997 resultados para ADMINISTRACION PUBLICA


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En 1991 la Constitución Política de Colombia incorporó las estrategias necesarias para hacer realidad la Rendición de cuentas como un proceso que contribuye a la gobernabilidad. El presente documento presenta no solo la legislación del gobierno sino también los modelos utilizados por la Contaduría General de la Nación-CGN y otras instituciones en diferentes países: Asociación Internacional de Administración de Ciudades-ICMA, Instituto Federal de Acceso a la Información-IFAI, Organización Internacional de Instituciones Fiscalizadoras Superiores-INTOSAI y la Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público-EURORAI. Adicionalmente se presentan conclusiones basadas en evidencia empírica proporcionada por los stakeholders y las recomendaciones necesarias para poner en práctica el concepto de Rendición de cuentas en la CGN y presentarlo ante los ciudadanos y otros stakeholders.

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En la presente monografía se presenta un estudio acerca de la incidencia del Acuerdo 13 de 2000 en la formulación y ejecución de proyectos en la localidad de Chapinero durante el periodo 2005-2008 en lo referente al grado de participación ciudadana y la atención de necesidades colectivas teniendo como resultado que efectivamente el Acuerdo 13 de 2000 permitió que los ciudadanos participaran de manera efectiva en la planeación del desarrollo de su localidad, lo cual se evidenció en la formulación y ejecución de algunos proyectos locales propuestos por los habitantes de la localidad e incluidos en el Plan de Desarrollo. Sin embargo, éste acuerdo no fue es la alternativa única en la formulación y ejecución de proyectos provechosos locales para la comunidad ya que proyectos de iniciativa de la administración local resultaron de igual manera provechosos para la comunidad.

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La presente monografía realiza una análisis de la aplicación de los estatuto de carrera administrativa, ley 909 del 2004 y el de carrera diplomática y consular, Decreto 274 del 2000 en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el periodo del presidente Álvaro Uribe. Esto para mostrar como el criterio del mérito, como rector de la formación y gestión de la función pública, consagrado en la constitución y en los estatutos de carrera no se aplica en la práctica en dicho ministerio. Así mismo se busca a través de entrevistas a expertos en la materia dar una explicación a la desviación que se presenta en la práctica de los principios normativos sobre función pública.

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El estudio de la estructura administrativa de la provincia de Bogotá en el siglo IX es importante por cuanto se muestra por primera vez cuales fueron los primeros entes administrativos que se crearon durante este periodo, fundamentalmente durante la vigencia de la constitución de 1832. El régimen territorial de las provincias se dividió a su vez en cantones y éstos, en distritos parroquiales.

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Estudio del desarrollo del derecho colectivo a la moralidad administrativa y su protección a través de las acciones populares. Aproximación a la definición y contenido del derecho a partir de un análisis jurisprudencial. Perspectiva como mecanismo de lucha contra la corrupción.

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El DANE es la institución del Estado colombiano encargada de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión a nivel nacional e internacional de las estadísticas oficiales, con el fin de facilitar la toma de decisiones en relación con el desarrollo socio económico del país. El intercambio de datos, actividades de conocimiento y buenas prácticas entre otros, es indispensable para mejorar ciertas instancias modificando y aplicándolas de acuerdo con las necesidades específicas del país. De acuerdo con esta necesidad y con el ánimo de la institución por cumplir con actividades de tipo internacional se creó el Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación Técnica del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, oficina adscrita a la Subdirección General desde el 2006. A pesar de contar con labores determinadas para cada uno de los integrantes del grupo, y de conocerse su labor en el ámbito institucional, se han detectado ciertas fallas en el GRICT, que en ocasiones no le permiten desarrollar su ejercicio de forma clara y precisa, a las que se pretende dar una solución a través del presente estudio. Por lo anterior y revisando las funciones que ha venido desarrollando el GRICT y lo que le espera para que pueda brindar un mayor apoyo a la Dirección del DANE se presenta en éste estudio una propuesta simple pero moderna de la nueva dependencia del DANE que esté acorde a los nuevos tiempos y al devenir del país dentro del marco de los procesos de globalización.

