280 resultados para Reforma política -- Colombia -- 2003
Resumo:
En nuestro país existen múltiples entidades y materias que no aplican la Ley 80 de 1993. Así, el desarrollo de su actividad contractual escapa al ámbito normativo que establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, configurándose de esta manera los denominados regímenes excepcionales. Sin embargo, teniendo en cuenta que son entidades que administran recursos públicos y en virtud del deber de observancia de los principios que orientan la función administrativa establecido por el ordenamiento jurídico, el Derecho Público que pareciere inicialmente no exigible a estos regímenes termina siendo aplicado, llegando a convivir e interactuar entonces con el Derecho Privado preponderantemente aplicable en este tipo de entidades. Dentro de estas, precisamente, se encuentran las denominadas Empresas Sociales del Estado - ESES -, las cuales por disposición expresa del legislador en materia contractual se rigen por el Derecho Privado, pero otorgándoles además la facultad de utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto Contractual. Este escenario particularmente confuso, donde impera la incertidumbre sobre el alcance de la aplicación del Derecho Público y/o del Derecho Privado, constituye el problema jurídico que se aborda en el presente trabajo, el cual se desarrolla a partir del estudio del régimen contractual de las ESES, señalando sus rasgos más importantes y brindando una serie de criterios para la determinación de aspectos puntuales como: la aplicación de los principios, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable, la utilización de las cláusulas y potestades exorbitantes, las modalidades de selección del contratista, entre otros.
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La capacidad de adaptación del clientelismo político a los cambios institucionales obliga a revisar las reformas más significativas al régimen político colombiano de los últimos lustros. El presente estado del arte se aproxima al clientelismo político en Colombia desde 1972 hasta 2012. Su objetivo es identificar rupturas y continuidades en el abordaje del fenómeno, a partir de enfoques, juicios y problemáticas resaltadas en los estudios. La hipótesis de trabajo identificó dos aproximaciones al clientelismo: la primera lo considera como una desviación de la política y amenaza al funcionamiento democrático; mientras que la segunda, lo aborda como característica funcional del sistema, forma de participación y representación política e, incluso, modo de distribución de lo público en un colectivo. El ejercicio realizado configuró un corpus de 74 fuentes académicas y la metodología de trabajo consistió en la construcción de una matriz metodológica y la elaboración de 300 fichas bibliográficas, el método predilecto fue análisis de contenido e historia de las ideas.
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El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) se estableció como una organización internacional gubernamental a nivel regional fundada en bases de desarrollo económico, pero gracias a los riesgos que generan inestabilidad en la región, cambio su objetivo, logrando una evolución en el eje de seguridad y defensa.
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Esta monografía hace un análisis de las implicaciones de la adopción de la Nueva gerencia pública como estrategia para gestionar el sistema de salud colombiano. Para evaluar el impacto de la Nueva Gerencia Pública, el análisis se hace a partir de los criterios de calidad, cobertura y acceso en el sistema general de seguridad social en salud. Este estudio también analiza las situaciones conflictivas entre los actores del sistema de salud y sus dos crisis representativas (2001 y 2009).
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El siglo XX abrió paso a la discusión de los derechos obreros alentado por el carácter fundamental del trabajo en la sociedad como motor de su desarrollo pero, igualmente, desestimados por su incapacidad de responder a los requerimientos y lógicas del capital, que abusó de la fuerza de trabajo. En ese orden de ideas surgió, en una la lucha de contrarios, la necesidad de organizarse a través de estructuras que les permitiesen plantear condiciones dignas y justas en el desarrollo de sus labores, que no implicaran, sin embargo, una disminución en la productividad. No obstante, los dilemas respecto del costo – beneficio que implicó dicha organización no fue fácil, requirió de grandes esfuerzos, que quebrantaron la pasividad con la que los empleadores o patronos asumieron la responsabilidad para con ellos, no desde un punto de vista doméstico y paliativo, sino del reconocimiento de un mínimo de beneficios y garantías que debían ir ligadas al trabajo. Esa estrechez en las concesiones de los patronos, sumadas a las normales tensiones originadas en la solicitud de tales derechos, conllevó a plantear organizaciones obreras fuertes consolidadas a partir del discurso. De esta manera, analizar la participación del Movimiento Social Sindical en la arena política colombiana es un tema de estudio fundamental desde la Ciencia Política. Hoy en día, se refleja la enorme necesidad de entender cómo los sindicatos, así como otros movimientos sociales, evidencian un gran potencial en la sociedad para consolidarse como una fuerza política representativa y autónoma que gesta actividades en el ámbito público y personifica el interés de un amplio sector de la sociedad.
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La historia de la tributación en Colombia en los últimos años se ha caracterizado por un sistema tributario ineficiente y poco equitativo. La reforma tributaria del año 2006, continua con la misma tendencia tributaria de años anteriores y además, crea una serie de beneficios y exenciones tributarias que están en contra de los principios constitucionales de Equidad, Progresividad y Eficiencia. Respecto al impuesto de renta, crea nuevas tarifas, descuentos y beneficios tributarios que generan un impuesto ineficiente en términos de control y de recaudo. Por otro lado, los beneficios dirigidos a sectores económicos en específico y a los contribuyentes más ricos del país, están en contra de un sistema tributario equitativo y progresivo. Finalmente, la extensión del impuesto al patrimonio, se considera como un impuesto ineficiente ya que es un impuesto transitorio que se ha vuelto permanente y costoso para el país. Se observa entonces, un carácter inequitativo, regresivo e ineficiente de la ley 1111 de 2006, soportado en la evidencia de los beneficios y descuentos tributarios otorgados a grandes capitales y la extensión del Impuesto al Patrimonio.
