551 resultados para CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE BOLIVIA


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La Cámara de Comercio de Bogotá inscribió el acta No. 017 de la Junta Directiva de la sociedad PROMOTORA COLOMBIANA DE PROYECTOS E INVERSIONES S.A., por medio de la cual se nombró gerente general de dicha sociedad. El representante legal suplente de la sociedad, solicitó la revocatoria del señalado acto de registro.

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Depuis la fin du XIXe siècle, des dynamiques sociales diverses – holocauste du caoutchouc, colonie pénale, missions catholiques, présence d’institutions gouvernementales et non gouvernementales — ont reconfiguré les formes d’organisation sociale des habitants du moyen fleuve Caquetá, dénommés Gens de centre. Nous nous arrêterons en particulier sur l’effet de ces changements sur leurs formes d’autonomie. Avec la reconnaissance par l’État, au cours des années 1980 et 1990, des peuples indigènes en tant que minorités ethniques, surgit une dichotomie entre ce qui est « traditionnel » autochtone, par opposition à ce qui est « moderne », étant donné les processus d’acculturation et inclusion de ces groupes dans la société majoritaire. Dans le présent travail, on établit une comparaison des figures « d’autorité traditionnelle » et de « leader », une différenciation faite dans la région du moyen fleuve Caquetá. Dans un premier temps, on donne un aperçu théorique de la figure de chef dans les terres basses de l’Amérique du Sud et sa validité et pertinence dans la situation du moyen fleuve Caquetá. Puis, l’on présente comment se forme l’autorité traditionnelle et ses champs d’action. On montre, de la même façon, les différents processus qui ont donné lieu à l’apparition de la figure de leader et les espaces où celle-ci évolue. La relation entre les deux figures est à la fois contradictoire et complémentaire. Finalement, on expose, avec des exemples concrets, les rapports entre les Gens de centre et les institutions gouvernementales et la remise en question de l’autonomie accordée aux groupes minoritaires dans la Constitution politique de la Colombie de 1991.

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Esta obra constituye una muy juiciosa investigación de los acontecimientos que dieron lugar a la promulgación de la Constitución Política de 1991 y en particular del papel que jugó el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en ese proceso, por parte de quien vivió tales acontecimientos como protagonistas de los mismos. El relato comienza con una aproximación sobre las reformas políticas frustradas y las que no lograron sus expectativas, desde 1974 hasta 1990; posteriormente, aborda los luctuosos acontecimientos de final de la década de los ochenta, que coronan su culmen de horror con el monstruoso homicidio del líder liberar y candidato a la Presidencia de la República Luís Carlos Galán Sarmiento, episodio que, sumado a otros tantos propios de una democracia cerrada, sacudieron la conciencia nacional, en particular de importantes sectores universitarios, lo que desata una serie de sucesos, como expresiones del denominado Constituyente Primario, que viene a concluir con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Carta Política que hoy nos rige.

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La educación está definida por la Constitución Política como derecho y como servicio público con función social. A su vez, para lograr este cometido se la ha definido como política pública, es decir, de máximo interés para el Estado. No obstante, lo plasmado en norma y programas no corresponde con la realidad. Aún hay actuaciones de la administración que vulneran el derecho a la educación por deficiencias en la prestación del servicio público educativo. De ahí el interés legítimo que tiene la colectividad para exigir de la administración, mediante las acciones populares, que se garantice la prestación del servicio público de la educación en las mejores condiciones posibles. La educación como servicio público es un derecho colectivo, y la comunidad puede exigir que se garantice su prestación adecuadamente, pues en la medida en que haya más personas bien educadas, ello redunda en beneficio de la sociedad y del Estado.

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La Iglesia Católica en Colombia, particularmente a partir de la Constitución Política de 1991, se ha visto forzada a reformar su relación con los fieles a fin de no perder adeptos, los cuales, en gran parte, se han vinculado a otros sistemas religiosos que poco a poco han ganado gran protagonismo en el campo religioso. Nuestro objetivo en este trabajo es analizar la relación de la Iglesia Católica con sus fieles a través del rito de la Eucaristía en una iglesia específica de la ciudad de Bogotá, a saber, Santa Teresita. Tomamos como eje de análisis la población joven y, de esta manera, determinamos cuál es la forma en la cual la Religión Católica se acerca a sus fieles, desde esta iglesia en particular a través del análisis de este rito específico, y así, buscamos establecer las posibles funciones que el rito desempeña en la vida cotidiana de los jóvenes.

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Varios son los objetos de estudio que permiten comprender la dinámica política de Colombia, durante los últimos años. Uno de ellos es el concepto de sociedad civil que en términos de apropiación tuvo variaciones de facto y de jure después de la Constitución Política de 1991. Dos conceptos se analizan conjuntamente: la sociedad, en la que se articulan sistemas de relaciones complejos y la civilidad como cualidad que modifica políticamente dichas relaciones, una vez se sitúan en un marco político. Tal marco político se caracteriza por el uso de herramientas discursivas que facilitan tanto la verbalización como la materialización de los conceptos. Es al interior de dicho discurso político, en el que se analizan las variaciones en la operacionalización del concepto de sociedad civil durante los últimos tres periodos presidenciales desde 1994 a 2006. Con el fin de cumplir con el objetivo de analizar las particularidades que sobre deber ser imprime cada uno de los tres Gobiernos, respondiendo a la dinámica política que lo envuelve. Para ello se observa el concepto desde una teoría política liberal y luego se aplica el método de la historia conceptual. Finalmente se obtiene una visión articulada entre la realidad política del país que circunda al discurso y las variaciones en su propio contenido. La relación que se teje es bidireccional.

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En 1991 la Constitución Política de Colombia incorporó las estrategias necesarias para hacer realidad la Rendición de cuentas como un proceso que contribuye a la gobernabilidad. El presente documento presenta no solo la legislación del gobierno sino también los modelos utilizados por la Contaduría General de la Nación-CGN y otras instituciones en diferentes países: Asociación Internacional de Administración de Ciudades-ICMA, Instituto Federal de Acceso a la Información-IFAI, Organización Internacional de Instituciones Fiscalizadoras Superiores-INTOSAI y la Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público-EURORAI. Adicionalmente se presentan conclusiones basadas en evidencia empírica proporcionada por los stakeholders y las recomendaciones necesarias para poner en práctica el concepto de Rendición de cuentas en la CGN y presentarlo ante los ciudadanos y otros stakeholders.

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En cuanto que las minorías étnicas son reconocidas constitucionalmente, se encuentra un ambiente propicio para lograr con éxito la necesidad de reconocer a los pueblos indígenas como una cultura diferenciada, razón por la cual, constitucionalmente se otorgó status constitucional a su propio sistema de impartir justicia, es decir, su sistema judicial, al punto que es el artículo 246 de la Constitución Política así lo consagra, siendo de ésta manera como se hizo improrrogable hacer efectivo un mecanismo que permita el funcionamiento armónico de la jurisdicción especial indígena y Sistema Jurídico Nacional. Por ésta razón el presente trabajo investigativo, se desarrollará con base en los resultados arrojados por el proyecto Extensión de la coordinación del Sistema Judicial Nacional (SJN) y la Jurisdicción Especial Indígena (JEI), exponiendo una serie de componentes y elementos jurídicos que pretenden analizar la problemática de coexistencia de culturas jurídicas diferentes, en el marco del Estado Social de Derecho, con base en el pluralismo jurídico, diversidad cultural e interculturalismo.

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La presente tesis, demuestra que la acción de grupo, consagrada en el Artículo 88 de la Constitución Política de Colombia y en la Ley 472 de 1998, es un mecanismo idóneo y efectivo de reparación en casos de graves violaciones a los derechos humanos v.gr. desplazamiento forzado. Para ello, en una primera parte, se presentan algunos antecedentes internacionales de esta acción, como lo son los International Mass Claims Processes y las Class Actions anglosajonas, que evidencian los casos de procedencia y los requisitos que se han establecido a nivel internacional para que una acción colectiva pueda proceder para indemnizar esta clase de violaciones. Posteriormente, en una segunda parte, se analizan los principales aspectos procesales de la acción de grupo, como lo son, por ejemplo, la conformación del grupo, la representatividad adecuada, el termino de caducidad de la acción, la notificación de la demanda, la publicación de la sentencia y el estimativo de perjuicios, entre otros aspectos, que a nivel sustancial y procedimental muestran que la acción de grupo es un mecanismo adecuado para indemnizar in integrum a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos. Por último, se establece que el estándar internacional de reparación que es empleado en el sistema interamericano de protección de derechos humanos (Restitución, indemnización. rehabilitación, satisfacción, garantía de no repetición y proyecto de vida) puede ser aplicado de manera adecuada y efectiva a través del empleo de la acción de grupo.

