Resolución No. 032: Por la cual se resuelve un trámite de revocatoria directa

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Resolución N° 011 ¿La modificación de propiedad o administración de un establecimiento de comercio debe inscribirse en la Cámara de comercio?

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Resolución N° 114 ¿Cuál es la verificación que hace la Cámara de Comercio respecto de las providencias judiciales? ¿Cómo se evalúa la inscripción de un embargo cuando en el establecimiento figuran varios propietarios?

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Resolución N° 202 ¿Cuáles son elementos que considera la Cámara de Comercio al estudiar un posible caso de homonimia en la denominación de un establecimiento de comercio?

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Resolución N° 03 ¿Qué formalidad deben cumplir las actas de liquidación en lasque se mencionan dentro de los activos bienes inmuebles? ¿Cuándo los actos, contratos o negocios jurídicos deban ser registrados tanto en Oficinas de registro de instrumentos públicos y la Cámara de Comercio, cuál es la autoridad competente para recaudar el impuesto?

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Resolución N° 90 del 18 de mayo de 2010 ¿Seria violatoría la reunión por derecho propio aun en contra de la voluntad de los administradores o socios?

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Resolución N° 126 del 8 de julio de 2010 ¿Cuáles son los elementos de las reuniones de segunda convocatoria? ¿En que tipos de reuniones se puede prescindir de la convocatoria? Posibilidad de convocatoria a una nueva reunión en el caso de la acción social de responsabilidad a pesar de tratarse de una reunión universal.- excepción

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Resolución N° 07 del 24 de enero de 2007 ¿Cuáles son los lineamientos que tiene en cuenta la Cámara de Comercio para el control de homonimia? Que diferencias hay entre el nombre comercial y nombre social y cual de estos es sujeto de control por las cámaras de comercio?

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Resolución N° 100 del 25 de mayo de 2007 ¿Cuáles son los presupuestos para adquirir la calidad de comerciante? ¿La participación como socio de una sociedad basta para adquirir tal calidad?

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La facultad de modificación unilateral en los contratos de distribución de acuerdo con la jurisprudencia arbitral

Las partes pueden pactar cláusulas de modificación unilateral en los contratos de distribución, puesto que dicha facultad se encuentra fundamentada en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, por medio del cual las partes pueden elegir la manera y la figura mediante la cual van a desarrollar sus relaciones. Sin embargo, dicha facultad no es absoluta y tiene un límite en el orden público y las buenas costumbres. Particularmente en el contrato de distribución, por ser atípico, esta facultad presenta mayor relevancia pues al analizar sus elementos esenciales, no se puede acudir a la ley, sino que se debe acudir a la costumbre y a la práctica mercantil. Para analizar e interpretar la facultad de modificación unilateral, los tribunales arbitrales parten del principio de buena fe, a través del cual se analiza si el ejercicio de dicha facultad es abusivo, pues se ha establecido que este tipo de cláusulas no son en sí mismas abusivas. El análisis trazado se realiza de acuerdo con el del principio de la buena fe en las diferentes etapas de la negociación, debiendo estar presente a su vez durante toda la negociación y posteriormente durante su ejecución. Así, entonces, los árbitros analizan si la cláusula de modificación unilateral fue pactada, es decir que se revisa la validez de la misma y, en segundo lugar, se analiza si el ejercicio de la cláusula fue abusivo, es decir si conllevó a un abuso del derecho o a un abuso de la posición dominante en el contrato.

El institucionalismo en Mallorca : el Boletín de la Institución Mallorquina de Enseñanza.

Resumen tomado de la publicación. Resumen de la comunicación presentada en el cuarto encuentro de historia de la educación en los territorios catalanes, celebrado en Tarragona en noviembre de 1980

Notes sobre els inicis de la pedagogia obrerista d'esquerres a Mallorca. 'Notas sobre los inicios de la pedagog??a obrerista de izquierdas en Mallorca'

Resumen tomado de la publicaci??n

Documento marco de la línea de investigación en derecho penal económico

Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

L'educaci?? a Mallorca : aproximaci?? hist??rica. 'La educaci??n en Mallorca : aproximaci??n hist??rica'

El volumen compila seis aportaciones de diferentes especialistas sobre la historia de la educaci??n en las Islas Baleares. La primera trata del despotismo ilustrado y la educaci??n elemental en Mallorca entre 1775 y 1835; la segunda ahonda en la interacci??n entre educaci??n y cultura en la Mallorca del siglo XIX a trav??s del an??lisis del Instituto Balear, y la tercera hace referencia a la figura de Alexandre Rossell?? y su vinculaci??n con la Escuela Mercantil de Palma. El cuarto cap??tulo analiza la lucha por el control de la educaci??n mediante el pontificado del obispo Campins; el quinto se centra en el periodo 1910-1930 y el ??ltimo supone una aportaci??n al estudio de la educaci??n en Mallorca durante la segunda rep??blica concretado en la Juventud Escolar y el per??odo 1930-1932.

Efectos y reacciones al fallo de la Corte Internacional de Justicia - CIJ en el diferendo de Nicaragua c. Colombia

El fallo de la CIJ respecto del diferendo de Nicaragua contra Colombia reconfiguró las fronteras en el Caribe colombiano y el mapa de la nación. La mala socialización del fallo a nivel nacional y departamental, genera un ambiente de negativismo sobre el panorama actual y a mediano y largo plazo. Este ambiente da paso a una serie de reacciones que influyen en el debate nacional con respecto a los efectos del fallo, dejando de lado elementos de fondo pertinentes para su mejor comprensión, asimilación y debate. El Estudio de Caso que se desarrolla a continuación pretende, en primer lugar, contextualizar el proceso histórico y jurídico que dan paso a la sentencia de la CIJ. En segundo lugar, hacer un examen riguroso de los efectos generados en Colombia. Finalmente, en tercer lugar, se desea aportar elementos de análisis que se centren en los efectos reales para Colombia y el archipiélago.