Moralidad pública y tributación en el Ecuador

El objetivo central de la presente investigación se enfoca en explicar si el no sometimiento al impuesto a la renta de las ganancias ilícitas en el Ecuador, podría atentar contra la moral del Estado y del Derecho Tributario, e incluso lesionar los más importantes principios de la tributación como el de igualdad, generalidad, legalidad y capacidad contributiva. Con este propósito, realizaré una revisión de la finalidad que cumple la Administración Pública, el objetivo del Derecho Tributario y el aporte de los Principios Tributarios y su vinculación con la moral. Se estudiará además si el sistema jurídico ecuatoriano somete a tributación las rentas provenientes de actividades ilícitas, para luego analizar a través de casos concretos, si la renta proveniente del narcotráfico, contrabando y usura puede ser sujeta a imposición. Sobre la base de argumentos doctrinarios y normativos, complementados con un aporte personal, presentaré las posturas a favor y en contra de la tributación de rentas provenientes de fuente ilícita, para luego ubicar mi perspectiva al respecto.

El prestamista de última instancia

En el presente trabajo se analizará la tesis económica neoliberal concerniente a la función del Estado como prestamista de última instancia, y su concreción en el ordenamiento jurídico, a partir de la expedición de las leyes de Régimen Monetario y Banco del Estado y General de Instituciones del Sistema Financiero, hasta la promulgación de la Ley de Transformación Económica del Ecuador. Sus objetivos, problema e hipótesis, son los siguientes: a) Objetivos: 1.- Verificar los fundamentos, tanto económicos como jurídicos, que reflejan la posición del prestamista de última instancia, a la luz de las tesis neoliberales, y de nuestro ordenamiento jurídico; y, 2.- Analizar la vinculación entre la tesis económica neoliberal que le confiere al prestamista de última instancia un determinado rol, y el ordenamiento jurídico en el cual tiene que plasmarse. b) Problema: ¿La función del prestamista de última instancia que le otorga la tesis económica neoliberal, es fielmente concretizada en el campo jurídico? c) Hipótesis: La función que la tesis económica neoliberal le confiere al prestamista de última instancia, no es concretizada fielmente en el campo jurídico. El presente trabajo, entonces, tratará de encontrar los fundamentos, tanto económicos como jurídicos, que reflejen la posición del prestamista de última instancia, dentro del neoliberalismo, y de verificar la sujeción de nuestro ordenamiento a dichos postulados. La intención descrita, en fin, tiene especial trascendencia ya que recoge el estudio de la concreción jurídica de una forma de intervención del Estado en la economía, con unos parámetros definidos en la teoría económica.

