814 resultados para Notificación administrativa


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Es necesario que los Especialistas en Ejercicio Físico adopten posturas frente a esta problemática para abordar de forma adecuada e integral el concepto de prevención, destacando la importancia de incluir el componente de actividad física, como motor principal para el manejo y control de los factores de riesgo cardiovascular, generar intervenciones que permitan la practica habitual de actividad física y la adopción de estilos de vida saludables, facilitar la implementación de conductas oportunas en el manejo de programas enfocados hacia la prevención de factores de riesgo cardiovascular. La socialización de los resultados espera un impactar a la comunidad administrativa y directiva, sensibilizarlos y concientizarlos frente a una problemática de salud publica, que puede afectarlos a futuro, no solo físicamente sino también laboral y económicamente, pero que puede ser intervenida de manera económica y eficaz por medio de programas que incluyan la actividad física como medio principal de una salud integral.

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El origen de la Carrera Administrativa lo encontramos en Francia en el siglo pasado cuando surgió la preocupación de modernizar el Estado y así obtener un mayor rendimiento de la fuerza laboral, cuyo costo aumentaba día a día, motivo por el cual

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La Constitución Política de Colombia de 1991 consagró por vez primera las acciones populares de tutela y cumplimiento como mecanismos de control judicial de la actividad administrativa del Estado.

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La administración colombiana posee organismos encargados de la protección del objeto jurídico tutelado cual es la salud pública, los cuales cuentan con unas competencias y atribuciones que se complementan en unos casos y que colusionan en otros

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Descripción histórica de la conciliación desde sus inicios hasta llegar a nuestros días y en forma especial al tratamiento que el ordenamiento jurídico colombiano realiza. Se crea una definición de la misma, se clasifica

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El presente estudio parte de la perspectiva de que en el desarrollo del trabajo laboral existen dos componentes, un requerimiento físico y otro mental y entiende por carga mental el trabajo intelectual, es decir, “la cantidad y el tipo de información que debe tratarse en un puesto de trabajo”. Uno de los factores que se está utilizando en el estudio de trabajo es la carga mental, siendo éste, un factor determinante en cuanto a la realización de la tarea en particular y en cuanto la organización en general.

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El proceso licitatorio está sometido a la ley y encaminado al cumplimiento de las finalidades que le asigna el ordenamiento jurídico circunstancias que han de tener en cuenta todas las entidades contratantes con la finalidad de evitar irregularidades

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Establecer una metodología empresarial para la realización de una de las formas de adquisición, las Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs), partiendo de los aspectos jurídico y financiero

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Antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el ISS prestaba los servicios de salud a los asalariados del sector privado en un monopolio que no le exigía ningún esfuerzo. El déficit acumulado por la falta de los aportes de la nación previstos en la Ley 90 de 1946 y los cambios en su naturaleza jurídica no le permitieron asumir el reto de la libre competencia de los actores dentro del sistema, por lo que su gestión fue cuestionada por los organismos de control y por varios fallos judiciales adversos que profundizaron su crisis financiera, sumado a los altos costos laborales por los beneficios de la convención colectiva de trabajo, cuyos mayores beneficiarios eran los servidores de las clínicas y CAA, llevando a la formulación del Documento Conpes 3219 del 31 de 2003 denominado “PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - SALUD”, cuyo resultado fue la expedición del Decreto 1750 de junio 26 de 2003, que ordenó la escisión de la vicepresidencia prestadora de servicios de salud, clínicas y centros de atención ambulatoria (CAA) y la creación de siete empresas sociales del Estado. La escisión produjo cambios significativos en materia laboral para los servidores que hasta esa fecha laboraban en calidad de trabajadores oficiales del Instituto ya que fueron incorporados automáticamente a las plantas de personal de las nuevas empresas en calidad de empleados públicos, con excepción de los que desempeñaban cargos directivos o funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y servicios generales, considerados trabajadores oficiales; cuyo régimen salarial y prestacional es el estipulado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional (artículos 16 y 18), lo que condujo al aparente desconocimiento de los derechos adquiridos por estos servidores en materia de negociación colectiva. El Decreto 1750 de 2003 fue demandado por vulnerar el ordenamiento superior y, en sentencias de control de constitucionalidad y desde la teoría de los derechos adquiridos, la Corte Constitucional estimó que el artículo 18 era restrictivo por hacer referencia solo a los derechos adquiridos en materia prestacional sin contemplar los relativos a materia salarial y los contenidos en convenciones colectivas de trabajo. Al existir entre el Instituto de Seguros Sociales y sus trabajadores una convención colectiva de trabajo vigente, de conformidad con las Sentencias C-314 de 2004 y C 349 de 2004, la Corte Constitucional indicó que dicha convención debía aplicarse a los servidores de las nuevas entidades por el tiempo de su vigencia.

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El presente libro, es el producto de varios años de ejercicio profesional en cargos de dirección administrativa y de asesoría externa en la función pública en los órganos y las entidades de la rama ejecutiva en los niveles nacional y territorial, y en los sectores central y descentralizado. La novedad del libro se encuentra en el hecho de reunir y presentar de manera analítica conceptos de la función pública, su origen y evolución en Colombia, los grandes interrogantes que debe resolver, sus reglas de juego, la doctrina y la jurisprudencia pertinentes para solventar problemas tomados de la vida real que, a medida que se estudian, se analizan y se proponen soluciones, hacen posible aclarar la nomenclatura, es decir, el lenguaje respectivo y que permiten construir, de manera sistemática, las competencias que deben tener y poner a prueba tanto los estudiosos del tema como los funcionarios que se desempeñan en este campo, así como los servidores públicos que de manera directa o indirecta son afectados por el ejercicio de la función pública.

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El objetivo del estudio es llegar a describir la actuación regional en materia educativa dentro de la Comunidad de Castilla-León, teniendo en cuenta que todavía no se han transferido las competencias educativas y ni siquiera existe una Consejería de Educación. En la primera parte se esbozan los antecedentes históricos que han podido condicionar la naturaleza del proceso autonómico y por tanto los límites y características del proceder de la Junta a nivel educativo. En la segunda parte se analiza el marco legal actual, contemplando un acercamiento a la situación y al entorno institucional sobre el que se articula la actuación educativa, y delimitando los objetivos y actividades de dichas instituciones. Finalmente realiza una serie de propuestas optimizadoras que se fundamentan en la planificación integral de la educación a nivel estructural, funcional e instrumental.

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La investigación realiza un recorrido histórico sobre los sistemas organizativos de México referidos a la educación desde la fundación de las Compañías Lancosterianas en 1822 hasta 1990. Analiza el modelo de gestión adoptado por la administración en cada periodo, centrando el análisis sobre el tipo de administración y la estructura de gestión adoptada por el sistema educativo mejicano en cada periodo. Se analizan los cambios legislativos que han permitido el pasar de un modelo de gestión centralizado, como sucedía en el año 1822 al actual sistema de gestión del sistema educativo descentralizado en 1990.

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Estudiar la historia administrativa de la educación en España durante el período 1833-1854. En la primera parte del trabajo se estudia la organización de la administración educativa; la segunda se ocupa de las tareas de la administración en torno a las escuelas de instrucción primaria; y la última de la enseñanza media y superior.. Investigación histórica.. Proliferan los reglamentos de educación y se incrementa el proceso de institucionalización educativa. Se fomenta el desarrollo económico a través de la educación. Se inicia un control de los contenidos y del rendimiento o rentabilidad de un servicio público mediante las inspecciones y la consideración estadística de la instrucción como base de nuevas acciones administrativas. La burocracia alcanza su mayor desarrollo con variados expedientes administrativos para la creación o supresión de centros, nombramientos y situación profesional de funcionarios, la promoción o separación del servicio, los presupuestos. También existe una preocupación por el empleo a través de títulos académicos y selecciones profesionales por oposición. Se establecen centros para el desarrollo de la industria o el comercio y para el fomento de minas y la agricultura, que fue asignatura obligatoria en las escuelas primarias. Surgen ciencias de aplicación en los institutos.. En el periodo estudiado se intensifica la preocupación por lo educativo al considerar la educación como una necesidad ineludible para procurar el desarrollo moral. Y la administración tiene que ver con el progreso, es la prosperidad pública.