955 resultados para Público não-estatal


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Tomando as favelas do Rio de Janeiro como campo privilegiado de análise, esta dissertação busca trazer para o centro da discussão a forma a partir do qual os moradores destes territórios da cidade vivenciam e externalizam sua percepção da injustiça e lidam com a frustração de seus desejos e aspirações, quando confrontados com a ação policial. Partindo da observação das possíveis interferências de uma ação de policiamento, as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), na esfera pública local do Morro do Andaraí, buscou-se entender como agem seus moradores diante do contexto sócio-político atual de reconfiguração do pensamento estatal em relação à atuação da segurança pública na cidade. Quais representações sociais os moradores organizam para formular uma rede de relações entre seus membros e como estas representações estabelecem objetivos e procedimentos específicos para interpretar e pensar a realidade cotidiana. E, em que medida a ação do Estado interfere, efetivamente, de modo a reconfigurar a esfera pública local, são questões que foram abordadas ao longo do trabalho teórico e empírico. Partindo de uma abordagem holística, que considerou observar os fatos humanos como totalidades, adotou-se uma postura reflexiva diante do objeto de estudo e dos sujeitos que o constroem em seu cotidiano no desenrolar da esfera pública local. Desta forma, junto a uma extensa pesquisa bibliográfica foram associados um trabalho de campo exploratório e a aplicação de um instrumento de investigação não diretivo a um conjunto de moradores, posteriormente as falas recolhidas dos moradores foram tratadas segundo a técnica de Análise de Conteúdo. Percebe-se nas representações sociais dos moradores, o entendimento de que as ordens ideológica, política e econômica que compõem o Estado continuam a olhar para as favelas como o espaço onde identificam a desordem e a causa dos problemas sociais enfrentados pelo conjunto da cidade. Espaço que por isso precisa ser reordenado, pacificado para acabar com ideia da cidade partida em frações marginais. Por fim, relacionando a conjuntura atual vivenciada nas favelas ocupadas com os conceitos de policiamento comunitário, busca-se compreender em que medida as UPPs podem ou não contribuir para as mudanças tão esperadas nas ações de policiamento das favelas. O momento atual é de observação atenta e discussão constante para a constituição de uma cidade de mais direitos, pacífica não apenas para os moradores do asfalto

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Uno de los aspectos clave para conocer la realidad de las personas con discapacidad, es sin duda el conocimiento de la magnitud y evolución del gasto público de las administraciones públicas en esta materia. En este documento, se presenta una estrategia metodológica de seguimiento y evaluación del gasto público en discapacidad en España, para su aplicación sistemática, de manera anual, a partir de 2015. La medición del gasto público en discapacidad es una tarea compleja, sobre la que el OED pretende propiciar un debate y reflexión conjunta a la que se invita a público e instituciones interesadas, con el objetivo último de alcanzar el mejor instrumento de medición posible.

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Tesis (Maestría en Derecho Público) U.A.N.L.

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La educación está definida por la Constitución Política como derecho y como servicio público con función social. A su vez, para lograr este cometido se la ha definido como política pública, es decir, de máximo interés para el Estado. No obstante, lo plasmado en norma y programas no corresponde con la realidad. Aún hay actuaciones de la administración que vulneran el derecho a la educación por deficiencias en la prestación del servicio público educativo. De ahí el interés legítimo que tiene la colectividad para exigir de la administración, mediante las acciones populares, que se garantice la prestación del servicio público de la educación en las mejores condiciones posibles. La educación como servicio público es un derecho colectivo, y la comunidad puede exigir que se garantice su prestación adecuadamente, pues en la medida en que haya más personas bien educadas, ello redunda en beneficio de la sociedad y del Estado.

