125 resultados para España-Fuerzas armadas-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
Resumo:
El objetivo general de esta monografía es explicar cómo se ha desarrollado la participación política de las Fuerzas Militares en la democracia colombiana; lo cual permitirá tener una visión clara del problema, y entender el cómo y el porqué de esta participación. La pregunta de investigación, guía de esta monografía, es la siguiente: ¿cómo se ha desarrollado la participación política de las Fuerzas Militares en la democracia colombiana?. A partir de esta pregunta se planteó la siguiente hipótesis: las Fuerzas Militares han participado dentro de la política colombiana, ya sea por medio de la formulación de la política de seguridad y defensa nacional o por las opiniones y actuaciones de los altos mandos militares, lo cual ha convertido a la institución en uno de los actores más importantes dentro de la democracia nacional. A su vez, se estableció cómo se llevan a cabo las relaciones entre las Fuerzas Militares y el Estado, en qué situaciones las Fuerzas Militares han recibido funciones constitucionales que no les corresponden y, qué tipo de actores y factores han motivado a las Fuerzas Militares a participar en política.
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La protección general atribuida en los conflictos armados no internacionales por el artículo 3 común a la población civil, de la que las niñas menores de 15 años forman parte, no depende de su filiación con alguna de las partes en el conflicto, y se extiende, en principio, a todos los actos de violencia, entre los que se encuentran los de naturaleza sexual cometidos por cualquiera de las mismas, incluyendo aquellos cometidos por los miembros de la parte en el conflicto con la que se encuentren afiliadas. Los casos contra Thomas Lubanga y Bosco Ntaganda muestran que, como regla general, las niñas menores de 15 años no desarrollan de manera prolongada actividades de participación directa en las hostilidades, por lo que, a pesar de acompañar permanente al grupo y de ser “esposas” o “compañeras” de sus comandantes, no asumen una función continua de combate y no pueden ser consideradas como miembros del mismo. Además, los actos de naturaleza sexual coercitivamente desarrollados por las niñas menores de 15 años reclutadas por las FPLC en favor de los comandantes y miembros del grupo con las que se encuentran esposadas, no cumple ninguno de los tres requisitos exigidos por el concepto de participación directa en las hostilidades porque: (a) no son idóneos para causar directamente por sí mismos el umbral de daño requerido; (b) no forman parte integral de ninguna operación militar que pudiera generar dicho umbral de daño; y (c) no poseen el nexo beligerante requerido, puesto que no están específicamente diseñados para causar un menoscabo a la parte adversa de las FLPC. Tampoco las demás actividades desarrolladas por las niñas menores de 15 años alistadas o reclutadas por las FLPC, incluyendo trabajo doméstico (donde principalmente desempeñaron tareas culinarias), transporte de comida a bases aéreas y acompañamiento a las esposas de los comandantes, cumplen, según la Sala de Primera Instancia I en el caso Lubanga, con los tres requisitos necesarios para su consideración como participación directa en las hostilidades. De ahí, que las niñas no hayan perdido en ningún momento su protección general. A todo lo anterior hay que añadir que los niños y niñas menores de 15 años, al ser una población particularmente vulnerable, gozan de una especial protección durante los conflictos armados (con independencia de su naturaleza), tal y como se manifiesta en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos adicionales de 1977, el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 y las Resoluciones 1882 de 2009, 1960 de 2010 y 2106 de 2013 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta protección especial se extiende a los actos de violencia sexual cometidos por los miembros de las fuerzas armadas nacionales o grupos armados organizados que los alistan o reclutan. En consecuencia, la protección general y especial a que son acreedoras las niñas menores de 15 años, no se limita a las agresiones provenientes de las partes adversas en el conflicto, sino que se extiende también a la violencia sexual ejercida contra ellas por los miembros del propio grupo que las alistó o reclutó, incluso en el caso de que ésta sea ejercida por los comandantes que las tomaron como esposas o compañeras. Las niñas menores de 15 años alistadas o reclutadas entre 2002 y 2003 por las FPLC de Thomas Lubanga y Bosco Ntaganda eran sin duda acreedoras de dicha protección.
