959 resultados para Bienes públicos


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Este trabajo abordará las preguntas planteadas en esta sección a través de cinco capítulos, cubriendo los siguientes temas: En el primer capítulo se analizarán los principales factores que están llevando a la creciente importancia de la Acreditación en el mundo contemporáneo, como consecuencia de tres factores que se refuerzan entre sí: (1) la explosión de la matrícula universitaria y el desafío que eso representa para el aseguramiento de una alta calidad de clase mundial; (2) el surgimiento de la Sociedad o Economía del Conocimiento y sus implicaciones en términos de una docencia y de una investigación de calidad mundial; y (3) la internacionalización del sistema de educación y de los respectivos sistemas de acreditación, y el papel de esta última en dicho mundo globalizado que requiere una alta movilidad de estudiantes y de profesores. En este capítulo se responderá a la pregunta de cuál es el valor agregado de la acreditación, que los meros mecanismos del mercado no pueden asegurar. Este capítulo se suma a esta tesis de grado, puesto que en el proyecto de trabajo de grado no se encontraba estipulado, fue necesario agregarlo por las razones expuestas anteriormente. En el segundo capítulo se analizarán los dos casos que se han seleccionado: el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de Colombia, y el Quality Assurance for Higher Education (QAA) de Gran Bretaña. Este análisis comparativo se hará en términos de las cuatro dimensiones estratégicas para el aseguramiento de un bien público esbozadas en las dos primeras secciones de esta introducción. 10 En el tercer capítulo se analizará el proceso de convergencia entre las dos fuentes de legitimidad que subyacen a cualquier sistema de acreditación: la legitimidad que aporta el Estado y la legitimidad basada en el conocimiento que aporta la comunidad científica (nacional y global). Por ejemplo, en el Espacio Europeo de la Educación Superior se plantea que solo los Estados pueden acreditar programas, debidamente asesorados por la respectiva comunidad científica.4 Esta doble dimensión resalta la estrecha relación simbiótica que existe entre estos dos actores sociales en el proceso de acreditación. En este análisis se utilizarán las teorías y conceptos del sociólogo alemán Max Weber, especialmente los relacionados con su teoría de los diversos “tipos de legitimidad y de dominación”, uno de ellos siendo la de la legitimidad basada en la racionalidad (o el conocimiento). En el cuarto capítulo se analizarán las “Estrategias de Financiación” que caracterizan los dos modelos básicos. Por último en la última sección se presentarán las principales conclusiones que se derivan de este estudio, especialmente las relacionadas con la hipótesis que se ha formulado y con las preguntas estratégicas planteadas en el presente capítulo.

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En este artículo se fijó como objetivo definir las preferencias de la población sobre el mantenimiento de los caminos rurales como vías de flujo de bienes y servicios que usan cotidianamente, para ello se presenta un modelo de participación de la sociedad rural donde se integra la opinión de los beneficiarios en el mantenimiento de los caminos rurales basado en un proceso de análisis jerárquico que valora la importancia de criterios económicos, sociales y ambientales

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A partir del principio general de inembargabilidad de bienes del Estado, el contenido de este documento incursiona en el tema de las excepciones al mismo legalmente contempladas, a efectos de verificar la aplicabilidad de la medida cautelar de embargo sobre tales bienes en los casos procedentes, cuando los particulares adelantan procesos ejecutivos ante la jurisdicción contenciosoadministrativa, en procura de defender sus intereses y del pago de dineros a cargo del Estado como consecuencia de contratos, sentencias, acreencias laborales, laudos arbitrales u otro tipo de documento eficaz. El propósito fue establecer claramente la normatividad aplicable en este tipo de eventos, aportando de este modo respuesta objetiva y confiable frente a la problemática generada tanto por las distintas posiciones en torno al tema adoptadas por el legislador, como igualmente por dificultades para clasificar los bienes y rentas estatales en orden a determinar su carácter y la posibilidad real de su embargo. Todo ello, además, con el referente de pronunciamientos jurisprudenciales adoptados como soporte conceptual básico puesto que desde esta perspectiva dan cuenta de una línea coincidente de pensamiento por parte de los altos organismos pertinentes.

