950 resultados para Planes (baronia)-Derechos señoriales-Sentencias-S. XIX


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Los cambios producidos en las últimas décadas en nuestro país plantean un escenario distinto para la vida cotidiana, la gestión pública y la actividad política. El análisis que permita entender cómo hemos llegado a esta situación, requiere situar el problema tanto desde la perspectiva macro como microsociopolítica. El presente trabajo propone un recorrido que va desde reconocer las características de una nueva etapa del capitalismo a desentrañar la magnitud de la deconstrucción de sentidos, históricamente construidos, que se opera en distintos campos por las modificaciones estructurales producidas. En medio de estos procesos se encuentra el nuevo rol del Estado que limita y devalúa la acción estatal en función del bien común, entendido éste como protección legal y social de los sectores asalariados y medios. Una expresión de las políticas sociales focalizadas, surgidas a partir del cambio de paradigma en la producción y de la gestión pública, son los planes de empleo implementados en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional en la República Argentina los últimos años. Se hace referencia, aquí, a los agentes que se vinculan en la implementación de los mismos y a las modalidades que adoptan sus relaciones

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La formación de la Junta de Gobierno en Buenos Aires en 1810 dio inicio a un proceso político que adquirió derroteros diversos en el interior del extenso territorio perteneciente al Virreinato del Río de la Plata. Al igual que en las provincias del Alto Perú, la jurisdicción de Salta fue escenario de una guerra de recursos de la cual participó la población rural integrando las milicias provinciales o "Escuadrones Gauchos". Interesa entonces observar en qué medida el conflicto bélico agudizó y puso en evidencia las tensiones existentes por los derechos de propiedad y usufructo de la tierra ya manifestadas a fines del siglo XVIII, particularmente en el valle de Lerma, y su incidencia en las disputas en torno a la tierra que tuvieron lugar luego de concluida la guerra en la provincia de Salta.

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La formación de la Junta de Gobierno en Buenos Aires en 1810 dio inicio a un proceso político que adquirió derroteros diversos en el interior del extenso territorio perteneciente al Virreinato del Río de la Plata. Al igual que en las provincias del Alto Perú, la jurisdicción de Salta fue escenario de una guerra de recursos de la cual participó la población rural integrando las milicias provinciales o "Escuadrones Gauchos". Interesa entonces observar en qué medida el conflicto bélico agudizó y puso en evidencia las tensiones existentes por los derechos de propiedad y usufructo de la tierra ya manifestadas a fines del siglo XVIII, particularmente en el valle de Lerma, y su incidencia en las disputas en torno a la tierra que tuvieron lugar luego de concluida la guerra en la provincia de Salta.

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Los cambios producidos en las últimas décadas en nuestro país plantean un escenario distinto para la vida cotidiana, la gestión pública y la actividad política. El análisis que permita entender cómo hemos llegado a esta situación, requiere situar el problema tanto desde la perspectiva macro como microsociopolítica. El presente trabajo propone un recorrido que va desde reconocer las características de una nueva etapa del capitalismo a desentrañar la magnitud de la deconstrucción de sentidos, históricamente construidos, que se opera en distintos campos por las modificaciones estructurales producidas. En medio de estos procesos se encuentra el nuevo rol del Estado que limita y devalúa la acción estatal en función del bien común, entendido éste como protección legal y social de los sectores asalariados y medios. Una expresión de las políticas sociales focalizadas, surgidas a partir del cambio de paradigma en la producción y de la gestión pública, son los planes de empleo implementados en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional en la República Argentina los últimos años. Se hace referencia, aquí, a los agentes que se vinculan en la implementación de los mismos y a las modalidades que adoptan sus relaciones

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La formación de la Junta de Gobierno en Buenos Aires en 1810 dio inicio a un proceso político que adquirió derroteros diversos en el interior del extenso territorio perteneciente al Virreinato del Río de la Plata. Al igual que en las provincias del Alto Perú, la jurisdicción de Salta fue escenario de una guerra de recursos de la cual participó la población rural integrando las milicias provinciales o "Escuadrones Gauchos". Interesa entonces observar en qué medida el conflicto bélico agudizó y puso en evidencia las tensiones existentes por los derechos de propiedad y usufructo de la tierra ya manifestadas a fines del siglo XVIII, particularmente en el valle de Lerma, y su incidencia en las disputas en torno a la tierra que tuvieron lugar luego de concluida la guerra en la provincia de Salta.

