994 resultados para política de la educación


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El Fórum Europeo de Administradores de la Educación de Asturias discrepa de la exposición de motivos que se hizo en el Documento de Bases de la Ley de Calidad. En su opinión le faltaba rigor, carecía de un diagnóstico de la situación, no explicitaba los fines que se querían atribuir al sistema educativo y entremezclaba alusiones a medidas que podían tener tratamiento en disposiciones de rangos muy diferentes: órdenes, decretos, leyes, sin mencionar lo que sí correspondería a una Ley de esta envergadura. Ofrece su punto de vista y su propuesta sobre la calidad en educación, la estructura del sistema educativo, la educación primaria, la educación secundaria, la evaluación y promoción de curso, la titulación y el bachillerato.

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Recoge la opinión del Fórum Europeo de Administradores de la Educación de Extremadura sobre la futura Ley de Calidad. En primer lugar se considera a la LOGSE una ley de mucha calidad, aunque en su desarrollo y aplicación hayan fallado algunas cosas. No es la culpable de todos los problemas educativos que hoy se detectan pues han existido siempre, ya que dependen de variantes externas. Después se hacen algunas reflexiones sueltas como el poco interés que se muestra por etapas como Educación Infantil y Primaria o que sólo se habla de la evaluación como control. Por último presenta una serie de cuadros en los que se presenta el texto del documento, un análisis y valoración y las propuestas. Los puntos que se tratan son: organización y dirección de los centros docentes públicos, itinerarios formativos y la inspección educativa.

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El comité organizador de las Jornadas tituladas 'El profesorado y el cambio educativo' celebrada en Madrid los 15 y 16 de marzo de 2002, se planteó realizar un sondeo de opinión entre los asistentes sobre algunos aspectos relacionados con la Ley de Calidad. El cuestionario planteaba los siguientes aspectos: la dirección de los centros, los itinerarios, la reválida, los exámenes de septiembre, la evaluación de los centros, los recursos y apoyos a los centros, la LOGSE, la convivencia y actitud del profesorado. Se pedía la opinión sobre le grado de acuerdo y el nivel de importancia que se le concedía a cada uno. En este artículo se recogen los resultados y las conclusiones que se derivaron de ella.

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Presenta la política de atención educativa, los programas y los recursos puestos a disposición de todas las Instituciones para responder a la atención de alumnos con necesidades educativas por discapacidad y diversidad sociocultural en la Educación Primaria. Este análisis se presentó en la Jornada Internacional celebrada en Madrid en torno al Proyecto Europeo HAL (Hándicap América Latina), Proyecto de lucha contra las discriminaciones en la escuela primaria.

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Nuestro sistema educativo plantea, desde mediados de los 80, la cuestión -y el reto- de la integración. En los 90 esta idea es sustituida por la de la escuela inclusiva; se superan los posos asimilacionistas, la mera presencia del alumno diferente y se plantea la inclusión de la diversidad en el marco de los derechos humanos. La educación inclusiva defiende el derecho de todos los alumnos a participar y ser miembros de la comunidad escolar -el rechazo cero-; exige la participación del alumno en la escuela, no sólo su presencia; y pretende la mejora de la calidad escolar para todos los alumnos. Entiende que la diversidad es enriquecedora y combate la idea de la normalidad: lo normal es la igualdad en la diversidad. Las condiciones de la sociedad actual, donde la exclusión social aparece como un fenómeno casi definitorio, hacen la práctica difícil; pero esto no justifica la omisión y la no actuación de los profesores, que deben asumir su responsabilidad profesional y ciudadana.

