998 resultados para DERECHO A LA EDUCACION - BOGOTA (COLOMBIA)


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Cuatro son los pasos requeridos para la elaboración de una política pública según el modelo secuencial sugerido por HAROLD LASWELL (1956) y luego desarrollado por JONES (1970), el primero es la definición del problema y la construcción de la agenda; el segundo, la formulación, la decisión o legitimación; el tercero, la implementación; y el cuarto, la evaluación de la política pública. Se presenta en este documento de reflexión un análisis de las tres primeras etapas en el proceso de elaboración de la política pública. Como estudio de caso se ha elegido la política pública en salud para grupos étnicos durante el período de la alcaldía de Luis Eduardo Garzón en Bogotá, con un enfoque en derechos humanos. Se utilizaron diversidad de documentos distritales, nacionales, extranjeros, entrevistas semiestructuradas, con el fin de identificar las fortalezas y las debilidades que durante esta primera fase se percibieron en el proceso de definición del problema y construcción de la agenda gubernamental distrital, e implementación por parte del gobierno de turno para el período 2004-2007, caracterizado principalmente por los programas sociales a favor de los derechos de los más vulnerables.

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La Política (public policy) de Educación Media Articulada con la Educación Superior en Bogotá , implementada durante las alcaldías de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno, apunta a disminuir la falta de oportunidades en el acceso a la educación superior de los bachilleres bogotanos, a través de la transformación de los colegios a nivel pedagógico, administrativo, físico y organizacional para que los estudiantes de décimo y once cursen créditos de educación superior en los colegios a la par que terminan su educación media. No obstante los objetivos loables de la política, varias críticas y efectos negativos acompañaron su implementación. Este es el tema de la monograa, que pretende analizar el desarrollo de la política a la luz de los enfoques teóricos de políticas públicas (Top-down y bottom-up entre otros) en su formulación, implementación y evaluación.

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Incluye bibliograa.

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El barrio de "La Cecilia" es un barrio ilegal por encontrarse en un terreno protegido, por lo tanto es necesario frenar la expansión y generar un nievo límite. En paralelo la ausencia de equipamientos y de espacio público, unido a un saneamiento sanitario existente precario hacen que no se cumplan los criterios de Habitabilidad Básica en el barrio. El proyecto que se propone plantea, aprovechando el plan de intervención en el espacio protegido de los Cerros Orientales, la creación de un nuevo parque lineal de acceso al río que genere un nuevo límite para evitar la expansión. El nuevo equipamiento estará relacionado directamente con las actividades del parque ya que será un reflejo de la percepción de los visitantes del reformado entorno natural. Por otro lado se plantea una nueva ordenanza que regule las futuras construcciones dentro del barrio y se propone una renovación del sistema de saneamiento urbano basado en un biosistema.

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La educación está definida por la Constitución Política como derecho y como servicio público con función social. A su vez, para lograr este cometido se la ha definido como política pública, es decir, de máximo interés para el Estado. No obstante, lo plasmado en norma y programas no corresponde con la realidad. Aún hay actuaciones de la administración que vulneran el derecho a la educación por deficiencias en la prestación del servicio público educativo. De ahí el interés legítimo que tiene la colectividad para exigir de la administración, mediante las acciones populares, que se garantice la prestación del servicio público de la educación en las mejores condiciones posibles. La educación como servicio público es un derecho colectivo, y la comunidad puede exigir que se garantice su prestación adecuadamente, pues en la medida en que haya más personas bien educadas, ello redunda en beneficio de la sociedad y del Estado.

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La educación es un factor fundamental e indispensable para la formación y calidad de vida de todo individuo, su aplicabilidad vista como un derecho y bien fundamental para las personas debe tener la prioridad e importancia merecida por parte de los Estados, en pro del desarrollo no solo de los individuos sino de la sociedad como tal, pues la mejor forma de enriquecerla es a través de libros, colegios, computadores y demás elementos que pertenecen a una verdadera calidad social educativa. En ese sentido, se plantea un estudio de caso del plan sectorial de educación “Bogotá: una grande escuela” en el periodo 2004-2008

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El siguiente trabajo es una descripción de las estrategias educativas distritales referentes a la cobertura y calidad de la educación en Bogotá en el periodo 1995-2008. Se hizo una descripción de todas las estrategias de los cuatro alcaldes durante los 13 años descritos en los ejes de cobertura y calidad de la educación.

