223 resultados para Ordenamiento de Alcalá

em Universidad del Rosario, Colombia


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El Plan de Ordenamiento Territorial es la herramienta por antonomasia de organización del territorio en Colombia. La forma como se diseñe y haga uso de él afecta de manera decisiva la capacidad de los municipios para responder a las actuales y futuras realidades urbano-rurales. En este sentido, resulta importante, e incluso necesario, reflexionar sobre la orientación que este instrumento ha tenido, con el propósito de establecer su funcionalidad y pertinencia. Un ejercicio de esta naturaleza requiere de un proceso de investigación que contemple los siguientes procesos: 1. Indagación sobre el estado del arte en la materia, lo cual implica revisar, no sólo la normatividad y las teorías que le dan sustento -principios y objetivos- al ordenamiento territorial, sino, además, los resultados obtenidos mediante las políticas aplicadas. 2. Evaluación de la implementación, los contenidos y la base teórico-conceptual de los planes. 3. Construcción de un diagnóstico integral a partir del cual se puedan realizar propuestas que mejoren la forma como se construye el territorio desde los planes de ordenamiento territorial. El presente documento forma parte de ese proceso inicial de investigación, y pretende describir a grandes rasgos la naturaleza, características y alcance de los planes territoriales, con el propósito de tener insumos para los procesos de análisis venideros. En él, se empieza haciendo un recuento histórico del ordenamiento territorial desde distintos énfasis, mostrando la evolución de las políticas estatales en la materia; se continúa con el marco jurídico en el que se sustenta hoy el ordenamiento territorial en el país; luego, se adentra en la Ley 388 de 1997 para dar a conocer su naturaleza, los principios que la rigen y las herramientas de las cuales se dispone para ordenar los territorios de los municipios; de inmediato se efectúa una revisión de la manera como estos planes se han implementado por las autoridades municipales y las dificultades y aciertos que en ese sentido han tenido. Finalmente se expone una reflexión del camino que debe seguir la investigación dado el panorama encontrado.

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El presente trabajo tiene como objetivo analizar el proyecto de ley 024 del 2007, presentado por el representante Orlando Guerra de la Rosa, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, el cual tenía como objetivo la creación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Desde esa perspectiva, se realiza el estudio de la coyuntura que lo enmarcó, los retos y problemas que pretendía resolver dicho proyecto, y las razones por las cuales el proyecto no logró la aprobación de la Cámara. Adicionalmente, se estudia la importancia del Ordenamiento Territorial en el país, junto con las ventajas y desventajas que proponía el proyecto de ley en comento.

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En Colombia existe un desajuste territorial derivado de las tensiones históricas entre centralización y descentralización. En 1991 se contempla una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) como instrumento para reducir tales tensiones, al distribuir las competencias entre la Nación y las Entidades Territoriales. Al no haberse aprobado ningún Proyecto de Ley, se identifican y analizan los posibles obstáculos de carácter político-institucional que han impedido su expedición, a saber: la Composición del Congreso, que deriva en una inequidad en la representación política, y el manejo del Conflicto armado por parte de la Nación, que frena el proceso de descentralización territorial. Además, por la inexistencia de la Ley, se concluye que no existe un modelo territorial ni político del Estado como marco para el proceso de descentralización; que es necesario repensar el enfoque de ‘reformismo institucional’ sobre el ordenamiento territorial; y que para proponer alternativas de Proyectos de Ley viables es necesario incentivar y vincular a las comunidades del país.

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El derecho de negociación colectiva de los empleados públicos contemplados en los Convenios de la OIT aprobados y ratificados por Colombia, ha sido limitado en varios aspectos, por su forma de vinculación con la administración, el ejercicio de la función pública y la prestación de los servicios públicos a cargo del Estado. Por lo anterior se necesita adaptar las disposiciones laborales vigentes a los instrumentos internacionales suscritos por el país, para lograr el equilibrio de las garantías y las cargas de los empleados públicos.