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Este trabajo de investigación presenta parámetros objetivos que permitan concretar en un caso la Moralidad Administrativa por vía de acción popular, como medio control a la moralidad de las personas jurídicas de derecho público

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La presente monografía examina los alcances reales del Control Social a la Gestión Pública estatal desde el análisis de factores de éxito y fracaso, tomando como caso de estudio a la Red ciudadana de control social en Bienestar – componente discapacidad en Bogotá D.C. Este tipo de control fue concebido en marco normativo del país para prevenir actos corruptos y para que contribuyera al mejoramiento de la administración pública, haciéndola más acorde a las necesidades de la ciudadanía. Ahora bien, por lo que implica cumplir estas funciones, el control social se enfrenta a múltiples circunstancias que lo influyen positiva y negativamente, que determinan los efectos que pueda producir a nivel estatal y ciudadano. Para cumplir con este objetivo y a la luz del Enfoque Sistémico, se diseñó un modelo que permitiera identificar factores de éxito y fracaso basado en tres elementos básicos (organización, conocimiento y comunicación) que posibilitan caracterizar factores reconocidos en la bibliografía y otros nuevos que los provee el análisis de la experiencia, y que resultan hallazgos importantes por cuanto no se habían incluido hasta el momento en ningún recurso bibliográfico. En conclusión, se demuestra que mediante ciertas prácticas y acciones concretas los ciudadanos pueden incidir lícitamente en las actividades estatales, transformando la gestión pública y produciendo una mayor apropiación de lo público por parte de los ciudadanos.

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Desde la introducción del postulado de la “autonomía de la voluntad” en el Estatuto de Contratación Estatal, es posible afirmar que trajo consigo grandes cambios, los cuales se ven reflejados en varios escenarios de la contratación y que sin lugar a duda revelan suma importancia, pero cuando nos referimos a la tipología contractual, primer estadio al cual deben enfrentarse las partes al momento de contratar, este postulado toma real trascendencia al proporcionar libertad a los contratantes, tanto para la entidad como para el particular, de crear conforme a sus necesidades y a los fines estatales la forma contractual que más se ajuste, teniendo en cuenta las limitantes generales que el ordenamiento jurídico le impone. Este entorno ha sido la clave para que se llegue a hablar del contrato estatal atípico, tópico que ha generado discusiones entorno a su admisibilidad en el derecho público por no serle originalmente propio a este.

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Los Estados modernos requieren establecer reglas de juegos claras y transparentes, que permitan que la adquisición de bienes y servicios cumplan su función social, enmarcada en criterios de racionalidad económica y de equidad. Dichas reglas implican una concientización ética en torno a lo público, que exige eliminar la idea de que el estado es un terreno apropiado para la captura de exageradas rentas y utilidades privadas. Es por ello que se requiere con urgencia establecer en nuestras leyes herramientas cuyo propósito sea impedir que los recursos del estado se pierdan en los sobreprecios. En consecuencia, es necesario enfrentar el tema del sobreprecio no solo desde el punto de vista de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y contratistas involucrados en la ocurrencia de este fenómeno, sino también, desde la validez y eficacia del contrato celebrado y/o adjudicado y/o ejecutado con sobreprecios y además, buscando dentro de nuestra legislación mecanismos que ayuden a resarcir los perjuicios ocasionados por ésta situación

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Esta investigación tuvo como objetivo general indagar las posibles causas de la crisis de los sindicatos del sector público en Colombia. Para poder demostrarlo se desarrolló una primera hipótesis relacionada con el hecho de que la crisis del sindicalismo estatal responde a los cambios sociales y organizativos del proceso de producción posfordista, La segunda hipótesis que da como resultado la debilidad de la representatividad sindical y de sus directrices organizativas; y una tercera hipótesis que tiene que ver con las políticas promovidas recientemente por el Estado, que conllevan la reducción del gasto público y/o la disminución de su aparato burocrático.

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Una constante de los Estados en nuestro tiempo parece ser el habitual esfuerzo por modernizar su quehacer, en búsqueda de mejores estrategias en el cumplimiento de sus fines. La reforma del Estado se ha convertido en el tema central de la agenda política mundial. El origen de este proceso tuvo lugar cuando el modelo de Estado montado por los países desarrollados en la posguerra, propulsor de una era de prosperidad sin precedentes en el capitalismo, entró en crisis hacia fines de la década de 1970. La preocupación por los medios a través de los cuales el Estado actúa ha generado una política de mejora de la gestión pública que se hace presente en los diferentes campos de acción del poder público. Ante este reto de fortalecimiento de la gestión son diversos los obstáculos que la política estatal encuentra a su paso; la escasez de recursos, la multiplicidad de funciones que se le confían al Estado frente al reducido número de funcionarios que pueden cumplirlas en condiciones de idoneidad, los altos índices de corrupción, la falta de colaboración de la sociedad civil, entre otros.

