727 resultados para Gestión pública


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La presente monografía hace un análisis sobre la Gestión Social de ECOPETROL, es decir sobre las acciones voluntarias que desarrolla la Empresa petrolera para generar procesos de desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de vida de las comunidades de su área de influencia, en asocio con autoridades locales y en concordancia con los planes de desarrollo municipal: generando un complejo proceso de interacción, que hasta el momento no ha sido medido ni estudiado por ninguna institución del país. En este orden de ideas, el presente estudio enfatiza su esfuerzo en la solución de este problema, realizando un estudio detallado del proceso de interacción entre ECOPETROL y el municipio de Barrancabermeja: identificando los indicadores de gestión pública del municipio y de la gestión social de ECOPETROL, para así determinar el nivel de interdependencia y efectividad del municipio en la prestación de sus servicios frente al esfuerzo voluntario que realiza ECOPETROL.

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Se ha dicho que el Desarrollo Regional Endógeno implica el cambio social sostenido que lleve al perfeccionamiento de una región. Para que se dé ese cambio, es necesario partir de la activación de las capacidades internas lo que implícitamente incluye la organización del territorio. Dicha organización para el caso de Boyacá es la Provincia o Provincias. Y lo es debido a que la provincia como unidad territorial es un lugar concreto de la acción política, donde es factible organizar la sociedad y donde se pueden coordinar sus necesidades por medio de la participación. Lo es también, ya que la provincia es resultado de los usos del territorio a través del tiempo, no es un capricho ni es resultado del azar o de los intereses de algunos, es pues unidad histórica. Y lo es, porque implica reconocer que la disposición del territorio con miras a una función y usos determinados, unidad funcional, es definitiva en la capacidad territorial de toma de decisión, en la elección, el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas; es decir, en el proceso de Gestión Pública que involucra la Planificación y que se alimenta asimismo de ella. La provincia es la unidad territorial (lugar concreto de acción) histórico (trascendente) funcional (que se emplea) para la Planificación en la Gestión del Desarrollo Regional Endógeno en Boyacá.

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La gestión pública, tradicionalmente percibida como burocrática e ineficiente, tiende a evolucionar hacia modelos basados en la Nueva Gerencia Pública y el Gobierno Electrónico, que propenden por acercar los Estados a los ciudadanos y desarrollar con mayor eficiencia las actividades operativas a su cargo. En forma paralela, la Teoría de Restricciones, primordialmente aplicada a procesos productivos, busca optimizar los mismos para maximizar los resultados de las empresas, disponiendo de metodologías y herramientas de propósito específico. ¿Es posible entonces optimizar la operatividad de una entidad pública a través del uso de la TOC?. Mediante el presente trabajo se busca dar respuesta a este interrogante, a partir de las aproximaciones teóricas pertinentes y de su aplicación al caso particular de la CRC, entidad pública a cargo de la regulación sectorial de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia.

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Este proyecto involucró el diseño de una herramienta de evaluación de la gestión para la Fundación Surcos, su construcción se llevó a cabo teniendo en cuenta las características de la fundación, y en general de las empresas del denominado Tercer Sector. Este sector, sin generalizar, se ha caracterizado por contar con gerentes o directivos a quienes les falta la capacitación formal necesaria para asumir la conducción de una organización de este tipo. Es común encontrar que muchos de ellos son movidos por su compromiso social y vocación de ayuda, pero desafortunadamente su perfil es diferente al requerido para ejercer la gestión y los retos que esta conlleva. En ese orden de ideas, la herramienta propuesta se formuló pensando en que su aplicación sea sencilla, comprensible y se alimente de los conocimientos prácticos que estas personas tengan de su organización. El desarrollo del trabajo, contempló la revisión del concepto de gestión, las implicaciones de la evaluación en una organización y algunos modelos de evaluación de la gestión, que sirvieron de referente para la construcción de la herramienta

