La familia natural frente al derecho

está encaminado a que en virtud del precepto constitucional consagrado en el artículo 42, se le de un mayor desarrollo a la familia natural, tomando algunos aspectos de la familia matrimonial en cuanto se pueda establecer una compatibilidad.

La concesión minera en Colombia: un análisis desde el marco normativo y regulatorio frente a los principios de seguridad y estabilidad jurídica

Para el desarrollo de las actividades mineras en nuestro país, es imprescindible que los concesionarios cuenten con condiciones que permitan la continuidad de las actividades de exploración y explotación mineras, y con ello que las condiciones jurídicas, a partir del inicio del trámite precontractual y el contrato de concesión sean claras, y se encuentren inmersas en reglas para las partes de la relación contractual, fundamentadas en los principios de seguridad y estabilidad jurídica, como garantía para efectuar la actividad minera proyectada. Dentro del trabajo de investigación se aborda un análisis del sector minero, la problemática para el desarrollo de las actividades mineras, desde la perspectiva de los principios objeto de investigación, para determinar, si el contrato de concesión minero colombiano, como instrumento generador de derechos y obligaciones, brinda condiciones que permitan adelantar el proyecto minero y se alcancen los objetivos señalados por el Estado para el beneficio de la colectividad, y del contratista minero alcanzando los beneficios económicos proyectados.

El régimen colombiano de la contratación estatal frente al TLC con Estados Unidos

El presente escrito desarrolla un análisis comparado entre el sistema de compras públicas colombiano y el Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos en cuanto a compras públicas se refiere, poniendo en evidencia inconsistencias de tipo jurídico para efectos principalmente prácticos, acudiendo a temas de soporte para el desarrollo de las obligaciones contenidas en el acuerdo, como son las Normas de Origen de los Bienes y el régimen de responsabilidad del contratista estatal colombiano.

Teoría de los riesgos previsibles en los contratos estatales de prestación de servicios profesionales

Con la finalidad de mantener la mirada financiera equivalente entre las partes - lo que responde a la relación entre el derecho y la economía- no en vano la Ley 1150 de 2007 contempló dentro de su articulado el restablecimiento del equilibrio económico y financiero del contrato. Por su parte, el Decreto Nacional 0734 del 13 de abril de 2012 –hoy derogado por el Decreto 1510 de 2013- impuso la obligación a las entidades del Estado de incluir los riesgos previsibles en los estudios previos pero sólo aquellos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato que pretenda celebrar la Entidad Pública contratante. Aunado a lo anterior, el Decreto Nacional 1510 del 17 de julio de 2013 también contempla la teoría de los riesgos dentro de su articulado. No obstante lo anterior, la normatividad legal pese a su esfuerzo, no puede regular todas las situaciones, prueba de ello, es que para los contratos de prestación de servicios profesionales la disposición legal en lo que respecta a los riesgos previsibles resulta ser innecesaria por la naturaleza misma de éstos y otras razones que se abordo a fondo. Es así como las actuaciones que se desplieguen en la contratación Estatal deben funcionar sobre una lógica económica, por ello, resulta pertinente investigar sobre la eficacia o no de incorporar los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico en los contratos de prestación de servicios profesionales cuando la ejecución de éstos depende exclusivamente del desarrollo intelectual que corre por cuenta del contratista.

Impacto de la prestación de servicios de salud bajo el modelo de red en el municipio de Sogamoso

El presente estudio es de tipo analítico, cohorte retrospectiva, tiene como objeto estudiar un modelo de prestación de servicios de salud bajo el concepto de red integrada, conformada por las clínicas privadas de segundo y tercer nivel de complejidad del municipio de Sogamoso (Boyacá). Se analizó el período comprendido entre los años 2012 a 2014, donde se puede evidenciar la implementación y puesta en marcha del modelo. En el mes de agosto del año 2012, la estrategia de asociatividad la adelantaron las tres instituciones de manera libre y autónoma, utilizando como guía la metodología propuesta por la Cepal en el año 2010; las diferencias entre esta metodología y el modelo utilizado se deben a las particularidades de las clínicas y del contexto en el que se desarrolló. Este modelo de atención surgió de la necesidad de prestar los servicios de salud ofertados por las clínicas, acorde con su capacidad instalada, al total de la población de la Nueva EPS en Sogamoso, que en ese momento coyuntural no se estaba cumpliendo en el municipio, y ninguna de las instituciones tenía la infraestructura individual para atender a toda su población. El resultado de la asociación de las tres clínicas se logró gracias a un grado de confianza previo entre los directivos de las instituciones y posterior a varias reuniones, en las que se tomó la determinación de trabajar con el modelo de Unión Temporal, ya que no son una persona jurídica diferente a las que la conforman Se demuestra el impacto de este modelo asociativo de cada una de las organizaciones que la componen evaluando cuatro ámbitos como la capacidad de aprendizaje, capacidad de gestión estratégica, economía de escala y poder de negociación y externalidades. Para la recolección de la información se utilizaron las bases de datos de las instituciones hospitalarias con la información de los indicadores de oportunidad, así como el incremento de la facturación y del recaudo antes y después de la formación de la Unión Temporal; adicionalmente se realizaron encuestas a los directores de las clínicas como fuente de información para desarrollo de nuevos productos, reducción de costos, ampliación de la oferta hospitalaria, establecimientos de alianza, puesta en marcha de servicios comunes y apertura de nuevos mercados. Sumado a lo anterior, se realizó una encuesta adicional a los usuarios del nuevo producto desarrollado. Como resultado de este estudio se encuentra beneficio en todos los ámbitos evaluados para las instituciones que interactúan bajo este modelo y se espera que obtengan los mismos beneficios que los demás actores participantes en él, como las EAPB, los cuales no hacen parte del presente estudio. En Colombia no se observa la existencia de un modelo similar en sistema de salud, a pesar del leve intento de la Ley 1438 del 2011 por iniciar la conformación de redes; por esta razón se puede decir que este estudio marca un derrotero para que las organizaciones de salud tengan un modelo de articulación ante la falta de desarrollos de esquemas de red y por tratarse de un modelo con ausencia de reglamentación.