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Los cambios producidos en las últimas décadas en nuestro país plantean un escenario distinto para la vida cotidiana, la gestión pública y la actividad política. El análisis que permita entender cómo hemos llegado a esta situación, requiere situar el problema tanto desde la perspectiva macro como microsociopolítica. El presente trabajo propone un recorrido que va desde reconocer las características de una nueva etapa del capitalismo a desentrañar la magnitud de la deconstrucción de sentidos, históricamente construidos, que se opera en distintos campos por las modificaciones estructurales producidas. En medio de estos procesos se encuentra el nuevo rol del Estado que limita y devalúa la acción estatal en función del bien común, entendido éste como protección legal y social de los sectores asalariados y medios. Una expresión de las políticas sociales focalizadas, surgidas a partir del cambio de paradigma en la producción y de la gestión pública, son los planes de empleo implementados en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional en la República Argentina los últimos años. Se hace referencia, aquí, a los agentes que se vinculan en la implementación de los mismos y a las modalidades que adoptan sus relaciones

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Una simple mirada a los debates que se han venido realizando como contribución a la Cumbre Mundial de la ―Sociedad de la Información‖, nos hacen aflorar algunas interrogantes:¿Las Escuelas encargadas de la formación de los recursos humanos de las Ciencias de la Información están preparadas para enfrentar el reto que representa desde el punto de vista de los requerimientos académicos? ¿Cuál es el grado de implicación que tienen las organizaciones de la profesión en las transformaciones y en la certificación de los Planes y Programas académicos, para demandar y emplear a sus egresados?

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Hablar hoy del Estado de bienestar nos obliga a reflexionar sobre lo que el mismo es y lo que ha sido. Vivimos hoy - abiertamente desde los años ochenta - una situación, en la cual la opinión pública -la opinión publicada para ser exactos-, se pronuncia en contra del Estado de bienestar como algo superado, inclusive algo nefasto que debe quedar atrás. Lo que llamamos hoy Estado de bienestar, tuvo su auge en los años 50 hasta 70 del siglo XX, pero que fue desarrollado a partir de fines del siglo XIX por una política creciente de intervención en el mercado capitalista. Se trata de un intervencionismo tanto económico como social, que establece especies de reservas del mercado. Se trata de actividades que no son dirigidas por las fuerzas del mercado, aunque siempre están integrados al mercado.En lo económico hay política de desempleo, planificación de inversiones, reservación de determinadas actividades a empresas públicas y ordenamientos del mercado sobre todo en la agricultura. En lo social hay apoyo a las intervenciones en el mercado de parte de las organizaciones sindicales y del movimiento cooperativo, reserva para el seguro social en el campo de cajas públicas de pensiones, sistemas públicos de salud, sistemas públicos de educación y un amplio fomento de la construcción de viviendas. El propio socialismo después de la II. guerra mundial ha tenido muchas características parecidas a este Estado de bienestar y hay razones para incluirlo en el concepto, cuando hoy se habla del Estado de bienestar.

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En un primer momento se plantearan en el desarrollo del protocolo algunas doctrinas que ilustran y orientan la evolución del pensamiento, concepto y posturas que se han tenido a través del tiempo hasta la actualidad sobre el fenómeno de la ancianidad y las personas adultas mayores. Según la Real Academia Española, la senectud1es el período de la vida humana que sigue a la madurez y proviene del latín ‘Senectus’, por lo cual se utiliza como sinónimo de ancianidad. Las palabras senectud y ancianidad se emplean solo tratándose de personas; vejez y vetustez, de personas y cosas. Ancianidad añade un matiz respetuoso, motivo por el cual se denominará así, o personas adultas mayores, al grupo característico de éste estudio. Para poder desarrollar objetiva y esquemáticamente la investigación en cuanto a la situación que viven en la actualidad los adultos mayores y sus derechos, es necesario remontarse brevemente a la historia para conocer las diferentes posturas filosóficas y opiniones que nos ilustren sobre los principales expositores y su pensamiento respecto al fenómeno de la ancianidad, y cómo con el devenir del tiempo las sociedades han cambiado la percepción del hombre cuando llega a la etapa de la senectud. Desde un enfoque teórico, en la presente investigación se estudiarán las teorías psicosociales, entre otras, las cuales servirán como referente para evaluar científicamente la realidad social que viven actualmente los adultos mayores en estado de abandono en el país, desde los enfoques económico, social, cultural y político, como factores transversales de la problemática. Desde el punto de vista jurídico se enfatizará como un acontecimiento internacional importante dentro del reconocimiento y regulación de los derechos de los Adultos Mayores, la Primera Asamblea Mundial del Envejecimiento, realizada en Viena (1982) y el Protocolo de San Salvador (1998), a partir de los cuales se tomó a bien dar seguimiento a la creación de programas, planes, convenciones, etc. que colaboraron con el mejoramiento del quehacer estatal en el área de los derechos humanos de los adultos mayores. Es por ello que El Salvador adoptó el Código de Familia (1994), en el cual reconoce algunos derechos y trato que debe dárseles a las personas Adultas Mayores; posteriormente se da la creación de la Ley de Atención Integral para la persona Adulta Mayor (2002) la cual crea el Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM) quien deberá fungir como ente rector del respeto y protección de sus derechos.