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La obra pretende probar la hipótesis de trabajo que versa sobre la constante centralista que ha marcado las relaciones entre territorio y poder en Colombia. Dicha tendencia se observa en la reiterada adopción del modelo territorial unitario, con leves excepciones, que ha marcado la construcción de la Constitución territorial desde el año 1821. Sin duda, una apuesta que nuevamente es retomada en el proceso constituyente de 1991, a pesar de la inserción tímida de los principios de descentralización y autonomía, y del generoso espíritu del constituyente, hoy bastante menguado, en materia de transferencias intergubernamentales. Dicha hipótesis conllevó a la revisión de otros Estados unitarios, e incluso de modelos regionales o autonómicos y federales, todos ellos en proceso de reacomodamiento, transformación e incluso de difusas fronteras de diferenciación. La historia constitucional, la asamblea constituyente y la arquitectura de la constitución territorial de 1991, son objeto de sistemático estudio y reflexión. También el desarrollo que ha sufrido el Título XI de la Constitución Política, a lo largo de las dos últimas décadas. Por ello, la publicación presenta una reflexión sobre los diversos planes de desarrollo, documentos Conpes, políticas territoriales, reformas constitucionales y legislación, que hablan sobre los avances, pero también sobre los retrocesos que se han dado en materia de descentralización y de autonomía en los últimos veinte años. La publicación está sustentada con innumerable bibliografía nacional e internacional, además de las diversas opiniones y posturas de algunos actores territoriales, académicos y políticos sobre el tema de la organización del territorio, la constante centralista y la situación del nivel intermedio de gobierno. Finalmente, culmina con un análisis y lectura sobre la orientación territorial que le ha dado al país la Ley 1454 de 2011 o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que le apunta más al principio de asociatividad territorial que al desarrollo pleno de los principios de descentralización y autonomía territorial

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Presenta el análisis de la incorporación de una práctica cultural declarada Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de la Humanidad en las estructuras formales del ordenamiento territorial. Analiza también la necesidad de reconocer una serie de valores que la comunidad le ha otorgado a la práctica y que soportan la articulación con el ordenamiento territorial, pasando por los beneficios económicos, políticos y sociales que traería este proceso.

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El objetivo de la investigación es analizar los puentes de relación entre la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial, vistas tradicionalmente de manera paralela, en pro a materializarlos a nivel local específicamente en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Tocancipá- Cundinamarca.

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El crecimiento acelerado de las ciudades ha incidido en la transformación de las condiciones urbanas haciendo de la expansión y conformación de asentamientos más complejos algo inminente. Bogotá es un buen ejemplo de una ciudad ha crecido sobre su región, generando actividades económicas complementarias, que han venido especializando a los diferentes municipios en actividades productivas y de servicios. Una de las mayores demandas en la prestación de bienes y servicios, tiene que ver con el tema de la recreación, específicamente el Turismo.

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Revisión de la función del Centro Tradicional de Bogotá, en el periodo 2000-2010, teniendo en cuenta las estrategias de ordenamiento territorial en cuanto a la competitividad, la productividad y la generación de una centralidad urbana.

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En Casanare, una de las actividades de mayor envergadura es la petrolera, esta desde mediados del año 1998 se ha insertado en el imaginario colectivo, cambiando la vocación agrícola y ganadera de habitantes. Esto no solo significa una transición productiva, también significa un reto y responsabilidad para los planeadores de ciudades a la hora de tomar decisiones que afectan el ordenamiento territorial y protección ambiental. Mediante el estudio de caso del municipio de Aguazul, se analiza la incidencia de la actividad petrolera y la gestión territorial en la protección ambiental del municipio, especialmente el recurso hídrico y los servicios ambientales asociados a este.

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1) Marco conceptual: presentación de las teorías y conceptos sobre los cuales se desarrolla este trabajo: Este escrito que intenta determinar la conveniencia de mantener el Estado Centralista o reemplazarlo por un nuevo Modelo Regional, trabaja sobre tres ejes principales que son: el Estado Social colombiano como actor, la organización territorial y finalmente, la gobernabilidad en Colombia. Estos temas deben ser trabajados de manera inicial para evitar ambigüedades en la comprensión del argumento de esta monografía, por lo cual serán presentados a continuación. 2) La historia del ordenamiento territorial en Colombia: con el fin de entender las razones por las cuales se ha producido cambios de ordenamiento territorial y específicamente, los motivos que han originado la creación o supresión de departamentos. Esta información se recopiló a partir de fuentes secundarias, principalmente libros de estructura del Estado, de historia de Colombia y de desarrollos de los sociólogos en la materia. 3) La propuesta regional: En esta parte, se pretende lograr tres propósitos fundamentales: La primera, conocer cuales han sido los intentos de supradepartamentalidad y entender porque han obtenido esos resultados, la segunda, es presentar la propuesta de suprimir los departamentos para dividir el país en ocho regiones y la tercera, mostrar lo que realmente se plasmó en al constitución de 1991. 4) Presentación final del argumento. Este capítulo final, demuestra la conveniencia de mantener el departamento para mejorar la gobernabilidad. Esto se realizará partiendo de las descripciones históricas, y los análisis contenidos sobre el nivel intermedio en Colombia y adicionado, algunos datos estadísticos para fortalecer la tesis central de esta monografía de grado.