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Resumen: En su tercer número el Informe de Economía e Instituciones cuenta con tres columnas que abordan temas teóricos y de política económica con respecto al ámbito institucional. En la primera, Retenciones, Bienes Públicos y Desarrollo Económico, Ernesto O’Connor, aborda la compleja situación que está sufriendo el país, el reclamo del campo/interior por las retenciones y la política agropecuaria. Como sabemos, el Estado debe proveer bienes públicos ante las distintas fallas de mercado, así el gasto público social es un objetivo impostergable del mismo. La clase política ofrece los bienes públicos que manifiestan las preferencias de la población. Pero la clase política no paga el costo de la prestación de los bienes públicos, sino que recauda impuestos. El reclamo del campo/interior por más fondos descentralizados y propios requiere de una serie de respuestas concretas que permitan retomar un sendero de crecimiento, con inflación a niveles internacionales; en fin, definir un programa de desarrollo de largo plazo que no debería dejar de girar en torno a una nueva política agroindustrial nacional, que abarque a todas las economías regionales del país. En la segunda columna, Redistribución del Ingreso y Función Pública, Gerardo Sanchís Muñoz, se enfoca en un tema igualmente relevante: la “redistribución del ingreso” en Argentina. El autor sostiene que la brecha entre ricos y pobres puede disminuir siempre y cuando exista un estado autónomo, y eficiente, que aplique la ley en forma imparcial. Destaca tres clases de redistribución del ingreso, la primera estructural, la segunda una redistribución directa a través de transferencias de emergencia y la tercera gravar mediante impuestos indirectos coyunturales. Finalmente señala que en Argentina se lleva a cabo la segunda y tercera en mayor medida debido a la falta de un aparato administrativo idóneo con agentes sociales profesionales de carrera. En la tercer columna, Necesitamos un Estado Fuerte y Limitado, Marcelo Resico, parte de la idea de que un Estado Moderno debe ser fuerte para sostener su independencia de los diversos grupos de presión, y al mismo tiempo limitado para no excederse ni abusar en las funciones que desempeñan. En este sentido existen varios puntos que cumplir, a saber: la existencia de una visión estratégica, consensos sobre políticas de largo plazo, independencia de los grupos de presión, prevalencia de las reglas por sobre la discrecionalidad, el fomento de la subsidiariedad-participación, la excelencia de la función pública, y la lucha contra la corrupción. Así, partiendo de instituciones sólidas y transparentes, estabilidad política, la eficacia del gobierno, la calidad de las regulaciones, el estado de derecho, y ampliar la participación de la ciudadanía se puede lograr un Estado Moderno, es decir fuerte y limitado.

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Desde su invención en los años cincuenta, la política cultural ha sido objeto de análisis y reflexión por parte de las ciencias sociales. No obstante, en España presenta una serie de características diferenciadoras frente a las democracias occidentales europeas como consecuencia del periodo franquista. Con la recuperación de la democracia España adquiere el paradigma dominante de una política cultural democrática basada en la libertad, el pluralismo y el derecho a la cultura. Sin embargo, tras décadas de gobiernos democráticos el diagnóstico de la política cultural en España presenta rasgos de crisis sistémica, además de los efectos de la crisis global financiera de inicios del siglo XXI. En este contexto, los autores diagnostican, aplicando la metodología Delphi y recurriendo a fuentes secundarias, un conjunto de discursos sociales y narrativas que parecen funcionar como recursos cognitivos solucionistas en la esfera artística y cultural y que no están exentos de contradicciones y aporías, fruto de su contraste empírico.

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Este trabajo propone una forma teórica de diferenciar la informalidad voluntaria de la involuntaria. Se evalúa teóricamente la recomposición del mercado laboral para varias políticas del Estado. Se construye y se resuelve numéricamente un juego secuencial de dos etapas. En la primera etapa un Estado utilitarista fija el nivel óptimo de gasto en enforcement y en bienes públicos. En la segunda etapa los trabajadores escogen la actividad que maximiza su ingreso. Los agentes pueden ser empresarios o empleados del sector formal o del informal. Su elección depende de su habilidad y de los parámetros de política fijados por el Estado. Se encuentra que es posible que el número de informales voluntarios varíe de manera opuesta al número de informales involuntarios.

