77 resultados para conforming bid (tender)

em Universidad del Rosario, Colombia


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El propósito central de este estudio de caso es describir y analizar todo el proceso institucional entre la FIFA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la gestión e implementación del movimiento “Football for Hope” en la región de América Latina, específicamente en la Fundación Colombianitos en Colombia, durante el periodo 2009-2012,visto inicialmente desde las Instituciones Internacionales, prosiguiendo a partir de una plano regionaly una perspectiva nacional, finalizando dentro de un ámbito organizacional, todo analizado por medio de los conceptos de Cooperación Internacional de Robert Keohane, el concepto de Cooperación Internacional para el Desarrollo y junto a la teoría del Desarrollo Humano según Amartya Sen y Martha Nussbaum.

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El interés de este estudio de caso es explicar el rol del Banco Interamericano de Desarrollo [BID] y el Banco Mundial [BM] en el programa de transferencias condicionadas Familias en Acción de Colombia durante el 2001-2013. Se identificará cómo a través de estos programas el BID y el BM han contribuido con Familias en Acción para la reducción de la pobreza, la desigualdad de ingresos y el desarrollo del capital humano de familias vulnerables con el fin de evitar la pobreza inter-generacional. La importancia y crecimiento de la cooperación internacional por mejorar los aspectos sociales y económicos de países en vías desarrollo es indispensable para generar progreso entre las naciones con la finalidad de hacer un sistema internacional más equitativo e inclusivo.

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En los últimos 15 años se ha discutido sobre las posibles soluciones a las dificultades del sistema integrado de transporte público a las que se enfrenta Bogotá. Restricciones como “Pico y Placa”, el día del “No carro”, sistemas masivos de transporte y la posibilidad de implementar el metro han sido alternativas que no han llegado a su fin de ejecución pero tampoco han logrado formalizarse y aplicarse de tal manera que favorezcan a la movilidad urbana. Nuestro centro de análisis será la movilidad urbana compuesta por diferentes variables que serán estudiadas a nivel macro como la capacidad de la malla vial a nivel de expansión territorial en la ciudad, el parque automotor, el manejo de la administración de la alcaldía en las licitaciones y chatarrización tanto a nivel micro como la cultura de movilidad y la influencia en la calidad de vida por esta tecnificación de transporte. Existen muchos estudios sobre los problemas de movilidad tanto en Latino América como en países Europeos, sin embargo lo que se pretende en este estudio es un planteamiento más general para una concertación de soluciones innovadoras y eficaces en la dirección técnica y política para una realidad territorial y urbana en calidad de servicio.

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Este trabajo de grado pretende dar a conocer como se ha optimizado el tiempo de respuesta de una empresa de ambulancias de Bogotá y como esto ha colaborado en que los servicios de urgencia de la ciudad hayan mejorado su calidad y su oferta. El nombre de la empresa de ambulancias es Transporte Ambulatorio Medico Ltda. y se hace una breve reseña de su historia dentro del documento. Para lograr demostrar si en realidad ha ocurrido una mejora se utilizo como base un estudio previo realizado en la universidad de los andes versus un muestre actual que los autores de este trabajo realizaron. Se utilizaron principios de teoría de colas y herramientas estadísticas para colaborar con las conclusiones del presente documento Los autores también proponen una posible solución para mejorar aun más el tiempo de respuesta.

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En el presente trabajo se estudia la responsabilidad precontractual del Estado en el marco del proceso de licitación pública, haciéndose un paralelo con el régimen del derecho privado. Se comienza delimitando la etapa precontractual, identificándose los estadios más relevantes descritos por la doctrina, con el fin de desentrañar la verdadera naturaleza de los actos que se producen para formar la voluntad contractual. Definido lo anterior, se pasa al análisis de los intereses que son tutelables en dicha etapa y las consecuencias jurídicas que se siguen de su vulneración. En esa línea, se considera posteriormente el tema de la forma de reparar los daños causados en la fase precontractual, y cuando se trata de indemnización, el monto de la misma. Finalmente, se emprende el análisis de las acciones judiciales disponibles en el ordenamiento jurídico colombiano, que pueden activarse cuando se han desconocido los principios y reglas que rigen la actividad precontractual de la Administración Pública.

