997 resultados para FRANCIA - ADMINISTRACION PUBLICA
Resumo:
La presente monografía examina los alcances reales del Control Social a la Gestión Pública estatal desde el análisis de factores de éxito y fracaso, tomando como caso de estudio a la Red ciudadana de control social en Bienestar componente discapacidad en Bogotá D.C. Este tipo de control fue concebido en marco normativo del país para prevenir actos corruptos y para que contribuyera al mejoramiento de la administración pública, haciéndola más acorde a las necesidades de la ciudadanía. Ahora bien, por lo que implica cumplir estas funciones, el control social se enfrenta a múltiples circunstancias que lo influyen positiva y negativamente, que determinan los efectos que pueda producir a nivel estatal y ciudadano. Para cumplir con este objetivo y a la luz del Enfoque Sistémico, se diseñó un modelo que permitiera identificar factores de éxito y fracaso basado en tres elementos básicos (organización, conocimiento y comunicación) que posibilitan caracterizar factores reconocidos en la bibliografía y otros nuevos que los provee el análisis de la experiencia, y que resultan hallazgos importantes por cuanto no se habían incluido hasta el momento en ningún recurso bibliográfico. En conclusión, se demuestra que mediante ciertas prácticas y acciones concretas los ciudadanos pueden incidir lícitamente en las actividades estatales, transformando la gestión pública y produciendo una mayor apropiación de lo público por parte de los ciudadanos.
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El trabajo muestra como a partir de unos principios básicos de las tecnologías de la información y las Telecomunicaciones TIC, y el desarrollo legislativo colombiano, en especial la Ley 527 de 1999, es posible facilitar la relación entre la Administración Pública y los ciudadanos, a través del procedimiento administrativo por medios electrónicos, desarrollando así los principios de la función pública contenidos en la Constitución Política y en la Ley 489 de 1998, haciéndola no sólo más ágil y fácil de acceder, sino generando transparencia dentro de la gestión pública estatal. Se presenta además una comparación entre el procedimiento administrativo tradicional y el electrónico; así como la aplicación práctica de éste a un trámite específico de una entidad pública. Finaliza haciendo un análisis del aporte que al tema hizo la Ley 1437 de 2011, haciéndolo imperativo en la administración pública en todos sus niveles.
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El ordenamiento territorial colombiano es débil y sus entidades territoriales carecen de funciones concretas, siendo un obstáculo para alcanzar los fines que la Constitución de 1991 le impuso al Estado colombiano en el contexto de una economía de mercado. En este sentido, en la presente investigación se realiza un estudio sobre la provincia, como nivel de gobierno entre el municipio y el departamento, presentándola como una posibilidad para fortalecer y articular las iniciativas locales, aumentar la participación política y generar economías a escalas en Colombia. En principio, se hace un análisis del ordenamiento territorial colombiano frente al cumplimiento de los fines del Estado; segundo, se realiza un acercamiento conceptual de la Provincia identificando su correlación con entidades similares en países de Europa y América latina; tercero, se hace un recorrido histórico de la Provincia desde la época de la Conquista hasta la actualidad en la realidad colombiana. Y por último, se hace un estudio del rol de las Provincias en una economía abierta como la colombiana.
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El documento contiene un análisis sobre la manera de controlar los contratos estatales antes y después de la expedición del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
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La presente investigación reflexiona acerca de los principales problemas derivados de la aplicación del artículo 125 de la constitución política de 1991, y la implementación de la méritocracia como mecanismo para determinar el ingreso a los empleos de la administración pública colombiana.
