761 resultados para Colombia. Fiscalía General de la Nación


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Teniendo en cuenta tres casos dentro del contexto del conflicto armado donde la jurisdicción penal colombiana estudia la admisión o exclusión de medios probatorios producidos a partir de injerencias de comunicaciones, encontramos que no siempre se aplica la regla de exclusión cuando no cuentan con una orden judicial previa. Ante este problema, buscamos como se ha solucionado, teniendo como referente la el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Lo anterior nos da base para entender la regla de exclusión de que se ha venido desarrollando dentro del Derecho Internacional Penal. Si bien estas reglas nos sirven para solucionar estos tres casos, terminan siendo contradictorios a lo que ha venido desarrollando la Corte Constitucional. De esta manera, si bien esta Corte consideró que la regla de Estatuto de Roma, va en concordancia con la nuestra regla de exclusión nacional, tal afirmación es errónea.

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Este trabajo busca identificar los determinantes de la administración pública, que desencadenaron la cooptación corrupta de la contratación de la calle 26. Usando la teoría sobre corrupción de Klitgaard, se propone que la presencia de un poder de monopolio, una alta discrecionalidad y la poco eficacia del control permitieron que la entidad encargada de la contratación del calle 26 fuera sometida a intereses externos. A través de la metodología de gestión del riesgo se reconstruye el contexto de la entidad para identificar las amenazas y debilidades que explican este sometimiento.

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No. 327 (23 ag. 1813); 2a. época, no. 1 (16 en. 1814)-no. 123 (19 mayo 1814); 3a. época no. 1 (1 jun. 1814)-no. 214 (31 dic. 1814); 4a. época no. 1 (1 en. 1815)-no. 117 (27 abr. 1815)

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Describir el fenómeno de la corrupción es una manera de comprender el comportamiento desviado de los integrantes de determinada colectividad y el funcionamiento de su orden social. Por lo que resulta necesario abordar el tema como un fenómeno social, económico, político y también cultural.

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El presente estado del arte se propone abordar lo concerniente a la ética en las actuaciones de los servidores públicos en Colombia, mediante una revisión exhaustiva de la literatura pertinente que existe del tema, así como de las distintas normas regulatorias y documentos oficiales que versan sobre los servidores públicos. De esta manera, se hará especial énfasis en los cambios que ha tenido la organización, el funcionamiento y el control de quienes sirven al Estado colombiano desde la instauración de la actual Constitución Política de 1991. En consecuencia, se encontrarán algunas reflexiones sobre el tema, las cuales provienen de la investigación y de entrevistas realizadas a servidores públicos.

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Conforme nuestra Constitución Política, más exactamente en su artículo 116 , se desprende que por regla general, la función de Administrar Justicia se encuentra confiada a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales, los Jueces y la justicia penal militar. El Congreso también ejerce determinadas funciones judiciales.

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RESUMEN En esta monografía el interés es comprender la dimensión de la captura del estado, su complejidad y cómo ha penetrado en la cultura política institucional de nuestro país; así mismo, el análisis permite entender el grado de influencia de los grupos de poder para lograr leyes y regulaciones a favor suyo en detrimento del interés general. Este trabajo aborda dicho fenómeno en los procesos de formulación e implementación de la política pública de Agro Ingreso Seguro – AIS– y explica consecuencias y efectos de la captura del Estado en su gobernabilidad y eficacia social. Para ello se desarrolló una investigación de tipo documental que permitió identificar el grado de legitimación de los propósitos de la política pública poniendo en perspectiva la intervención de agentes capturadores en el proceso de implementación de la política Agro Ingreso Seguro.