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El estudio de la temática "Análisis de los Efectos Ulteriores de las Sentencias de la Sala de lo Constitucional en el Sistema Electoral y su Incidencia en la Estructura Política." Implica revisar los antecedentes Históricos del sistema Electoral Salvadoreño como punto de partida revisar las Constituciones de El Salvador que dieron origen al Sistema Electoral, Salvadoreño como nuestra Constitución actual, como también el proceso de reconstrucción Política que se dio con la firma de los Acuerdos de Paz, siendo este un nuevo proceso de reconstrucción democrática, y como se posibilito un cambio de los procesos electorales, inclusive la conformación institucional en un primer momento de la Estructura del Consejo Central de Elecciones; hasta convertirse en el Tribunal Supremo Electoral, lo que posibilito realizar un abordaje a los tipos de Sistemas Electorales que existen. En los últimos años el Tema de Reforma al sistema Electoral, y estructura política se ha logrado colocar dentro de la agenda nacional, que conlleve a un nuevo proceso democrático del país, es de suma importancia en la actualidad y que para su estudio será de constantes investigaciones sobre el tema en particular visto de diferente óptica; no obstante, en este momento para su estudio se considera viable, practico y de transcendencia en el Estado Constitucional de Derecho. Para comprender los efectos ulteriores de las Sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, es necesario analizar un poco más el componente democrático del Estado de derecho, es decir, los derechos políticos o de participación, especialmente los relativos al sufragio. El ejercicio del sufragio implica la actividad más importante de legitimación política del Estado, por el cual los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir a quienes habrán de ejercer el poder en su nombre y representación, o bien pronunciándose sobre algún asunto de su interés; así el sufragio puede entenderse como el derecho de todo ciudadano a participar en la estructuración y actividad del poder y concurrir a la formación de la voluntad colectiva, ya sea para elegir a los titulares de los cargos electivos, o bien para tomar decisiones sobre temas fundamentales que se les consulta. Ahora bien, el sufragio también se justifica en la necesidad de conferir a la población un procedimiento organizado de expresión política y así puede ser entendido como un procedimiento institucionalizado mediante el cual el cuerpo electoral se manifiesta políticamente, a fin de designar a los titulares del poder político. Del concepto de Estado de Derecho y del alcance del derecho al sufragio, puede advertirse que una reforma electoral debe detener como una de sus motivaciones principales reinterpretar extensivamente tal derecho, para comprender las diversas formas de participación ciudadana en la toma de decisiones de interés público. En el mismo se analizara los Tipos de Listas Cerradas y Bloqueadas y sentencias vinculantes, que se han implementado con relación al sistema electoral salvadoreño. Es preciso mencionar que el sistema electoral juega un papel decisivo dentro del entramado institucional, porque la dimensión electoral es una de las principales integrantes de cualquier sistema político y porque además de afectar al sistema político, especialmente a través del sistema de Partidos Políticos y la amplitud de la representación, el sistema electoral se presenta también como uno de los instrumentos políticos más fáciles de manipular. Los sistemas electorales ejercen funciones múltiples, entre las que destacan la optimización de la representación, el gobierno efectivo y la participación, objetivos que no siempre se presentan en forma compatible y que la mayoría de las veces implican opciones y decisiones. Los sistemas electorales ejercen restricciones sobre la elección de los votantes e impactos reductores sobre el número de partidos políticos, con importantes consecuencias para la acción gubernamental, contribuyendo al grado de fragmentación de los parlamentos e influyendo en la conformación, estabilidad y rendimiento de los gobiernos que dependen en su actuación de una mayoría parlamentaria en las condiciones actuales, El Salvador va más allá a una reforma del sistema electoral; esta debe tocar al sistema político.