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La supervisión del contrato estatal es que una materia que no se encuentra debidamente reglamentada, ya que con el estudio de la legislación vigente al respecto se observa que, por ser ésta insuficiente, general y delegataria, ha acarreado que el deber y la obligación de supervisar la actividad de contratación por parte del Estado sean reglamentados por la normatividad interna de cada entidad cobijada por el régimen de contratación pública. Reglamentación ésta que, al realizar un análisis, lleva a deducir que es numerosa, dispersa, contradictoria entre sí y entre las normatividades internas de las entidades públicas analizadas; con lo cual se constituye un panorama no propicio para el cabal cumplimiento de los principios generales del derecho, constitucionales; principios que rigen la función administrativa y los de la contratación estatal que le puedan ser aplicados. De acuerdo con todo lo anterior se expresa que, siendo la supervisión una herramienta ideal para el cumplimiento del deber y la necesidad de vigilar y controlar todo lo concerniente al proceso de contratación pública por parte del Estado colombiano, con miras a controlar y disminuir la corrupción en la contratación estatal, no goza de un régimen ideal para su desarrollo, por lo que además puede decirse que esta herramienta ha sido hasta la fecha subutilizada.
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El presente estudio tiene como propósito definir las tensiones que presenta el modelo de división territorial interna de Bogotá con base en dos categorías de análisis: la desconcentración y la descentralización.
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Esta tesis producto del trabajo de investigación se planteo sobre las bases de un derecho administrativo interno creado para resolver los problemas suscitados al interior del Estado en consonancia con los postulados constitucionales, teniendo en cuenta el artículo 4° en que se establece la supremacía de la Constitución y los artículo 9°, 93, 94 y 224 al 227 que ordenan el desarrollo del derecho de integración en el marco de los países Latinoamericanos y del Caribe, por lo que surge la imperiosa necesidad de armonizar el derecho de la integración con el ordenamiento jurídico nacional y en especial con el derecho administrativo quien deberá recepcionar el mencionado ordenamiento supraestatal, alterando las tradicionales concepciones de las fuentes de este derecho interno. Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho administrativo comprendido como un derecho legislado que regula las relaciones entre el Estado y los particulares en el que prevalece el “principio de legalidad” de los actos administrativos, se puede intuir que constituye un problema jurídico los impactos derivados de los tratados de integración, donde nos preguntamos sí las categorías de fuentes actuales del derecho administrativo son las adecuadas para abordar la recepción de estas disposiciones Por lo que al explorara las incidencias en el derecho administrativo con ocasión de la recepción del derecho de integración con particular énfasis en la Comunidad Andina, identificamos que uno de los rasgos más distintivos del ordenamiento jurídico andino, como el de otros esquemas de integración, proviene del discutido concepto de supranacionalidad. Dentro de la teoría jurídica contemporánea la comprensión de este término trae una novísima concepción que al mismo tiempo es respetuosa de la soberanía interna de los Estados miembros, la cual permite el surgimiento del nuevo ente común donde es posible la distribución de competencias en la reglamentación de ciertos ámbitos entre autoridades multilaterales y nacionales, conservando su propia autonomía. Este concepto ha permitido que en el ordenamiento comunitario andino, a semejanza de lo que acontece en el derecho interno de los Estados, exista un sistema de control de las normas jurídicas garantizado por una jurisdicción contenciosa-administrativa ejercida a través del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Lo que en definitiva incide en el derecho administrativo interno al encontramos frente a ordenamientos independientes, como lo son los del derecho de integración, en los que se producen, aplican y ejecutan normas según las reglas de juego adoptadas para ese efecto por los Estados miembros, que dependerán del marco del proceso de integración y su armonización con las normas internas. Es por ello, que en el resultado final de esta tesis se constata la aparición de nuevas fuentes de legalidad, donde ya no sólo se contemplará la ley y la jurisprudencia, ésta última posicionada con el devenir del tiempo debido a su pertinencia, como lo podemos contrastar con la expedición del Nuevo Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (L. 1437/11) que aún no ha entrado en vigencia, en donde se resalta la importancia del Precedente Judicial a partir de las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Pero más allá, de este nuevo reconocimiento legislativo, el sistema de fuentes establecido se verá alterado en su jerarquía con el derecho que nace con ocasión de los tratados de integración, lo que aún no se refleja en este nuevo Código, el cual no prevé la aplicación de las nuevas fuentes de legalidad.