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Las reformas del sector salud y la falta de lineamientos sobre el talento humano han generado una disminución de tan importante recurso. Los laboratorios de salud pública -LSP son la fuente primaria de información para la toma de decisiones en Vigilancia en Salud Pública. Este estudio presenta las características del talento humano de los LSP y su directa relación con el desarrollo de sus funciones misionales. Éste es un estudio descriptivo transversal con encuesta auto-diligenciada aplicado a los 33 LSP del país en el año 2014. En los 33 LSP hay 433 profesionales para la vigilancia en salud pública, en el año 2014, con 143 (33%) de planta y 293 (67%) de contrato y 24% (102) hombres y 76% (331) mujeres. El 94% de los LSP cuenta con coordinador de planta, 52% tiene funciones exclusivas. El 51% (17) de los LSP cumplen con el 92% los lineamientos dados. 7 LSP tiene 1 o menos funcionarios de planta. El talento humano es un factor clave para cumplir con la misión de los LSP y Colombia cuenta con 433 profesionales en los 33 LSP. Se cuenta con epidemiólogo (a) en el 82% y líder de calidad en el 76% de los LSP. El 49% (16) de los LSP no cumplen con la Guía para la organización físico – funcional de los LSP. 23 LSP cuentan con cuatro (4) o menos funcionarios de planta, siendo esto una vulnerabilidad para la capacidad de respuesta del país frente a riesgos en salud pública y emergencias sanitarias.

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Este trabajo busca identificar los determinantes de la administración pública, que desencadenaron la cooptación corrupta de la contratación de la calle 26. Usando la teoría sobre corrupción de Klitgaard, se propone que la presencia de un poder de monopolio, una alta discrecionalidad y la poco eficacia del control permitieron que la entidad encargada de la contratación del calle 26 fuera sometida a intereses externos. A través de la metodología de gestión del riesgo se reconstruye el contexto de la entidad para identificar las amenazas y debilidades que explican este sometimiento.

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El Estado como institución político-jurídica, así como las estructuras de poder y organización social, han sufrido grandes transformaciones en el mundo contemporáneo, producto de discusiones y tendencias como la globalización, la reconfiguración de la legitimidad de las instituciones burocráticas, el establecimiento de estándares, políticas y prácticas de calidad internacional, el impacto de las crisis de la hacienda pública, entre otros factores que influenciaron la creciente intervención de los particulares y sus mecanismos de regulación en la gestión de los asuntos públicos. El Estado Colombiano no ha sido ajeno a tales situaciones, y la creciente injerencia del sector privado en lo público, se ha visto representada en la expedición del régimen legal de las Asociaciones Público Privadas (Ley 1508 de 2012), en virtud del cual los particulares estructuran, ejecutan y desarrollan proyectos conjugando el ánimo de lucro con la promoción del interés general. De conformidad con lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo sistematizar y analizar las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el régimen de las Asociaciones Público Privadas, así como abordar reflexiones sobre la transformación del Estado y el papel de los particulares en el ámbito de lo público.

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Desde 1998 la Corte Constitucional ha declarado en dos ocasiones “el estado de las cosas inconstitucional” ante las precarias condiciones del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario (SNPC), sin embargo, los esfuerzos institucionales por superar dicho estado han tenido efectos nulos o limitados. Prueba de ello son las altas tasas de hacinamiento y reincidencia que siguen manifestándose crónicamente por el deficiente funcionamiento del sistema. Precisamente este diagnóstico con alternativas de solución presume que esta situación se debe a la ausencia de una política pública integral, al partir de la identificación de los principales obstáculos para la construcción de una política pública penitenciaria en Colombia entre los años de 1998 y 2014. El ejercicio antes mencionado se apoya en la utilización de dos herramientas metodológicas a saber: el análisis estructural “MICMAC” y el análisis de involucrados. De los resultados arrojados por estos métodos se elaboran así mismo tres recomendaciones sobre política pública penitenciaria.

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Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.