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El Fòrum Social per lïEducació a Catalunya, celebrado los días 25, 26 y 27 de febrero de 2005, congregó a más de 2000 personas, que presentaron propuestas para mejorar la educación. Dos modelos educativos avanzan en direcciones opuestas: el primer modelo considera que la educación es un derecho universal y un bien público, al que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a acceder y la Administración tiene el deber de garantizar en condiciones de calidad y de igualdad. Este modelo considera que la educación es un factor de desarrollo personal, de emancipación social y una de las herramientas para hacer posible una sociedad cohesionada, inclusiva y justa. El segundo modelo considera que la educación es un bien individual y su valor es básicamente económico y que, por lo tanto, debe estar sujeto a las leyes del mercado, como cualquier otra mercancía. El gran debate se refiere al futuro de la educación y hacia cuál de estos dos modelos se quiere avanzar. La cuestión es si el Gobierno promulgará las medidas adecuadas, presupuestos incluidos, para poder avanzar en la dirección de reforzar una educación pública, laica e igualitaria, o bien cederá a las presiones de aquellos sectores que pretenden hacer de la educación un negocio.

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La nueva asignatura de Educación para la ciudadanía invita al alumnado a reflexionar sobre la convivencia, el respeto, el afrontamiento no violento de los conflictos y la aceptación de la creciente diversidad. Algunos aspectos controvertidos son si se trata de una asignatura o una transversalidad; si es una forma de adoctrinamiento; o si se ha creado en detrimento de la Filosofía. La principal misión de la educación para la ciudadanía estriba en formar personas política y moralmente activas, conscientes de sus derechos y obligaciones, comprometidas con la defensa de la democracia y los derechos humanos, sensibles y solidarias con las circunstancias de los demás y con el entorno en el que viven. Los contenidos principales de la educación para la ciudadanía son servir para reflexionar y sensibilizar sobre la convivencia y el ejercicio de la ciudadanía democrática en el centro y su entorno; causas y diferentes formas de violencia, así como alternativas a ésta que existen; comprensión del significado de lo que es el estado de derecho laico y la normativa fundamental que lo regula, así como los derechos y deberes fundamentales de la vida en sociedad; el análisis histórico, filosófico, político y ético de los derechos humanos; el crecimiento del fenómeno inmigratorio en España y el proceso de construcción europea.

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La división entre las políticas educativas y laborales españolas no se ha modificado con la promulgación de la LOGSE ni de la LOCE. Dos acontecimientos internacionales refuerzan el dualismo: la doble cultura de la educación, centrada en los aspectos sociales y compensatorios; y de la formación, volcada hacia la mejora de las cualificaciones profesionales y del sistema productivo. El Foro Mundial sobre Educación de Dakar muestra tanto la dificultad de conseguir la reducción de las tasas de analfabetismo de los adultos a nivel mundial, como la de llegar a la universalización de la educación básica. La formación profesional acentúa su carácter estratégico y su condición de mercado primario de formación para la población adulta. El Memorándum sobre la formación profesional para la década de los noventa, publicado en 1991, acentúa la idea de considerar la formación como inversión. Así, un aumento y una mejora de la formación redundan directamente sobre la competitividad del sistema productivo europeo. Se promulga la creación de un sistema europeo de cualificaciones profesionales. Así, cuando entra en vigor el Tratado de Maastrich, se publica el Libro Blanco de la Comisión Europea, Crecimiento, Competitividad y Empleo, en el que se expone que sólo un 42 por ciento de los jóvenes europeos que abandona el sistema educativo a la edad legal establecida alcanza los objetivos de la Educación Secundaria. De este modo, la Unión Europea se preocupa por el mantenimiento de su potencial económico derivado de la competitividad de su sistema productivo. Por ello, la mano de obra debe adaptarse cada vez a situaciones más cambiantes, y esto sólo es posible flexibilizando las prácticas educativas y formativas, y transformando la concepción social de la educación y la formación. Por su parte, el Informe Delors ofrece una visión utópica de la educación de adultos opuesta a la visión pragmática adoptada antes por la Unión Europea. En él se expresa que las sociedades modernas deben convertirse en sociedades educativas con cuatro aspiraciones para las personas: aprender a ser, a hacer, a conocer y a vivir juntos. A diferencia de la UNESCO, el discurso europeo vincula el aprendizaje permanente con el desarrollo económico y con la mejora de la competitividad mediante la consecución, por parte de los ciudadanos, de las cualificaciones básicas precisas. Sin embargo, en la educación de adultos española conviene integrar el modelo educativo, fundamentalmente compensatorio, y el modelo formativo, vinculado al sistema productivo y al desarrollo.