Justicia constitucional en Bolivia

El propósito del análisis de la presente investigación, cuyo título es: “JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN BOLIVIA”, surge como una inquietud de plasmar puntual y objetivamente la significación del Tribunal Constitucional Boliviano como una nueva institución en la administración y fortalecimiento de la justicia, así como un órgano especializado del control constitucional que permita contribuir a la defensa, protección, garantía y promoción eficiente de los derechos fundamentales, que son requisito sine quanum para la consolidación del régimen democrático en Bolivia; y que gracias a la globalización se encuentran presentes en los países latinoamericanos y por ende en los países andinos, por el impulso de factores irresistibles. Señalado lo anterior, cabe describir sintéticamente el contenido explorado y explotado en ésta investigación, así se tiene que: En el Capítulo I, se consignan generalidades y consideraciones necesarias respecto de lo que se entiende por Estado de Derecho y Estado Constitucional de Derecho, dentro de un Estado Moderno; asimismo, se realizan puntualizaciones sobre Justicia Constitucional, las razones y motivos para su existencia, así como los presupuestos jurídicos que la sustentan. El Capítulo II, está referido a los Principios de la Justicia Constitucional, comprendiendo a la Supremacía Constitucional y Jerarquía Normativa. En el primer principio, se desarrollan los fundamentos, doctrina y la relevancia de la Supremacía Constitucional en el Estado Constitucional de Derecho. Respecto del segundo principio, se examina la Constitución de la Constitución, entendida ésta como las Decisiones Constitucionales Fundamentales, que rigen el desarrollo dogmático y orgánico de la Ley Fundamental. Los Sistemas de Control Constitucional reconocidos en la Justicia Constitucional, son analizados en el Capítulo III, explicándose la diferencia entre el Control Político y el Control Jurisdiccional dentro del cual se definen los Sistemas de Control Difuso, Concentrado y Mixto, haciendo referencia a las experiencias de modelos adoptados por países en Estados Unidos de Norteamérica, Europa y la Región Andina; y su efectividad respecto de los regímenes democráticos. En el Capítulo IV, se examina en forma exhaustiva el Control Constitucional en la Justicia Constitucional Boliviana, haciendo un análisis de los antecedentes históricos, tomando en cuenta el control constitucional en la Constitución de 1967, para posteriormente ingresar en la nueva propuesta de dicho control en la Reforma Constitucional de 1994, determinando las justificaciones para la creación del Tribunal Constitucional y la referencia de los criterios necesarios para la elaboración de la Ley del Tribunal Constitucional Boliviano. El Capítulo V, referido al Tribunal Constitucional como actor principal en la Justicia Constitucional Boliviana, comprende un estudio profundizado de su naturaleza jurídica, composición, su estructura orgánica y, finalmente, se examina el estatuto jurídico – constitucional de los Magistrados del Tribunal Constitucional. El papel del Tribunal Constitucional en Bolivia, se encuentra ampliamente desarrollado en el Capítulo VI, estableciendo las funciones y atribuciones de éste órgano de control constitucional, así como los alcances y efectos de sus resoluciones emitidas. Concluyendo éste capítulo, con el enfoque de la actuación del Tribunal Constitucional en el fortalecimiento del régimen democrático boliviano y en la consolidación de la Constitución, permitiendo así la defensa, protección, garantía y promoción eficiente de los derechos fundamentales. Finalmente, en las conclusiones se da a conocer la trascendencia del rol que cumple el Tribunal Constitucional en Bolivia, al encontrarse encaminado a garantizar, que el modelo de jurisdicción constitucional diseñado se fortalezca cada día más en busca de una jurisdicción constitucional anhelada por los bolivianos. Para la realización y análisis de los capítulos enunciados, se recurrió a fuentes bibliográficas y documentales, así como a fuentes de normas legales, doctrinales y jurisprudenciales que fueron el objeto de estudio y sistematización de ésta investigación jurídica. Se considera que el presente tema, es de importancia incalculable tanto para estudiosos de derecho, juristas, administradores de justicia o simples ciudadanos que desconocen y anhelan que el Tribunal Constitucional Boliviano, intérprete supremo de la Constitución refleje y responda a los principios y fundamentos para los que fue creado.

En defensa del neoconstitucionalismo transformador: los debates y los argumentos

Sumario: Introducción. I. La teoría neoconstitucional: aspectos generales y aclaraciones metodológicas. 1. Las precisiones metodológicas y la perspectiva crítica. 2. El neoconstitucionalismo como nominación y teoría. 3. Los teóricos del neoconstitucionalismo transformador. 4. La estratósfera académica y el rol de la teoría. II. La teoría de la norma: los principios, las reglas y los derechos. 5. Los principios y las reglas. 6. La función de los principios y la interrelación con las reglas. 7. Los principios, las normas penales y civiles, y la seguridad jurídica. 8. El rol de los jueces y los derechos. 9. El liberalismo, los derechos individuales y colectivos. 10. La constitucionalización del derecho privado. III. El neoconstitucionalismo y el estado. 11. El estado de derechos. 12. ¿ Puede el estado ser titular de derechos? 13. Rol del estado ¿estado mínimo o fuerte? 14. Las políticas públicas. 15. La Constitución de Montecristi y la desinstitucionaliación del estado. 16. El hipepresidencialismo, el caudillismo y la plurinacionalidad. IV. La utopia andina 17. La utopía constitucional y la realidad. 18. Reflexiones finales: el saber indígena y la utopía andina. Bibliografía.

Inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho: gestão, direitos e efetividade

Tese apresentada ao Programa de Doutorado em Administração da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutora em Administração

A Eficácia dos direitos fundamentais nos contratos civis e de consumo: uma teoria contratual baseada na colisão dos direitos ou bens constitucionalmente protegidos

The apparent virtuosity that if could wait of the globalization and the neoliberalism has given signals of deterioration in the contractual relations, especially in contracts of mass consumption, generating innumerable offensive situations to the basic rights and the goods constitutionally protected of the contractors. In the world of today, still that it does not reveal any desire, the individual practically is compelled to contract, for force of necessities and customs completely imposed, mainly in face of the essentiality of the services or agreed to goods. Ahead of as much and unexpected changes in the civil liames and of consumption, dictated for the globalization, it comes to surface the reflection if the private law e, more specifically, the civil law, meet prepared adequately to deal with these new parameters of the economy. The present dissertation has the intention to investigate if the globalization and the consequent neoliberalism, in this beginning of third millennium, will imply to revive of the principles and the basics paradigms of the contracts that consolidated and had kept, for more than two centuries, the liberal State. One notices that the study of this phenomenon it gains importance to the measure where if it aggravates the decline of the social State (Welfare State), with the embrittlement and the loss of the autonomy of the state authority, over all in countries of delayed modernity, as it is the case of Brazil, that presents deep deficiencies to give or to promote, with a minimum of quality and efficiency, essential considered public services to the collective and that if they find consecrated in the Federal Constitution, as basic rights or as goods constitutionally protecting, the example of the health, the education, the housing, the security, the providence, the insurance, the protection the maternity, the infancy and of aged and deficient. To the end, the incidence of constant basic rights of the man in the Constitution is concluded that, in the process of interpretation of the right contractual conflicts that have as object rights or goods constitutionally proteges, in the universe of the globalized perhaps economy and of the neoliberalismo, it consists in one of the few ways - unless the only one - that still they remain to over all deal with more adequately the contractual relations, exactly that if considers the presence of clauses generalities in the scope of the legislation infraconstitutional civil and of consumption, front the private detainers of social-economic power. To be able that it matters necessarily in disequilibrium between the parts, whose realignment depends on the effect and the graduation that if it intends to confer to the basic right in game in the private relation. The Constitution, when allowing the entailing of the basic rights in the privates relations, would be assuming contours of a statute basic of all the collective, giving protection to the man against the power, if public or independently private

Ativismo ministerial na implementação de políticas públicas

The research aims to analyze the reasons and the unique role of prosecutors in the promotion of public policies. The opening lines deal with the evolution and expansion of the general theory of the fundamental rights in the international and national levels and that have led to the creation of a welfare state concerned with carrying out positive actions which aim at the community well-being. Thus, it is clear that, after the uneven development of the Brazilian democracy, the Constitution of 1988 not only has erected to a state socially responsible, but also built a system of guarantees which highlights the significant expansion of the Powers of the Public Ministry and has now taken an outstanding position in regard to collective rights, allowing, at the same time, its members to perform the syndication of state actions, particularly public policies, correcting the course of these administrative processes in the presence of poor management and inactivity of the public administrator when acting in defense of fundamental rights. This ministerial activism, even facing the obstacles and boundaries submitted to its pursuit, has shown an increase in actions that culminated, in the last ten years, in a significant number of judicial and extrajudicial measures that indicated the correction of public policies and actions in areas of health, education, housing and the environment. In this process of monitoring and doing, the important role of the other social characters is highlighted, especially the one of the citizen who is responsible for most of the complaints that start the initiatives of the Public Ministry and that can be deployed through a significant list of judicial and extrajudicial instruments, especially the important procedure that allows the hearing and participation of the involved in the implementation of public policies, enabling a collective even a consensual solution of the matter generated among the Public Administration. Given these initiatives, the ministerial activism has established itself as a movement of its own characteristics, aimed to guarantee the fundamental rights, especially when these are not targeted by state actions that should contribute to the achievement of the democratic state of law idealized by the Federal Constitution without any distortion of direction. Nevertheless, this activism still seeks for its full accomplishment in the practical world