Informaciones de hidalguía y limpieza de sangre de Juan Francisco de Mahecha y Santibáñez

Pedro de Mahecha y Santibáñez presentó las informaciones de hidalguía y limpieza de sangre de su hijo Juan Francisco Mahecha Santibáñez, Incluye las declaraciones juramentadas de tres testigos que declararon a favor de Juan Francisco Mahecha, de sus padres, abuelos y demás parientes conocidos, el expediente termina con la certificación de cabildo sobre la verdad de las informaciones recibidas.

Servidores públicos del estado con especial protección constitucional. Políticas de prevención del daño antijurídico en relación con su retiro del servicio

El retiro del servicio de los empleados públicos aparece como una facultad reglada en las normas del empleo público que, cuando se da alguna de las hipótesis legales que lo hacen procedente, facultan al nominador para ejercer sus atribuciones legales, persiguiendo, ante todo, razones del servicio: su mejora, renovación, eficiencia y moralidad, entre otras. A partir del concepto de una buena administración del Estado, establecer la procedencia y elementos estructurales de una política de prevención del daño antijurídico en relación con el retiro del servicio de servidores públicos que, conforme al ordenamiento jurídico gozan de una especial protección constitucional. Conocer el concepto, el alcance, la regulación y desarrollo jurisprudencial de esta trascendental atribución para el servicio público, resulta indispensable para la debida aplicación del derecho, del ejercicio de las atribuciones públicas por parte de la Administración, y para la prevención del daño antijurídico.

La responsabilidad del estado por la privación injusta de la libertad en Colombia

El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

Conflictos y judicialización de la política en la Sierra Nevada de Santa Marta

Este texto busca presentar a la comunidad académica nacional e internacional uno de los productos del trabajo de investigación aplicada, desarrollado por las Facultades de Ciencia Política y Gobierno, de Relaciones Internacionales y de Jurisprudencia, realizado con el apoyo del Instituto Rosarista de Acción Social (SERES). Debido a esto se consagran los productos académicos del trabajo del proyecto "Escuela de formación en diplomacia indígena y solución de conflictos: Tribunales internacionales y análisis de casos". Sus páginas ponen a disposición del lector un conocimiento sustantivo, fundado en investigaciones sociales, sobre la participación de representantes indígenas y especialistas en derecho de los pueblos indígenas en la promoción de causas relativas a los derechos humanos de estos pueblos. Este libro está dividido en dos grandes partes.

Estudio de caso : vida empresarial / epidemiología empresarial. Caso de estudio - el éxito de el Pomar

Durante los años 1998 y 2002 El Pomar atravesó por una fuerte crisis económica caracterizada por una disminución de las ventas y falta de liquidez que conllevó a graves problemas con los proveedores. Igualmente, había deficiencia en la dirección del área administrativa y financiera generando debilidades frente a la competencia, pues carecían de controles en los procesos internos. Desde el año 2001 hasta el año 2003, las ventas de la empresa habían disminuido en un 65%, lo que ocasionó el cierre de 4 comercializadoras que tenían y el incumplimiento de sus obligaciones fiscales, financieras y con sus proveedores. Dada esta situación se le aconseja a la Junta Directiva tramitar un acuerdo de restructuración bajo la Ley 550 de 1999 con el fin de pagar a sus acreedores. Este acuerdo fue formalizado con los proveedores el 8 de noviembre de 2003 en donde todas las partes quedaron de acuerdo luego que la Superintendencia de Sociedades diera el aval para ejecutarlo. Para el año 2010 la empresa logró superar esta etapa, luego de que la administración se enfocó en reconquistar el mercado perdido, se vendió la empresa a accionistas colombianos para adquirir capital y se realizó de alianzas estratégicas con otras empresas. El presente trabajo tiene como tema central discutir el caso empresarial de cómo El Pomar logró resurgir de su crisis. De este modo, es cómo se establecerán los parámetros que determinarán el desarrollo del trabajo, tales como: perdurabilidad empresarial, ley 550 de 1999, resurgimiento y estrategia.