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La Constitución Política de 1991 introdujo el concepto de participación como dato fundamental de su estructura. Un estudio ligero permite evidenciar una cantidad de artículos que regulan la materia participativa sin embargo, dichos preceptos se encuentran sin una relación de convexidad precisa. En cuanto al tema de la participación del administrado en la administración pública, como género de la especie que engloba las normas precisas sobre el ejercicio de funciones administrativas por particulares, el problema es de mayor complejidad; ello debido a que el problema participativo supone el estudio de teorías sociológicas que explican el fenómeno desde perspectivas que superan el ámbito normativo de los preceptos que consagran dicho fenómeno. El presente artículo tiene como propósito estudiar desde un punto de vista teórico el problema de la participación como fundamento del ejercicio de funciones administrativas por particulares con el objeto de explicar su fundamento último. Para este efecto, el artículo propone un panorama general de los fundamentos tradicionales del derecho administrativo y su eficacia actual, dentro del marco de una sociedad compleja en permanente conexión con el Estado Social de Derecho. A su vez expone teorías explicativas de la relación mencionada y sus efectos en la producción de normas jurídicas. Por último, expone un estudio de caso para la aplicación de los fundamentos teóricos expuestos en este artículo.

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El presente trabajo tiene como objetivo mostrar los efectos del acto legislativo 01 de 2003, en las elecciones a la Cámara de Representantes de 2006 en el Departamento de Antioquia. Esto con el fin de mostrar el comportamiento de los partidos y movimientos políticos antes y después de entrar en vigencia la reforma. El objetivo principal de la investigación es identificar y entender la cotidianidad y las prácticas políticas a las que los partidos tradicionales y las nuevas organizaciones estaban acostumbradas después de la constitución de 1991. Estas reglas de juego planteadas por las Constitución Política, cambiaron el panorama político tanto para los partidos tradicionalistas, como para las nuevas organizaciones que querían y reclamaban reconocimiento, participación y poder. Reglas que se transformaron con la reforma política, y específicamente con el Acto legislativo 01 de 2003, cambiando el escenario político y por ende el comportamiento electoral.

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Los pueblos indígenas, desde hace varias décadas, dejaron de ser simples objetos de discusión y pasaron a ser actores del sistema internacional, y a ser participes del diálogo multilateral de los derechos humanos entre Estados, actores no estatales y organizaciones internacionales. Aunque su participación se ha favorecido con la creación de diversos instrumentos internacionales y escenarios propios al interior de las Organizaciones Internacionales, y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (Art. 7 Constitución Política), los canales entre el gobierno y la sociedad no funcionan correctamente, motivo por el cual los pueblos indígenas han desarrollado diferentes redes transnacionales de defensa en conjunto con actores no estatales (ONG"s) y Estados. Bajo este contexto la investigación gira en torno a analizar, a partir del estudio de caso, cómo las redes transnacionales de defensa y las prácticas de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC, y su interacción con el gobierno y la Organización de Naciones Unidas -ONU, incidieron y permitieron la visita y el análisis de la situación de desplazamiento forzado de los pueblos indígenas Embera por parte de los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas durante 2004-2009.

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El trabajo muestra como a partir de unos principios básicos de las tecnologías de la información y las Telecomunicaciones TIC, y el desarrollo legislativo colombiano, en especial la Ley 527 de 1999, es posible facilitar la relación entre la Administración Pública y los ciudadanos, a través del procedimiento administrativo por medios electrónicos, desarrollando así los principios de la función pública contenidos en la Constitución Política y en la Ley 489 de 1998, haciéndola no sólo más ágil y fácil de acceder, sino generando transparencia dentro de la gestión pública estatal. Se presenta además una comparación entre el procedimiento administrativo tradicional y el electrónico; así como la aplicación práctica de éste a un trámite específico de una entidad pública. Finaliza haciendo un análisis del aporte que al tema hizo la Ley 1437 de 2011, haciéndolo imperativo en la administración pública en todos sus niveles.

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La presente investigación reflexiona acerca de los principales problemas derivados de la aplicación del artículo 125 de la constitución política de 1991, y la implementación de la méritocracia como mecanismo para determinar el ingreso a los empleos de la administración pública colombiana.