente trabalho pretende descrever e analisar a evolução institucional da Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), organização responsável pela gestão dos nomes de domínio e protocolos de comunicação entre computadores em rede ao redor do mundo. Iniciando sua trajetória como instituição privada estadunidense e vinculada ao departamento de comércio do mesmo país, a ICANN passa por diversas modificações estruturais ao longo da última década, de forma a englobar representantes de diversos setores sociais em suas atividades. Algumas peculiaridades em sua estrutura que ainda a vinculam aos Estados Unidos, no entanto, são objeto de controvérsia entre aqueles que buscam uma democratização da internet em nível global.

Expropriações normativas

Esta dissertação busca investigar as consequências jurídicas das expropriações normativas. Trata-se de um ato regulatório, genérico e abstrato, que subtrai ou minimiza o direito de propriedade, do qual não decorre a transferência formal do domínio para Poder Público. A problemática tem lugar na medida em que essa ablação normativa é levada a efeito, sem o estabelecimento do devido processo legal expropriatório (previsto no art. 5º, inciso XXXIV, da Constituição da República – CRFB), o qual impõe o pagamento de uma prévia e justa indenização ao expropriado. Para este fim, será investigado se os institutos por meio dos quais o Estado intervém na propriedade privada (desapropriação, limitação administrativa, ocupação temporária, requisição administrativa, tombamento) dão conta desse fenômeno, ou se se trata de uma falha da regulação, que produz consequências jurídicas. Ao final, será apresentada uma proposta, de lege ferenda, de disciplina desse fenômeno

Os mecanismos de governança do saneamento básico no Brasil : um estudo de direito administrativo sob a perspectiva da economia dos custos de transação

O serviço público de saneamento básico tem relevância amplamente reconhecida. Apesar disso, ainda são verificados no Brasil elevados índices de déficit ou de atendimento precário, com situações distintas nas diversas regiões do país. Nesse sentido, o objetivo desta dissertação é (i) apresentar, a partir da perspectiva interdisciplinar da Economia dos Custos de Transação, uma compreensão do serviço público de saneamento básico no Brasil, atualmente regulamentado pela Lei nº 11.445/2007, (ii) avaliar a eficiência do modo de governança majoritariamente utilizado e, (iii) eventualmente, propor desenhos alternativos para a organização da prestação que sejam economicamente superiores em temos de redução de custos de transação para a realização de investimentos necessários ao cumprimento dos objetivos fundamentais definidos no art. 2º, da Lei nº 11.445/2007. A pesquisa adotou como estratégia metodológica a utilização de uma abordagem interdisciplinar de direito, economia e organizações, nos termos da análise econômica da nova economia institucional. A partir o estudo do ambiente institucional básico, com apoio no referencial teórico, observou-se que o mecanismo de governança predominantemente utilizado no serviço público de saneamento básico no Brasil, isto é, delegações a Companhias Estaduais de Saneamento por meio de contratos de longo-prazo (contratos de programa), não favorece a realização de investimentos em ativos específicos (infraestrutura) necessários à prestação e cumprimentos de metas da política. Foi também constatado que existem alternativas de governança viáveis ao desenho predominante, embora a utilização de formas alternativas provavelmente não possua execução viável pelo simples transplante de normas, isto é, pela via formal. A modificação da forma de governança predominante no saneamento básico no Brasil, com a superação do baixo desempenho verificado (low-level equilíbrium), não é possível de ser realizada sem custos. Nesse sentido, é necessário superar os custos para o rompimento do path dependence provocado pelo hold up realizado pelas Companhias Estaduais de Saneamento Básico sobre os titulares do serviço público (municípios), bem como os custos para o rompimento do path dependence no direito administrativo brasileiro, o qual restringe o desenvolvimento de uma teoria jurídica da regulação apta a viabilizar a construção de uma governança regulatória adequada à redução dos custos de transação, de modo a tornar viáveis investimentos em ativos de infraestruturas com elevado grau de especificidade.