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La Constitución Política de 1991 introdujo el concepto de participación como dato fundamental de su estructura. Un estudio ligero permite evidenciar una cantidad de artículos que regulan la materia participativa sin embargo, dichos preceptos se encuentran sin una relación de convexidad precisa. En cuanto al tema de la participación del administrado en la administración pública, como género de la especie que engloba las normas precisas sobre el ejercicio de funciones administrativas por particulares, el problema es de mayor complejidad; ello debido a que el problema participativo supone el estudio de teorías sociológicas que explican el fenómeno desde perspectivas que superan el ámbito normativo de los preceptos que consagran dicho fenómeno. El presente artículo tiene como propósito estudiar desde un punto de vista teórico el problema de la participación como fundamento del ejercicio de funciones administrativas por particulares con el objeto de explicar su fundamento último. Para este efecto, el artículo propone un panorama general de los fundamentos tradicionales del derecho administrativo y su eficacia actual, dentro del marco de una sociedad compleja en permanente conexión con el Estado Social de Derecho. A su vez expone teorías explicativas de la relación mencionada y sus efectos en la producción de normas jurídicas. Por último, expone un estudio de caso para la aplicación de los fundamentos teóricos expuestos en este artículo.

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La existencia de una red de diferentes niveles de gobernanza europea, que integre a los gobiernos locales, regionales y nacionales en el espectro supranacional, sumada al actual orden internacional globalizado, hace que algunas decisiones tomadas a nivel comunitario afecten directamente a los gobiernos que se encuentran por debajo del Estado Central. Como resultado, estos actores subnacionales han buscado la apertura de espacios para su participación en la construcción de la Unión Europea y en los procesos de toma de decisiones a escala supranacional, ya sea a través de sus gobiernos nacionales o realizando actividades internacionales no centrales. Éste es el caso de los gobiernos de Mecklemburgo-Pomerania Occidental (Mecklenburg Vorpommern), Land de la República Federal de Alemania, e Isla de Francia (Île-de-France), región de la República de Francia.

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En una democracia, el control social es de suma importancia en el cumplimiento de los fines del Estado y de la legitimación de sus instituciones, se analizarán los alcances de la acción de la veeduría ciudadana en la política pública de hábitat en Bogotá, con el ánimo de evidenciar el contexto en el que se inscriben, los actores que participan o influyen en su constitución y funcionamiento y establecer sus alcances y limitaciones. Con este fin, se analizará el caso específico del proyecto de vivienda de interés social Nueva Ciudadela el Recreo en la localidad de Bosa.

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En el presente trabajo se estudia la responsabilidad precontractual del Estado en el marco del proceso de licitación pública, haciéndose un paralelo con el régimen del derecho privado. Se comienza delimitando la etapa precontractual, identificándose los estadios más relevantes descritos por la doctrina, con el fin de desentrañar la verdadera naturaleza de los actos que se producen para formar la voluntad contractual. Definido lo anterior, se pasa al análisis de los intereses que son tutelables en dicha etapa y las consecuencias jurídicas que se siguen de su vulneración. En esa línea, se considera posteriormente el tema de la forma de reparar los daños causados en la fase precontractual, y cuando se trata de indemnización, el monto de la misma. Finalmente, se emprende el análisis de las acciones judiciales disponibles en el ordenamiento jurídico colombiano, que pueden activarse cuando se han desconocido los principios y reglas que rigen la actividad precontractual de la Administración Pública.

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Este documento presenta un estudio de la autonomía administrativa de las entidades territoriales en la prestación del servicio público educativo en Colombia.

