1000 resultados para AGUA - LEGISLACIÓN|zCHOCÓ (COLOMBIA)
Resumo:
El interés del estudio de investigación se basó en recolectar datos de exposición ocupacional a plaguicidas ditiocarbamatos en el sector floricultor. Objetivo: Determinar los niveles de exposición a fungicidas ditiocarbamatos y su relación con las condiciones laborales de los trabajadores del sector floricultor en la Sabana de Bogotá D.C. (Cundinamarca) y Rionegro (Antioquia), Colombia, durante el año 2011. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio de corte transversal, en 358 trabajadores de un total de 3700 empleados de 27 empresas del sector floricultor, 12 ubicadas en la Sabana de Bogotá (Cundinamarca) y 3 en Rionegro (Antioquia). Se recoleto información sobre condiciones de trabajo y antecedentes de exposición de la población y se determinaron los niveles de exposición a fungicidas ditiocarbamatos en muestra en orina mediante método Montesano. Conclusiones: Este estudio describe la forma como se utilizan y los niveles de exposición a fungicidas ditiocarbamatos ETU, en el sector floricultor en Colombia. Se dan recomendaciones para mejorar los tiempos de re-ingreso al cultivo según la categoría toxicológica de los productos.
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El presente trabajo realiza un análisis sobre los diferentes fundamentos que ante la falta de regulación legal, nuestra jurisprudencia ha invocado para atribuirle efectos retroactivos –ex tunc- o efectos a futuro –ex nunc- a las sentencias de nulidad de los actos administrativos, los cuales van desde la asimilación de éste con el acto jurídico civil, hasta la pretendida identidad del acto administrativo general con la ley, todo enmarcado dentro de lo que se ha entendido por situaciones jurídicas consolidadas. Este estudio demuestra que la retroactividad o no retroactividad, no es una condición necesaria o automática de las sentencias de nulidad de los actos administrativos, porque tal idea anula reflexiones importantes que tienen que ver con la ponderación de principios básicos como la garantía de eficacia de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica, la justicia material, la confianza legítima y la igualdad. Se impone así entender que los efectos temporales de las sentencias no se derivan de alguna formalidad del proceso, ni de la naturaleza del acto administrativo, ni del tipo de sentencia; estos son más bien una de las herramientas para que el juez a través de la modulación en cada caso, pueda darle eficacia a su sentencia y cumplir con las obligaciones que le impone la Constitución y la ley, que no son otras que garantizar la protección de derechos fundamentales y preservar el orden jurídico.
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El Ministerio de Trabajo mediante un estudio de Promoción y prevención en riesgos profesionales, realizado en el año 2002, en 120 empresas de Bogotá y Valle del Cauca a través de la Primera Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo en el Sistema General de Riesgos Profesionales, realizada en el año 2007 y la Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema General de Riesgos Laborales, llevada a cabo en el año 2013; ha querido dar a conocer el desarrollo de este tema, con el objeto de verificar la ejecución en las prestaciones asistenciales y económicas procuradas al trabajador, la viabilidad financiera del Sistema General de Riesgos laborales, las investigaciones realizadas y los programas que han sido implementados frente a los factores de riesgo a los que se encuentra expuesta esta población. Estas encuestas se han realizado con el fin, de favorecer al Sistema General de Riesgos Laborales en su desarrollo y crecimiento, a la par de servir como una herramienta en la que se establezcan los lineamientos para analizar la información recolectada, que permita diseñar planes de restructuración y mejoramiento, entre los que se encuentran los programas de promoción y prevención de salud y seguridad en el trabajo. Este documento propone realizar un análisis sistemático basado en la evidencia, que permita definir la información existente respecto a los programas de promoción y prevención implementados por el sistema, para disminuir los riesgos en los que se encuentra la población trabajadora en Colombia.
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En esta investigación se realiza un análisis del tema de las armas y algunos de los aspectos que se generan alrededor de estas. Se busca analizar y ver la efectividad de las iniciativas y políticas de desarme ciudadano que se han realizado en países diversos, así como a nivel nacional, con las cuales se busca sensibilizar a la población civil para restringir el porte de estos objetos que son utilizados para cometer homicidios. Primero, se exponen algunos conceptos a tener en cuenta para este documento, se realizará un contexto a nivel mundial sobre las cifras, datos relacionados con las armas de fuego, así como los argumentos que se encuentran a favor o en contra de las armas de fuego. Segundo, se analiza la legislación que en el ámbito internacional, regional y local existe y se aplica para las armas de fuego en relación con su comercialización, tenencia y porte. Tercero, se explican y analizan los programas y políticas de desarme ciudadano que se han implementado en la Argentina y Ciudad de México. Cuarto, se analizan las campañas de desarme ciudadano que se han realizado durante las últimas décadas en Bogotá, Medellín y Cali, donde se analizará la efectividad y el impacto de estas medidas para la reducción de los homicidios en las ciudades. Por último se analizan los elementos que tiene una política pública y, para este caso, la formulación de una política pública de desarme ciudadano en Colombia.
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Este estudio de caso aborda el tema de las alternativas al desarrollo convencional, concretamente el concepto de Buen Vivir- Sumak Kawsay, a la luz de la descripción y el análisis de los impactos del auge minero en la región del Alto Putumayo, territorio ancestral de los pueblos indígenas Inga y Camëntsá. Este trabajo quiere mostrar que la apuesta por un modelo económico extractivista, está inspirado en un plan de dominación global de recursos naturales por parte del algunas potencias, que a través del neoliberalismo económico y la globalización han desplegado estrategias de acumulación por desposesión en el Alto Putumayo. Este trabajo cuestiona las raíces históricas del discurso del desarrollo, que legitima las prácticas extractivas y excluye los saberes locales, a la luz de la experiencia recolectada en campo, donde sobresalen los procesos de resistencia de las comunidades por la defensa de la vida y territorio.
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El trabajo investigativo que se pretende realizar es especialmente relevante por ser un tema que cobra especial vigencia, en cuanto a regulación se refiere, ya sea por tratarse de la televisión, que actualmente ocupa un puesto importante dentro de la sociedad actual, o por tratarse de la regulación como fin esencial del Estado para el mercado, garantizando pilares relevantes de la Constitución Nacional dentro de un Estado Social de Derecho. Por lo tanto, se pretende determinar si el hecho de eliminar el rango constitucional del ente encargado de esta función en Colombia era la solución adecuada para los problemas que generaba la extinta Comisión Nacional de Televisión, o, si por el contrario, el nuevo órgano confunde aún más las funciones que le son propias en cuanto a política de Regulación se refiere. En cuanto, a la regulación o desregulación como vía adecuada para el servicio público de televisión, es una disyuntiva de especial prioridad tanto en el campo económico por su especial interés en las consecuencias del mercado, como en el campo jurídico por la abundante normatividad vigente, debido a esto, en este trabajo se tratará desde el punto de vista jurídico sin dejar de lado algunos matices económicos, analizar si el servicio público de televisión debe regularse o desregularse.
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What are the effects of natural disasters on electoral results? Some authors claim that catastrophes have a negative effect on the survival of leaders in a democracy because voters have a propensity to punish politicians for not preventing or poorly handling a crisis. In contrast, this paper finds that these events might be beneficial for leaders. Disasters are linked to leader survival through clientelism: they generate an in-flow of resources in the form of aid, which increase money for buying votes. Analyzing the rainy season of 2010-2011 in Colombia, considered its worst disaster in history, I use a difference-in-differences strategy to show that in the local election incumbent parties benefited from the disaster. The result is robust to different specifications and alternative explanations. Moreover, places receiving more aid and those with judicial evidence of vote-buying irregularities, are more likely to reelect the incumbent, supporting the mechanism proposed by this paper.
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El presente documento hace una revisión de la política de reforma agraria en Colombia desde principios del siglo XX hasta 2012, caracterizada por la adjudicación de baldíos a campesinos. En este documento, se busca dar cuenta de la magnitud e importancia de esta política pública que ha perdurado a lo largo del tiempo y con una dinámica continua desde sus inicios, con el fin de aportar a la amplia literatura sobre reforma agraria en Colombia que, si bien analiza las tensiones propias de esta política no cuenta con datos desagregados del comportamiento de la política para más de un siglo. Igualmente se hace un recorrido regional que evidencia la dinámica de la reforma agraria en diferentes regiones a lo largo del tiempo.
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El presente documento hace una revisión de conceptos como raza, etnia, clases sociales, vida familiar y tendencias poblacionales en Colombia y busca hacer un recuento de la forma en la que han sido utilizados para explicar algunas realidades colombianas y cómo pueden seguir vigentes en el análisis del país. Adicionalmente, se hace una revisión de la legislación para cada concepto, mostrando los cambios más significativos en lo referente a raza y etnias, familia y población.
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This paper analyzes the main features and historical factors that played a central role for the industrialization process in Colombia during the twentieth century. The document surveys the legislation and policy instruments used in the programs of import substitution industrialization, nontraditional export promotion, and economic openness
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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general
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El juez constitucional es motivo de apasionados debates tanto por quienes defienden su actividad en tanto expresión constitucional de la democracia como por quienes lo atacan por poner en peligro la separación tradicional de los poderes públicos. Sin embargo una nueva dimensión de su actividad emerge en medio de la re definición de los conceptos jurídicos y políticos que fundan la noción del Estado. Las políticas Públicas hasta hace muy poco eran competencia exclusiva de la administración sin embargo el juez constitucional ha ido consolid?ndose como un actor capaz de determinar sus contornos desarrollando un concepto amplio de gobernanza que va más allá de la idea de gobierno y de gobernabilidad. Entonces esta investigación está orientada a presentar tanto a juristas politólogos y administradores el proceso mediante el cual el sistema jurídico constitucional regula el sistema de políticas públicas y en este caso la política territorial para buscar demostrar cómo una nueva dimensión del control constitucional se consolida dentro de una nueva idea Estado y de democracia.
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El presente libro, es el producto de varios años de ejercicio profesional en cargos de dirección administrativa y de asesoría externa en la función pública en los órganos y las entidades de la rama ejecutiva en los niveles nacional y territorial, y en los sectores central y descentralizado. La novedad del libro se encuentra en el hecho de reunir y presentar de manera analítica conceptos de la función pública, su origen y evolución en Colombia, los grandes interrogantes que debe resolver, sus reglas de juego, la doctrina y la jurisprudencia pertinentes para solventar problemas tomados de la vida real que, a medida que se estudian, se analizan y se proponen soluciones, hacen posible aclarar la nomenclatura, es decir, el lenguaje respectivo y que permiten construir, de manera sistemática, las competencias que deben tener y poner a prueba tanto los estudiosos del tema como los funcionarios que se desempeñan en este campo, así como los servidores públicos que de manera directa o indirecta son afectados por el ejercicio de la función pública.
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El tema de este texto es la elusión constitucional. Esta es una forma de manipulación constitucional que consiste en adoptar un texto normativo concreto (usualmente un decreto reglamentario o cualquier otra clase de decreto administrativo, un acto legislativo o un acuerdo simplificado) y usarlo de modo tal, que se contengan dentro de él enunciados que logran escapar al control constitucional. El asunto consiste en hacer una mímesis o "camuflaje": se expide una norma con nombre de decreto administrativo, usualmente un decreto reglamentario (esa su apariencia o "camuflaje") y se le dan contenidos con reserva de ley. De esta manera se logran varios efectos perversos: se usurpan las reservas legales (que son verdaderas garantías para el ciudadano); se suprime el debate democrático a la vez que se diluye la división de poderes, para dejarlo todo en la voluntad del presidente; y se evita el control constitucional, pues al usarse el "camuflaje" de un decreto de contenido administrativo, la competencia para su "control" pasa al Consejo de Estado, que como se sabe, es un órgano judicial que se comporta con frecuencia como cumpliendo funciones notariales al presidente.
Resumo:
La conciliación es uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos más importantes y desarrollados en Colombia. Pese a que las normas legales que rigen la materia son las mismas, en la práctica parece que los conciliadores y centros de conciliación aplican el procedimiento de manera diferente. El presente texto tiene como objetivo poner a disposición de las personas interesadas en la conciliación una descripción de las etapas que integran el procedimiento conciliatorio. El análisis jurídico del procedimiento empieza con los requisitos de la solicitud de conciliación y termina con el seguimiento que se debe hacer al resultado del servicio ofrecido. Para el desarrollo de la presente obra, se integra la legislación, la jurisprudencia y los conceptos de línea institucional del Ministerio del Interior y de Justicia con ejemplos sencillos que permiten un mejor entendimiento de los conceptos que se quieren dar a conocer.