18 resultados para Posconflicto

em Universidad del Rosario, Colombia


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Cuando la violencia es usada de manera prolongada y organizada como medio de expresión y oposición en el contexto complejo de los conflictos de una sociedad, produce micro-efectos sicológicos, sociales y materiales sobre aquel que la infringe y sobre quien es ejercida. Este artículo sugiere que además de estos efectos, la violencia es capaz de producir macro-efectos sobre una sociedad, sobre el estado y, más importante aún, sobre la relación y la capacidad de articulación que existe entre ambos. Estos macro-efectos obligan a ampliar, en el análisis y en la práctica, la noción tradicional de los procesos de reconciliación posconflicto, que se concentran en sanar las heridas producidas por la violencia a nivel micro. Se sugiere que es necesario concebir la reconciliación como un proceso más comprehensivo, capaz de contribuir a la consolidación de nociones positivas y constructivas de paz y de crear espacios seguros para que la no violencia se constituya, por fin, en un medio reiterativo de transformación social.

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Estado del arte que recopila pronunciamientos de diversos autores sobre el papel de la Organización de Naciones Unidas, específicamente la Misión MINUGUA, en el proceso de reconstrucción posconflicto en Guatemala comprendido entre el año 1994 y 2004. Se basa en algunas dimensiones de la democratización como son el Estado de Derecho, la democracia representativa, la preeminencia del poder civil, y el fortalecimiento de la cultura democrática. Así mismo, tiene en cuenta los elementos de la justicia transicional, a saber: verdad, justicia y reparación.

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El conflicto marfileño fue el resultado de diferentes circunstancias como la crisis económica; la inestabilidad política; el fraccionamiento del ejército nacional; y la introducción del concepto de ivoirité. Todas estas circunstancias debían y fueron tomadas en cuenta desde el inicio del proceso de paz a través de los diferentes tratados, que identificaron así mismo la importancia del proceso de DDR como pilar fundamental para la construcción de paz, y para el cual solicitaron la participación de la CI. Al revisar el periodo de 2003-2010 en general y especial en el área de DDR, es posible identificar 2 momentos de la CI en el proceso de consolidación de paz marfileño. Un primer momento, de 2003-2007, en el cual el papel de la CI es el de liderar el proceso, frente a unos actores estatales carentes de iniciativa e incentivos para apropiarse de su propio proceso y hacerlo funcionar. El segundo momento, a partir de la firma del APO, en el cual como consecuencia de la apropiación del proceso de paz por parte de sus protagonistas, la CI asume un rol subsidiario aunque vital. En resumen, el rol de la CI en el proceso de DDR marfileño fue fundamental pues al prestar su oportuna asistencia en las diferentes etapas de implementación de esta área permitió ayudar al largo proceso de consolidación de paz.

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El presente trabajo de investigación pretende examinar el caso del proceso de paz en El Salvador, y catalogarlo como un ejemplo, que permite vislumbrar la forma en las que se generan una serie de acuerdos de paz que siguen en conjunto, con una misión formal de acompañamiento por parte de Naciones Unidas, esta unión supone un proceso de paz complejo, con situaciones problemáticas y de riesgo, pero con grandes soluciones y fortalezas, para lograr su objetivo.

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GIRAS ACADÉMICAS – CONCURSOS INTERNACIONALES – NUEVA NOVELA DE ENRIQUE SANTOS MOLANO – BLOG LÍNEAS VIAJERAS – BLOG POLÍTICO – SEMANA DE LOS EMPRENDEDORES – SALUD MENTAL – POSCONFLICTO – COOPERACIÓN INTERNACIONAL CANADIENSE – CRUZ DE CALATRAVA AL MÉRITO LABORAL – SEDES INSTITUCIONALES – PREMIO CONCURSO JESUUP CUP – NUEVO LIBRO DE CARLOS VILLALBA BUSTILLO

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En el presente trabajo se analiza la obligación de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana referente a la constitucionalidad del Marco Jurídico para la paz. De la aparente remisión que hace la Corte Constitucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario se concluye que la Corte Constitucional propone como premisa mayor una obligación que surge de una interpretación extensiva de la Convención Interamericana. De la misma forma, se estudia el tratamiento indebido del derecho aplicable a las amnistías e indultos, que se relaciona con la necesidad de evitar cualquier tipo de impunidad, cuyo concepto sirve para esclarecer cuáles son los estándares que se quiere proteger. Por último, se analiza el contexto al que se pretende aplicar dicha obligación, es decir, la justicia transicional, proponiendo un modelo interpretativo de los fines de la pena, y su aplicación por medio de la favorabilidad penal, para la justicia transicional, que sea acorde a la interpretación de la Convención Interamericana.

