53 resultados para Government – Public Policies
em Universidad del Rosario, Colombia
Resumo:
This article presents the results and conclusions obtained from an investigation into the possibilities of qualifying urban outskirts of Bogota with regard to the construction of public areas. The discussion presents the results obtained in previous investigations which give reason to conclude that the city’s outskirts are currently equipped with insuffi cient basic urban services and equipment. Questions are raised in regards to the proposals of the Plan for Territorial Organization (POT as abbreviated in Spanish) according to now known facts. From analysis both of currently known facts as well as the proposals of the Plan for Territorial Organization advancement is made in the analysis of the existing possibilities in the latter scenario to improve the condition of the admittedly unarticulated and defi cient urban outskirts, especially for the development of low cost housing.
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The objective of this paper is to integrate mobility as across component of the management of specific public actions. The case of study concerns the public health services in Argentina, and mother’s mobility conditions in the suburban of the Buenos Aires Metropolitan Area. In terms of methodology, the paper working on the concept of access trying to identify, measure and evaluate the relationship between mobility conditions and maternal health care. Access is weighted according to the realization of health services, and not according to the arrival at the places where they are offers. The result is innovative empirical evidence, useful as an indicator to make more relevant the role of mobility within the public agenda of transport and others specific sectors, asa basic social right behind the access that requires coordinated actions and cross-sectoral approaches.
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El diseño y la ejecución de las políticas públicas es una de las actividades fundamentales del Estado y es la forma en la que éste ofrece soluciones para suplir necesidades más apremiantes de la sociedad. La formulación y la ejecución de las políticas públicas también dan cuenta de las relaciones entre los gobiernos y la comunidad, y los niveles de legitimidad y gobernabilidad que tienen el Estado en un territorio determinado. La estructura político-administrativa de Bogotá, como Distrito Capital, es muy diferente a la de los demás municipios y departamentos del Colombia, pues desde 1991 se ha desarrollado un proceso de descentralización interna de la ciudad para acercar más al gobierno distrital con la comunidad y permitir la participación activa de los ciudadanos en la construcción de las soluciones a las necesidades de su entorno más cercano, las Localidades. En la primera década de desarrollo de este proceso interno de descentralización, tres administraciones afrontaron el reto de profundizar dicho proceso (Jaime Castro 1992-1994, Antanas Mockus Paul Bromberg 1995-1997 y Enrique Peñalosa 1998-2000), que estaría enmarcado en el Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto-Ley 1421 de 1993). De estas tres primeras administraciones que se enfrentaron a la figura novedosa en el país de la descentralización al interior de un ente descentralizado como el Distrito Capital, la administración de Enrique Peñalosa adoptó políticas que disminuían la relativa autonomía que habían logrado las Localidades y planteó un modelo de recentralización que transformaba la relación entre los gobiernos locales, el gobierno central distrital y la ciudadanía.
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El cambio climático ha sido una de las mayores preocupaciones de los Estados en las últimas décadas como resultado de más de un siglo de explotación y empleo de un recurso natural no renovable que fue el motor del mundo en el siglo pasado y aún hoy mantiene a flote la economía de los países, el petróleo. En la actualidad, las reservas de petróleo han empezando a escasear. Por tanto, se han empezado a desarrollar estrategias para evitar una crisis energética global. La más importante la constituye la investigación y puesta en práctica de energías renovables y ambientalmente amigables como los biocombustibles. Los biocombustibles se perciben como una solución energética para el país. Sin embargo, la falta de articulación en la gestión de los actores de gobierno encargados de su puesta en práctica y de parámetros normativos fragmentarios al respecto, ocasiona una ausencia de políticas públicas de biocombustibles en Colombia; generando así que los compromisos ambientales y de reducción de emisiones de gas carbónico sean hoy, una meta por conquistar.
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Bogotá D.C. es una ciudad de más de siete millones de habitantes en su mayoría de estrato medio, dividida políticamente por veinte localidades. Aquí se generan la mayoría de oportunidades de desarrollo y día a día llega la población fluctuante de otras ciudades de Colombia en busca de un mejor futuro. Las necesidades de la población en una metrópolis como ésta no se hacen esperar y la salud entendida, como un buen estado físico y mental, además de ser una necesidad humana primordial se ha convertido en uno de los temas más agobiantes para los ciudadanos y los creadores de políticas públicas en el Distrito Capital. Alcanzar un adecuado estado de salud no es solo cuestión de asegurar y dar cobertura de servicio, también se requiere que las diferentes políticas públicas que existen estén articuladas para llegar al deseado estado de salud. Estas políticas públicas son los mismos determinantes sociales de salud, por los cuales la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha impartido la instrucción de incrementar esfuerzos con el fin de mejorar el estado de salud de la población mundial. En esta investigación se realiza un análisis del Índice de Condiciones de Vida, calculado por el DANE, en la Encuesta Calidad de Vida para Bogotá en 2003, 2007 y Encuesta Multipropósito 2011, estudiando el primer factor que hace parte de dicho índice, el Acceso y Calidad de los Servicios, el cual se compone por cuatro aspectos: i) Abastecimiento y calidad del agua, ii) Eliminación de excretas; iii) Recolección de basuras y iv) Combustible para cocinar. La revisión teórica que aborda a los determinantes sociales de la salud evidencia que estos cuatro componentes son fundamentales para garantizar el estado de salud de los bogotanos y hacen parte de los objetivos del milenio. Adicionalmente se realizan regresiones lineales para determinar el peso que ha tenido el factor acceso y calidad de los servicios, en el estado de salud de los bogotanos, definiendo el Índice de Condiciones de Vida como variable proxy al estado de salud, para cada uno de los años de estudio. Por último se presentan algunos datos de los resultados de las políticas públicas relacionadas con el acceso y calidad de los servicios de los gobiernos de la ciudad correspondientes a los años de estudio.
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El interés de esta Investigación Diagnóstica es mostrar la importancia de la participación social de los adultos mayores en el proceso de diseño de políticas públicas en el Municipio de Cachipay. Se demuestra que las necesidades sentidas y las expectativas de atención integral identificadas desde los adultos mayores, aportan información fundamental y complementaria a los diagnósticos elaborados con base únicamente en fuentes institucionales. Tomando conceptos de vulnerabilidad, exclusión social, el principio de respeto a los derechos humanos y siguiendo la norma nacional contenida en la Ley 1251 de 2008 de envejecimiento y vejez, la investigación avanza en la identificación de conceptos, instrumentos y dinámicas de participación social, para que el gobierno local diseñe políticas públicas concertadas que garanticen una vida digna a la población de la tercera edad.
Gobierno y gobernancia de los territorios, sectorialidad y territorialidad de las políticas públicas
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El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.
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El interés de este estudio de caso, es analizar la situación fronteriza en materia comercial y de seguridad; evaluando las políticas públicas implementadas por el gobierno Santos, para darle solución a los problemas estructurales de la zona de estudio, comprendida por Norte de Santander y el Táchira. Adicionalmente se explican los problemas comerciales y de ilegalidad en la zona, que en la actualidad tienden a expandirse como una red controlada por las Farc, Auc y Bandas Criminales, que han cooptado la institucionalidad de ambos Estados. Y finalmente se determina que las políticas implementadas desde la administración Santos han sido insuficientes para terminar los problemas estructurales en materia comercial y de seguridad en la zona.
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El interés de esta monografía es analizar el diseño y la formulación de la Política Pública de Restitución de Tierras del Gobierno de Juan Manuel Santos. En particular, se busca establecer los aciertos y los desaciertos de dicho proceso para evidenciar que si bien la Restitución de Tierras propuesta por el Gobierno fue creada con el propósito de superar las desigualdades asociadas a la tenencia de tierras en Colombia, su formulación ha sido insuficiente para responder a las demandas de las víctimas del conflicto armado. Para tal fin se utilizan los dos modelos para el análisis de políticas públicas propuestos por la Universidad de Rosario como la herramienta teórica principal que permite entender cómo se llevo a cabo la formulación de esta política pública.
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Este trabajo de investigación tuvo como objetivo principal describir la construcción narrativa de las políticas públicas sobre tecnologías de la información en el gobierno de Juan Manuel Santos en los años 2012 y 2013 en la prensa de referencia en Colombia, específicamente en El Espectador y El Tiempo. Para alcanzar este objetivo la pregunta que se planteo fue ¿cómo está conformada la construcción narrativa del discurso de políticas públicas en la prensa sobre tecnologías de la información y comunicaciones? En consiguiente se hizo una organización de información referente al objeto de estudio, a través de un método de investigación empleado por Mary Jane Spink llamado líneas narrativas. El cual le permitió a la investigación la identificación de relatos, en donde se estudia la narrativa de una política TIC emergente y da como resultado líneas narrativas.
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo estudiar la influencia de las agencias de Naciones Unidas, PNUD y OACNUDH, en la formulación de una política pública de DD.HH. y DIH en Colombia entre 2010 y 2014. Se argumenta que la cooperación internacional brindada por el PNUD y la OACNUDH, a través de su asesoría técnica, influyó determinantemente en el proceso de formulación de una política pública en materia de DD.HH y DIH durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Lo anterior, permitió no solo un cambio en la forma de construir políticas públicas, sino en la manera en que se aborda la situación de DD.HH. en el país, teniendo en cuenta la coyuntura de las negociaciones de paz con las FARC.
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Esta investigación se interesa en evaluar los logros y retos que ha presentado el proyecto ASEAN Community en cada una de sus tres áreas de acción (Comunidad económica, comunidad de política y seguridad, y comunidad socio-cultural) ante su aplicación en Tailandia. De esta manera, se busca analizar la incidencia que ha tenido el proyecto en el Desarrollo Humano de Tailandia durante el periodo 2004-2014. A través del análisis del estatus actual a la luz del concepto de libertades instrumentales se realiza la evaluación de los resultados de los proyectos y su conveniencia o no para el desarrollo humano de la sociedad tailandesa.