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Desde la introducción del postulado de la “autonomía de la voluntad” en el Estatuto de Contratación Estatal, es posible afirmar que trajo consigo grandes cambios, los cuales se ven reflejados en varios escenarios de la contratación y que sin lugar a duda revelan suma importancia, pero cuando nos referimos a la tipología contractual, primer estadio al cual deben enfrentarse las partes al momento de contratar, este postulado toma real trascendencia al proporcionar libertad a los contratantes, tanto para la entidad como para el particular, de crear conforme a sus necesidades y a los fines estatales la forma contractual que más se ajuste, teniendo en cuenta las limitantes generales que el ordenamiento jurídico le impone. Este entorno ha sido la clave para que se llegue a hablar del contrato estatal atípico, tópico que ha generado discusiones entorno a su admisibilidad en el derecho público por no serle originalmente propio a este.
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La gestión pública, tradicionalmente percibida como burocrática e ineficiente, tiende a evolucionar hacia modelos basados en la Nueva Gerencia Pública y el Gobierno Electrónico, que propenden por acercar los Estados a los ciudadanos y desarrollar con mayor eficiencia las actividades operativas a su cargo. En forma paralela, la Teoría de Restricciones, primordialmente aplicada a procesos productivos, busca optimizar los mismos para maximizar los resultados de las empresas, disponiendo de metodologías y herramientas de propósito específico. ¿Es posible entonces optimizar la operatividad de una entidad pública a través del uso de la TOC?. Mediante el presente trabajo se busca dar respuesta a este interrogante, a partir de las aproximaciones teóricas pertinentes y de su aplicación al caso particular de la CRC, entidad pública a cargo de la regulación sectorial de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia.
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Documento realizado por la universidad del Rosario en conjunto con la gobernación del Huila, para desarrollar los ''Objetivos de desarrollo del Milenio'' a 2015 de éste departamento. En éste se desglosan cada uno de estos objetivos, se proporcionan recomendaciones y guías para así arribar a estas metas en el año mencionado.
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El documento expone el análisis de la supervisión de los contratos estatales celebrados por las entidades autónomas del orden nacional a partir del marco legislativo vigente.
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Los Estados modernos requieren establecer reglas de juegos claras y transparentes, que permitan que la adquisición de bienes y servicios cumplan su función social, enmarcada en criterios de racionalidad económica y de equidad. Dichas reglas implican una concientización ética en torno a lo público, que exige eliminar la idea de que el estado es un terreno apropiado para la captura de exageradas rentas y utilidades privadas. Es por ello que se requiere con urgencia establecer en nuestras leyes herramientas cuyo propósito sea impedir que los recursos del estado se pierdan en los sobreprecios. En consecuencia, es necesario enfrentar el tema del sobreprecio no solo desde el punto de vista de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y contratistas involucrados en la ocurrencia de este fenómeno, sino también, desde la validez y eficacia del contrato celebrado y/o adjudicado y/o ejecutado con sobreprecios y además, buscando dentro de nuestra legislación mecanismos que ayuden a resarcir los perjuicios ocasionados por ésta situación
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La evolución de los enfoques de la cooperación internacional y de los procesos de internacionalización de las ciudades han contribuido activamente al desarrollo territorial. Los hermanamientos como una herramienta clave para el intercambio social, político, económico, técnico y académico entre ciudades, se han convertido en uno de los métodos más utilizados para el accionar internacional. Bajo ese contexto, se analizará la influencia del proceso de internacionalización de Santa Marta en la implementación del hermanamiento “Sister Cities” con Miami Beach. Lo anterior, pretende demostrar que el proceso de internacionalización de la ciudad de Santa Marta, desde 1989 hasta la actualidad, ha influido directamente en el hermanamiento entre las dos ciudades, obviando oportunidades y beneficios. Finalmente, a partir del resultado de la investigación se sugerirá una alternativa de solución para la optimización del acuerdo entre las dos ciudades.
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en el presente estudio se ha analizado el recurso humano de cuatro localidades de Santa Fe de Bogotá, con el fin de crear un sistema que mejore los procesos de contratación, capacitación, remuneración y motivación de las personas.