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En la actualidad y de acuerdo al informe del Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior (SNIES) la deserción estudiantil en la Educación Superior está en el 52%. Cada Institución de Educación Superior (IES) realiza esfuerzos por retener y sostener en el tiempo a los estudiantes académicamente viables; estos esfuerzos están divididos en diferentes frentes: Académico, Financiero, Psicológico y Cultural. Desde la estructura administrativa se busca responder a esta necesidad, y para ello, con el fin de contrarrestar el retiro o abandono de los estudiantes de pregrado y posgrado en la Universidad del Rosario, identificado mediante la aplicación de la metodología propuesta por La Estrategia de los Cuatro Círculos y el Método MEYEP, ante cuyas conclusiones y recomendaciones se procedió a realizar un proyecto que pretende conformar una Unidad de Gestión Integral de Apoyo al Estudiante (UGIAE). Unidad que constituye una iniciativa por integrar los esfuerzos en un organismo que responda a las necesidades de los estudiantes y cuya directriz se enmarque en el contexto del Plan Integral de Desarrollo – PID – de la Universidad. La finalidad de la UGIAE es facilitar a los estudiantes académicamente viables de la Universidad del Rosario, la culminación de sus estudios; para lo cual se pretende el mejor aprovechamiento de las competencias humanas, el trabajo en equipo, y la transdisciplinariedad que canalice los esfuerzos colectivos; para este efecto se desarrolla un modelo de simulación en Stella en el que convergen y se aplican las recomendaciones finales del presente documento.

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El Distrito Capital de Bogotá se ha convertido en constante receptor de población en estado de desplazamiento forzado, y dada la condición de extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por el hecho mismo del desplazamiento forzado, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de personas tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad, personas de la tercera edad y minorías étnicas, ha persistido en el tiempo la violación de los derechos de la población en condición de desplazamiento, las autoridades competentes han implementado políticas públicas para establecer los correctivos suficientes y con ello superar las violaciones detectadas, a pesar de la insuficiencia de recursos económicos dada la evolución y magnitud del fenómeno de desplazamiento forzado.

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Puede entenderse la ciudad como una manifestación de las disputas surgidas desde el plano de lo social. En ese mismo sentido surge el concepto del derecho a la ciudad, entendido en términos generales como aquel que se tiene para decidir el tipo de urbe y su organización. Así, este derecho ha estado limitado a la construcción de espacios propicios para la acumulación de capital, para una élite minoritaria capaz de configurar la ciudad, generando un caos urbano que se evidencia en la segregación socio-espacial, abultando las arcas de los poderosos a la vez que se aíslan a las mayorías trabajadoras del ejercicio el derecho a cambiar y reinventar la ciudad para satisfacer sus necesidades y garantizar sus sueños.

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El derecho a la educaciónUna vez más nuestro boletín asume los desafíos planteados por la Declaración del Milenio y el enfoque de derechos humanos plasmado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta vez examinamos el derecho de niños, niñas y adolescentes a la educación.

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Existen diversos pactos, convenciones y acuerdos internacionales que prescriben de manera inalienable el derecho de todos y todas a la educación, aunque la expresión de este derecho, en cantidad y calidad, vaa de un país a otro. El promedio de enseñanza obligatoria, establecida por derecho, es de diez años en los países de la región, si bien en el 50% de ellos toda la enseñanza secundaria (baja y alta) ya es obligatoria. Esto es razonable, si se considera como un umbral mínimo para aspirar a niveles de bienestar y desarrollo de capacidades a lo largo de la vida. El artículo central de esta edición de Desafíos profundiza en este tema y muestra los rezagos y metas para avanzar en la plena titularidad del derecho a la educación en adolescentes. Destacan la baja tasa de conclusión de la educación secundaria y de aprendizajes pertinentes, la fuerte estratificación socioeconómica y sociocultural, los atrasos en competencias ciudadanas y la persistencia de un nivel relativamente alto en deserción escolar, sobre todo a lo largo del ciclo secundario. Sin duda el principal reto para avanzar en el derecho a la educación es reducir brechas de logro y aprendizaje, favoreciendo a los grupos que hoy presentan mayor postergación. Junto al artículo central, y como es habitual, se informa sobre encuentros y conferencias en la región acerca de este tema durante el semestre en curso, se presentan opiniones expertas y de adolescentes, y se destacan experiencias positivas de promoción de asistencia escolar en el Uruguay y en la República Dominicana.