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La investigación diagnostica tiene como objetivo elaborar una propuesta de solución alternativa a las deficiencias en los procesos de fiscalización en materia de otorgamiento de licencias de explotación minera en Colombia como respuesta a las limitaciones y los desafíos identificados en el Estatuto Anticorrupción, con relación al código de minas, ley 685 de 2001.

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Durante los últimos 35 años las drogas ilegales han constituido un factor significativo en el drama social colombiano. Hoy día es común atribuir a éstas la causalidad de muchos problemas del país y se han elaborado algunas explicaciones del desarrollo de dicha "industria" en Colombia, de las cuales se derivan recomendaciones de política, tanto las implementadas por los gobiernos como las recomendadas por los críticos. El Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (Ceodd),(...) de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ha encontrado que las explicaciones más comunes pueden clasificarse en tres grupos. El primero, incluye afirmaciones simples que atribuyen el desarrollo de las drogas ilegales a la pobreza, a la desigualdad, a las crisis económicas, a la corrupción o a la localización de Colombia a mitad de camino entre las plantaciones de coca de Bolivia y Perú con Estados Unidos. (...) En segundo lugar, se encuentran las razones basadas en modelos de criminalidad común, también llamados policivos, en los cuales las leyes surgen de procesos legitimados por la sociedad y quienes las violan son considerados personas con comportamientos desviados, que deben corregirse por medio de sanciones o restricciones. Siguiendo este enfoque, las políticas hacia las drogas tienen que ser represivas. En tercer lugar, están las respuestas basadas en la elevada rentabilidad de las drogas, generada por su ilegalidad, y por la existencia de una gran demanda internacional: por ejemplo, un kilo de cocaína en Colombia puede costar unos US$1.500 y cuando llega a los Estados Unidos se paga entre US$15.000 y US$18.000. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en los últimos años la demanda mundial de cocaína ha estado alrededor de 800 toneladas. Este enfoque justifica la producción ilegal y quienes lo apoyan creen que el país produce drogas como resultado de un ‘choque externo’. Los que comulgan con esta posición consideran que Colombia, en los años sesenta, era una nación típica en términos de criminalidad, afectada por el surgimiento de una gran demanda externa de drogas que estimuló la producción de éstas. Este desarrollo constituye la causa principal de los graves problemas que enfrenta actualmente el país. Según esta explicación, la razón por la cual el país produce drogas radica en el exterior y la única solución es la legalización para acabar el ‘choque externo’. Desafortunadamente, quienes apoyan este modelo no explican por qué ese ‘choque externo’ afectó de manera tan grave a Colombia y no a otros países como Ecuador, Perú y Bolivia, donde no se desarrollaron grandes carteles de traficantes, o en Malasia, Indonesia y Taiwán, que en el pasado fueron grandes exportadores de coca. Sin embargo, la evidencia empírica encontrada por el Ceodd contradice los argumentos anteriores, pues ninguno explica por qué la producción y el tráfico de drogas ilegales están concentrados en pocos países. En el caso de la teoría policiva, la concentración se explicaría solamente si por razones genéticas una población fuera más proclive al crimen. Respecto a la producción justificada por la rentabilidad, ésta se explicaría si todos los países que pudieran producir coca, amapola, cocaína y heroína lo estuvieran haciendo. La coca puede crecer en unos 30 países, la amapola en 120 y la cocaína y la heroína se pueden refinar en cualquier parte del mundo. Por consiguiente, si la rentabilidad determinara la producción, Colombia sería sólo uno entre los muchos productores. De la misma forma, otras explicaciones como la pobreza, las crisis, la desigualdad y la corrupción fallan porque dichos problemas son endémicos en muchas sociedades que no producen o trafican drogas. La localización geográfica del país, por su parte, no explica por qué en Colombia surgieron las grandes organizaciones criminales. Además, cuando la diferencia entre los precios de exportación e importación es tan grande, como en el caso de la cocaína y de la heroína, los costos de transporte y la distancia son problemas menores. En ese caso lo que importa es reducir el riesgo y no la distancia. Ahora bien, si no hubiera demanda de drogas tampoco habría oferta y sin oferta no habría demanda. La teoría económica enseña que la demanda y la oferta son como las dos hojas de una tijera: ambas son necesarias para que haya un mercado. Para el Ceodd, estas afirmaciones son ciertas pero triviales e incompletas. La rentabilidad de las drogas es una condición necesaria, pero no suficiente para que en un país se cultive coca y se refine cocaína. Entonces, lo que se debe averiguar es por qué una condición necesaria, en el caso colombiano, se vuelve suficiente. Es claro que la gran demanda internacional es ilegal y que cuando un producto fácil de fabricar, que no requiere grandes destrezas o capital -como la cocaína o la heroína- es declarado ilegal a nivel mundial, su producción y tráfico tenderá a concentrarse en los países donde el imperio de la ley sea más débil y la sociedad más laxa frente a la ilegalidad. Es cierto que si la cocaína no fuera rentable no se produciría, pero Colombia no concentra la producción de cocaína porque sea rentable sino porque es ilegal, advierte el director del Ceodd, Francisco E. Thoumi.

