1000 resultados para TEORÍA DEL DERECHO


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Conforme el desarrollo globalizado de la economía va ampliando su radio de cobertura la compleja institución jurídica del contrato de seguro ha ido adquiriendo mayor importancia, no solo frente a empresarios y comerciantes especializados sino también frente a ciudadanos del común.

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Es entonces cuando figuras como la Fiducia en Garantía que pretende estudiarse en este trabajo, ofrece sus grandes bondades, no obstante la actual discusión sobre su estructura. Se trata de una figura contractual que existió en el Derecho Romano.

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El Hábeas Corpus como aquel principio que nuestra Carta consagra como fundamental para la preservación de garantías tan mínimas como la libertad y en la cual se prevén a la vez derechos que la misma constitución protege

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Lo que me lleva a investigar sobre la resocialización del Sistema Penitenciario en Colombia, es la importancia que en la última década ha tomado dicho tema, hasta el punto de invadir o afectar con frecuencia campos sociales y culturales, su profundización y entendimiento interesa y afecta de igua

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Lo que se busca con el presente trabajo de grado es abordar la situación de Derechos Humanos en el departamento de Cundinamarca, particularmente desde la implementación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática

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establecer de manera clara y precisa la importancia y repercusión que tiene la regulación de la extinción de dominio en la legislación colombiana frente a la posibilidad de declarar extinción sobre los bienes que se encuentran en manos de terceros

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Este documento pretende analizar la manera en que las actividades de protección del ACNUR y las acciones emprendidas por el SJR, incidieron en el proceso de reconocimiento y protección de indígenas Emberá-Wounaan, refugiados en la región fronteriza de Darién-Panamá. Dicho análisis muestra la manera en que las estrategias de estos actores se articulan, en el marco de las redes transnacionales de defensa, con las estrategias de actores como MENAMIRE, CEALP, RROCM Y CRM, logrando transformaciones en el comportamiento de Panamá, no solo en términos del reconocimiento de los indígenas, sino en la integración del derecho internacional en las prácticas gubernamentales. Lo anterior, a través de una metodología de observación etnográfica, tanto de los actores como de los escenarios en los cuales participan, que permite la reconstrucción de dinámicas de internacionalismo y de las estrategias de defensa, a la luz de la teoría de los movimientos sociales y activismo transnacional.

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El propósito de esta disertación es rescatar las interpretaciones de Tierra y Mar en lo que se refiere al surgimiento del Orden Internacional Moderno, con el objetivo de explicar la percepción de los acontecimientos por parte de Carl Schmitt y su aporte filosófico-jurídico a la comprensión de la historia y teoría de las Relaciones Internacionales. La particularidad de esta obra de Schmitt es su estilo profundo: la variedad y amplitud de temas que abarca, que contrasta con la brevedad del texto. El presente trabajo ha encontrado vacíos en el estudio de Tierra y Mar, así como interpretaciones distintas a las propuestas por el autor, en lo concerniente al surgimiento del Orden Internacional Moderno. La originalidad de la obra de Schmitt consiste en proponer, en realidad, dos órdenes internacionales distintos que surgen en el mundo moderno.

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La presente disertación tiene el objetivo de analizar por qué el conflicto entre India y Pakistán por Cachemira no ha sido solucionado a la luz del debate entre el realismo ofensivo y el constructivismo social surgido en 1994. La hipótesis de trabajo establece que la estructura anárquica, sumada a las capacidades ofensivas, la desconfianza mutua, la racionalidad, y el deseo de supervivencia entre los Estados, ha propiciado la configuración de un dilema de seguridad que es alimentado por la disparidad de intereses e identidades en contienda. El alcance del objetivo es de carácter analítico y el enfoque primario está basado en la teoría del realismo ofensivo de John Mearsheimer y el constructivismo social de Alexander Wendt.

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Antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el ISS prestaba los servicios de salud a los asalariados del sector privado en un monopolio que no le exigía ningún esfuerzo. El déficit acumulado por la falta de los aportes de la nación previstos en la Ley 90 de 1946 y los cambios en su naturaleza jurídica no le permitieron asumir el reto de la libre competencia de los actores dentro del sistema, por lo que su gestión fue cuestionada por los organismos de control y por varios fallos judiciales adversos que profundizaron su crisis financiera, sumado a los altos costos laborales por los beneficios de la convención colectiva de trabajo, cuyos mayores beneficiarios eran los servidores de las clínicas y CAA, llevando a la formulación del Documento Conpes 3219 del 31 de 2003 denominado “PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - SALUD”, cuyo resultado fue la expedición del Decreto 1750 de junio 26 de 2003, que ordenó la escisión de la vicepresidencia prestadora de servicios de salud, clínicas y centros de atención ambulatoria (CAA) y la creación de siete empresas sociales del Estado. La escisión produjo cambios significativos en materia laboral para los servidores que hasta esa fecha laboraban en calidad de trabajadores oficiales del Instituto ya que fueron incorporados automáticamente a las plantas de personal de las nuevas empresas en calidad de empleados públicos, con excepción de los que desempeñaban cargos directivos o funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y servicios generales, considerados trabajadores oficiales; cuyo régimen salarial y prestacional es el estipulado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional (artículos 16 y 18), lo que condujo al aparente desconocimiento de los derechos adquiridos por estos servidores en materia de negociación colectiva. El Decreto 1750 de 2003 fue demandado por vulnerar el ordenamiento superior y, en sentencias de control de constitucionalidad y desde la teoría de los derechos adquiridos, la Corte Constitucional estimó que el artículo 18 era restrictivo por hacer referencia solo a los derechos adquiridos en materia prestacional sin contemplar los relativos a materia salarial y los contenidos en convenciones colectivas de trabajo. Al existir entre el Instituto de Seguros Sociales y sus trabajadores una convención colectiva de trabajo vigente, de conformidad con las Sentencias C-314 de 2004 y C 349 de 2004, la Corte Constitucional indicó que dicha convención debía aplicarse a los servidores de las nuevas entidades por el tiempo de su vigencia.

