914 resultados para ADMINISTRACION PUBLICA


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En esta monografía se exponen diferentes experiencias de procesos de integración regional en la Orinoquía colombiana, desde grupos sociales y desde autoridades políticas. A través de la descripción de estas experiencias, se busca encontrar la viabilidad y voluntad de conformar una región como entidad política y/o administrativa en la Orinoquía.

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La Función Pública puede entenderse como la herramienta necesaria que permite gestionar los recursos humanos que están al servicio del Estado y por ende de los ciudadanos, de ahí que el proceso de selección de los funcionarios públicos deba garantizar como mínimo transparencia, idoneidad, celeridad y mérito como elemento fundamental para quien detente un cargo público. De ajustarse a tales medidas se garantizaría legitimidad institucional y credibilidad en el sistema democrático. Si bien, el Estado colombiano ha tratado durante décadas hacer de este postulado una realidad, lo cierto es que en la práctica no se han concretado muchos de los propósitos y disposiciones que la Ley expresa, sino que por el contrario ha permanecido en el tiempo una constante ligada a manifestar la forma poco adecuada de como realmente se llevan a cabo los procesos de selección de funcionarios públicos, los cuales atienden más al clientelismo que a la idea de responder al deber ser. Esta monografía estudia en concreto los primeros cinco años de gestión del presidente Álvaro Uribe Vélez, en lo relativo a la Función Pública, en donde se determinan algunos aspectos de lo que ha sido su gestión en relación con la propuesta administrativa y la coherencia de la misma frente a los hechos concretos que se manifiestan en lo concreto.

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El diseño y la ejecución de las políticas públicas es una de las actividades fundamentales del Estado y es la forma en la que éste ofrece soluciones para suplir necesidades más apremiantes de la sociedad. La formulación y la ejecución de las políticas públicas también dan cuenta de las relaciones entre los gobiernos y la comunidad, y los niveles de legitimidad y gobernabilidad que tienen el Estado en un territorio determinado. La estructura político-administrativa de Bogotá, como Distrito Capital, es muy diferente a la de los demás municipios y departamentos del Colombia, pues desde 1991 se ha desarrollado un proceso de descentralización interna de la ciudad para acercar más al gobierno distrital con la comunidad y permitir la participación activa de los ciudadanos en la construcción de las soluciones a las necesidades de su entorno más cercano, las Localidades. En la primera década de desarrollo de este proceso interno de descentralización, tres administraciones afrontaron el reto de profundizar dicho proceso (Jaime Castro 1992-1994, Antanas Mockus – Paul Bromberg 1995-1997 y Enrique Peñalosa 1998-2000), que estaría enmarcado en el Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto-Ley 1421 de 1993). De estas tres primeras administraciones que se enfrentaron a la figura novedosa en el país de la descentralización al interior de un ente descentralizado como el Distrito Capital, la administración de Enrique Peñalosa adoptó políticas que disminuían la relativa autonomía que habían logrado las Localidades y planteó un modelo de recentralización que transformaba la relación entre los gobiernos locales, el gobierno central distrital y la ciudadanía.

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El problema del transporte público colectivo (TPC) en Bogotá es complejo, caracterizado por una inconstante sobreoferta que se ve reflejada, como primera medida, en una tarifa para el transporte público inflada por encima del costo real. Sumado a esto, la debilidad institucional es muy grande, generando así una acumulación de poder a favor de los transportadores, a quienes la sobreoferta les resulta lucrativa. Y si le adicionamos el componente de incentivos que la misma Administración Distrital promueve, con el ineficiente sistema de funcionamiento y adjudicación de rutas, la situación se hace aún más critica. Para reducir la sobreoferta el gobierno de Bogotá ha promulgado una serie de políticas que no han resultado efectivas. Las más estructuradas y optimistas se dieron en la administración Mockus, donde se expidieron los decretos 112 a 116 de 2003 de reestructuración del transporte público, que buscaban reducir la sobreoferta y mejorar la calidad del servicio, que iba en decadencia. El siguiente documento intenta analizar como los decretos mencionados pueden haber sido apenas una estrategia jurídica y una muy limitada política pública al menos por 3 razones especificas: la primera hace referencia a las deficiencias en el momento de la planificación y formulación de la política pública, la segunda analiza el problema de desconocer la existencia e influencia determinante de los transportadores como grupo de presión con poderes económicos y políticos. Y la tercera describe de que manera el alto grado de impunidad a la hora de detectar, juzgar y sancionar a los infractores; ha creado aún más traumatismos en la implementación de estas normas.