Da jurisdição constitucional: uma análise da concretização dos direitos fundamentais à luz da hermenêutica constitucional

Trabalho sobre a concretização dos direitos fundamentais pela jurisdição constitucional, mostrando a importância da interpretação da Constituição para a obtenção da eficácia de tais direitos. Desenvolve-se a pesquisa a partir da explicação histórica sobre o constitucionalismo moderno, que implantou o Estado Liberal de Direito e as constituições escritas, e no qual encontra a jurisdição constitucional o seu embasamento cultural e a sua justificação histórica. Verifica-se que a origem da jurisdição constitucional assenta-se no controle da constitucionalidade das leis e atos normativos do poder público, fundado no princípio da supremacia da Constituição. Destaca-se o realce dado pela teoria material da Constituição à normatividade dos princípios constitucionais, tecendo considerações em torno da classificação das normas constitucionais em regras e princípios. Remarca o trabalho que o controle da constitucionalidade pode ser formal ou material, apresentando esta última modalidade uma conotação acentuadamente política, já que, por ele, a aferição da compatibilidade da norma infraconstitucional é feita com o conteúdo material da Constituição. A função primacial da jurisdição constitucional é tutelar os direitos fundamentais, especialmente os das minorias sociais. Tal função sobreleva-se até mesmo contra textos legislativos produzidos por maiorias eventuais, pois o princípio da supremacia da Constituição prevalece sobre a regra da maioria vigente nos regimes democráticos. Comprova-se que a concepção substancialista, adotada para definir os contornos funcionais da jurisdição constitucional, propõe uma maior intervenção desta na apreciação dos casos que lhe são submetidos. Salienta-se que, no Estado Democrático de Direito, derivado da aglutinação do Estado Liberal com o Estado Social e acrescida de um elemento novo voltado à transformação da realidade social, a jurisdição constitucional passa a levar em conta, com mais atenção e destaque, os princípios constitucionais e a sincronia do ordenamento constitucional com a sociedade por ele ordenada. Realça também o estudo que a atuação da jurisdição constitucional, segundo a ideologia democrática defendida pelo Estado Democrático de Direito, tem logrado obter uma sociedade mais justa, e que a comprovação histórica é francamente favorável ao seu ativismo judicial. Os direitos fundamentais dificilmente se dissociam da democracia, que lhes garante a eficácia pela limitação e visibilidade do exercício do poder, traços políticos que constituem a nota típica dos regimes democráticos. Mesmo que os direitos fundamentais tenham tido um caráter pré-estatal como preconizado pelo jusnaturalismo, são eles normas, e não valores, pois tão logo sejam positivados pela Constituição eles se tornam direitos vigentes. Assevera a pesquisa que os métodos concretistas de interpretação constitucional mostram-se mais adequados à obtenção da eficácia da Constituição, pela importância que os elementos objetivos, relacionados com o contexto material da norma, assumem no seu processo de aplicação e interpretação. Conclui-se ser essencial que os operadores e estudiosos do Direito se conscientizem de que a interpretação constitucional deve assumir uma feição principiológica e concretista, de modo a ser obtida a máxima eficácia possível das normas constitucionais, especialmente as de direitos fundamentais, acentuando-se mais a necessidade de um Tribunal Constitucional, cuja criação no Brasil constitui ainda tema polêmico entre os doutrinadores