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La intervención urbanística del Estado es insustituible. En primer lugar porque el capital privado no está dispuesto a asumir el riesgo de depreciación virtual inherente a la provisión de bienes públicos. Tampoco ha alcanzado los  niveles de acumulación previa que de manera individual estén en capacidad de reemplazar los esfuerzos colectivos que se deben movilizar para tal efecto. Es por ello que estratégicamente el capital privado ha seducido al público con la idea de la eficiencia de las alianzas público-privadas y la gobernanza. En segundo lugar porque el mercado inmobiliario residencial formal es un mercado segmentado e imperfecto en el que el poder de mercado de los estructuradores urbanos y metropolitanos alcanza niveles cuasi-monopólicos. Por tanto, y siguiendo a Commons, la regulación y el control de la oferta inmobiliaria residencial incide positivamente en la ampliación de la libertad en la producción y en la elección de localización de las familias que habitan en las metrópolis. Un orden menos segregado que el perseverante se torna posible. Este trabajo se ocupa de analizar, desde una perspectiva teórica pluridisciplinar como la economía institucional urbana, las posibilidades e instrumentos con que se cuenta para alcanzar tal orden.

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Aproximación a los temas y principios fundamentales que subyacen en el derecho urbanístico, desde la norma jurídica, como expresión de una potestad estatal, y desde la propiedad, como manifestación de un derecho con rango y protección constitucional,

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El presente escrito desarrolla un análisis comparado entre el sistema de compras públicas colombiano y el Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos en cuanto a compras públicas se refiere, poniendo en evidencia inconsistencias de tipo jurídico para efectos principalmente prácticos, acudiendo a temas de soporte para el desarrollo de las obligaciones contenidas en el acuerdo, como son las Normas de Origen de los Bienes y el régimen de responsabilidad del contratista estatal colombiano.

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El presente trabajo corresponde a un estudio formal de los conceptos de derecho al agua y de mínimo vital de agua para consumo humano, en el contexto legal y jurisprudencial del servicio público domiciliario de acueducto en Colombia. Con éste propósito se llevó a cabo inicialmente, un acercamiento a los instrumentos internacionales que han pretendido garantizar el acceso al agua para el consumo humano, luego un análisis de algunos fallos de la Corte Constitucional encaminados a garantizar el derecho al agua en Colombia y un estudio de los esquemas de regulación y mercado del servicio público domiciliario de acueducto en el país. Por último el trabajo efectúa cuestionamientos de los esquemas normativos y regulatorios actuales del sector y expone algunas políticas públicas locales encaminadas a garantizar el acceso al agua para consumo humano e iniciativas legislativas presentadas con dicho fin.

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El Estado como institución político-jurídica, así como las estructuras de poder y organización social, han sufrido grandes transformaciones en el mundo contemporáneo, producto de discusiones y tendencias como la globalización, la reconfiguración de la legitimidad de las instituciones burocráticas, el establecimiento de estándares, políticas y prácticas de calidad internacional, el impacto de las crisis de la hacienda pública, entre otros factores que influenciaron la creciente intervención de los particulares y sus mecanismos de regulación en la gestión de los asuntos públicos. El Estado Colombiano no ha sido ajeno a tales situaciones, y la creciente injerencia del sector privado en lo público, se ha visto representada en la expedición del régimen legal de las Asociaciones Público Privadas (Ley 1508 de 2012), en virtud del cual los particulares estructuran, ejecutan y desarrollan proyectos conjugando el ánimo de lucro con la promoción del interés general. De conformidad con lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo sistematizar y analizar las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el régimen de las Asociaciones Público Privadas, así como abordar reflexiones sobre la transformación del Estado y el papel de los particulares en el ámbito de lo público.