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El interés de esta investigación es realizar un estudio relativo a la estrategia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Sendero Luminoso, y el Ejército del Pueblo Paraguayo. Se analiza y explica estos actores armados no estatales perfilan una estrategia que vincula a la guerra irregular como medio militar para alcanzar sus objetivos políticos. Este trabajo efectuará un análisis de alcance explicativo mediante la tipología de monografía, en el cual se establezca la estrategia y su vinculación con los aspectos políticos y los medios militares de los tres actores objeto de este estudio. Por consiguiente, se realizará un uso de elementos teóricos y conceptuales que permitan dar alcance a la relación entre las variables de este trabajo.
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El interés de esta monografía es evaluar la relación entre el orden institucional del Estado colombiano y las lógicas del control territorial de los paramilitares sobre el Urabá antioqueño durante el periodo 1997-2007. Se analiza y explica cómo los grupos paramilitares aprovecharon el contexto de debilidad institucional del Urabá antioqueño para consolidar estructuras paraestatales que instrumentalizaron y cooptaron la institucionalidad del Estado con la pretensión de reproducir las condiciones necesarias para su sostenimiento. Así como las consecuencias sobre la Institucionalidad regional a causa de la consolidación de un control político de corte autoritario y clientelista, la obstaculización de la afirmación del monopolio de la violencia estatal, y la protección de un modelo económico particular sustentado en la violencia. Para ello, como parámetros generales se siguen las funciones estatales descritas por Charles Tilly, la descripción de los estados entre estados de Kinsgton y Spears y la teoría de la cooptación del Estado de Jorge Garay.
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El conflicto armado en Guatemala se originó por el abuso de poder, la desigualdad, la exclusión y la profunda discriminación, sobre todo hacia la población indígena, a la que se le han desconocido históricamente sus derechos y que fue la más afligida durante el conflicto. Lo que desembocó en el nacimiento de grupos al margen de la ley, cuyo propósito fue reivindicar los derechos de la población, así como la equidad y justicia social. El conflicto se caracterizó por la formación de grupos paramilitares, la violación al Derecho Internacional Humanitario, el elevado número de víctimas del conflicto, mayoritariamente indígenas y porque más del 85% de las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por el Estado. Gracias a la voluntad política, al respaldo de la comunidad internacional, especialmente de la Organización de Naciones Unidas -ONU, y a los buenos oficios de la Comisión Nacional de Reconciliación – CNR, se lograron firmar los Acuerdos de Paz y dar fin a este cruento conflicto de más de 36 años. Las partes firmantes vieron la necesidad de que un ente autónomo e imparcial de Naciones Unidas, verificara el cumplimiento de La Misión de Naciones Unidas en Guatemala - MINUGUA contribuyó a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la población indígena guatemalteca. Específicamente, incidió en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas guatemaltecos –AIDPI, que fue suscrito el 31 de marzo de 1995, asimismo, contribuyó a la garantía del derecho a la justicia de la población indígena, lo que se evidenció en las acciones y el papel que desempeñó en los componentes de verdad, justicia y reparación.