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Generación de nuevos programas académicos que resulten adecuados para la realidad del país y se constituyan en fuentes de soluciones y desarrollos innovadores para el avance y crecimiento de la nación colombiana

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El esquema de protección de derechos es un elemento esencial en el ordenamiento jurídico de las naciones organizadas bajo la modalidad de Estado Social de Derecho, y en ese sentido, la implementación de las garantías a los derechos de las minorías existentes en la Nación. Colombia no es la excepción dentro del modelo señalado; en la Constitución Política de 1991 se plantea una amplia gama de derechos y garantías, haciendo un especial reconocimiento a la existencia del pluriculturalismo y el multilingüismo propio de una Nación marcada por la presencia de diferentes grupos étnicos que han determinado su legado histórico y cultural. Alas cosas, surge un escenario de interrelación entre los derechos de las minorías y los del resto de la colectividad, a partir del cual se pueden establecer elementos de armonía y correspondencia, así como también evidenciar posibles conflictos derivados del choque de intereses de una y otra parte. Para el caso de la presente investigación, se ha decidido centrar el estudio en una etnia específica respecto de la cual se han detectado una serie de problemas los cuales permiten efectuar un análisis detallado y con ello evidenciar los objetivos pretendidos. En ese sentido, el grupo étnico escogido es el raizal, residente en las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El eje central de investigación apunta a plantear que el reconocimiento constitucional que se le ha dado a la comunidad raizal no tiene, ni los alcances, ni las implicaciones que debería tener en los escenarios legislativo, jurídico y político, pues la entidad y relevancia que se la ha otorgado a la mencionada etnia no cumple con el verdadero objeto de pluriculturalidad con que se pretende catalogar a nuestra Nación. El discurso étnico por medio del cual los grupos buscan autodeterminarse, manifestar el esplendor de su cultura y demostrar la existencia de una memoria histórica colectiva, no ha sido considerado en su totalidad como es el caso de la etnia estudiada, pues elementos indispensables de su legado, de su historia y de su presente se han visto ignorados o readaptados a otros escenarios con discursos diferentes, con intereses disímiles y con enfoques diversos, generando una alteración del verdadero pluriculturalismo en el sentido estricto de la palabra. En ese orden de ideas, el estado de las cosas y de los derechos ha llevado a situaciones en las cuales el discurso ha tomado un enfoque distinto del carácter étnico que ha de caracterizarlo, tornándose en un discurso político marcado por la presencia de múltiples opiniones al interior de la misma etnia, pero que a su turno evidencia la necesidad de dar una revisión a las condiciones en que jurídica, social y culturalmente está reconocida dicha etnia y con ello demostrar que el panorama no se agota en una simple denominación constitucional o legal, sino que ha de acompañarse con la práctica política y legislativa justa que demuestre una real existencia de la minoría en el entorno social y jurídico de la Nación. La etnia raizal ha padecido un impacto cultural inmedible desde el momento de la abierta inmigración de continentales al Archipiélago, generándose con ello un sentimiento de marginación frente a las otras etnias y en general, frente el resto de la colectividad. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, se utilizó la metodología de búsqueda en fuentes secundarias, con un especial énfasis en el análisis legislativo y la revisión jurisprudencial, orientado a la obtención de parámetros de guía para la determinación de aspectos relevantes, así como también al poder efectuar comparaciones con miras a obtener conclusiones. Alas cosas, la investigación se complementó con un trabajo de campo en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, territorio de la comunidad raizal, el cual se desarrollo a través de la modalidad de entrevistas semiestructuradas aplicadas a diferentes miembros de la etnia, procurando incluir personas de diferente tipo, esto es, algunas que ocupan cargos públicos, otras que se desempeñan como líderes activistas y otras del común.

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La caricatura es una sátira de la realidad. Si bien no es objetiva, es un reflejo irónico de ésta que permite analizar un problema no sólo desde una fuente primaria, sino también las percepciones que existen del fenómeno en el momento que ocurrió. Esta investigación se concentró en las caricaturas económicas para compararlas, para así identificar la repetición de temáticas. El resultado es referenciación de ciertos procesos que han preocupado de manera recurrente a los colombianos a lo largo del tiempo. La clase media y los problemas que la afectan son el núcleo de las preocupaciones de los caricaturistas colombianos, entre éstas el desempleo y el bajo nivel de los ingresos.