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Se analiza el desarrollo normativo en relación con la etapa 0-3 y se apunta la necesidad de ir más allá de los decretos que establecen los requisitos mínimos y el desarrollo curricular, para identificar recursos y procedimientos que permitan mejorar la formación de los técnicos municipales. El desarrollo normativo en general no ha ido más allá de los decretos que establecen los requisitos mínimos y el desarrollo curricular. Tomando como referencia los centros de educación infantil, su funcionamiento depende de cuatro sectores: la administración educativa; el profesorado; las familias y los ayuntamientos. A la hora de crear nuevos centros escolares de educación infantil se necesita en primer lugar que no sólo sea cosa de los profesionales, sino que estén implicados los institutos de evaluación, los expertos en gestión pública, y los consejeros autonómicos y locales. En segundo lugar se necesita que la gente de 0 a 3, se profesionalice y adquiera competencias para la gestión de la dimensión y el volumen de la nueva realidad. En tercer lugar, es preciso, que las políticas educativas vayan mucho más allá de las previsiones presupuestarias y que las administraciones que las ejecuten comprendan y respondan a la complejidad y oportunidad del 0-3. Todos necesitan educación, pero no todos, ni quizás la mayoría, necesiten escolarizarse, por ello las administraciones deben diseñar políticas educativas de la primera infancia no encerradas en la escuela.

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Realizar un estudio sobre la viabilidad de implantación de sistemas de gestión en las universidades públicas. La propuesta metodológica que se propone se basa en criterios empresariales de los aspectos micro-económicos de la gestión pública de la enseñanza superior y se enmarca en la concesión de la gestión de los procesos a través de la aplicación de sistemas y herramientas tales como la filosofía de la gestión de la calidad total y los sistemas de gestión y de costes basados en las actividades. Asimismo, se realiza un análisis comparativo tomando como base los modelos de organización, financiación y de gestión de dichas universidades, su marco normativo y conceptual, así como el contexto especifico en que estas actúan.

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El presente trabajo académico de investigación trata sobre el reconocimiento constitucional de la propiedad de los territorios comunales ancestrales existentes en el Distrito Metropolitano de Quito en relación con la problemática del ordenamiento y control urbanístico debido a que históricamente han estado excluidos de los modelos de gestión territorial por reunir unas características distintas al modelo de propiedad individual. Esta exclusión se evidencia en la falta de un cuerpo jurídico normativo en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito que establezca criterios sobre la aplicación del Derecho Urbanístico en las comunas ancestrales. El abordaje temático se realiza en tres capítulos. En el primero se muestra el proceso de conformación de las comunas ancestrales como procesos históricos de resistencia socio cultural que han obtenido el reconocimiento de que al Ecuador selo defina como un país unitario pero diverso en aplicación de los principios de plurinacionalidad e interculturalidad. Posteriormente, se examinanlosprincipales aspectos del Derecho Urbanístico existente en el modelo de gestión territorial ecuatoriano caracterizado por el principio de descentralización, recogido teóricamente en la normativa ecuatoriana pero polémico en la aplicación práctica; y, la participación protagónica de los sujetos sociales en la gestión pública. Para finalmente, vincular la teoría analizada con la realidad territorial comunal aportando a través de la generación de sugerencias prácticas en la solución de los principales problemas urbanísticos que se recogen en un proyecto de ordenanza metropolitana.

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Al terminar la década de 1990, el balance sobre la planificación económica y social es heterogéneo. Dependiendo de lo que entendamos por proceso o sistema de planificación en cada país, los resultados son dispares. Del balance se desprende, sin embargo, la necesidad de que el Estado cuente con una agencia o figura que le permita cumplir tareas básica e insustituibles de gestión, cualquiera que sea el estilo de desarrollo o reforma que se adopte. Se trata de recoger las experiencias, consolidar lo avanzado, enmendar lo que se considere inconveniente y adoptar los cambios necesarios. Estas tareas básicas serían: En primer lugar, un esfuerzo de prospectiva para incorporar previsión, coherencia, unidad y reducción de la incertidumbre. En segundo lugar, la coordinación intersectorial, con la consecuente compatibilización entre presupuesto y programas y la regulación de los mercados, a fin de darle dirección al proceso social y orientación coherente al cambio. En tercer lugar, el seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos como labor fundamental de un modelo de gestión pública orientado a resultados, y el establecimiento de un sistema de indicadores de desempeño. Esta publicación compila todos los trabajos y ponencias presentados por los países en el Seminario internacional sobre Los sistemas nacionales de inversión pública en América Latina y el Caribe, llevado a cabo en Santiago de Chile entre el 5 y 6 de noviembre de 2001. También se incluyen las memorias de dos seminarios similares realizados en Centroamérica."