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El Sistema de Desarrollo Administrativo y sus alcances en la actual Ley de Administración Pública. Antes de la Ley 489 de 1998 las entidades de la Administración Pública no trabajaban en forma coordinada y la colaboración interinstitucional era deficiente, lo cual se ha corregido con la entrada en vigencia de la citada norma. Con la aplicación del Sistema de Desarrollo Administrativo creado por la Ley 489 de 1998, las entidades de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial, deben aplicar un conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de sus recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros, tendientes a fortalecer su capacidad administrativa y su desempeño institucional. Las Políticas de Desarrollo Administrativo fueron plasmadas en el artículo 17 de la Ley 489 de 1998 y reagrupadas por el Decreto 3622 de 2005, en cinco ítems para su mejor comprensión y aplicación: 1) Política de Desarrollo del Talento Humano Estatal. 2) Política de Gestión de la Calidad 3) Política de Democratización de la Administración Pública. 4) Política de Moralización y Transparencia de la Administración Pública y 5) Política de Rediseños Organizacionales. Las anteriores políticas junto con el Plan Nacional de Formación y Capacitación constituyen los Fundamentos del Sistema de Desarrollo Administrativo de que trata el artículo 16 de la Ley 489 de 1998, las cuales se aplican actualmente en los 19 Sectores Administrativos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. En el Orden Territorial la aplicación del Sistema de Desarrollo Administrativo ha sido parcial y los resultados aún no están consolidados. Nuestra investigación pretende que con el conocimiento claro del tema, a través de una adecuada planificación de los recursos de las entidades públicas, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional de las entidades públicas, se administre mejor el Estado.

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El presente trabajo expone el nivel de complementariedad existente entre los principales postulados que defienden los enfoques clásico y moderno de la Administración Pública.

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Los recursos humanos en las organizaciones del Estado son quienes le dan vida a la administración pública, y son los llamados a conducir e innovar los procesos de consolidación de políticas que permitan el eficaz cumplimiento de los compromisos del Estado con la sociedad. Sus cualidades y capacidades son propias de una persona al servicio de un fin público, cuyo objetivo no responde a principios de rentabilidad u ganancia, sino a una vocación un tanto altruista que se soporta en los valores de la igualdad, moralidad, economía, eficiencia, celeridad, imparcialidad y publicidad. En Colombia, la manera de conducir y gestionar los recursos humanos dista grandemente de ser lo que la Constitución del 91 había dispuesto que fuese la función pública. Los empleados del Estado, quienes son los encargados de realizar las funciones administrativas en el marco de un régimen laboral, han sido paulatinamente suplantados y desplazados por el uso desmedido de la institución conocida como “contratos de prestación de servicios”, que por su naturaleza puede, legalmente utilizarse solo de manera excepcional para facilitar y contribuir al cumplimiento de los fines del Estado. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, el abuso de esta forma de contratos de prestación de servicios tomó gran relevancia, dándole una aplicación generalizada, y evadiendo los límites de la excepcionalidad y temporalidad con que fue concebida dicha figura, al punto de hallar que en algunas entidades del Estado el número de contratistas sobrepasó al número de empleos.

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La presente monografía examina los alcances reales del Control Social a la Gestión Pública estatal desde el análisis de factores de éxito y fracaso, tomando como caso de estudio a la Red ciudadana de control social en Bienestar – componente discapacidad en Bogotá D.C. Este tipo de control fue concebido en marco normativo del país para prevenir actos corruptos y para que contribuyera al mejoramiento de la administración pública, haciéndola más acorde a las necesidades de la ciudadanía. Ahora bien, por lo que implica cumplir estas funciones, el control social se enfrenta a múltiples circunstancias que lo influyen positiva y negativamente, que determinan los efectos que pueda producir a nivel estatal y ciudadano. Para cumplir con este objetivo y a la luz del Enfoque Sistémico, se diseñó un modelo que permitiera identificar factores de éxito y fracaso basado en tres elementos básicos (organización, conocimiento y comunicación) que posibilitan caracterizar factores reconocidos en la bibliografía y otros nuevos que los provee el análisis de la experiencia, y que resultan hallazgos importantes por cuanto no se habían incluido hasta el momento en ningún recurso bibliográfico. En conclusión, se demuestra que mediante ciertas prácticas y acciones concretas los ciudadanos pueden incidir lícitamente en las actividades estatales, transformando la gestión pública y produciendo una mayor apropiación de lo público por parte de los ciudadanos.