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Objetivo: Determinar el nivel de riesgo de la exposición por fracción respirable a polvo de carbón y sílice cristalina y la prevalencia de neumoconiosis en trabajadores de minas de socavón del departamento de Cundinamarca. Métodos: estudio de corte transversal, en grupos de exposición similar (GES) en las minas seleccionadas, el tamaño muestral fue constituido por 11 empresas y 215 trabajadores en donde se realizó un muestreo ambiental para medir los niveles de polvo de carbón y sílice cristalina. Resultados: La edad promedio del grupo fue de 46±9,5 años y género masculino (97,2%), se encontró una asociación significativa entre polvo de carbón y neumoconiosis (p =0,050) y no fue significativa con exposición a sílice cristalina (p = 0,537). El modelo de regresión logística mostró asociación significativa con la escala de nivel de riesgo de carbón medio (OR=10.4, IC 95%:1.50, 71.41, p=0,02), ajustando con variables significativas como: tamaño de la empresa mediana (OR = 2,67, IC 95%:1.07, 6.66, p=0,04), antigüedad mayor o igual a 30 años (OR = 7,186, IC 95%:2.98, 17.29, p=0,001) y habito tabáquico por más de un año (OR = 4,437, IC 95%:2.06, 9.55, p=0,001) para sílice cristalina no hubo asociación en el modelo multivariado. Conclusión: El riesgo de exposición a carbón de nivel medio está relacionado con la prevalencia de neumoconiosis y otros factores adicionales como tamaño de la empresa mediana, antigüedad mayor o igual a 30 años y habito tabáquico por más de un año para los trabajadores de minería de socavón en Cundinamarca. Para los niveles de sílice cristalina no se encontró asociación significativa.

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Introducción: El sector de la minería es fuente de desarrollo económico y social para Colombia (La Locomotora minera), ante este espectro se hace necesario su estudio en salud ocupacional. Objetivo: Caracterizar los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial de las empresas de minería subterránea de carbón y determinar la asociación entre los riesgos identificados por los trabajadores y los establecidos por la empresa en el departamento de Cundinamarca. Materiales y métodos Estudio de corte transversal , utilizando dos tipos de cuestionarios estructurados: uno para empresa que caracterizó el estado del Programa de Salud Ocupacional, el otro dirigido a los empleados que identificó el conocimiento de los riesgos de exposición, uso de elementos de protección personal y acciones realizadas por el empleador. Resultados El desarrollo del Programa de Salud Ocupacional en Cundinamarca es bajo, en un rango del 25,26% al 38,85%. En la identificación del riesgo se presentó asociación en temperaturas extremas (5,00%) y uso de herramientas corto punzantes (58,8%). En uso de protección personal y su suministro se encontró asociación en mascarilla (60,00%) y eslinga (94,70%). Conclusiones Es necesario la implementación de controles estatales que mitiguen los riesgos, se cumpla con buenas condiciones laborales para disminuir índices de accidentalidad y enfermedad laboral.

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En este segundo documento de trabajo elaborado por el Semillero de Políticas Públicas se ha desarrollado un ejercicio de investigación formativa que tuvo dos propósitos fundamentales: a) entender el asunto de la reconciliación en Colombia como un fenómeno complejo que puede y debe ser abordado desde distintos frentes de política pública, y b) reconocer el esfuerzo que están haciendo algunos municipios en Colombia para lograr resultados concretos de reconciliación. En esta medida, hemos basado nuestro análisis en el trabajo previo de la Comisión de Conciliación Nacional, que elaboró en el año 2010 un Acuerdo Nacional para la Reconciliación y la Paz en Colombia. Según la entidad, “a través de conversatorios, foros públicos regionales, divulgación en medios y foros virtuales, se construyó de manera consensuada un Acuerdo de Mínimos por la Paz y la Reconciliación, que cuenta con la participación de prácticamente, todos los sectores de la sociedad, del ámbito público y privado; de la sociedad civil, la academia y el gobierno; de organizaciones de origen nacional como internacional” (Comisión de Conciliación Nacional, 2016, Consulta electrónica).

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Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.

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El interés de esta monografía es analizar la transformación de relación bilateral colombo – estadounidense en materia de seguridad y defensa durante el periodo 2002 – 2014, y cómo dicha transformación puede incidir en la formulación de la política exterior colombiana. Se analizará la política exterior de Álvaro Uribe Vélez y la del actual presidente Juan Manuel Santos. Esto se llevará a cabo bajo dos de las teorías de Relaciones Internacionales, el realismo subalterno y neoclásico, las cuales ayudarán a entender el porqué del cambio de la política exterior de colombiana.