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En 1993, el Ministerio de Educación establece la Orden que regula las líneas básicas para el desarrollo del currículo de las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria por las personas adultas. Dicha Orden, se limita a establecer la duración de estas enseñanzas en 1200 a 1500 períodos de 45 minutos repartidos en dos años académicos, y su organización en cuatro campos de conocimiento: Comunicación, Sociedad, Naturaleza y Matemática. Sólo un centro público de Madrid y otro de Burgos implantan anticipadamente las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria. En la normativa y política del Ministerio predominan dos enfoques: el de especificidad de la Educación de Personas Adultas y el de la adaptación a la Educación Primaria y Secundaria. En esto influye la incorporación de los profesores del Cuerpo de Secundaria a la EPA, tal y como propugna la LOGSE. La regulación por comunidades autónomas es la siguiente: Galicia opta por dar una visión más integrada que el Ministerio a la Educación Básica de Adultos/as y mayor orientación a los modelos optativos; Andalucía incorpora el Área de Desarrollo Social y Funcional como elemento distintivo de la EPA e imparte los últimos niveles de Educación de Adultos sólo en los institutos; Canarias incorpora el Área de Trabajo y Sociedad y el Área de Desarrollo Personal y Participación Social; País Vasco reduce a tres los ámbitos de conocimiento y extiende la estructura cuatrimestral a toda la Educación Básica de Adultos y la optatividad a más niveles; Navarra imparte los últimos niveles de Educación de Adultos sólo en los institutos, mantiene los campos curriculares en todos los niveles y flexibiliza la optatividad; la Comunidad Valenciana lo organiza en 'programas', lo que supone un currículo bastante abierto; la Comunidad de Madrid simplifica la ordenación de la Educación Básica de Adultos, amplía la optatividad y está pendiente de elaborar un nuevo currículo para adultos; Baleares adopta el modelo del Ministerio y está pendiente de elaborar un nuevo currículo para adultos; Cataluña se demora en la regulación de la Educación Básica de Adultos; y Castilla-León tiene cierta indefinición e imprecisión en aspectos como la ordenación, la optatividad y algunos elementos curriculares de la Educación Básica de Adultos.

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Se analiza la relación entre la educación y el nacionalismo en el País Vasco. Se destaca, por una parte, cómo la escuela puede ser un centro en donde se favorecen los procesos de nacionalización; y por otra parte, cómo la existencia de los nacionalismos vasco y catalán contribuyen a que el sistema educativo español evolucione hacia un modelo descentralizado y atento a la cultura y lengua propia de cada comunidad autónoma. Por último, se incide en dos puntos: el primero, la educación en el País Vasco sigue los principios constitucionales y principios normativos, sin que por ello exista un currículo propiamente vasco; y el segundo punto sobre la existencia de un proceso discursivo sobre el currículo que tenga presente la sociedad y el ámbito escolar.

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A través de una investigación, el Equipo de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense establece una serie de medidas para prevenir la violencia desde la educación. El impacto de las nuevas tecnologías produce cambios en la vida del ser humano, unido a una gran cantidad de información que provoca dificultades para comprender lo que sucede y aislamiento social. Así, se relaciona la falta de motivación del alumnado y su indisciplina con el incremento del fracaso escolar. En cuanto a la percepción de la violencia, se aboga por establecer asambleas de aula en las tutorías y desarrollar habilidades para afrontar y expresar la tensión sin recurrir a la violencia. Finalmente, la escuela debe promover medidas para no reproducir la violencia; utilizar los medios de comunicación para prevenirla; fomentar la colaboración entre escuela, familia y sociedad; y respetar los derechos humanos.