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En el desarrollo del Convenio de cooperación en asistencia técnica, investigación y capacitación para la “Implementación de la Política Sectorial en Salud para la Prevención y Manejo de la Discapacidad en Bogotá”, suscrito entre la Secretaría Distrital de Salud (SDS) y la Universidad del Rosario (SDS-UR 1004/05) se ha puesto de manifiesto los esfuerzos varios en términos de registrar y sistematizar la información que sobre discapacidad se produce y usa en el nivel distrital, la urgencia de unificar las formas de referirse a este tipo de realidades y sus determinantes y variables, la necesidad de contar con referentes empíricos de la política pública en discapacidad y de comprender el valor de la información en la toma de decisiones y la gestión social. Lo anterior, entre otras acciones, requiere pensar en una estructura conceptual y metodológica para desarrollar un sistema de información público en discapacidad. Dicho sistema podría incluir las áreas de soporte para el bienestar personal (salud, educación, trabajo, transporte y movilización, cultural y recreación, tecnología, vida familiar y en comunidad), la administración de los bienes públicos y servicios sociales y la seguridad social.

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La acción colectiva en el manejo y gobierno de los recursos de uso común (RUC) seguirá siendo uno de los asuntos que genera mayores controversias (especialmente cuando se trata de recursos naturales y procesos de gobernanza y gestión del agua), debido a los diversos enfoques que sobre el desarrollo se tienen. El presente estudio aborda el análisis de la acción colectiva en el manejo y gobierno de los recursos de uso común a partir del caso Hidrosogamoso en Santander. Además de ofrecer un análisis de los impactos ambientales, sociales y económicos, ventajas y efectos nocivos que puede tener un proyecto hidroeléctrico, se examinan algunos de los postulados básicos de la teoría de la acción colectiva y los RUC, con alguna alusión al enfoque de la bioeconomía. También se describe una de las experiencias comunitarias de autogobierno y preservación del río. Asimismo se estudia el contexto de interacción estratégica en la zona, en el conflicto entre quienes defienden el río y quienes abogan por el proyecto; se ubican las principales oportunidades políticas y aliados influyentes de los opositores durante la fase de construcción de la hidroeléctrica. Al final se insinúan posibles alternativas que podrían ayudar en la visibilización de las problemáticas generadas por el megaproyecto.

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La intervención urbanística del Estado es insustituible. En primer lugar porque el capital privado no está dispuesto a asumir el riesgo de depreciación virtual inherente a la provisión de bienes públicos. Tampoco ha alcanzado los  niveles de acumulación previa que de manera individual estén en capacidad de reemplazar los esfuerzos colectivos que se deben movilizar para tal efecto. Es por ello que estratégicamente el capital privado ha seducido al público con la idea de la eficiencia de las alianzas público-privadas y la gobernanza. En segundo lugar porque el mercado inmobiliario residencial formal es un mercado segmentado e imperfecto en el que el poder de mercado de los estructuradores urbanos y metropolitanos alcanza niveles cuasi-monopólicos. Por tanto, y siguiendo a Commons, la regulación y el control de la oferta inmobiliaria residencial incide positivamente en la ampliación de la libertad en la producción y en la elección de localización de las familias que habitan en las metrópolis. Un orden menos segregado que el perseverante se torna posible. Este trabajo se ocupa de analizar, desde una perspectiva teórica pluridisciplinar como la economía institucional urbana, las posibilidades e instrumentos con que se cuenta para alcanzar tal orden.

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El trabajo realizado tiene como objetivo revisar la problemática planteada en la jurisdicción contencioso administrativa, a través de un estudio concentrado de aspectos procesales esenciales en la estructura de la acción popular como (i) el incentivo (en este caso, se evaluará el impacto de su eliminación), (ii) la efectividad de la audiencia de pacto, (iii) las medidas cautelares como quiera que fueron objeto de modificación en la Ley 1437 de 2011 y por último, (iv) el estudio del mecanismo de revisión eventual incorporado en el año 2009 como mecanismo de unificación.

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La finalidad de este trabajo por un lado, la de elaborar una teoría histórico-jurídica de la planificación y el control urbanístico con un nivel de complejidad mayor que el desarrollado actualmente. Por otro, extraer elementos que sirvan para un desarrollo teórico del derecho administrativo.