70 resultados para Estatuto Jurídico


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La investigación aborda la problemática del contrato estatal atípico a partir de un marco teórico, con el fin de encontrar los contratos estales atípicos en la práctica pública, y a partir de allí realizar un análisis de su contenido de acuerdo al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

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La investigación diagnostica tiene como objetivo elaborar una propuesta de solución alternativa a las deficiencias en los procesos de fiscalización en materia de otorgamiento de licencias de explotación minera en Colombia como respuesta a las limitaciones y los desafíos identificados en el Estatuto Anticorrupción, con relación al código de minas, ley 685 de 2001.

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Creación un Reglamento especial para el Consultorio Jurídico de la Facultad de Jurisprudencia, con el fin de ajustarlo a las necesidades y condiciones actuales.

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El siguiente documento da a conocer el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) de los países denominados BRIC (Brasil, Rusia, India y China) en Colombia. De acuerdo a lo anterior, en el presente trabajo, se realizó un análisis general de la IED entrante en el país suramericano que buscaba establecer los principales inversores; además de determinar los sectores más atractivos. Posteriormente, se observó la magnitud de la inversión que realizan los países BRIC en Colombia y en el mundo, con el fin de efectuar una comparación que permitiera determinar que tan significativa es la inversión que se realiza en el Estado Colombiano frente a la que es efectuada por estas naciones a nivel global. Igualmente, se consideró las industrias a las que la IED está dirigida, el grado de beneficio que representa para la población y si existe la posibilidad de enfocarla hacia otros sectores estratégicos o si se recomienda encauzarla hacia aquellos que hoy en día son el principal foco de inversión.

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La energía eléctrica y los bienes o activos eléctricos (de acuerdo con la definición técnica) con que se lleva a cabo su prestación, goza de una particular regulación y normatividad, explicables por la importancia capital de este servicio público, sumado al diseño institucional traído por la constitución de 1991, lo que la hace especialmente compleja, dinámica y abierta a precisiones. Es ese sentido, se parte de un entendimiento inicial de todos los activos que conforman una red de generación, transmisión y distribución eléctrica, para de esa forma comenzar a esbozar el régimen jurídico de los mismos, dependiendo de su posición dentro de la cadena de suministro eléctrico. Una vez concluido este acercamiento, se abordan los principales problemas previsibles desde una perspectiva puramente académica, como por ejemplo el relacionado con el alcance de los conceptos de la CREG y su valor normativo, la presunta inembargabilidad de los bienes destinados a la prestación de servicios públicos en cabeza de comunidades organizadas y el problema de la propiedad de particulares sobre activos conformantes de la red de suministro eléctrico y la salida normativa a ese conflicto (pues no debe olvidarse que los propietarios de activos de uso general, de acuerdo con la CREG, deben ser prestadores de servicios públicos domiciliarios) de modo tal que se respeten los derechos de propiedad. De cada uno de estos interrogantes surgen soluciones que lejos de zanjar las discusiones al respecto, buscan abrir el debate sobre un tema de tan capital importancia.

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El siguiente trabajo de grado denominado "Análisis del diferendo jurídico y político entre Colombia y Venezuela con respecto al dominio sobre el Golfo de Coquivacoa/ de Venezuela y sus límites Marítimos, 1952-2010-2010", tiene dos objetivos principales. El primero, es actualizar al lector sobre las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela a través de un barrido histórico-jurídico, identificando cuales han sido los intereses geopolíticos de cada Estado en el Golfo de Coquivacoa/Venezuela. A su vez, el segundo objetivo, es proponer una solución al diferendo retomando la figura jurídica de Condominio.

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El Estatuto de Roma como Régimen internacional genera dinámicas de cooperación con los Estados miembro en materia de Derechos Humanos; en España se llevaron a cabo procesos de armonización institucional que se tradujeron en voluntad política de reconocer los derechos y establecer medidas de restitución a las víctimas de la guerra civil y la dictadura, a través de la formulación de la Ley de Memoria Histórica en el año 2007; sin embargo el cumplimiento de estas es insuficiente a la hora de analizar la responsabilidad internacional de España en Derechos Humanos.

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Investigación diagnóstica con propuesta de solución orientada a analizar tres problemas centrales del proceso de adjudicación de la troncal calle 26 de la Fase III de Transmilenio y a proponer una serie de recomendaciones para optimizar el Estatuto Contractual y la apropiación normativa por parte de los funcionarios y ciudadanos.

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Esta investigación ofrece un análisis del reconocimiento jurídico a la desagregación territorial. La primera parte de la investigación giro en torno a la necesidad de caracterizar las tensiones emergentes en el territorio ancestral de los pueblos Camëntsá e Inga con el proyecto de la construcción de la variante San Francisco-Mocoa, en el periodo de 1996 al 2011. La segunda parte analizó las acciones reivindicativas empleadas por los pueblos indígenas Camëntsá e Inga en el marco de su interés por el reconocimiento del derecho al territorio; y finalmente se analizaron los marcos institucionales que explican las tensiones respecto al reconocimiento del territorio entre el Gobierno Nacional y las Autoridades Indígenas de los pueblos Camëntsá e Inga en el departamento del Putumayo.