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Este trabajo parte de la necesidad de responder a la pregunta de por qué si la figura de los Curadores Urbanos fue creada para suplir una deficiencia del Estado; garantizar una eficiencia en la expedición de licencias de urbanismo y construcción y otorgar tecnicidad a una labor que tiene como principal objeto velar para que el ordenamiento territorial de la capital se aplique de manera eficaz, Bogotá continúa desordenada y caótica, con altos índices de precariedad, déficit habitacional y con problemas serios de espacio público, entre otros. Problemas que se fueron agudizando como consecuencia de las migraciones del campo a la ciudad y el aumento normal en las tasas de crecimiento demográfico. El Distrito, con las administraciones de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, buscó la manera de organizar los instrumentos para darle más coherencia a los procesos urbanos en la ciudad.

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Este trabajo reconoce la importancia de la ley 388 de 1997 en este proceso, el estudio de caso comparativo que se ha escogido se deriva de la preocupación de la fragilidad con que la ley presenta la perspectiva ambiental en el proceso de organización de los municipios, dado que el país se caracteriza por la división en regiones naturales, entonces la amazonia colombiana responde a unos criterios de organización diferentes a las del resto del país.

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Esta monografía conlleva un trabajo metodológico investigativo, descriptivo y se propone contribuir al desarrollo adecuado de las zonas costeras colombianas, en cuanto a la parte física y administrativa se refiere. Es producto de una investigación de campo, a través de entrevistas abiertas, de observación de la problemática en el sitio mismo donde convergen las situaciones -toma de decisiones- y además del acceso a documentos únicos. La investigación, y el reflejo de la misma, buscó constantemente la demostración del título de la monografía: “La Importancia del Ordenamiento Territorial en las Zonas Costeras Colombianas”.

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El régimen económico y de la hacienda pública en Colombia, el cual encuentra sustento en la Carta Política de 1991, se encargó de establecer y consagrar los principios y bases ideológicas sobre las cuales se fundamenta y nutre la institución presupuestaria, siendo ésta una de las herramientas esenciales de las finanzas públicas del país. Bajo este entendido, la Constitución Política propone que el concepto del presupuesto no sólo se entienda desde el punto de vista de su contenido contable y jurídico, sino que, también, éste se aborde desde la perspectiva de su contenido político y económico y, así, ser consecuente con el importante papel que ha de desempeñar éste como instrumento esencial de la hacienda pública. En tal virtud y desde el punto de vista del contenido político, la Constitución prevé la existencia de la repetición del presupuesto y la dictadura fiscal como herramientas para garantizar la continuidad de la actividad pública en las finanzas del Estado cuando el Congreso o el Gobierno no le den trámite oportuno; y éstas, no son otra cosa que mecanismos de control que le hacen eco al mencionado contenido político. 1No obstante, veremos cómo la realidad de la institución presupuestaria en Colombia se caracteriza por una profunda indiferencia social y política que ha impedido que el presupuesto se aprecie como figura trascendente para el afianzamiento de las finanzas del Estado. De esta manera, en primer lugar, haremos mención al presupuesto público y a su régimen jurídico desde el punto de vista de su contenido contable, político y jurídico, haciendo énfasis en su naturaleza jurídica; establecido esto, se expondrán las principales características de la repetición del presupuesto y la dictadura fiscal como mecanismos de carácter sancionatorio que buscan reforzar la participación activa de las ramas del poder público y, finalmente, se analizarán los principales efectos de la Sentencia de la Corte Constitucional C-1645 de 2000 en la institución presupuestaria.