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Nariño y Cauca son dos de los departamentos de Colombia más afectados por la violencia. La reciente firma de un acuerdo de un cese bilateral de hostilidades con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los diálogos de La Habana son apenas el comienzo de la Construcción de Paz (CP) que implica el esfuerzo continuo de diferentes actores (gubernamentales, sector privado, sociedad civil y organismos multilaterales) para lograr no solo una paz negativa sino una paz positiva. El apoyo al emprendimiento es una estrategia implementada por el Gobierno y por los stakeholders que participan en el proceso del posconflicto, que tiene como finalidad respaldar el proceso de integración económica de las víctimas y desmovilizados. El presente documento es un estudio exploratorio elaborado por medio de una investigación cualitativa en la temática de emprendimiento, instituciones y CP en los departamentos de Nariño y Cauca. Se utilizó una estrategia metodológica denominada Matrices de Stakeholders para representar gráficamente la influencia institucional sobre la toma decisiones e implementación de los stakeholders sobre las reformas o políticas de emprendimiento y CP en estos dos departamentos. En esta investigación se encontró que i) en general, las instituciones del gobierno de los de Nariño y Cauca son extractivas y limitan la participación de la sociedad; ii) los stakeholders de la sociedad civil a pesar de tener cierta organización y voz no están en capacidad de generar influencia más que a nivel local o comunitario; iii) los vacíos dejados por las instituciones extractivas del gobierno tienden a ser llenados por instituciones inclusivas de stakeholders del sector privado y de organismos multilaterales.

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Este estudio presenta un análisis exploratorio sobre la correlación entre la fortaleza institucional, las condiciones de paz, y el emprendimiento en una muestra de 23 departamentos en Colombia usando datos de 2014. Para llevar a cabo este objetivo se propusieron y construyeron tres índices siguiendo definiciones conceptuales seminales o estándares de evaluación internacional, a saber: 1) El Índice de Fortaleza Institucional, 2) El Índice de Construcción de Paz (construido a partir del índice de paz negativa y el índice de paz positiva) y 3) El Índice de Emprendimiento Productivo. Los resultados no muestran una correlación significativa entre todos los tres índices. Por un lado, existe una correlación significativa (p<0.05) entre los índices de fortaleza institucional y emprendimiento productivo. Por otro lado, existen correlaciones negativas no significativas entre los índices de paz positiva y fortaleza institucional, emprendimiento productivo y paz positiva y emprendimiento productivo y construcción de paz. En un segundo acercamiento, la población de los departamentos fue la variable con mayor número de correlaciones significativas (p<0.01) entre variables relacionadas con emprendimiento productivo, empleo, producto interno bruto, sofisticación industrial, innovación (patentes) y crimen. Finalmente, se discuten las conclusiones y las futuras investigaciones.

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El propósito del presente diagnóstico es analizar el proceso de construcción de la identidad del Cabildo Indígena Ambiká-Pijao en la localidad de Usme en la ciudad de Bogotá, desde el año 2005 hasta 2015. Este diagnóstico busca analizar la identidad en el marco de la Política Pública para Pueblos Indígenas de la ciudad de Bogotá, teniendo como elementos centrales las variables del territorio y su pérdida debido al desplazamiento en muchos casos forzado, la cultura, y las características sobre las cuales se entiende al indígena en contextos urbanos. Con base en estos fenómenos, se estudian las principales características de la comunidad e individuos que hacen parte de la misma, para así plantear algunos retos por parte de las instituciones políticas en torno al desarrollo e implementación de políticas multiculturales de reconocimiento para el caso de indígenas presentes en lo urbano.

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El conflicto armado en Guatemala se originó por el abuso de poder, la desigualdad, la exclusión y la profunda discriminación, sobre todo hacia la población indígena, a la que se le han desconocido históricamente sus derechos y que fue la más afligida durante el conflicto. Lo que desembocó en el nacimiento de grupos al margen de la ley, cuyo propósito fue reivindicar los derechos de la población, así como la equidad y justicia social. El conflicto se caracterizó por la formación de grupos paramilitares, la violación al Derecho Internacional Humanitario, el elevado número de víctimas del conflicto, mayoritariamente indígenas y porque más del 85% de las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por el Estado. Gracias a la voluntad política, al respaldo de la comunidad internacional, especialmente de la Organización de Naciones Unidas -ONU, y a los buenos oficios de la Comisión Nacional de Reconciliación – CNR, se lograron firmar los Acuerdos de Paz y dar fin a este cruento conflicto de más de 36 años. Las partes firmantes vieron la necesidad de que un ente autónomo e imparcial de Naciones Unidas, verificara el cumplimiento de La Misión de Naciones Unidas en Guatemala - MINUGUA contribuyó a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la población indígena guatemalteca. Específicamente, incidió en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas guatemaltecos –AIDPI, que fue suscrito el 31 de marzo de 1995, asimismo, contribuyó a la garantía del derecho a la justicia de la población indígena, lo que se evidenció en las acciones y el papel que desempeñó en los componentes de verdad, justicia y reparación.