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Este libro es una invitación al lector para entender que ha pasado en el mundo político después del fin de la Guerra Fría, viajando con el autor, a través de sus fotos y artículos periodísticos, por lugares del planeta donde definitivamente parece superado el viejo conflicto ideológico y por otros donde las cenizas calientes que aún persisten pueden suponer un peligro para la paz mundial. Es un recorrido que va desde la Alemania reunificada, símbolo inequívoco del fin de la Guerra Fría en Europa, hasta su equivalente asiático, el Vietnam ahora amigo de Estados Unidos y abierto al capitalismo. Igualmente incluye reportajes en lugares en donde aún hay vestigios de la Guerra Fría, como la delicada frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, o la Cuba a la que su poderoso vecino aún le pasa factura por un desacuerdo ideológico agotado desde el siglo pasado. Además hay varios capítulos sobre el país que más se ha beneficiado del fin de la Guerra Fría: la China comunista, capitalista de hoy, que recibe a Hong Kong sin transformarlo y moderniza sus ciudades al tiempo que cambia radicalmente sus costumbres sexuales. Se viaja también a esa Nicosia dividida que simboliza un nuevo Muro de Berlín y que separa a cristianos y musulmanes; a esa pobre Etiopía, triste ejemplo del continente donde los conflictos persisten; a los ricos Emiratos Árabes en lso que petrodólares reemplazan a la política; al Sarajevo que se reconstruyó tras la invasión serbia, y al variopinto Sudeste Asiático, visible en el mapa mundial desde el Tsunami. Finalmente, el autor plantea una crítica a la idea de que en el mundo actual, tras el fin de la Guerra Fría, ha estallado un choque de civilizaciones que será el nuevo escenario del conflicto mundial.
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La existencia, acciones y métodos de los grupos subversivos en el conflicto colombiano, fueron un factor trascendente en el diseño de la política exterior del período 1998-2002. Colombia, como Estado autónomo y soberano, ve en la comunidad internacional, un posible aliado para enfrentar el conflicto y así poder recuperar los espacios perdidos y asumir un papel protagónico a nivel regional.
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INTRODUCCION La incorporación de mujeres a las fuerzas armadas en el Ejercito Nacional de Colombia se inicio en 2008, para ser formadas como oficiales de arma por 3 años en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, por lo cual se convierte en una necesidad fundamental desarrollar evaluaciones fisiológicas que permitan determinar el nivel de trabajo físico que e deben desarrollar en sus diferentes actividades OBJETIVO Determinar la capacidad de trabajo físico máximo CTF máx. de las cadetes, que se encuentran en 2 años de formación, a partir de su potencia aeróbica máxima determinada mediante prueba escalonada.. MATERIALES Y METODOS Se realizó un estudio descriptivo de corte trasversal en una muestra de 46 cadetes femeninas de segundo año de formación, a quienes se les realizo la prueba escalonada descrita por el Doctor Rogelio Manero, para establecer su consumo máximo de oxigeno (VO2 máx.) y a partir de este obtener la capacidad de trabajo físico máximo. Para el análisis estadístico se utilizaron frecuencias, porcentajes y unidades de tendencia central con base en promedios y porcentajes. Se utilizo test de Fisher, T student para grupos independientes con una p<0,05 RESULTADOS La población estudiada fue 46 cadetes con un promedio de edad de 19 años, Se encontró un consumo de oxigeno promedio de 4,5 litros / minuto y una capacidad de trabajo físico máximo promedio de 22,49 ±4.53 kcal /min, además se encontró en las mujeres que realizan deporte adicional al entrenamiento básico presentaban una mejor capacidad de trabajo físico máxima con respecto a las que no lo realizaban. (p=0,02) DISCUSION Los resultados de este estudio muestran la asociación entre La actividad física deportiva adicional al entrenamiento básico y la capacidad de trabajo físico máximo, sin que se halla encontrado relación con el tipo de disciplina deportiva practicada. Palabras clave consumo máximo oxigeno, capacidad trabajo físico máximo, prueba escalonada
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La presente monografía trata sobre la Gestión de Conflictos empleada en la guerra entre Eritrea y Etiopía por parte de la Comunidad Internacional en dos fases: guerra (1998 y 2000) y postguerra (2001-2008). También muestra la evolución del conflicto desde la independencia eritrea.