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Las relaciones cívico- militares que se establecen desde el año 1999 en Venezuela debido a la llegada del entonces Teniente Coronel del Ejército (re) Hugo Rafael Chávez Frías, presentan cambios que permiten explicar la situación del país a través de un actor que ha sido fundamental desde el siglo XIX venezolano: los hombres en armas de la renovada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La hipótesis que se maneja llega a cumplirse gracias a la aplicación del enfoque neo institucionalista, desde el cual se dan los matices conceptuales necesarios para convertir el análisis en uno de tipo politológico. Los resultados reflejan con claridad la diferencia del panorama venezolano respecto a relaciones cívico- militares, entre el lapso del puntofijismo (1961- 1999) y la ejecución de la Revolución Bolivariana por parte del fallecido Presidente Hugo Chávez (1999- 2012). Esto, gracias al análisis normativo que se destaca, el cual permite extraer elementos de constituciones y leyes, que ayudan a la comprensión del comportamiento tanto de civiles como de militares en cada época.

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La discusión del Estatuto de la Oposición entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el partido de oposición Polo Democrático Alternativo (PDA), alrededor de garantías, como el acceso a los medios de comunicación, derecho a réplica, seguridad, financiación, entre otras, permite analizar la postura del PDA en estas discusiones, teniendo en cuenta su desarrollo histórico como partido y la configuración del régimen, en un país donde se tergiversa y malinterpreta la labor de los partidos que se declaran en oposición.

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En nuestro país existen múltiples entidades y materias que no aplican la Ley 80 de 1993. Así, el desarrollo de su actividad contractual escapa al ámbito normativo que establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, configurándose de esta manera los denominados regímenes excepcionales. Sin embargo, teniendo en cuenta que son entidades que administran recursos públicos y en virtud del deber de observancia de los principios que orientan la función administrativa establecido por el ordenamiento jurídico, el Derecho Público que pareciere inicialmente no exigible a estos regímenes termina siendo aplicado, llegando a convivir e interactuar entonces con el Derecho Privado preponderantemente aplicable en este tipo de entidades. Dentro de estas, precisamente, se encuentran las denominadas Empresas Sociales del Estado - ESES -, las cuales por disposición expresa del legislador en materia contractual se rigen por el Derecho Privado, pero otorgándoles además la facultad de utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto Contractual. Este escenario particularmente confuso, donde impera la incertidumbre sobre el alcance de la aplicación del Derecho Público y/o del Derecho Privado, constituye el problema jurídico que se aborda en el presente trabajo, el cual se desarrolla a partir del estudio del régimen contractual de las ESES, señalando sus rasgos más importantes y brindando una serie de criterios para la determinación de aspectos puntuales como: la aplicación de los principios, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable, la utilización de las cláusulas y potestades exorbitantes, las modalidades de selección del contratista, entre otros.

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El documento muestra la sólida influencia de la corriente doctrinal del profesor francés León Duguit (1859 – 1928), en la reforma constitucional colombiana de 1936, desde tres perspectivas: El sistema jurídico, la función social de la propiedad y los servicios públicos. Para el primer tercio del siglo XX, en Colombia, al igual que sucedía en Norteamérica y los países europeos que encauzaban nuestra tradición jurídica, las tesis individualistas sobre el modelo de Estado y el derecho, habían envejecido, y se planteaban nuevas interpretaciones del sistema jurídico imperante y del papel del Estado en la sociedad, en Colombia, el francés, León Duguit secundaría de manera decisiva, aunque no exclusiva, tal proceso.

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El presente estudio de caso pretende explicar los mecanismos de respuesta que incorpora la política migratoria de España, específicamente la Ley Orgánica 4/2000. Este tipo de investigación permite observar el grado de incidencia entre las variables frente a las relaciones diplomáticas binacionales Colombia - España y tiene como objetivo analizar los mecanismos de respuesta de los migrantes colombianos frente a la política migratoria de España en el periodo 2005-2010. Se explican las acciones, proyectos y dimensiones de esta política migratoria y se analiza la posición de los migrantes colombianos frente a dicha política, que incide en aspectos relacionados con el empleo, la calidad de vida y la salud, mediante la teoría Push-Pull de Ernst Georg Ravenstein que permite establecer los mecanismos y las razones de aquellos que emigran. Finalmente, se determinan las acciones utilizadas por los grupos de presión que influyen en la articulación de las relaciones diplomáticas binacionales.

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La situación carcelaria en América Latina es un tema complejo de manejar; Es cierto que en casi toda Latinoamérica el aumento en los niveles de pobreza y desempleo sumados a la injusticia social y judicial, han sido factores cruciales en el crecimiento acelerado de la delincuencia y por ende del número de detenidos. Por lo tanto, son varios los factores que influyen en el deterioro y precariedad de los sistemas penitenciarios de América Latina, entre los cuales se identifican con facilidad la sobrepoblación y el hacinamiento, el deterioro de los centros de reclusión, la violencia y sumado a esto la carencia de servicios de salud, mala alimentación y educación. Así pues, la población carcelaria en América Latina crece a un ritmo incontrolable, para lo cual la respuesta lógica de los gobiernos debería ser construir o modernizar centros de reclusión que tuviesen la capacidad suficiente para albergar a un mayor número de presos, sin embargo parece ser que los presos no tienen los mismos derechos que los demás.