786 resultados para Derecho al juego
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El t??tulo aparece en espa??ol y, a continuaci??n, el t??tulo traducido al ingl??s: ???About Eutrapelia, or the Virtue of Play. Morality, History and Education'
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El t??tulo aparece en espa??ol y, a continuaci??n, el t??tulo traducido al ingl??s: ???Waldorf Education and Play in the Kindergarden. An Outstanding Theoretical Proposal'
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L’article 31 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant estableix que «l’infant té dret a l’esplai, al joc i a participar en les activitats artístiques i culturals». D’aquí que resulti important que el joc infantil i la jugueta siguin uns mitjans que aportin idees, que fomentin la creativitat i que eduquin per als valors ciutadans i socials (educar per a la pau i no per a la violència, saber compartir, comprendre el món que ens envolta, respectar els altres, etc.), en aquesta publicació es presenten pautes i referències per a famílies per donar a conèixer la importància del joc i orientacions generals per els pares a l'hora de seleccionar les joguines.
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Monogr??fico con el t??tulo: "La formaci??n del profesorado desde distintas miradas: inclusi??n, g??nero y evaluaci??n".
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Resumen tomado de la publicaci??n
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Los derechos de los pueblos, como los derechos humanos, no corresponden a las normas positivas creadas por los Estados o entre los Estados, los preceden. La juridicidad de los pueblos indígenas encuentra en la globalización la posibilidad de herramientas que la traduzcan a los sistemas jurídicos nacionales; pero este proceso exige de una democracia interna que cambie un orden que se niega a la democracia y a la globalización.
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En todos los problemas y conflictos ambientales y en el ejercicio de las políticas de desarrollo hay implícito un sentido de arrasamiento; no sólo de la naturaleza sino del conjunto de derechos. El primero el de la vida, pero igualmente el de la salud, el de la alimentación, el del trabajo; y, desde otra óptica, aquellos otros que son definidos como derechos de los pueblos: el derecho al desarrollo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y, con cuanta frecuencia, también el derecho a la paz. Todo se arrasa en conjunto y de ahí la importancia creciente de demandar el cumplimiento de los derechos medioambientales, a sabiendas que se confronta la voluntad de poderosos intereses privados y multinacionales. Todos los derechos que tienen que ver con la soberanía, el manejo del territorio y el derecho a la vida tienen estrecha relación con el ambiente; adicionalmente hay varias menciones en nuestra legislación que reconocen el derecho a un medio ambiente sano, que garantizan la salud de la gente y la conservación de la naturaleza. Hay suficientes fundamentos legales para la protección del medio ambiente, el problema es que estos no se cumplen, se sustituyen o son subordinados a otros.
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El presente trabajo tiene por finalidad evidenciar la ruptura existente entre los principios, derechos y garantías relativos al trabajo que consagra tanto la Constitución Política de la República, como acuerdos y convenios internacionales, por una parte; y, por otra, la legislación secundaria que ha sido expedida en el Ecuador desde inicios de los años 90, a espaldas de la Constitución y, que en la práctica restringen derechos y garantías laborales, por lo cual, en muchos casos han sido declaradas inconstitucionales. Este proceso de reducción de derechos y garantías laborales se justifica, según su defensores, en el supuesto de que el trabajo es un bien escaso que debe ser distribuirlo mejor manera; y, que es necesario reformar el rígido esquema laboral para poder agilitar la contratación y despido de la mano de obra, dejando que operen las fuerzas del mercado, pues, según ellos, los principios de tutela y continuidad de la relación laboral son un óbice en la generación de empleo y para atraer inversión extranjera; pretendiendo, de esta forma, volver más competitiva a la producción nacional, para que el País se inserte en la economía mundial globalizada. Sin embrago, se ha podido evidenciar que la reducción de derechos y garantías laborales no genera estos efectos, por el contrario, agudiza la brecha entre pobres y ricos, pudiendo generar estallidos sociales.