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El trabajo constituye en primer lugar, un ejercicio importante de recopilación y sistematización de la regulación existente en materia de competencia, y en especial, de la colusión en licitaciones como una de las prácticas restrictivas de la Competencia. De igual forma, contiene un análisis microeconómico de un cartel, a efectos de explicar las razones que lo promueven y lo desestimulan. Luego de ello, se hace un análisis profundo de las normas específicas en la materia, contenidas en el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 1474 de 2011 y de las acciones que eventualmente podrían iniciarse para combatirla, dependiendo del momento en que se encuentre la licitación y del bien jurídico que pretenda protegerse.

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En Colombia, la construcción, operación y administración de los puertos exige el otorgamiento, por parte del Estado, de un contrato de concesión a sociedades portuarias, el cual se otorga previo agotamiento de un trámite administrativo especial de iniciativa privada, mediante el ejercicio del derecho de petición en interés particular o por medio de una oferta oficiosa impulsada por el Estado. Los trámites enunciados están previstos en la Ley 1ª de 1991, reglamentada actualmente por el Decreto 4735 de 2009. Si bien el régimen legal prevé mecanismos que permiten la comparecencia de terceros dentro del trámite, no contempla la manera como debe tramitarse la solicitud de concesión portuaria, radicada por fuera del término previsto en el artículo 10 de la Ley 1ª de 1991, cuando ésta no es una oposición o propuesta alternativa a una solicitud, sobre una misma área en estudio de petición de concesión.

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La zona fronteriza de Norte de Santander ha sido un territorio que a lo largo de la historia ha tenido periodos de grandes superávits para la población de la zona, así como periodos de crisis. La región fundamenta su vida económica, social y cultural en el intercambio que se realiza con Venezuela. En esta investigación mediante el análisis del estado actual de la región y por medio del uso de herramientas y análisis administrativos se estudiara la viabilidad de implementar una Zona Libre en la zona de frontera colombo-venezolana, sector de Tienditas. Con herramientas como las 5 fuerzas de Porter, pronósticos cuantitativos, diagramas de flujo, análisis cualitativos, etc. se brindara un mayor entendimiento de las fortalezas y debilidades de la región, flujo de productos y servicios en la frontera y las propuestas de mejoramiento, localización de la zona, sectores potenciales y legislación o propuestas que generarían un valor agregado a esta zona.

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Este trabajo de grado se realizó con el objetivo de obtener un diagnóstico sobre los factores internos de las empresas del sector textil en Bogotá-Cundinamarca, para determinar cuáles son los factores fundamentales, que afectan o benefician a las compañías, en el momento de la toma de decisión de ser partícipes de la política de asociatividad. Dicha política específicamente hace referencia al programa del Clúster de la moda Bogotá, el cual busca vincular los diferentes actores pertenecientes al mismo sector económico y estratégico, para crear un ambiente cooperativo donde exista el flujo continuo de información, logrando ser competitivos a nivel mundial. De igual manera para entender a fondo el tema a tratar, se desarrollaron investigaciones en fuentes primarias y secundarias, que permitieron identificar la situación que ha tenido el sector textil en la capital, además se estudió el programa Clúster de moda Bogotá, el cual se comparó con una de las regiones líderes en Colombia en programas de cooperación empresarial, como lo es el clúster de moda Medellín y por último se implementó una entrevista a profundidad a microempresarios del sector principalmente, con el fin obtener un diagnóstico más detallado de la realidad actual. Una vez condesada dicha información, se generó las conclusiones y recomendaciones pertinentes para poder validar la proposición planteada.