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Partiendo del escenario de democracia participativa que establece la Constitución del 91 en Colombia, esta investigación se preocupa por identificar los factores que han determinado la participación en Cali en ejercicios de control ciudadano durante el periodo 2001 - 2007. Para ello se recurre principalmente a los conceptos de Cultura Política de Almond y Verba, y Democracia Fuerte de Benjamin Barber como categorías analíticas que permiten evaluar los niveles de participación registrados durante el periodo de estudio, y así concluir que la existencia de orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas de carácter negativo respecto al sistema político local, los rezagos de una configuración de dominación patrimonial, y las lógicas particularistas que promueve el liberalismo a ultranza, entre otros, han provocado un bajo nivel de participación ciudadana en ejercicios de control, que a su vez se caracteriza por ser predominantemente contestatario.

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En 1991 la Constitución Política de Colombia incorporó las estrategias necesarias para hacer realidad la Rendición de cuentas como un proceso que contribuye a la gobernabilidad. El presente documento presenta no solo la legislación del gobierno sino también los modelos utilizados por la Contaduría General de la Nación-CGN y otras instituciones en diferentes países: Asociación Internacional de Administración de Ciudades-ICMA, Instituto Federal de Acceso a la Información-IFAI, Organización Internacional de Instituciones Fiscalizadoras Superiores-INTOSAI y la Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público-EURORAI. Adicionalmente se presentan conclusiones basadas en evidencia empírica proporcionada por los stakeholders y las recomendaciones necesarias para poner en práctica el concepto de Rendición de cuentas en la CGN y presentarlo ante los ciudadanos y otros stakeholders.

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En la presente monografía se presenta un estudio acerca de la incidencia del Acuerdo 13 de 2000 en la formulación y ejecución de proyectos en la localidad de Chapinero durante el periodo 2005-2008 en lo referente al grado de participación ciudadana y la atención de necesidades colectivas teniendo como resultado que efectivamente el Acuerdo 13 de 2000 permitió que los ciudadanos participaran de manera efectiva en la planeación del desarrollo de su localidad, lo cual se evidenció en la formulación y ejecución de algunos proyectos locales propuestos por los habitantes de la localidad e incluidos en el Plan de Desarrollo. Sin embargo, éste acuerdo no fue es la alternativa única en la formulación y ejecución de proyectos provechosos locales para la comunidad ya que proyectos de iniciativa de la administración local resultaron de igual manera provechosos para la comunidad.

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La presente monografía realiza una análisis de la aplicación de los estatuto de carrera administrativa, ley 909 del 2004 y el de carrera diplomática y consular, Decreto 274 del 2000 en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el periodo del presidente Álvaro Uribe. Esto para mostrar como el criterio del mérito, como rector de la formación y gestión de la función pública, consagrado en la constitución y en los estatutos de carrera no se aplica en la práctica en dicho ministerio. Así mismo se busca a través de entrevistas a expertos en la materia dar una explicación a la desviación que se presenta en la práctica de los principios normativos sobre función pública.

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El estudio de la estructura administrativa de la provincia de Bogotá en el siglo IX es importante por cuanto se muestra por primera vez cuales fueron los primeros entes administrativos que se crearon durante este periodo, fundamentalmente durante la vigencia de la constitución de 1832. El régimen territorial de las provincias se dividió a su vez en cantones y éstos, en distritos parroquiales.

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Estudio del desarrollo del derecho colectivo a la moralidad administrativa y su protección a través de las acciones populares. Aproximación a la definición y contenido del derecho a partir de un análisis jurisprudencial. Perspectiva como mecanismo de lucha contra la corrupción.

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El DANE es la institución del Estado colombiano encargada de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión a nivel nacional e internacional de las estadísticas oficiales, con el fin de facilitar la toma de decisiones en relación con el desarrollo socio económico del país. El intercambio de datos, actividades de conocimiento y buenas prácticas entre otros, es indispensable para mejorar ciertas instancias modificando y aplicándolas de acuerdo con las necesidades específicas del país. De acuerdo con esta necesidad y con el ánimo de la institución por cumplir con actividades de tipo internacional se creó el Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación Técnica del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, oficina adscrita a la Subdirección General desde el 2006. A pesar de contar con labores determinadas para cada uno de los integrantes del grupo, y de conocerse su labor en el ámbito institucional, se han detectado ciertas fallas en el GRICT, que en ocasiones no le permiten desarrollar su ejercicio de forma clara y precisa, a las que se pretende dar una solución a través del presente estudio. Por lo anterior y revisando las funciones que ha venido desarrollando el GRICT y lo que le espera para que pueda brindar un mayor apoyo a la Dirección del DANE se presenta en éste estudio una propuesta simple pero moderna de la nueva dependencia del DANE que esté acorde a los nuevos tiempos y al devenir del país dentro del marco de los procesos de globalización.

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La Constitución Política de 1991 introdujo el concepto de participación como dato fundamental de su estructura. Un estudio ligero permite evidenciar una cantidad de artículos que regulan la materia participativa sin embargo, dichos preceptos se encuentran sin una relación de convexidad precisa. En cuanto al tema de la participación del administrado en la administración pública, como género de la especie que engloba las normas precisas sobre el ejercicio de funciones administrativas por particulares, el problema es de mayor complejidad; ello debido a que el problema participativo supone el estudio de teorías sociológicas que explican el fenómeno desde perspectivas que superan el ámbito normativo de los preceptos que consagran dicho fenómeno. El presente artículo tiene como propósito estudiar desde un punto de vista teórico el problema de la participación como fundamento del ejercicio de funciones administrativas por particulares con el objeto de explicar su fundamento último. Para este efecto, el artículo propone un panorama general de los fundamentos tradicionales del derecho administrativo y su eficacia actual, dentro del marco de una sociedad compleja en permanente conexión con el Estado Social de Derecho. A su vez expone teorías explicativas de la relación mencionada y sus efectos en la producción de normas jurídicas. Por último, expone un estudio de caso para la aplicación de los fundamentos teóricos expuestos en este artículo.

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La existencia de una red de diferentes niveles de gobernanza europea, que integre a los gobiernos locales, regionales y nacionales en el espectro supranacional, sumada al actual orden internacional globalizado, hace que algunas decisiones tomadas a nivel comunitario afecten directamente a los gobiernos que se encuentran por debajo del Estado Central. Como resultado, estos actores subnacionales han buscado la apertura de espacios para su participación en la construcción de la Unión Europea y en los procesos de toma de decisiones a escala supranacional, ya sea a través de sus gobiernos nacionales o realizando actividades internacionales no centrales. Éste es el caso de los gobiernos de Mecklemburgo-Pomerania Occidental (Mecklenburg Vorpommern), Land de la República Federal de Alemania, e Isla de Francia (Île-de-France), región de la República de Francia.

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En una democracia, el control social es de suma importancia en el cumplimiento de los fines del Estado y de la legitimación de sus instituciones, se analizarán los alcances de la acción de la veeduría ciudadana en la política pública de hábitat en Bogotá, con el ánimo de evidenciar el contexto en el que se inscriben, los actores que participan o influyen en su constitución y funcionamiento y establecer sus alcances y limitaciones. Con este fin, se analizará el caso específico del proyecto de vivienda de interés social Nueva Ciudadela el Recreo en la localidad de Bosa.

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En el presente trabajo se estudia la responsabilidad precontractual del Estado en el marco del proceso de licitación pública, haciéndose un paralelo con el régimen del derecho privado. Se comienza delimitando la etapa precontractual, identificándose los estadios más relevantes descritos por la doctrina, con el fin de desentrañar la verdadera naturaleza de los actos que se producen para formar la voluntad contractual. Definido lo anterior, se pasa al análisis de los intereses que son tutelables en dicha etapa y las consecuencias jurídicas que se siguen de su vulneración. En esa línea, se considera posteriormente el tema de la forma de reparar los daños causados en la fase precontractual, y cuando se trata de indemnización, el monto de la misma. Finalmente, se emprende el análisis de las acciones judiciales disponibles en el ordenamiento jurídico colombiano, que pueden activarse cuando se han desconocido los principios y reglas que rigen la actividad precontractual de la Administración Pública.