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El presente trabajo investigativo se ha planteado como objeto principal analizar, desde una perspectiva de género, las variables más importantes que integran el régimen jurídico electoral ecuatoriano a fin de identificar si contamos, o no con un ordenamiento normativo e institucional que favorece, en la práctica, la incorporación y la participación activa de la mujer en la política, reconociendo que pese a contar con un régimen constitucional favorable a promover la igualdad material, persisten estructuras sociales excluyentes que funcionan como barreras fácticas que impiden o limitan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de participación política de las mujeres, específicamente el derecho al sufragio pasivo. Para el efecto, se abordan algunas variables normativas a partir de su función sistémica, que han sido consideradas por el autor como las más influyentes para los objetivos perseguidos por este trabajo académico. Entre las variables abordadas podemos mencionar: el sistema de organizaciones políticas; el tamaño de las circunscripciones electorales, el financiamiento de la política, la magnitud del partido o movimiento político, el método de repartición de escaños, el tipo de listas, y naturalmente la conformación paritaria y alternada de las listas pluripersonales entre mujeres y hombres. Cada una de las variables señaladas produce efectos específicos que son potenciados o atenuados por su interrelación con las demás variables, por lo que un diseño institucional o reformas normativas no pueden ser formuladas aisladamente. Al final de este trabajo se plantean, a manera de conclusiones, algunas propuestas de reformas a la normativa electoral de nuestro país.
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Presenta las reseñas de los siguientes libros: Lina Victoria Parra Cortés, Constitucionalismo contemporáneo y la teoría del contenido mínimo: el derecho al trabajo, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar/Corporación Editora Nacional, 2013, 118 pp. -- Santiago González Ortega, coord., El Convenio Multilateral Iberoamericano de seguridad Social, México, Tirant lo Blanch, 2013.
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When it comes to human rights, the first thoughts that come to mind are the rights to life, liberty or equality, among others, which possess the concept of being fundamental. Commonly, culture and heritage are not usually considered as rights; however, as well as there is the right to own legal identity, there is also the right to enjoy a cultural identity. This paper deals precisely with the study of culture and cultural heritage as a human right. Cultural heritage’s meaning concept is analyzed, its enclosure between fundamental rights and the way that it should be protected, essentially by the State. The Ecuadorian case is also analyzed around their legislation and cultural management, in order to assess the treatment that this right has been received in the country.
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Los conceptos que definen al derecho a la salud y al derecho al acceso a medicamentos han sufrido cambios en virtud de las necesidades que se han ido planteando a través de los años en el campo de la salud. Al ser el Estado, por mandato constitucional, el ente responsable de garantizar un ejercicio efectivo de estos derechos, se han constituido diversas herramientas de carácter jurídico que han dado paso a una mayor oportunidad de ejercer de manera plena estos derechos por parte de quienes los detentan; de entre las herramientas mencionadas sobresalen los instrumentos internacionales suscritos por los Estados, los mismos que, en teoría, responden a las necesidades de los países en materia de salud. En lo que respecta al Ecuador, los mencionados derechos han sido considerados dentro de aquellos necesarios para poder alcanzar el denominado “buen vivir”, ubicándolos en una esfera constitucional especial. Sobre la base de lo anterior se han adoptado ciertas políticas que han conducido a la suscripción de instrumentos internacionales en materia de salud, con el fin de buscar cooperación internacional que permita satisfacer las múltiples necesidades que tiene nuestro país en ese campo. Con el antecedente expuesto, se ha desarrollado una investigación con el objeto de determinar la conveniencia de suscribir instrumentos internacionales en materia de salud como una herramienta jurídica para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud y del derecho de acceso a los medicamentos, así mismo hacer un breve análisis de la normativa constante en el marco jurídico interno que regula el ejercicio de estos derechos, lo anterior de manera paralela a aquellos instrumentos que se suscriben en el marco de la Comunidad Andina, institución que contiene en su objetivo de creación el velar por aquellos derechos fundamentales de los ciudadanos de la Región.