Alcances de la legislación colombiana frente a las dinámicas políticas y culturales de reconocimiento de las comunidades musulmanas en Bogotá (1991-2013)

El principal objetivo de esta monografía es determinar cómo la legislación ha incidido en la ampliación de los escenarios de participación en las dinámicas políticas y culturales de las comunidades musulmanas en Bogotá, derivadas de la interacción entre las comunidades minoritarias –para este caso, la comunidad musulmana en Bogotá- y la cultura dominante. Desde la Constitución de 1991, se sentaron las bases para la protección de las minorías religiosas y culturales, es por ello, que se aborda desde la perspectiva de los líderes religiosos los problemas referentes a la integración y el reconocimiento de la comunidad, y los desafíos que representa la normatividad. Para el desarrollo de este propósito, se utilizara la teoría de la esfera pública de Iris Marion Young, y la de identidad de Charles Taylor.

Informaciones de hidalguía y limpieza de sangre de Manuel de Zubieta solicitadas por Basilio de Oviedo

Basilio Vicente de Oviedo solicita al escribano público y de cabildo de Tunja en 1708 una copia de las informaciones de hidalguía y limpieza de sangre de su tío Manuel de Zubieta y Santo. El expediente continúa con las informaciones de Joseph Fernández (Hermano del abuelo de Manuel Zubieta) presentadas en Daimiel (España) el 3 de abril de 1651 cuando pretendía embarcarse a las Indias occidentales en búsqueda de su hermano. Desde el folio 165v se presenta la petición de 3 de junio de 1705 (Tunja) de Manuel de Zubieta por las informaciones de su abuelo Lorenzo Fernández Santo y tío abuelo Joseph Fernández Santo. Informaciones de Manuel de Zubieta que lo acreditan como hidalgo, cristiano viejo y no relacionado con moros, judíos, negros, indios, ni zambos.

Inventarios y avalúos de los bienes de doña María Luisa de Ospina

Los hermanos Francisco y Joseph Pérez Manrique y Ospina piden al escribano de las Cajas Reales de la Corte, hacer un inventario y avalúo de los bienes de su difunta madre María Luisa de Ospina. El expediente continúa con el inventario de los bienes de la casa de María Luisa de Ospina en la ciudad de Santafé. Petición de los hermanos Manrique y Ospina por el inventario y avalúo de los bienes de su difunta madre del trapiche del valle de Sasaima. Inventario requerido de los bienes de María Luisa de Ospina en el valle de Sasaima, junto con su avalúo. Registro de la oferta de venta de los bienes inventariados a través de un pregonero. Registro de los costos del funeral y Honras de María Luisa de Ospina. Registro del remate de la casa de Santafé y del trapiche de Sasaima a favor de Ignacio de Caicedo y Maldonado. En los folios 214 al 231 se encuentran los mismos inventarios ya descritos, pero realizados unos meses antes en 1734; también incluye un poder de Joseph Pérez Manrique a su hermano Francisco Pérez Manrique y al contador Joseph Gómez para el manejo de todo lo concerniente al remate de los bienes de María Luisa de Ospina su madre.

Cédula Real de Felipe V ordenando el pago de pensión al Colegio Mayor del Rosario y nombramiento de nuevo administrador

Felipe V de España en vista de los informes del oidor Juan Gutiérrez de Arce sobre la mala situación económica del Colegio Mayor del Rosario de Santafé, ordena a las cajas de su Real hacienda pagar lo que se adeuda al Colegio Mayor de la pensión de 500 ducados concedida en 1715. También nombra al oidor de la Real Audiencia de Santafé José de Quintana para remplazar a Gutiérrez de Arce como administrador del Colegio Mayor y hacer cumplir las medidas de recolección de rentas, pago de salarios y creación de informes sobre el estado de la institución. El expediente termina con el obedecimiento de José de Quintana de la disposición real.

Determinantes de las tasas universitarias de graduación, retención y deserción en Puerto Rico: un estudio de Caso.

En este estudio se modelan las probabilidades de graduación, deserción y retención en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Con este propósito, el expediente académico de cada uno de los 17,814 estudiantes admitidos durante los años académicos de 1995-96 a 2005-06 se rastrea hasta el último semestre del periodo y se determina su estatus académico: graduado, trasladado, activo, suspendido, dado de baja total o desertor. Basados en la proporción de estudiantes que pertenecen a las primeras tres categorías, se evidencia un limitado desempeño institucional, pues solo un 44 por ciento tuvo una ejecución académica exitosa. Las probabilidades de graduación, retención y deserción de los estudiantes varían a través del tiempo y están signicativamente intuidas por su género, sus programas académicos, así como por las escuelas y las universidades de donde proceden.