1000 resultados para COOPERACION INTERNACIONAL - ASPECTOS SOCIALES
Resumo:
Una forma de educar que comporta la educación para la justicia, la democracia, la solidaridad, la tolerancia, la convivencia, el respeto, la cooperación, la autonomía, la racionalidad y el amor a la verdad cual conjunción de aspectos que incluyen una opción por la educación en valores como factor primordial para alcanzar la calidad en cualquier sistema educativo
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El presente escrito, constituye una aproximación a los procesos de privatización del agua en América Latina. Lo anterior, en el marco de la acción colectiva, específicamente de los movimientos sociales y su interacción estratégica con oponentes como las compañías multinacionales, las organizaciones financieras internacionales y el Estado. Tomando como referencia las luchas ocurridas en Bolivia, Uruguay y México, con especial énfasis en La Guerra del Agua en Cochabamba (Bolivia).
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Durante los siglos XVII y XVIII se presentaron varias querellas ante el Tribunal de Justicia Criminal del Nuevo Reino de Granada, en las que se denunciaba que había personas que ejercían los oficios médicos sin tener títulos que los acreditaran como facultativos en las artes curativas. Por ese entonces, se creía que quienes utilizaban yerbas y conjuros como métodos terapéuticos, por lo general mujeres, debían ser juzgadas como yerbateras-envenenadoras, porque no pretendían curar sino matar a quien consumiera sus preparados. El texto establece que los procesos criminales por envenenamiento constituyen un prisma en el que convergen diferentes problemáticas del periodo colonial neogranadino, relacionadas con la salud, los oficios médicos, las enfermedades, las creencias mágico-religiosas, el ideal de mujer en la época, la delincuencia, y las dinámicas de las instituciones españolas, entre otras. De esta manera, se estudió cómo fue la relación entre los aspectos jurídicos, las leyes criminales (dictadas por la Corona) y las conductas “desviadas” (relacionadas con el crimen por envenenamiento) de los habitantes del Nuevo Reino de Granada, entre los siglos XVII y XVIII. Para ello se revistaron desde diferentes perspectivas, varios temas del mundo colonial neogranadino, relacionados con los rumores, la comidilla, los chismes y la importancia de la comunicación hablada en el virreinato; el problema de la honra, como una de las virtudes más sobresalientes de la época y las creencias de la cultura popular con relación al envenenamiento y los diferentes métodos curativos.
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En nuestro país existen múltiples entidades y materias que no aplican la Ley 80 de 1993. Así, el desarrollo de su actividad contractual escapa al ámbito normativo que establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, configurándose de esta manera los denominados regímenes excepcionales. Sin embargo, teniendo en cuenta que son entidades que administran recursos públicos y en virtud del deber de observancia de los principios que orientan la función administrativa establecido por el ordenamiento jurídico, el Derecho Público que pareciere inicialmente no exigible a estos regímenes termina siendo aplicado, llegando a convivir e interactuar entonces con el Derecho Privado preponderantemente aplicable en este tipo de entidades. Dentro de estas, precisamente, se encuentran las denominadas Empresas Sociales del Estado - ESES -, las cuales por disposición expresa del legislador en materia contractual se rigen por el Derecho Privado, pero otorgándoles además la facultad de utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto Contractual. Este escenario particularmente confuso, donde impera la incertidumbre sobre el alcance de la aplicación del Derecho Público y/o del Derecho Privado, constituye el problema jurídico que se aborda en el presente trabajo, el cual se desarrolla a partir del estudio del régimen contractual de las ESES, señalando sus rasgos más importantes y brindando una serie de criterios para la determinación de aspectos puntuales como: la aplicación de los principios, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable, la utilización de las cláusulas y potestades exorbitantes, las modalidades de selección del contratista, entre otros.
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En esta investigación se estudiará la importancia del significado de la hoja de coca en las culturas de los indígenas aymaras y quechuas, la situación interna de Bolivia y sus relaciones con Estados Unidos específicamente en materia de erradicación de coca desde el cuarto gobierno de Víctor Paz Estensoro (1985-1989), pasando por las administraciones de Jaime Paz Zamora y Hugo Banzer quien a través de la cooperación económica de Estados Unidos creó el Plan Dignidad, que ha sido una de las iniciativas más exitosas en Bolivia en el tema de la erradicación. También se hará alusión a los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Eduardo Rodríguez Veltzé y finalmente Evo Morales Ayma, con el objetivo de descubrir las causas del surgimiento de los movimientos sociales bolivianos y conocer cuáles de ellos han podido acceder al poder político. Para entender el surgimiento de los actores políticos alternativos es preciso hacer referencia a algunos acontecimientos históricos tales como la revolución nacional de 1952, época en la cual se llevó a cabo la reforma agraria en el país andino, la nacionalización de las minas, la crisis económica boliviana, la transformación del Estado y los procesos de relocalización ejecutados bajo el gobierno de Paz Estensoro. Así mismo, la Guerra del Agua en Cochabamba, la Guerra del Gas debido a los rencores históricos con Chile durante la guerra del Pacifico y la ley 1551 de 1994 a través de la cual se les reconoce los derechos económicos, sociales y culturales a los indígenas y así mismo su participación en la política.
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El interés de esta monografía es analizar la manera en que la movilización emprendida por Mamá Maquín y las acciones ejercidas por la CIDH incidieron en el proceso de retorno de las refugiadas indígenas guatemaltecas entre 1990 y 1995. Frente a esto, la monografía muestra la forma en que la combinación de estrategias de movilización empleadas por Mamá Maquín así como la acción de actores como ACNUR, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y, en menor medida, la CIDH permitieron la participación de las refugiadas en los espacios de interlocución entre los refugiados y Guatemala. Lo anterior, mediante una metodología descriptivo-analítica que permite la reconstrucción de los aspectos relevantes del origen, organización y movilización de Mamá Maquín con sus actores aliados y las acciones de la CIDH; así como el análisis de este caso a la luz de la teoría de los movimientos sociales y la movilización legal.
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No obstante la existencia de un instrumento convencional en la materia, el derecho del mar en general, y lo relativo a la explotación de minerales en la Zona, se encuentra aún en una fase de puesta en práctica y de definición fina de los derechos y obligaciones de los Estados. Uno de los ejemplos que se ha hecho patente es lo relativo a las obligaciones de aquellos Estados que patrocinan a particulares a fin de llevar actividades de exploración y explotación de los recursos de la Zona. Esta cuestión fue remitida en 2010 por la Autoridad Internacional de Fondos Marinos al Tribunal Internacional de Derecho del Mar a fin de que este la dilucidara. La Opinión Consultiva que emitió el Tribunal presenta conclusiones de particular relevancia en materia de la determinación de un vínculo efectivo entre las personas jurídicas y los Estados que las patrocinan. Esta cuestión, que juega un papel determinante a fin de lograr una eficaz protección del medio marino en el marco del mecanismo de patrocinio para la exploración y explotación de los recursos en la Zona, conlleva importantes consecuencias para las actividades en áreas reservadas.
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Violencia y seguridad ciudadana: algunas reflexiones, es una obra de divulgación científica que hace parte de la Colección Frontera, una línea editorial en la que convergen los esfuerzos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (Flacso-Ecuador), y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, (IDRC-CRDI) por trascender la mirada nacionalista que ha recaído sobre las fronteras y rescatar las dinámicas y demandas locales que han sido ignoradas tanto en la producción de conocimiento como en la formulación e implementación de políticas públicas de seguridad ciudadana. El libro constituye un estado del arte sobre el concepto de seguridad ciudadana en Ecuador y su articulación con el diseño de políticas públicas en esta materia.
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Se enfatiza la importancia de la gestión para establecer una red social de conocimiento para el desarrollo de la investigación y la docencia, por ello se propone un modelo de gestión que involucra como base la red de comunicación telemática. Se revisan diferentes posturas teóricas sobre los términos de red telemática, red social, sus implicaciones y dinámicas, así como los aspectos que intervienen en la gestión. Se resaltan elementos puntuales que habrán de tomarse en cuenta para implementar una red de investigación y docencia, tanto en el ámbito local, regional e internacional.
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En el presente trabajo se analiza la obligación de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana referente a la constitucionalidad del Marco Jurídico para la paz. De la aparente remisión que hace la Corte Constitucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario se concluye que la Corte Constitucional propone como premisa mayor una obligación que surge de una interpretación extensiva de la Convención Interamericana. De la misma forma, se estudia el tratamiento indebido del derecho aplicable a las amnistías e indultos, que se relaciona con la necesidad de evitar cualquier tipo de impunidad, cuyo concepto sirve para esclarecer cuáles son los estándares que se quiere proteger. Por último, se analiza el contexto al que se pretende aplicar dicha obligación, es decir, la justicia transicional, proponiendo un modelo interpretativo de los fines de la pena, y su aplicación por medio de la favorabilidad penal, para la justicia transicional, que sea acorde a la interpretación de la Convención Interamericana.
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El objetivo de este trabajo de investigación es analizar el cambio de la política económica y comercial mexicana en Asia Pacífico, mediante la implementación de la diplomacia económica de 2000 a 2012. Para ello, se identificaron dos factores claves. El primero, se deriva del traspaso de poder de un partido a otro; el segundo está dado por el ascenso de las economías de Asia Pacífico y su desempeño en la arquitectura económica y financiera global. Asimismo, se determinó cómo ha sido el proceso de implementación de la diplomacia económica, por parte del Estado mexicano, teniendo como referente la teoría de la interdependencia compleja, propuesta por Robert Keohane y Joseph Nye. Finalmente, se analizaron los aspectos que resultaron de la implementación de la diplomacia económica, como acuerdos comerciales, memorándum de entendimiento, entre otros.
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El objetivo del presente estudio de caso es analizar de qué forma la participación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el proyecto Cordón ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta (2011- 2014) aporta nuevos elementos a las dinámicas de cooperación internacional para el desarrollo indígena. Se contextualiza la situación de derechos indígenas en términos de desarrollo. Se hace una reflexión de los resultados institucionales y los elementos recogidos del diálogo directo con indígenas arhuacos, resaltando el valor cultural y formas de pensar indígena que ponen a consideración temas coyunturales como la situación de los Objetivos del Desarrollo del Milenio y nuevos protagonismos conceptuales como el Buen Vivir
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Se realizó un estudio cualitativo exploratorio con estudiantes de carreras de Ciencias de la Salud con el objetivo de comprender las representaciones sociales que tienen acerca de la Medicina Complementaria y Alternativa (MCA) para el cáncer. Se desarrollaron grupos focales y la información obtenida fue analizada a través del Análisis Temático e interpretada con base en la Teoría de las Representaciones Sociales. Se encontraron diversas representaciones sociales asociadas con la definición, los objetivos, los tratamientos, la eficacia, las fuentes de información y el origen de la MCA. En conclusión se evidenció una alta tendencia a la aceptación y a la manifestación de una actitud positiva, aunque ambivalente frente a la MCA, además de un desconocimiento por la diferenciación conceptual entre este tipo de Medicina y la Medicina Popular. La cultura y las creencias sociales predominan en las representaciones sociales que tienen los estudiantes de la MCA para el cáncer, pese a su formación académica.
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El presente trabajo busca hacer un análisis sobre los arreglos institucionales introducidos con la ley 100 de 1993 a las Empresas Sociales del Estado (ESE), y cómo estos han afectado la prestación del servicio de salud y la garantía del derecho; para lo cual se escoge como ejemplo el Hospital Simón Bolívar E.S.E de Bogotá durante los años 2002 a 2014. Se explica como con la implementación de la descentralización, el modelo de aseguramiento y la autonomía financiera se afectó la prestación del servicio de salud, teniendo en cuenta la introducción de un eslabón dentro del sistema de salud: las Empresas Promotoras de Salud (EPS).
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Los TBI (Tratado Bilateral de Inversión) o también denominado los APPI (Acuerdo de Protección y Promoción de las Inversiones) son acuerdos que buscan la Protección y la Promoción de las inversiones que hagan los nacionales de un Estado en otro Estado conocido como el “Estado Receptor”. Los TBI y APPI fueron concebidos dentro del proceso de descolonización que le siguió a la Segunda Guerra Mundial. Esto se debe a que los Estados que habían colonizado otros territorios, ahora Estados soberanos y sus nacionales, seguían teniendo fuertes lazos e intereses económicos. Con el ánimo de protegerse de posibles expropiaciones, los Estados europeos liderados por Alemania, firmaron un número importante de TBI y APPI, no solamente con sus antiguas colonias, sino con otras. De esta manera, Alemania, Suiza, Holanda, Italia, Bélgica y Suecia suscribieron al menos cuarenta tratados de este tipo con varios Estados asiáticos, africanos y del medio oriente entre 1959 y 1965. Estados Unidos se demoró unos veinte o treinta años más, porque los estadounidenses no solamente aspiraban a obtener protección para sus inversionistas, sino que además solicitaban que se abriera y liberara la economía de los Estados firmantes. Finalmente, fue en la administración de Ronald Reagan que los Estados Unidos comenzó a suscribirlos.