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Los problemas que enfrenta la oposición parlamentaria en Colombia requieren un enfoque sistémico en su solución que supere la perspectiva tradicional limitada a la discusión de un estatuto. Para una propuesta de reforma política es necesario evaluar los elementos que componen el sistema político, entendiendo que esos elementos están interactuando permanentemente entre ellos, demarcando el escenario de la competencia partidista, y que sus efectos estimulan u obstaculizan el funcionamiento de la oposición. Un contexto político que facilite la oposición parlamentaria y el esquema gobierno–oposición es más apropiado para el funcionamiento de partidos minoritarios y para el tránsito de organizaciones armadas que quieran pasar a la vida civil. Ninguna organización insurgente, a menos que militarmente esté derrotada, querrá desmovilizarse para tener una efímera participación en política.-----The problems faced by parliamentary opposition in Colombia need a systemic approach to go beyond the old outlook whereby all disputes are short-sightedly restricted to one statute. In order to consider a plausible political reform, it is first necessary to properly assess the elements that make up the current political system, under the assumption that they permanently interact with each other and mark out the arena where political parties compete; the effects of such competition either encourage or hinder the opposition’s action. A political context where parliamentary opposition and the government-opposition scheme are fostered is much more appropriate for minority parties and for the transition of armed groups into civil society. No insurgent group (unless militarily defeated) will ever demobilize only to play an ephemeral political role.
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Esta investigación estudia de forma general el principio de colaboración armónica entre poderes, explora las bases teóricas que sustentan dicho principio constitucional, analiza las distintas ópticas jurisprudenciales construidas a partir de las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y además abarca la problemática del principio de colaboración armónica en el contexto colombiano, con el objeto de proponer soluciones para mejorar la aplicación del principio de colaboración armónica. Con este escrito se pretende resolver las siguientes preguntas: ¿existe una base jurisprudencial sobre la cual se sustente el principio de colaboración armónica? ¿Se aplica este principio de forma efectiva en el Estado colombiano? ¿Qué alternativas permiten aplicar de forma efectiva dicho principio? ¿Existen mecanismos alternativos de solución de conflictos que puedan ayudar a mejorar la aplicación de este postulado?
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La gestión gubernamental del manejo de hidrocarburos en Colombia durante la década pasada no fue consecuente con el criterio constitucional de sostenibilidad porque se desarrolló a través de una política petrolera carente de solidez e integralidad
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La importancia geoestratégica del Gran Caribe y el gran potencial del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina exige que se lleve a cabo una reflexión acerca del papel que deben desempeñar las regiones o entidades locales
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Colombia se ha distinguido por tener una de las democracias más estables en América Latina a nivel formal caracterizada por un bipartidismo. Liberales y conservadores han ejercido el poder a través de su historia
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Escenario desde el cual se adelantarán las reflexiones posteriores sobre el postconflicto. Este escenario hipotético se enmarca dentro de una solución negociada, que lleva a los actores a la adopción de un acuerdo de paz, bajo condiciones especificas
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La Seguridad Alimentaria requiere un aumento de la producción, unas cosechas fiables en servicios de recolección y distribución que operen de manera eficiente y oportuna. Una agricultura intensiva que no deteriore las tierras de cultivo
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Analizar el papel de la ONU a través de la UNIFEM en la protección de Derechos Humanos de la mujer desplazada colombiana frente a la gestión y efectividad en el cumplimiento de las políticas de gobierno del Presidente Uribe Vélez.
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La salud además de ser un derecho fundamental también es un servicio público, el cual debe brindarse adecuadamente en términos de oportunidad, cobertura y calidad. Al entender la salud como un derecho fundamental autónomo, significa, que requiere por parte del Estado la garantía de su goce efectivo para todos los habitantes del territorio nacional, el cual es susceptible de limitaciones, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, dentro del marco de la dignidad humana. Por otro lado, el análisis de la salud como un servicio público puede abordarse desde la prestación del mismo por parte de los particulares, lo que significa analizar la figura de la descentralización por colaboración en un Estado Unitario, lo que implica: 1. La actuación de particulares en la prestación del servicio público, previa autorización legal 2. La implementación de sistemas de control, inspección y vigilancia, por parte del Estado sobre dicha prestación. 3. La expedición de instrumentos de regulación y reglamentación normativa que regulen la prestación del servicio público de salud. A través de la interpretación integradora podemos afirmar que la salud es un derecho de la persona que se materializa mediante la prestación de un servicio público de carácter obligatorio. Es decir, los servicios públicos se constituyen como instrumentos para garantizar el logro de la plena vigencia y eficacia de los derechos constitucionales y por ende de la realización de los fines del Estado Social de Derecho.