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El continente africano ha sido por excelencia analizado por los estudios de seguridad, con el fin de comprender la naturaleza de los conflictos que han tenido lugar en el territorio y poder ofrecer a través de diversas estrategias, posibles soluciones para el no retorno al conflicto por parte de los grupos armados. Por esta razón, a partir de la década de los noventa surge la puesta en marcha de programas y reformas como la Desmovilización, el Desarme y la Reintegración (DDR) dentro de una Reforma al Sector de la Seguridad (RSS). En el caso de la República Democrática del Congo, luego de numerosos conflictos e intervenciones por parte de diferentes actores, se plantea llevar a cabo un programa de DDR en el marco de una RSS especialmente dirigido a las Fuerzas Armadas. En este sentido, esta monografía analiza la incidencia de la RSS sobre el programa de DDR, con el fin de vislumbrar los retos que se presentan dentro de un contexto de conflicto complejo como el de la RDC.
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Como resultado de la guerra fría, América Latina vivió durante el final del siglo XX varios procesos políticos y sociales que acabaron con la idea de República y democracia. Uno de los casos más dramáticos se dio en Argentina; en donde una Dictadura militar gobernó el país por aproximadamente siete años. El establecimiento de un nuevo orden político trajo consigo una transformación social; llevando a que muchos argentinos se opusieran al estricto régimen militar en partidos de izquierda. El gobierno militar, buscando mantener el nuevo orden impuesto, decidió autorizar y crear fuerzas armadas alternas para desaparecer a los opositores del régimen.
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Los giros de la fortuna, con la reivindicación que significó la amnistía propiciada por el presidente Rafael Caldera, y la persistencia en un proyecto político que había concebido con tiempo suficiente, le permitieron a Hugo Chávez aparecer en los siguientes comicios como candidato abanderado de un proyecto alternativo, añorado quizás por muchos venezolanos. Puesto en el ejercicio del poder por la vía electoral mayoritaria, el presidente Chávez dio inicio a un proyecto político en el que las Ffuerzas Armadas cambiarían, bajo su liderazgo personal, la función que se les había atribuido en el Pacto de Punto Fijo. Conforme al nuevo esquema, éstas se convertirían en la principal organización con capacidad para adelantar los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana. Los cambios constitucionales de la proclamada Quinta República se orientaron en esa dirección. >De acuerdo con la Constitución de 1999 (...), el tema de la Seguridad de la Nación (Cap. VII) adquirió por primera vez rango constitucional. Se incorporaron dos nuevos conceptos: “seguridad y defensa integral” y se estableció el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para la defensa de la seguridad de la nación. Una Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación (2002)(...) , vino a definir los conceptos de “seguridad de la nación, defensa integral y desarrollo integral”, que son los principales componentes de la actual visión venezolana sobre la seguridad. Sus campos de aplicación son múltiples: económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, dando a entender que los principales ámbitos de la vida social conciernen al tema de la seguridad y que el accionar de los militares se amplía por ese mismo conducto a las demás esferas. Conforme al nuevo esquema, desapareció el carácter plural de las Fuerzas Armadas Nacionales, separadas en fuerzas diferentes bajo el esquema anterior, para ser reemplazado por el singular de una Fuerza Armada Nacional, bajo el concepto de unidad en el mando. Dentro de las atribuciones del presidente se incluyó la de promover oficiales a partir de un cierto grado, poniendo fin a una atribución que le correspondía al Senado y que respondía al ejercicio del control civil. Se estableció, así mismo, el derecho al voto de los militares y se eliminaron diferentes características que permitían calificar a la institución militar como “apolítica” y “no deliberante”, para sustituir su carácter por el de una organización “sin militancia política”. Los conceptos, las estrategias y las definiciones anteriores han puesto en marcha un nuevo pensamiento militar que –al decir de su propio inspirador– se debe fundar en unas nuevas relaciones cívico-militares, y tener una orientación anti-imperialista, ésto es destinada a resistir a la influencia tradicional de los Estados Unidos como potencia continental. El desarrollo del proyecto implica el seguimiento de tres líneas estratégicas: el fortalecimiento del poder militar de la nación, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar en diferentes actividades y la participación popular en las tareas de defensa nacional. Ésta