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La Constitución política de 1991 produjo un viraje importante en el ejercicio de la función del control fiscal en el país. Cabe recordar que el diagnostico que debatió en su momento la Asamblea Nacional Constituyente no era alentador y el control

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A continuación se buscará explicar detalladamente cada uno de estos sistemas, buscando resaltar sus fuentes históricas, sus características más sobresalientes y su importancia dentro del contexto colombiano. Con el fin de profundizar este último tema, se hará una descripción histórica de los sistemas penales que han imperado en nuestro país durante los últimos años, pasando de un sistema inquisitivo a uno mixto y de ahí a uno de carácter acusatorio; cambios que han estado sujetos a las necesidades de carácter económico, social y político del país, y que han conllevado últimamente a intentos de reforma, como la propuesta que se llevó a cabo recientemente por parte del actual presidente de la Comisión Primera de la Cámara en la que se buscó quitarle funciones judiciales a la fiscalía, a través del proyecto de acto legislativo número 19 de 2001 Senado y 151 de 2001 Cámara, y el más reciente, el número 12 de 2002 Senado y 237 de 2002 Cámara, que terminó en el acto legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002.

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La actividad del control fiscal en Colombia es una de las pocas actividades públicas a las cuales es posible realizarles un seguimiento desde su surgimiento hasta el presente.

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Entendiéndose por Cuentas Ambientales, un sistema de registros que permite describir, cuantificar y mostrar en términos físicos o monetarios, el patrimonio natural de un país o de una región económica y al mismo tiempo registrar la pérdida

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El objeto de estudio de este trabajo de grado es determinar en qué casos la realización de actuaciones de policía judicial, realizadas directamente o previamente ordenadas por la Fiscalía General de la Nación, en adelante FGN, sometidas a control posterior por parte del juez de control de garantías, pueden comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, con posterioridad a la implementación del sistema acusatorio.

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La salud además de ser un derecho fundamental también es un servicio público, el cual debe brindarse adecuadamente en términos de oportunidad, cobertura y calidad. Al entender la salud como un derecho fundamental autónomo, significa, que requiere por parte del Estado la garantía de su goce efectivo para todos los habitantes del territorio nacional, el cual es susceptible de limitaciones, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, dentro del marco de la dignidad humana. Por otro lado, el análisis de la salud como un servicio público puede abordarse desde la prestación del mismo por parte de los particulares, lo que significa analizar la figura de la descentralización por colaboración en un Estado Unitario, lo que implica: 1. La actuación de particulares en la prestación del servicio público, previa autorización legal 2. La implementación de sistemas de control, inspección y vigilancia, por parte del Estado sobre dicha prestación. 3. La expedición de instrumentos de regulación y reglamentación normativa que regulen la prestación del servicio público de salud. A través de la interpretación integradora podemos afirmar que la salud es un derecho de la persona que se materializa mediante la prestación de un servicio público de carácter obligatorio. Es decir, los servicios públicos se constituyen como instrumentos para garantizar el logro de la plena vigencia y eficacia de los derechos constitucionales y por ende de la realización de los fines del Estado Social de Derecho.

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RESUMEN INTRODUCCION Los desórdenes musculoesqueléticos constituyen uno de los más comunes y costosos problemas de salud en el trabajo en todo el mundo. La detección a tiempo de síntomas iniciales debe ser una prioridad de los sistemas de vigilancia epidemiológica. El objetivo de este trabajo de investigación fue determinar la prevalencia de los desórdenes musculoesqueléticos (DME) en la población de funcionarios del cuerpo de policía judicial de Bogotá en el año 2014. MATERIALES Y METODOS Estudio de corte transversal con una muestra de 300 trabajadores a los que se les aplico el cuestionario Nórdico de Síntomas musculoesqueléticos. RESULTADOS Se encuesto al 33,9% de los trabajadores pertenecientes al cuerpo técnico de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Bogotá. Los trabajadores evaluados tienen una edad promedio de 41,9 años, con un predominio del género femenino (54%), encontrándose que la mayoría de los que respondieron al cuestionario 87,66% (n=263) habían presentado algún síntoma musculoesqueléticos en los últimos 12 meses. Un hallazgo significativo fue la afectación cervical en el 53% (n=159) de los que reportaron sintomatología musculo esquelética. CONCLUSIONES La población perteneciente a la Policía Técnica Judicial en la ciudad de Bogotá presenta una alta prevalencia (87,66%) de síntomas que afectan al sistema musculoesquelético, principalmente comprometiendo las regiones de columna cervical, parte baja de la espalda y parte alta de la espalda, con una mayor afectación a las personas de género femenino.