Resolución N° 96 24 de mayo de 2010 ¿Cuáles son los elementos necesarios para que proceda una reunión por derecho propio?

Servicios registrales

Revista Derecho Registral - No.1

Contenido: La presentación personal como requisito para la inscripción de documentos privados sujetos a registro. El SIPREF: Nueva herramienta legal para prevenir el fraude en los registros públicos administrados por las Cámaras de Comercio. De la nulidad y otras sanciones frente al control de la legalidad que ejercen las Cámaras de Comercio en materia registral. Situaciones de control y grupos empresariales en las entidades sin ánimo de lucro.

Derecho de petición radicado 6363807

Pago en exceso por impuesto del registro

Derecho de petición radicado 6009519

Alcance del art. 35 del Código de Comercio sobre el control de homonimia que hace la Cámara de Comercio

Derecho de petición radicado 2000338

Conservación de los libros y papeles de los entes económicos

Derecho de petición radicado 1011489

¿Cuál es la naturaleza jurídica de los consorcios y las uniones temporales?

Derecho de petición radicado 6017473

¿Cuál es el trámite de inscripción que se le da a las reformas estatutarias de entidades sin ánimo de lucro?

Derecho de petición radicado 3000803

¿Qué consecuencias se derivan por no renovar el registro mercantil dentro del término legal?

Derecho de petición radicado 6010133

La prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales

Derecho de petición radicado 3004313

¿Cómo debe formalizarse la renuncia de los administradores o revisor fiscal ante la Cámara de Comercio?

Derecho de petición 151000027 de febrero de 2015

La Cámara de Comercio recibió una solicitud de corrección del certificado, puesto que se solicitaba que la sociedad al ser de naturaleza civil no debía realizar la renovación de su matrícula, sin embargo la Cámara rechaza y devuelve la misma, en virtud de la ley anti tramites de 2012.

Procedimiento mercantil mexicano

UANL

La cooperación internacional en la legislación mexicana en materia de concurso mercantil.

Tesis (Doctor en Derecho) UANL, 2013.

Documento marco de la línea de investigación en derecho penal económico

Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

La historia del Derecho Internacional Privado en China y sus fuentes

El Derecho Internacional chino tiene una historia larga, pues su primera disposición data del Código Mingli de la Dinastía Ming. A pesar de sus tempranos comienzos, el Derecho Internacional Privado comenzó a desarrollarse verdaderamente desde la década de los años 1980. Esta rama del derecho está constituida en China por las normas de conflictos de leyes, las normas de conflictos de jurisdicción, y el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. A pesar de las diferentes opiniones sobre el mejor tipo de codificación entre una codificación completa o de cada materia, la más reciente ley china de derecho internacional, del 28 de octubre de 2010, codificó únicamente las normas de conflictos de leyes. Esta ley representa un progreso importante en el desarrollo del Derecho Internacional Privado en China a pesar de que algunas de sus disposiciones hayan sido muy criticadas.