A arbitragem nos conflitos envolvendo a administração pública : uma proposta de regulamentação

Em 26 de maio de 2015, foi sancionada a Lei nº 13.129/2015, que promoveu verdadeira reforma na Lei nº 9.307, 23 de setembro de 1996, a Lei de Arbitragem. Dentre as modificações introduzidas no direito arbitral brasileiro, possivelmente a mais importante delas é aquela prevista no § 1º do art. 1º da Lei de Arbitragem, que passou a admitir indistintamente o uso, pelo Estado, da via arbitral para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, permitindo a inserção da correspondente cláusula compromissória nos contratos administrativos em geral e, inclusive, em convênios, contratos de gestão e termos de cessão e de permissão de uso. A presente dissertação de mestrado tem por objetivo, precisamente, o de permitir uma melhor compreensão do alcance da regra prevista no art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.307/96, verdadeiro marco regulatório da arbitragem no setor público, e propor, concretamente, linhas de ação voltadas para fomentar o emprego do procedimento arbitral nos conflitos envolvendo a Administração Pública, em especial a regulamentação do instituto no seio da burocracia estatal.

DEVIDO PROCESSO LEGAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR NAS AGÊNCIAS REGULADORAS

This paper discusses the growing attention that, over the last decades, has been given to the administrative procedure in Administrative Law, as it also highlights the procedures which are in tune with the new trappings of this legal field. It focuses on the sanctioning competence of regulatory agencies, notably what concerns the procedural guide that conditions its exercise. It aims at gathering varied elements, many times dispersed over the legal system, so it is possible to list, with a satisfactory degree of detail, the procedural constitutional guidelines which are indispensable to the sanctioning of private entities through punitive action by regulatory agencies. It highlights the due legal process clause, for the abundance of the protective set there is around it, as a guiding constitutional principle for the application of sanctions by regulatory agencies. It examines the repercussion of the constitutional principle of the due legal process on Administrative Law, focusing on the most relevant principles on which the first unfolds itself. It analyzes, in light of the due legal process principle, the sanctioning administrative procedure developed in regulatory agencies. In conclusion, it is asserted that there is no room, in the Brazilian legal system as a whole, for sanctions to be applied summarily; that there reigns, in our system, an absolute presumption, dictated by the Constitution, that only through regular procedures can the best and fairest decision, concerning cases in which the rights of private parties could be affected, be taken by the public administration; that, respecting the principle of the right to a fair hearing, it is indispensable that there be motivation of a decision that imposes a sanction; that there should be, in homage to the principle of full defense and for the need to preserve the autonomy of the regulatory party, an appeal court in every agency; that the principles listed in the federal law No. 9.784/1999 should be mandatorily monitored by the agencies, for this is the only alternative consistent with the Constitution

A Competência normativa das agências reguladoras e seus limites principiológicos no direito brasileiro

The transition of the liberal state to welfare state, globalization and the crisis of funding from the government spending on the multiple roles demanded an overhaul of the means of intervention in the economic domain and structure organizational of the Public Administration by enhancing the performance of regulatory functions. Therefore appear in Brazilian law independent regulatory agencies with legal administrative particular that gives autonomy increased, with fixed terms and stability of its leaders, police and competencies, normative and administrative judges. In this scenario, given the autonomy granted by the laws of the creation of regulatory agencies, the legislative competence becomes the most contentious issue, as not infrequently is innovation in the legal system. The main foundations of innovative extension producible by regulatory agencies, which diverges doctrine, are the constitutional attribution of own competence of the Public Administration and the discretionary power. Thus, it is necessary to delimit the constitutional and legal foundations of special legislative powers of these autarchies in our legal system, seeking ways to limit and control the production rules of those entities, for the purpose of position them before the powers constitutionally constituted. We note that with the constitutionalisation of administrative law regulatory agencies found limits to its performance in the normative constitutional principles, especially through the principles of efficiency, morality and proportionality, which has enabled a more effective control of their normative acts

Code of federal regulations.

Special edition of the Federal Register, containing a codification of documents of general applicability and future effect ... with ancillaries.

Wisconsin red book : administrative rules and orders.

Includes indexes.