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Este trabajo se soporta sobre una base conformada por dos conceptos, que constituyen el horizonte contextual de la investigación: Derecho Administrativo y Comunidad de integración. Es claro que al hablar de una Comunidad de integración específica como la Comunidad Andina (CAN), incide de forma directa en la actividad del derecho administrativo.Ha sido necesario que los países que conforman los grupos de integración económica cedan parte de sus competencias para crear un ordenamiento jurídico de orden supranacional, el cual modifica la dinámica social de las relaciones comerciales y afecta la estructura de la administración pública, haciendo que el derecho administrativo no se limite a interactuar solo con derecho nacional. Esta mutua dependencia de las políticas internas y las regionales se realiza, entonces, cada vez que existe participación y compromiso de los Estados frente a las decisiones, de carácter vinculante o no. En esa medida surge el problema de investigación tendiente a esclarecer cómo ha sido la adopción de las decisiones e interpretaciones, emanadas de los mecanismos oficiales del Derecho Comunitario Andino, en el ordenamiento jurídico colombiano. La existencia de varios puntos de vista con respecto a la obligatoriedad o no de dicha adopción, moldea un tema de suficiente amplitud y profundidad para ser estudiado en un trabajo de investigación.

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El presente documento, tiene como finalidad presentar una estrategia de desarrollo responsable y sostenible social y ambientalmente, estructurada en cinco ejes categóricos y tres enfoques de la productividad, los cuales son determinados en el recorrido de la investigación.

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La energía eléctrica y los bienes o activos eléctricos (de acuerdo con la definición técnica) con que se lleva a cabo su prestación, goza de una particular regulación y normatividad, explicables por la importancia capital de este servicio público, sumado al diseño institucional traído por la constitución de 1991, lo que la hace especialmente compleja, dinámica y abierta a precisiones. Es ese sentido, se parte de un entendimiento inicial de todos los activos que conforman una red de generación, transmisión y distribución eléctrica, para de esa forma comenzar a esbozar el régimen jurídico de los mismos, dependiendo de su posición dentro de la cadena de suministro eléctrico. Una vez concluido este acercamiento, se abordan los principales problemas previsibles desde una perspectiva puramente académica, como por ejemplo el relacionado con el alcance de los conceptos de la CREG y su valor normativo, la presunta inembargabilidad de los bienes destinados a la prestación de servicios públicos en cabeza de comunidades organizadas y el problema de la propiedad de particulares sobre activos conformantes de la red de suministro eléctrico y la salida normativa a ese conflicto (pues no debe olvidarse que los propietarios de activos de uso general, de acuerdo con la CREG, deben ser prestadores de servicios públicos domiciliarios) de modo tal que se respeten los derechos de propiedad. De cada uno de estos interrogantes surgen soluciones que lejos de zanjar las discusiones al respecto, buscan abrir el debate sobre un tema de tan capital importancia.

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Con el ánimo de lograr que Colombia sea competitivo en la exportación de productos agrícolas a nivel mundial, se realizó el programa MERLIN (Métodos de reinvención logística de agro exportación), apoyado entre otras entidades por el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, el cual tenía por objetivo principal demostrar que algunos productos agrícolas podrían ser enviados al exterior vía marítima, beneficiando al productor, al exportador y al consumidor, teniendo en cuenta que el costo de transporte es el factor que más impacta al precio final del producto. Es así como este trabajo de investigación, busca mostrar los resultados para las exportaciones realizadas por la vía marítima, frente a la vía aérea, que se han dado desde el año 2009 y principalmente demostrar a los principales actores del sector floricultor colombiano, que la vía marítima para la exportación puede ser confiablemente utilizada, manteniendo la excelente calidad del producto, disminuyendo los costos de transporte para ese importante sector en Colombia y fomentando la el desarrollo de puertos marítimos en el país.