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Globalización y equidad, asuntos trascendentes y definitorios para el futuro de nuestros pueblos, son, desafortunadamente términos que reflejan profundas contradicciones, ya que no es la equidad precisamente lo que caracteriza la actual globalización, que con signo neoliberal es propia del mundo de hoy, como expresión contemporánea de la internacionalización de la producción asociada al capitalismo altamente desarrollado. La globalización, en lo que se ha llamado su tercera etapa, se sustenta en significativos avances de las comunicaciones y la informática, que ofrecen amplias posibilidades para el desarrollo. Sin embargo, obtener los beneficios de ese proceso supone una participación equitativa de los avances científico-técnicos que la hacen posible, entendiendo por equidad el acceso en igualdad de condiciones a todo aquello a lo que se tiene derecho, de acuerdo a normas universales de justicia social. Semejantes premisas no están presentes hoy y diríamos que históricamente el concepto moderno de equidad no se ha desarrollado en esa dirección. Desde las tesis liberales de Adam Smith, que concebían el libre juego del mercado como el medio ideal para compatibilizar la búsqueda del beneficio individual con el mayor beneficio social, asistimos a la singular transfiguración del egoísmo personal en una virtud social, dando a la equidad, así concebida en los marcos de la concurrencia, un sello de igualdad de dudosa validez. Precisamente serían los socialistas utópicos primero y los marxistas después, los que cuestionarían el concepto de equidad así sustentado, llegando a la conclusión de que era necesario alcanzar una nueva forma de organización social si se quería lograr un mundo realmente equitativo. Ciento cincuenta años después, en la conciencia de la humanidad se abren paso de forma creciente los principios de equidad y justicia social propugnados por el pensamiento socialista, que impulsan la globalización de la solidaridad en contraposición a la globalización neoliberal. Este debate no solamente se ha desarrollado en Cuba. En el plano internacional tiene una historia más reciente, pero no menos contrapuesta. Después del reparto colonial del mundo y pasadas dos guerras mundiales, los propios intereses del desarrollo capitalista generaron la necesidad de superar el empleo de la fuerza como medio de dominación. La liberación de las antiguas colonias y los nuevos mecanismos de sometimiento neocolonial que la seguirían pusieron de manifiesto como nunca antes la desigualdad en el ejercicio del derecho al desarrollo y la inequidad del orden económico internacional existente. La experiencia de la posguerra demostró que si bien el capitalismo podía propiciar el crecimiento económico, no aseguraba con ello el acceso equitativo a sus frutos, y mucho menos a un desarrollo social adecuado. El debate internacional sobre estos temas tomó el rumbo del derrame sobre el desarrollo de los resultados del progreso, por la vía de un acelerado intercambio comercial que pondría de manifiesto en los años 60 y 70 del siglo pasado el hoy poco mencionado fenómeno del intercambio desigual y la necesidad de promover un nuevo orden económico internacional más justo. La expansión de los flujos financieros internacionales y su contradictorio devenir en los 80, se manifestarían con fuerza en la crisis de la deuda externa y los debates que la compañaron, hoy sepultados bajo la aparentemente infinita capacidad de movimiento del capital financiero especulativo, con sus soluciones salvadoras de corto plazo que no han hecho más que agudizar las contradicciones del endeudamiento creciente del Tercer Mundo, tema que se pretende ignorar hasta en las conferencias financieras más recientes.
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El derecho a la identidad: Los registros de nacimiento en América Latina y el CaribeUn rostro sobrecogedor de la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe es no estar registrados como nacidos y nacidas y, con ello, carecer de toda identidad legal. Esto implica no poder ejercer derechos ciudadanos básicos y enfrentar trabas en el acceso a prestaciones sociales, al sistema de justicia, al reconocimiento como personas en plenitud, al derecho al bienestar, al desarrollo de capacidades, al acceso a empleos productivos y a la participación política.