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Introducción: Siendo la desnutrición infantil, un indicador trazador en el perfil de salud de una población y prioridad establecida por los objetivos de desarrollo del milenio y el plan decenal de salud pública en Colombia - PDSP en su dimensión de seguridad alimentaria y nutricional, mantiene gran prevalencia a nivel nacional a pesar de presentar subregistro en la información reportada, por ende, es prioridad la medición, notificación y tratamiento de la misma. La OMS estandarizó los parámetros de medición y el gobierno nacional los adoptó mediante la resolución 2121 de 2010. Sin embargo, para disminuir el indicador de desnutrición que al año 2015 debería estar reducido en un 50% según el PDSP, es necesario identificar el sub registro que hay en el diagnóstico de la misma. Metodología: Se realizó un estudio poblacional, descriptivo y transversal, en el cual se analizó la base de datos de los niños menores de 5 años asistentes a consulta de crecimiento y desarrollo en una institución de salud del municipio de Puerto Inírida, con el fin de realizar una caracterización nutricional basados en mediciones antropométricas y contrastándolas realizadas por los profesionales de salud con las encontradas utilizando los patrones establecidos por la OMS. La información se analizó con el Software WHO Anthro propiedad de la OMS. Resultados: Se encontró que el 33,6% de los menores de 5 años registrados presentan desnutrición crónica, el 7,6% desnutrición aguda, el 13,2% de desnutrición global y el 13,9% tiene obesidad. Al discriminarlo por edad se encontró mayor prevalencia de desnutrición crónica en ambos sexos, siendo mayor en población de sexo masculino (40,1% masculino – 27,6% femenino); al igual que al realizar la comparación por pertenencia puesto que se encuentra la misma prevalencia en desnutrición crónica (29,1% en población indígena y 29% en población no indígena). Según los estándares de la OMS, en la población estudiada 12 se identificaron 243 casos de malnutrición, mientras que en la consulta de crecimiento y desarrollo fueron diagnosticados como casos de malnutrición por los profesionales de salud solo 99. Discusión: La malnutrición es un problema estructural, por ende, se deben tener en cuenta factores tanto intrínsecos como extrínsecos de la persona. Las medidas antropométricas son sólo una manera de medir, que se debe contextualizar con el entorno y las condiciones socioeconómicas, patológicas y culturales en las que se encuentre la población. El estado nutricional de los menores asistentes a los controles de crecimiento y desarrollo de la población estudiada, se encuentra mal registrado, de la misma manera se encontró una gran prevalencia de desnutrición crónica que es un determinante en la calidad de vida. Es imperante la implementación de políticas públicas adecuadas que permitan profundizar en las causas de este flagelo y así mismo en su tratamiento.
Resumo:
En el marco del desarrollo del sector primario en Colombia, se observa la existencia de una serie de situaciones o factores adversos que le impiden alcanzar su productividad y competitividad, entre los cuales destacan los altos costos de la materia prima e insumos utilizados en los procesos productivos de siembra y cosecha, la inexistencia de políticas públicas que garanticen un verdadero apoyo al campesinado colombiano, como los subsidios y/o estrategias de protección a la producción nacional, estas últimas, como barrera a la entrada en grandes volúmenes de productos importados, resultantes de los acuerdos internacionales donde se les da mayor participación a los productos importados, como ha sido en los últimos años, los provenientes de Canadá y Estados Unidos, este último, con la firma del TLC. Lo anterior ha coadyuvando a una reducción en las áreas de cultivo, así como en el rendimiento por hectáreas; como es el caso de la agrocadena de cereales, entre los que destaca el maíz amarillo, el cual ha experimentado un alto incremento en su volumen de importación, resultado de los excedentes exportables dados en la producción agrícola norteamericana, siendo los subsidios que a través de la ley Farm Bill, el gobierno norteamericano le otorga a los productores agropecuarios, un incentivo importante para tal fin. Con base en esto, los precios internacionales de comercialización del maíz amarillo han presentado una tendencia de decrecimiento, imposibilitando a los productores colombianos afrontar esta situación. Por medio de esta investigación se busca evaluar y esclarecer los posibles efectos del TLC de Colombia con Estados Unidos sobre los productores de maíz, y así mismo porporcionar alternativas de solución tanto para los campesinos como para el gobierno, identificando las principales variables que afectan la producción del cereal
Resumo:
Las teorías en desarrollo rural en el país no han sido abordadas adecuadamente para solventar los problemas estructurales del campo y los modelos de apertura económica y de agroexportaciones no han cumplido su propósito de mejor el nivel de vida de los habitantes, es por esto que se hace necesario a partir de un análisis del contexto actual del campo colombiano replantear las políticas públicas encaminadas a este fin. El análisis se realiza a partir de las políticas públicas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez a la luz del concepto de Nueva Ruralidad.