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En el presente trabajo de grado, se realiza un acopio, valoración y respectivo análisis de la jurisprudencia nacional, la doctrina especializada y la legislación vigente en Colombia en materia de Facultades Administrativas Discrecionales, con el propósito de determinar, si en nuestro ordenamiento existe diferencia de fondo en el tratamiento de la Discrecionalidad Técnica entre la jurisprudencia contencioso administrativa y la constitucional. Así mismo, se resalta que en un Estado Social de Derecho como el nuestro, es necesario que el quehacer administrativo se aproxime cada vez más a los ideales constitucionales de transparencia y justicia social, de forma tal que las decisiones que se adopten, estén siempre sujetas a los principios de legalidad y debido proceso, y en todo caso, propendan por la salvaguarda del bien común y el interés general.

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La ley de víctimas es la norma creada para la protección de los derechos de las víctimas en Colombia; empero cuenta con falencias respecto del concepto de víctima y su reparación integral. El Derecho Administrativo es la herramienta jurídica para superar dichas limitaciones legislativas.

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Con la finalidad de mantener la mirada financiera equivalente entre las partes - lo que responde a la relación entre el derecho y la economía- no en vano la Ley 1150 de 2007 contempló dentro de su articulado el restablecimiento del equilibrio económico y financiero del contrato. Por su parte, el Decreto Nacional 0734 del 13 de abril de 2012 –hoy derogado por el Decreto 1510 de 2013- impuso la obligación a las entidades del Estado de incluir los riesgos previsibles en los estudios previos pero sólo aquellos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato que pretenda celebrar la Entidad Pública contratante. Aunado a lo anterior, el Decreto Nacional 1510 del 17 de julio de 2013 también contempla la teoría de los riesgos dentro de su articulado. No obstante lo anterior, la normatividad legal pese a su esfuerzo, no puede regular todas las situaciones, prueba de ello, es que para los contratos de prestación de servicios profesionales la disposición legal en lo que respecta a los riesgos previsibles resulta ser innecesaria por la naturaleza misma de éstos y otras razones que se abordo a fondo. Es así como las actuaciones que se desplieguen en la contratación Estatal deben funcionar sobre una lógica económica, por ello, resulta pertinente investigar sobre la eficacia o no de incorporar los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico en los contratos de prestación de servicios profesionales cuando la ejecución de éstos depende exclusivamente del desarrollo intelectual que corre por cuenta del contratista.

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La presente investigación tiene como objetivo explicar cuál es el papel de la construcción de memoria histórica por parte de la asociación de familias víctimas de Trujillo “AFAVIT” en su reconocimiento como víctimas por parte del Estado colombiano. Se pretende demostrar que la construcción de memoria histórica juega un papel fundamental como herramienta visibilizadora tanto del conflicto colombiano como medio que permite el reconocimiento por parte del Estado. Para lograr dicho fin, se hace imperativo abordar dicha problemática desde un enfoque psicosocial; adicionalmente se tendrán en cuenta entrevistas realizadas a la comunidad AFAVIT.

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El Ordenamiento jurídico colombiano desde sus inicios se ha enmarcado en la familia jurídica Romano Germánica, donde la Jurisprudencia ocupa un papel secundario en el momento de tomar decisiones por parte de los jueces, fungiendo como un instrumento meramente auxiliar, totalmente opacado por la ley. Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, con la creación de la Corte Constitucional junto al valor vinculante que se ha dado a sus decisiones, el tradicional sistema de fuentes ha presentado una evolución que lo aproxima al uso de instituciones, como el precedente judicial, que parecían exclusivas del Common Law. De esta manera, lo novedoso del problema de investigación es que la discusión sobre la alteración de la jerarquía de las fuentes del derecho, se aborda desde una perspectiva teórica, pero desarrolla puntualmente, mecanismos como las sentencias de unificación y la extensión de jurisprudencia, que posiblemente dan alcance al concepto de precedente judicial en el Contencioso Administrativo en la práctica.