es la línea de pensamiento que da origen a la condición cívico-militar del Gobierno, así como a la insistencia en la preparación generalizada contra una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. El proclamado carácter cívico-militar del régimen venezolano encuentra, entre otros, asidero institucional en la existencia de dos nuevas figuras llamadas Cuerpos Especiales, que se suman a los componentes tradicionales del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, y que se denominan Reserva Nacional y Guardia Territorial (...). La creación de estos dos últimos cuerpos tiene profunda significación en el propósito de involucrar a la población civil en actividades complementarias del papel que corresponde a la Fuerza Armada Nacional. En la medida que la orientación del conjunto corresponde al propio Presidente de la República, se consolida un mecanismo que hace coincidir los propósitos de las fuerzas militares tradicionales con los de un pueblo en armas desde la civilidad, siempre al servicio de un propósito político controlado por el Ejecutivo, que a su vez, es el conductor supremo de la llamada Revolución Bolivariana. El presidente Chávez se refiere a la actual Fuerza Armada Nacional como un “ejército libertador”, agente y protagonista de los cambios que anuncia hacia el futuro, en unión de los sectores civiles que incorpora al mismo propósito. Ésta es la Venezuela dirigida por un esquema cívico-militar que de alguna manera se nutre, en el siglo XXI, de tradiciones y experiencias históricas que marcaron la vida nacional. El seguimiento del curso de acción de esa alianza resulta de gran importancia para Colombia, en la medida que la marcha de nuestros procesos sociales, políticos y económicos no se puede desligar de la del país vecino. Las credenciales democráticas del presidente Chávez, en cuanto al origen de su mandato, le confieren una legitimidad que, a su vez, le da un amplio margen de maniobra, tanto nacional como internacional. La orientación que en ambos escenarios tome su gobierno en desarrollo de sus estrategias, o ante circunstancias particulares, debe ser objeto de la mayor atención y análisis de parte nuestra. En todo caso, conviene tener en cuenta el propósito de combinación de lo civil y de lo militar, bajo su inspiración, porque de ello se pueden derivar consecuencias esencialmente diferentes de las correspondientes a un sistema de la índole del nuestro.
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En la Policía Nacional de Colombia, al pasar de los años, se han vislumbrado dificultades de adecuación entre las autoridades de policía y las autoridades militares, que se manifiestan en duplicidad de funciones y organismos. La desarticulación entre las actuaciones policiales y militares ha hecho que esta institución históricamente haya venido adoptando un doble carácter militar y civil, dadas las condiciones de un conflicto permanente en el país. La policia nacional de colombia en su estructura funcional en su interior demuestra una sobredimensión en sus funciones, ya sea por el conflicto interno o la serie de reformas que el estado ha hecho a esta institución, en el cual se opta por un carácter nacional y no ciudadano, haciendo que en algunos casos este sobre empoderamiento genere algunas dificultades a la hora de cumplir sus funciones fundamentales segun su filosofia.
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Tras el fin de la Guerra Fría, la República de Turquía se vio ante la necesidad de establecer el papel que debía jugar en el cambiante Sistema Internacional. Una mayor presencia activa en Medio Oriente así como en sus regiones de interés, mediador entre partes en conflicto como también frente a Occidente y la construcción de un liderazgo regional, han ayudado progresivamente a construir una identidad turca como potencia media. De tal forma, ésta monografía pretende analizar el rol de Turquía como potencia media en la política mundial de Post Guerra Fría.
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El comportamiento electoral en comicios presidenciales y la decisión del voto en el país contempla una variedad de factores como lo son las características demográficas, la filiación partidista, los temas de campaña, el mensaje, la imagen, así como otras variables comúnmente estudiadas con el ánimo de relacionar su incidencia en los resultados electorales. Sin embargo, el presente texto no entra en las consideraciones que sobre la decisión del voto tienen dichos factores. Por el contrario, alude concretamente a un factor en particular que es el miedo y el papel que jugo este sentimiento en las elecciones presidenciales del año 2002 en Colombia como una alternativa más de los factores que pudieron influir en la escogencia del electorado como consecuencia del recrudecimiento de la violencia en el país en el marco de las negociaciones de paz con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC