Resolución 133 del 07 de julio de 2008: ¿Cuál es el criterio que tiene la cámara de comercio para evaluar el negocio jurídico de cesión de cuotas sociales? ¿ Cómo entiende la Cámara de comercio la adjudicación de cuotas sociales en virtud de una sucesión por causa de muerte? ¿Cuál es el efecto que tiene el embargo de las cuotas sociales sobre la adjudicación de las mismas por vía de la sucesión?

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La privatización de los baldíos nacionales en Costa Rica durante el siglo XIX: Legislación y procedimientos utilizados para su adjudicación

ResumenAnaliza los mecanismos creados a partir de la legislación vigente para la apropiación privada de los baldíos nacionales, entre 1821 y 1900. Enfatiza los criterios utilizados para legitimar la propiedad privada y el fomento agrícola, como eje del desarrollo económico nacional. Detecta manifestaciones del pensamiento liberal clásico y positivista desde principios del siglo XIX.AbstractIncludes a discussion of legal means of acquiring private ownership of government lands, from 1821 to 1900. Study stresses criteria used to legitimate property and promote agriculture as the key to national economic development. Identifies manifestations of classical and positivist liberalism since the early 19

Objetividad y racionalidad en la interpretación jurídica : consideraciones a partir de las ideas de Owen Fiss

Resumen: El presente artículo estudia uno de los temas centrales del debate iusfilosófico contemporáneo, a saber, el lugar que ocupa la razón en la interpretación jurídica. En este sentido, enfoca el tema de la objetividad y la racionalidad en la interpretación jurídica a partir del pensamiento del profesor de Yale, Owen Fiss, con una presentación de sus ideas en torno a la adjudicación y a las notas de la interpretación. Se consideran luego cuatro grandes cuestiones que constituyen el núcleo de la propuesta de Fiss: la racionalidad de la interpretación, su carácter objetivo, sus criterios de corrección y el papel de las valoraciones morales en la interpretación. Se finaliza con balance conclusivo de los aspectos fuertes y débiles de las ideas de Fiss.

Planifificación de un proyecto de obra civil

Duración (en horas): Más de 50 horas. Destinatario: Estudiante

X Seminario sobre Aspectos Jurídicos de la Gestión Universitaria

Índice: Bloque I (coordinadora: María Isabel Bonachera Ledro): - A. Evolución histórica del doctorado (Daniel Pastor Javaloyes). - B. Análisis de las principales novedades del RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado (Araceli García Sánchez). - C. Análisis de la adaptación normativa en materia de estudios de Doctorado llevada a cabo por las universidades tras el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero (Amaya Rosa Ruiz-Alejos). - D. Las escuelas de Doctorado. Nueva estructura de soporte de los estudios de doctorado (María Isabel Bonachera Ledro). - E. Aproximación a la organización de los estudios de Doctorado en el entorno EEES (Manuel Fabián Martín-Arroyo). - Anexo I. Reglamento de régimen interno de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria (EDUC). Bloque II. Educación y formación superior: puntos de encuentro (coordinadora: Ana I. Caro Muñoz): - 1. Encuadre normativo de la correspondencia de enseñanzas: educación superior, formación profesional y enseñanzas artísticas superiores (Elena de la Fuente García). - 2. Convergencias en la consecución del EEES, el EEI y el Proceso de Copenhague (José Plana Plana). - 3. Realidades y perspectivas de los entornos de formación superior (Juan Cayón Peña). - 4. Análisis de una experiencia: universidad privada y formación profesional (Fernando Lostao Crespo). - 5. Diseño y evaluación de competencias: definición, clasificación y perfiles competenciales (David Martínez Victorio). - 6. Envejecimiento activo: educación a lo largo de la vida (Ana I. Caro Muñoz). Bloque III. La gestión de recursos humanos en las universidades y sus implicaciones jurídicas (coordinador: Fernando Palencia Herrejón): - Introducción (Fernando Palencia Herrejón). - 1. Incidencia de los Decretos leyes 20/2011 y 3/2012 en la gestión de personal de las universidades (Beatriz Vozmediano Ares). - 2. Tres aspectos de la aplicación del EBEP a las universidades (Elena Martínez Nieto). - 3. El régimen jurídico del personal directivo profesional (Juan Eduardo González González). - 4. Sobre la negociación colectiva (María de Rivera Parga). 5. La evaluación del desempeño (Jesús Lobato de Ruiloba). 6. El desarrollo legislativo del EBEP en las Comunidades Autónomas (M.ª Mercedes Sánchez Castillo). Bloque IV. Propiedad intelectual e industrial: desafíos (coordinador: Emiliano Garmendia Ferrer): - 1. Propiedad intelectual, propiedad industrial, conocimiento y su protección: - 1.1. Notas sobre la propiedad intelectual, la propiedad industrial, el conocimiento científico y su protección (Emiliano Garmendia Ferrer). - 1.2. Normativa específica de protección de determinadas invenciones (Elena Meaños Melón). - 1.3. La gestión colectiva en el sector del libro: entidades de gestión colectiva de derechos de autor y las universidades (Miguel Ángel Davara F. de Marcos). - 2. Algunas producciones en el ámbito universitario: - 2.1. La actividad del Personal de Administración y Servicios: programas de ordenador y bases de datos (Soledad Béthencourt Zamora). - 2.2. Tesis Doctorales y Propiedad Intelectual (Isabel-Cecilia del Castillo). - 3. Ejemplos a partir de las nuevas tecnologías: - 3.1. El e-book. Implicaciones jurídicas para las universidades de un nuevo modelo de aprendizaje (Soledad Béthencourt Zamora). - 3.2. La difusión de obras de la propiedad intelectual» Susana Martínez Fernández). - 4. Los Agentes de la creación del conocimiento en la Universidad: - 4.1. Los agentes universitarios de la creación del conocimiento (Elena Meaños Melón). - 4.2. La incidencia de la Ley de Economía Sostenible y de la Ley de la Ciencia en el tratamiento de autor en las universidades públicas (Jerónimo D. Reynés Vives). - 5. La transferencia de los resultados de la investigación: - 5.1. El tratamiento de la transferencia en las Leyes de Economía Sostenible y de la Ciencia (Carlos A. Gómez Otero). - 5.2. La transferencia inversa (Javier Such Martínez). - 5.3. Naturaleza jurídica de los negocios relativos a la propiedad intelectual e industrial. La problemática de los sistemas de adjudicación al amparo de la Ley de Economía Sostenible y de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Carlos A. Gómez Otero). - 5.4. La valorización y gestión de la transferencia. El caso UNIVALUE (Jerónimo D. Reynés Vives). - Ponencia final: La reforma laboral de 2012. RDL 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (Garbiñe Biurrun Mancisidor). - Comunicación: El nuevo marco normativo de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios (Josep Moreno Gené).

Contratos públicos adjudicados a sociedades cooperativas en el País Vasco entre 2010 y 2012

La Contratación Pública constituye una fuente muy importante de la demanda de bienes y servicios, especialmente en la Comunidad Autónoma del País Vasco en donde el Gobierno Autonómico, también llamado la Administración General Vasca, desarrolla un papel capital como impulsor de dicha contratación pública. Por otro lado, la Economía Social, y especialmente el movimiento cooperativo, tiene en ese mismo ámbito geográfico un papel de gran peso en el conjunto de la Economía Vasca, por sus cifras de empleo y aportación al PIB, así como por tradición y arraigo social. Cabe preguntarse en tal caso, cuál es el papel que desempeñan las cooperativas en la Contratación Pública en aquella Comunidad Autónoma, cómo y cuáles son los contratos de los que resultan adjudicatarias, qué importes suponen esos contratos para las cuentas públicas y, en definitiva, si su papel de adjudicatarias se corresponde con el que desempeñan en el conjunto de la Economía Vasca. Del examen de los contratos publicados en el Perfil del Contratante del Gobierno Vasco, se obtienen datos suficientes que, una vez procesados y analizados, se visualizan en tablas y porcentajes que constituyen la base de un diagnóstico que responde a las preguntas planteadas y evidencia la situación de debilidad de las cooperativas en el campo de la contratación pública vasca.

Resolución N° 174 ¿Cuál es el control de la Cámara de comercio respecto de las reformas estatutarias en las sociedades de responsabilidad limitada? ¿Cuál es la naturaleza y finalidad del derecho de preferencia en el evento de cesión de cuotas sociales?

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Resolución N° 22 del 3 de febrero de 2010 ¿Qué es la resiliación? ¿Cómo opera la representación del socio fallecido conforme a la doctrina de la superintendencia de sociedades y la SIC? ¿Cuándo una resiliación por sus efectos puede crear situaciones jurídicas sujetas a registro mercantil?

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Resolución N° 103 del 03 de junio de 2010 ¿Bajo qué reglas se establece la competencia para efectos del cobro del impuesto de registro? ¿Cuáles son los elementos que permiten establecer dicha competencia? ¿En casos relacionados con el cobro de tarifas procede el recurso de apelación ante la SIC?

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Comcel S.A v EPM Telecomunicaciones S.A E.S.P

Solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto del presente asunto en cuanto corresponde a los artículos 2, 3 y 32 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina; 1, 3. 32 y 35 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, así COITIO de todas aquellas disposiciones comunitarias que el referido Tribunal de Justicia Internacional considere que deben interpretarse para este caso.

Laudo arbitral pronunciado por el señor D. Joaquín García Icazbalceta en la liquidación de la Compañía Guerra y Arena

UANL

Becas y ayudas al estudio : un mismo punto de partida para todo el alumnado.

Resumen tomado de la publicación

Problemas profesionales del profesorado de Educación Primaria ante la Reforma Educativa.

Analizar los problemas que el profesorado del ciclo inicial tiene en el desarrollo de su tarea docente. 526 docentes del ciclo inicial que trabajaban en los centros públicos y privados-concertados del ámbito del CEP de Oviedo. Los cuestionarios cumplimentados válidamente fueron 148. Se considera al profesor como sujeto activo de su propia formación. Las variables analizadas son: 1) personales y profesionales (sexo, edad, tiempo de experiencia docente y formación); 2) práctica docente (problemas de organización, planificación, aprendizaje, relaciones, medición de resultados y evaluación, formación y administrativos). Cuestionario ad hoc. El problema más importante que manifiesta tener el profesorado es el relativo al 'sistema actual de provisión de plazas'. Le siguen, por orden de importancia decreciente, 'la falta de orientación y apoyo por parte de los organismos competentes', 'la provisionalidad y/o inestabilidad de los profesores no definitivos en los centros', 'el excesivo número de alumnos en el aula', 'la recuperación de los alumnos' y 'la no adjudicación de vacantes por especialidades'. Por otra parte, estos problemas no parecen estar relacionados con determinadas variables. Así, no se encuentran, en general, diferencias significativas en la percepción de los problemas en función del sexo del profesorado que respondió al cuestionario, edad, titulación académica, tiempo de experiencia docente, situación administrativa, tiempo de trabajo en el ciclo, actividades de formación permanente realizadas, opinión que se tiene de la formación inicial y el estar realizando el ciclo completo. Las variables que parecen estar relacionadas con los problemas son, número de unidades del centro donde se trabaja, el tiempo de permanencia en el mismo y, en menor medida, el estar realizando el ciclo completo o no. El conocer la problemática profesional del profesorado encargado de llevar a cabo la reforma educativa puede proporcionar importante información para la elaboración de programas de formación así como para la implementación de la Educación Primaria en sus diferentes ciclos.

Análisis de los factores que han limitado la implementación de los decretos 112 a 116 de 2003 de reestructuración del sistema de transporte público colectivo en Bogotá

El problema del transporte público colectivo (TPC) en Bogotá es complejo, caracterizado por una inconstante sobreoferta que se ve reflejada, como primera medida, en una tarifa para el transporte público inflada por encima del costo real. Sumado a esto, la debilidad institucional es muy grande, generando así una acumulación de poder a favor de los transportadores, a quienes la sobreoferta les resulta lucrativa. Y si le adicionamos el componente de incentivos que la misma Administración Distrital promueve, con el ineficiente sistema de funcionamiento y adjudicación de rutas, la situación se hace aún más critica. Para reducir la sobreoferta el gobierno de Bogotá ha promulgado una serie de políticas que no han resultado efectivas. Las más estructuradas y optimistas se dieron en la administración Mockus, donde se expidieron los decretos 112 a 116 de 2003 de reestructuración del transporte público, que buscaban reducir la sobreoferta y mejorar la calidad del servicio, que iba en decadencia. El siguiente documento intenta analizar como los decretos mencionados pueden haber sido apenas una estrategia jurídica y una muy limitada política pública al menos por 3 razones especificas: la primera hace referencia a las deficiencias en el momento de la planificación y formulación de la política pública, la segunda analiza el problema de desconocer la existencia e influencia determinante de los transportadores como grupo de presión con poderes económicos y políticos. Y la tercera describe de que manera el alto grado de impunidad a la hora de detectar, juzgar y sancionar a los infractores; ha creado aún más traumatismos en la implementación de estas normas.

Artículo de reflexión crítica: El procedimiento administrativo colombiano de solicitud de concesiones portuarias marítimas en ejercicio del derecho de petición en interés particular

En Colombia, la construcción, operación y administración de los puertos exige el otorgamiento, por parte del Estado, de un contrato de concesión a sociedades portuarias, el cual se otorga previo agotamiento de un trámite administrativo especial de iniciativa privada, mediante el ejercicio del derecho de petición en interés particular o por medio de una oferta oficiosa impulsada por el Estado. Los trámites enunciados están previstos en la Ley 1ª de 1991, reglamentada actualmente por el Decreto 4735 de 2009. Si bien el régimen legal prevé mecanismos que permiten la comparecencia de terceros dentro del trámite, no contempla la manera como debe tramitarse la solicitud de concesión portuaria, radicada por fuera del término previsto en el artículo 10 de la Ley 1ª de 1991, cuando ésta no es una oposición o propuesta alternativa a una solicitud, sobre una misma área en estudio de petición de concesión.