A Competência normativa das agências reguladoras e seus limites principiológicos no direito brasileiro

The transition of the liberal state to welfare state, globalization and the crisis of funding from the government spending on the multiple roles demanded an overhaul of the means of intervention in the economic domain and structure organizational of the Public Administration by enhancing the performance of regulatory functions. Therefore appear in Brazilian law independent regulatory agencies with legal administrative particular that gives autonomy increased, with fixed terms and stability of its leaders, police and competencies, normative and administrative judges. In this scenario, given the autonomy granted by the laws of the creation of regulatory agencies, the legislative competence becomes the most contentious issue, as not infrequently is innovation in the legal system. The main foundations of innovative extension producible by regulatory agencies, which diverges doctrine, are the constitutional attribution of own competence of the Public Administration and the discretionary power. Thus, it is necessary to delimit the constitutional and legal foundations of special legislative powers of these autarchies in our legal system, seeking ways to limit and control the production rules of those entities, for the purpose of position them before the powers constitutionally constituted. We note that with the constitutionalisation of administrative law regulatory agencies found limits to its performance in the normative constitutional principles, especially through the principles of efficiency, morality and proportionality, which has enabled a more effective control of their normative acts

Democracia participativa e regulação econômica: uma questão de legitimidade

This work presents an analysis about the legitimation of independent regulatory commission`s rulemaking power by participation procedure. It is observed that political and administrative decentralization and fragmentation of State, with the purpose of approaching citizens and provide, more efficiently, the functions acquired by the passage of the Welfare State, leads to a deficit of legitimacy (democratic crisis), which is noticeable in the making of legal norms by directors of independent regulatory commission to regulate specific economic sector. However, we understand that this crisis stems from the observation of the contemporary world from dogmas and legal institutions of the eighteenth century, without their evolution and adaptation to the modern world. The legitimacy must be perceived as the justification of power, relation command /obedience, which, from the Modern State, has the democracy as standard. Therefore, just as the world has evolved and demanded political and administrative decentralization to accompany him, it is necessary to the development of the idea of representative democracy (formal legitimacy) to participatory democracy (legitimacy stuff). Legitimacy is not confused with the legality: as the legality is on observance to internal legal system, the "rules of play"; legitimacy, as inputs to be fed into this system, the selection of the different expectations in the environment. Nevertheless, the legitimacy will take place by legality, through introduction of rational and communicative procedures: procedures get fundamental importance because these will be the means to select the expectations to be introduced in the legal system in order to make decisions more fair, rational and qualified towards society. Thus, it is necessary to its opening to the environment for dialogue with the government. In this context, we try to make an analysis of constitutional norms based on systematic and teleological interpretation of these norms to build these arguments. According to the Constitution of 1988, participatory democracy is a result of the democratic principle (sole paragraph of art. 1 of the Constitution), and it is an expression of citizenship and political pluralism, both foundations of Republic (respectively Art. 1st, inc . V and II of the Constitution), as well as the national consciousness. From another point of view, that principle consists of an evolution in the management public affairs (principle of Republic). The right of interested participate in the rulemaking process derives both the principle of popular participation (part of the democratic principle) and the republican principle as the due process constitutional (art. 5, LIV and LV, CF/88) and the right to petition (Art . 5 °, inc. XXXIV, "a", CF/88), and it is the duty of the State not only be open to participation and encourage it. Ignoring stakeholder involvement in procedures and / or expressions compiled can be causes of invalidation of the rule of law produced by addiction of procedure, motive, motivation and/or because of the administrative act. Finally, we conclude that the involvement of stakeholders in the process of making rules within the independent regulatory commission is the legitimacy and the validity of rules; and that, despite of the expressions do not bind the decision making, they will enter the system as juridical fact, balancing the field of technical discretionary of agencies

Reformas e inversión en la industria de hidrocarburos de América Latina

Incluye Bibliografía

Políticas públicas e direitos humanos em Jürgen Habermas

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)