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A raíz del impacto ambiental que produce la actividad minera sobre la biodiversidad y los recursos naturales, el sistema jurídico colombiano sustrajo de esta actividad, zonas de especial importancia ecológica y ambiental, que podrían llegar a deteriorarse en su totalidad. Sin embargo, si bien es clara la importancia de proteger estas zonas de la actividad extractiva, lo cierto es que en la actualidad se presenta un alto porcentaje de estas zonas que se superponen con títulos mineros. Circunstancia que conlleva a que entren en tensión intereses constitucionales protegidos. Por un lado, el interés general de proteger el medio ambiente y los recursos naturales y por el otro, el interés público de desarrollar la actividad minera. De acuerdo a lo anterior, a través de este trabajo de investigación, se busca describir y analizar las consecuencias en el ámbito jurídico, que se generan, al prohibir la actividad minera en zonas sobre las cuales el Estado había autorizado la realización de actividades de exploración y /o explotación minera con anterioridad al cambio regulatorio. En consecuencia, se expondrán los escenarios en que se puede encontrar un contrato de concesión, con la prohibición legal de desarrollar actividades mineras en ecosistemas de páramos. Específicamente, se analizará la situación de los títulos mineros que cuenten con licencia ambiental, títulos mineros que se encuentren en etapa de exploración y los títulos que habiendo terminado la etapa de exploración su licencia ambiental se encuentre en trámite.

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La Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID) es un agente estatal que se encarga de desarrollar estrategias, comprendidas en sectores de cooperación como: la construcción de paz, crecimiento económico, desarrollo de género y gobernabilidad, con el objetivo de restablecer los derechos humanos en comunidades vulnerables víctimas del conflicto armado. En el caso de Colombia, este tipo de cooperación se da en el departamento del Chocó, a través de estrategias que emplean la ayuda humanitaria en busca de restablecer los derechos fundamentales de las comunidades tras el conflicto armado interno establecido en esta parte del país. En tal contexto, este estudio de caso pretende determinar si la AECID, a través de diferentes proyectos, logra restablecer los derechos humanos de los individuos del Chocó, además de analizar cómo la función de este agente estatal presenta un acercamiento entre el Estado colombiano y la población, teniendo en cuenta que la función de este ha sido casi nula.

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Esta presentación  tiene como objetivo sintetizar  la experiencia de  la participación de  la ECG en  las propuestas de ordenamiento territorial y la planificación urbana.Se trata es de evaluar la experiencia vista en su conjunto, es decir, nos interesa mas que las cuestiones técnicas, especificas, exponer cómo se ha desarrollado nuestra práctica frente a un objeto general que llamaremos “ordenamiento del territorio” desde la perspectiva de una geografía aplicada que opera en una formación socio política particular, es decir, en Costa Rica.Palabras Claves: Ordenamiento territorial. Planes reguladores. Urbanismo. Gobierno local. Interdisciplinariedad. Metodología positivista.AbstractThis presentation has as its objective to synthesize the experience of the ECG in participating in territorial organizational proposals and urban planning. It attempts to evaluate the experience viewed in its entirety, that is to say, the technical questions interest us less than showing how our practice has developed set against a general objective that we will call «territorial organization « from the perspective of applied geography that functions in a particular sociopolitical formation, that is to say, in Costa Rica.Key Words: Territorial Organization, Regulatory Plans, Urbanization, Local Government, Interdisciplinary, Positivist Methodology.

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O vocábulo pays vem sendo empregado na Europa há pelo menos 1500 anos, significando tanto um indivíduo relacionado com seu lugar de origem como uma porção do território numa circunscrição determinada. No século XVII o vocábulo em foco caracterizava subdivisões das villes francesas, ao mesmo tempo em que designava também, num sentido familiar, pessoas nascidas em um mesmo pays, em contexto rural. No XVIII, o vocábulo passa a integrar a terminologia científica do período. Assim, o termo passa a designar extensões territoriais antigas, formadas por elementos pedológicos distinguíveis, como pays à craie. Passada a revolução francesa, d’Omalius recomenda aos geógrafos que determinem as regiões naturais, fundadas sobre a natureza do solo, e que lhes devia atribuir os nomes antigos de pays correspondentes. Este mesmo sentido do termo será empregado por La Blache no final do XIX. Destarte, partindo da hipótese de Sapir (1911) no qual o léxico da língua é que mais nitidamente reflete o ambiente geográfico (Demangeon, 1942), perscrutaremos neste artigo o conceito de pays e sua discussão na formação da geografia francesa.